En la primera semana del año, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ya anuló la producción de alrededor de 24 toneladas de marihuana en la Colonia San Alfredo, del distrito de Bella Vista Norte, departamento de Amambay, donde además fueron desmantelados dos campamentos ligados al narcotráfico.
Durante los diversos procedimientos realizados en la zona se pudo identificar los dos campamentos con sus respectivas áreas logísticas, además de unas 8 hectáreas de marihuana que atravesaban distintas etapas de desarrollo.
Según el informe presentado por los intervinientes, el operativo representó la eliminación de 24.000 kilos de la droga, a lo que le añadieron la destrucción de unos 100 kilos de marihuana ya lista para su venta. En cuanto al perjuicio de lo destruido para los traficantes de la zona, la suma asciende a unos USD 720 mil solo con este procedimiento.
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Desde la Senad destacaron que para este año se planifica un aumento en la frecuencia y escala de los operativos antidrogas, con un enfoque particular en las zonas fronterizas conocidas por ser puntos estratégicos de producción y tráfico de drogas hacia países vecinos, especialmente Brasil.
En el marco de estos trabajos también está contemplado reforzar los operativos de vigilancia e inteligencia en zonas donde se ve mayor influencia del narcotráfico, con el objetivo de poder trabajar de manera simultánea en varios frentes en todo el Paraguay y poder frenar de forma eficaz la proliferación de rutas alternativas para la distribución de droga en todo el país y en las ciudades extranjeras aledañas que también se ven afectadas.
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Guatemala desmintió pacto con EE. UU. para ataques conjuntos antidrogas
El gobierno de Guatemala negó el jueves que haya acordado llevar a cabo ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos en su territorio contra organizaciones del narcotráfico, como aseguró The New York Times. El diario estadounidense publicó el jueves que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, aceptó tanto ataques aéreos como otras acciones militares en una llamada con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y cita a dos personas familiarizadas con las conversaciones.
"No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional“, aseguró el gobierno de Guatemala en un comunicado. En una declaración posterior a periodistas, Arévalo dijo que Guatemala solicitó a Washington cooperación en sus esfuerzos antidrogas, pero que esto no incluye presencia militar estadounidense pues de ser así requeriría autorización del Congreso.
"Va a implicar tener acceso a equipo, capacitación, expertos para (apoyar) la planificación de operaciones a nivel estratégico o a nivel táctico“, detalló el mandatario socialdemócrata. El gobierno difundió una carta en la que el ministro de Defensa, Henry Sáenz, expresa a Hegseth que Guatemala “desea liderar, con la asistencia de los Estados Unidos de América, operaciones militares activas para combatir organizaciones terroristas señaladas por los Estados Unidos dentro (...) de Guatemala”.
En la nota, fechada el pasado 23 de mayo, Sáenz se refiere a esas maniobras como “operaciones combinadas lideradas por Guatemala”. Según el comunicado del gobierno, Arévalo y sus ministros de Defensa y Relaciones Exteriores sostuvieron una “conversación telefónica” con Hegseth “confirmando los términos de la cooperación”.
La solicitud de Guatemala se encuadra en la Coalición Anticarteles de las Américas, señaló Sáenz en su nota, al referirse al grupo de países creado por el presidente Donald Trump a inicios de este año para combatir al crimen organizado en el hemisferio. En ese marco, Washington aumentó su ayuda en inteligencia a Ecuador y luego reconoció que está ayudando militarmente en zonas de la frontera con Colombia.
Según The New York Times, las operaciones conjuntas en Guatemala podrían comenzar el próximo mes, pero no está claro qué otras actividades militares podrían incluirse. El diario sostiene que el objetivo de Trump con esas acciones, a las que espera sumar a Honduras, es presionar a México para que acepte operaciones conjuntas contra el narcotráfico en su territorio, algo a lo que se opone la presidenta Claudia Sheinbaum.
Incursión desde Honduras
La incursión de un grupo armado desde Honduras en una comunidad fronteriza de Guatemala dejó el lunes un campesino muerto y viviendas quemadas, informó el gobierno guatemalteco. El ataque fue reportado el lunes por el Ejército de Guatemala, que aseguró que soldados repelieron a tiros al escuadrón que se desplazaba en varios vehículos, pero no informó de víctimas o daños.
El ministro de Defensa guatemalteco, Henry Sáenz, dijo este martes que el choque se produjo en la comunidad de San José Las Lágrimas, en el poblado oriental de Esquipulas, y dejó un fallecido cuya nacionalidad no precisó. “Los soldados reaccionan a los disparos que estaban oyendo y llegan a la comunidad y encuentran (...) casas destruidas, algunas quemadas, y encuentran un cadáver de un campesino”, señaló el ministro en rueda de prensa. Imágenes de medios locales mostraron algunas viviendas de láminas de zinc quemadas en esa zona fronteriza. Sáenz señaló que las fuerzas de seguridad y la fiscalía investigan el caso.
Los hechos se produjeron luego de que el pasado jueves cinco policías fueran asesinados durante un operativo contra presuntos narcotraficantes en la localidad hondureña de Omoa (Cortés), cerca de la frontera con Guatemala y con costas en el Caribe. Los dos países aumentaron la presencia de militares y policías en el área limítrofe, tras los sucesos que involucraron a una red hondureña vinculada con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.
“La zona fronteriza en general ha sido un área que ha estado muy contaminada por estructuras criminales”, declaró este martes a periodistas el ministro de Seguridad de Honduras, Gerzon Velásquez. El mismo jueves, un comando armado asesinó a 19 personas en el poblado hondureño de Trujillo (norte), una localidad bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades.
Fuente: AFP.
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Colombia: combates entre guerrillas sacuden zona rural a días de las presidenciales
El ejército desplegó el miércoles a sus tropas en una zona rural del sureste de Colombia, en medio de letales enfrentamientos entre dos estructuras disidentes de las FARC que se disputan las rentas del narcotráfico en esa región. Colombia atraviesa su peor ola de violencia en la última década a cuatro días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que el país elegirá al sucesor del izquierdista Gustavo Petro.
El “crudo enfrentamiento” entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, las dos principales estructuras rebeldes del país, dejaron “múltiples víctimas fatales”, dijo en la red social X el ministro de Defensa Pedro Sánchez, que atribuyó los combates a “disputas de narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas”.
Los enfrentamientos se registran desde el lunes en el departamento del Guaviare, dijo a la AFP un vocero del ejército, que anunció en un comunicado el despliegue de soldados en la zona para “proteger a la población civil”. Las autoridades aún no han divulgado un balance oficial de víctimas.
Las Fuerzas Militares se movilizan hacia esa zona de difícil acceso en el municipio de San José del Guaviare, una región con vastos cultivos de hoja de coca. Es cuna de las primeras filas que rechazaron el histórico tratado de paz entre las FARC y el gobierno que desmovilizó al grueso de esa guerrilla en 2016.
A cuatro días de la primera vuelta presidencial, el recrudecimiento del conflicto armado de seis décadas es una de las principales preocupaciones de los votantes. Petro, el primer presidente izquierdista en la historia de Colombia, priorizó una política de diálogos con todos los grupos armados del país conocida como “paz total”.
Pero a tres meses de dejar el poder, ninguna de estas negociaciones ha tenido éxito. La oposición critica su política de paz y lo acusa de ser indulgente con los criminales. El mandatario, que por ley no puede reelegirse, busca continuar su proyecto con la candidatura de su aliado, el senador Iván Cepeda, que parte como favorito en las encuestas. Le siguen los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que defienden una política de mano dura contra los grupos criminales.
Fuente: AFP.
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Riera apunta al gobierno de Abdo por “entregar” el control del cielo al narcotráfico en 2020
El ministro del Interior, Enrique Riera acusó al gobierno del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, de haber entregado la soberanía del espacio aéreo paraguayo al narcotráfico, tras el cajoneo de la iniciativa Cielo Guaraní Soberano impulsada por la administración del también exmandatario y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes.
“La iniciativa Cielo Soberano Guaraní se implementó ya en el año 2015 en la época del presidente Horacio Cartes y constituía una suma de esfuerzos para controlar nuestros cielos y evitar naves de tripulación clandestinas y no identificadas en nuestro suelo“, dijo Riera en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El ministro acotó: “Lo curioso de todo esto es que este procedimiento que fue un éxito se hizo hasta el 2020, pero desde ese año sin ninguna explicación desapareció el proyecto, nunca más se implementó. Curiosamente en ese año un antecesor mío (Arnaldo Giuzzio) quien hoy está procesado por narcotráfico también levantó el control de los puertos privados, retiró a los canes antidrogas, desmontó los escáneres con la historia de que iban a reorganizar las tropas en la Secretaría Nacional Antidrogas y luego esto fue sostenido en el Ministerio del Interior“.
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Riera siguió mencionando que “liberaron los cielos y puertos para contaminar las cargas y mediante eso pasaron más de 60 toneladas de cocaína pura. Debemos recordar que el Paraguay no produce ningún gramo de esa droga que no fue descubierta en nuestro país, sino acopiada a través de pistas clandestinas que nos cansábamos de denunciar. Realmente en ese gobierno se declaró arco libre“.
Las afirmaciones de Riera surgieron tras la decisión del gobierno del mandatario Santiago Peña, de impulsar vía decreto la creación de la Comisión Nacional Cielo Guaraní Soberano, con el objetivo de consolidar mecanismos de comunicación directa, intercambio de inteligencia y reacción conjunta para combatir el narcotráfico, el crimen transnacional organizado y los vuelos irregulares que operan en territorio nacional.
“La semana que viene se reunirán sus integrantes para cruzar datos, tener puntos focales y a funcionar coordinadamente, esta es la parte del tablero que nos faltaba”, manifestó.
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Gobierno reactiva “Cielo Guaraní Soberano”, estrategia aérea y terrestre contra vuelos ilícitos
El Gobierno del Paraguay anunció un decreto firmado por el presidente Santiago Peña, que reactiva el programa “Cielo Guaraní Soberano”. El programa apunta a articular el trabajo de varias instituciones de seguridad a fin de combatir el narcotráfico, que se mueve través de vuelos irregulares, y lograr la captura de los responsables en tierra.
“Este decreto regula el trabajo coordinado de todas las instituciones del Estado que tienen responsabilidad en la defensa y en la seguridad del país. Lo que queremos lograr con esto es la captura de las aeronaves que aterrizan o de los operadores en tierra”, explicó el comandante de la Fuerza Aérea Paraguay, Julio Fullaondo.
El decreto reactiva un programa que había estado operativo entre 2015 y 2019, y que utilizaba los radares entonces disponibles para el control del espacio aéreo. En esta reactivación, el programa tendrá además de nuevos radares, la participación de los aviones Super Tucano adquiridos por la actual administración para la intercepción de los vuelos.
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El comandante Fullaondo explicó que actualmente la Fuerza Aérea ya despliega acciones de intercepción de aeronaves que realizan vuelos irregulares, a través de los Super Tucano, pero reconoció que es necesaria una articulación con fuerzas operativas en tierra para lograr la captura efectiva de los responsables.
“Las veces que tenemos interceptación de aeronaves, necesitamos la reacción rápida de los otros organismos de seguridad en tierra, como ya ocurrió en el caso de que aterriza el avión y tarda dos minutos para volver a decolar", explicó.
Destacó que con el decreto del Poder Ejecutivo se logrará integrar el trabajo de las instituciones de seguridad del Estado para el combate al narcotráfico, el crimen transnacional organizado y los delitos conexos. “Con este decreto que acaba de firmar el presidente, automáticamente se crea un equipo que va a trabajar coordinado en cielo y en tierra", indicó a su turno el ministro del Interior, Enrique Riera.
Instituciones involucradas
Entre las instituciones que se articulan en este trabajo están la Policía Nacional, la Fiscalía, la Secretaría Nacional Antidrogas y las Fuerzas Armadas, entre otras que tengan jurisdicción en los lugares donde aterricen las aeronaves.
“Este decreto es una señal clara de que está decidido a combatir de frente y con todos los elementos a su alcance al crimen organizado, al terrorismo y sobre todo y especialmente al narcotráfico", afirmó el ministro de Defensa Nacional, Oscar González.
Las autoridades destacaron que Paraguay tiene acuerdos de cooperación firmados con los países de la región, incluyendo a Brasil, Argentina y Bolivia, que permite la comunicación directa, el intercambio de información y trabajo conjunto para la vigilancia y protección del espacio aéreo en la zona fronteriza.
En el marco de la cooperación internacional, el encargado de negocios de los Estados Unidos, Robert Alter, expresó que Paraguay cuenta con la asistencia permanente de su gobierno y que están orgullosos de colaborar con la lucha contra el crimen organizado.
“Los aliados se acompañan y el gobierno del presidente Peña y su equipo de seguridad tienen una visión muy clara con respecto al control del espacio aéreo y su lucha contra el crimen organizado, y los Estados Unidos de América estamos ahí para acompañarlos”,acotó.
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