Ciudad del Este. Agencia Regional,
Una persona que estaba privada de libertad en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, falleció esta mañana en el Hospital Regional de Ciudad del Este por insuficiencia respiratoria aguda. Se trata de Ramón Núñez Oviedo, de 41 años, cuyo deceso se produjo a las 08:53, según acta de defunción firmada por la médica de guardia, doctora Dila Valencia Cabrera.
De acuerdo con los datos proveídos a La Nación/Nación Media por el director del penal, licenciado Benjamín Ozuna Riveros, el hombre fue trasladado del recinto penal al hospital en carácter de urgencia, a las 07:53, pero al poco tiempo de su llegada, el personal penitenciario recibió la comunicación de que el reo había fallecido.
El jefe de seguridad, Dionicio Núñez, informó al director del penal que los funcionarios Silvino Rojas, Richard Escobar, Arsenio Aranda y el licenciado Richard Escalante, fueron los encargados de asistir al interno hasta el hospital. La PPL estaba en el pabellón contenedor del recinto penitenciario.
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La licenciada Laura Insfrán, de la Sanidad Penitenciaria, reportó que el hombre llegó con dificultad respiratoria, dolor toráxico, sudoroso, siendo sugerido su traslado inmediato al hospital. En su reporte mencionó que el fallecido tenía antecedente de tabaquismo durante 16 años.
Debido a la no aparición de ningún familiar para retirar el cuerpo, al final de la tarde fue resuelto que sea entregado a la funeraria de turno, en espera de algún familiar, según manifestó el director Benjamín Ozuna.
Núñez Oviedo estaba cumpliendo una condena de diez años, por abuso sexual en niño, según los informes de la Dirección del Penal Regional de Ciudad del Este. El licenciado Ozuna espera que algún familiar pueda llegar por su cuerpo para retirarlo.
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Condenan a 30 años de prisión a “ministro” Umbanda por abuso sexual infantil y trata de personas
- Ciudad del Este. Agencia regional
Adrián Anselmo Aveiro Silguero (32), quien se hacía pasar como un “ministro” del culto Umbanda fue condenado a 30 años de prisión, más cinco años por medidas de seguridad, tras ser hallado culpable de coacción sexual y violación, trata de personas, trata de personas con circunstancias agravantes, abuso sexual en niños y violación del deber del cuidado.
La fiscal Vivian Coronel defendió la acusación en el juicio oral y público que concluyó hoy en el Complejo Judicial de Ciudad del Este, luego de varias audiencias. El Tribunal de Sentencia que tuvo a su cargo el juzgamiento estuvo integrado por los magistrados Herminio Montiel (presidente), Zunilda Martínez Noguera y Edgar Lezcano.
Durante el debate, la Fiscalía sustentó que entre 2018 y 2025, el acusado habría utilizado su supuesta autoridad como ministro de culto umbandista, bajo el nombre de “Pai Asmud”, para captar a personas en situación de vulnerabilidad, someterlas a servidumbre y cometer abusos sexuales contra niños, adolescentes y adultos.
Los hechos juzgados hoy ocurrieron en tres lugares distintos: Hernandarias, Ciudad del Este y Minga Guazú y la Fiscalía identificó a ocho víctimas y la comisión de más de un hecho punible en contra de algunas de ellas.
Los casos registrados
La Fiscalía sustentó que Aveiro Silguero abusó sexualmente de dos niñas, de 12 y 13 años, además de un niño de 9 años. Asimismo, según lo expuesto en juicio, el acusado realizó actos sexuales con un adolescente de 12 años, ejerció coacción sexual y violación de un joven y cometió coacción sexual contra otro adolescente de 12 años.
También fue acreditada la trata de personas agravada con fines de servidumbre en perjuicio de cinco víctimas, entre ellas una niña y un estudiante extranjero, quienes eran obligados a trabajar sin remuneración, tenían prohibido salir y recibían castigos físicos.
El hoy condenado también amenazaba de muerte a las víctimas y a sus familiares. A esto se sumó la violación del deber del cuidado de una niña de dos años, a quien había inscripto como su hija y la exponía a rituales nocturnos en los que se consumían bebidas alcohólicas y tabaco, además de registrarse actos de violencia.
La fiscal Vivian Coronel manifestó que se aplicaba el mismo método de actuación en todos los casos donde el “Ministro” les ofrecía vivienda, alimentación y protección espiritual, pero luego las aislaba, explotaba y sometía mediante el miedo.
Los relatos fueron corroborados mediante declaraciones testificales, entrevistas realizadas en Cámara Gesell y pericias médico-forenses, psicológicas y psiquiátricas. Estas evaluaciones determinaron que el acusado era plenamente imputable y presentaba un perfil de alto riesgo.
La fiscala presentó también un informe del Viceministerio de Culto que confirmó que el grupo religioso no estaba inscripto.
Reacciones de las víctimas
“Valió la pena tantos años de espera, estoy aliviada porque la persona que nos hizo tanto daño está con condena y va a cumplir; ya no abusará de niños, ya no maltratará a adolescentes, ya no hará daño” dijo a La Nación/Nación Media, una de las víctimas del supuesto líder religioso.
La misma fue captada a los 12 años y permaneció hasta los 15 en poder del culto Umbanda, en cuyo tiempo sufrió las agresiones del “ministro” Aveiro.
Otro de los afectados y denunciante inicial del caso, refirió que se hizo justicia porque sufrieron mucho en poder del hoy condenado. Reconoció que estuvo callado mucho tiempo por miedo, pero ahora instó a niños y adolescentes a no confiar en cualquier casa de santo para no caer en manos de personas malas como le tocó a él y a otros.
El joven contó que llegó a escapar del lugar y lo volvieron a captar hasta que pudo huir nuevamente y ya no pudieron encontrarlo. “Se hizo justicia”, sostuvo el joven, quien adquirió una enfermedad a causa del sometimiento del que fue objeto.
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Hernán Rivas condenado: ¿y ahora?
- Jorge Torres Romero
Hernán Rivas fue condenado a ocho años de prisión por producir y utilizar documentos públicos falsos. La sentencia aún puede ser apelada.
Hasta ahí, Rivas.
¿Y ahora?
La oposición oportunista y una parte de la prensa militante redujeron durante meses un problema gigantesco al “cartista Hernán Rivas”.
Rivas debe responder por sus actos. Pero los números demuestran que el problema es mucho más profundo:
283 funcionarios del MEC sumariados.
550 usuarios no autorizados.
130.000 acciones irregulares detectadas.
525 casos investigados por la Fiscalía.
144 títulos docentes ya verificados como falsos.
Eso ya no se llama Hernán Rivas. Se llama un problema del Estado paraguayo.
Según lo expuesto en el juicio, el título de Rivas fue registrado en el MEC en apenas seis minutos.
¿Quién lo hizo posible?
¿Quién cargó, registró y validó el documento?
¿Y cuántas veces más ocurrió?
La investigación alcanza además documentos vinculados con medicina, enfermería, ingeniería, derecho y docencia. Estamos hablando de profesiones en las que una certificación falsa puede poner en riesgo mucho más que una carrera política.
Rivas fue investigado, juzgado y condenado en primera instancia.
Ahora queremos saber qué pasó con los demás.
¿Quiénes son los funcionarios involucrados? ¿Quiénes vendían, compraban o facilitaban títulos? ¿Quiénes se beneficiaron?
La vara debe ser la misma para todos: cartistas, opositores, funcionarios, rectores, intermediarios y beneficiarios.
Porque si todo termina con Hernán Rivas, entonces nunca se trató de combatir el sistema de títulos falsos.
Rivas ya fue condenado. Ahora corran a Rivas del medio y muéstrennos el resto. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Jonathan Fabbro solicita ser trasladado a Paraguay para cumplir el resto de su condena
El exjugador de fútbol Jonathan Fabbro, condenado en Argentina a 16 años de cárcel, solicitó a la Justicia de Paraguay ser trasladado a nuestro país para cumplir el resto de su condena. Sobre dicha petición, la jueza de Ejecución Penal, Sandra Silveira, ya remitió varios oficios a fin de evaluar el planteamiento del condenado.
La defensa de Fabbro realizó la solicitud argumentando que el caso se encuadra, en principio, dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur (aprobado por la Ley N° 3536/2008). El objeto de este tratado es posibilitar que los reclusos que reúnan las condiciones previstas puedan continuar con el cumplimiento de su pena en el Estado del cual son nacionales o donde tengan residencia legal y permanente.
En ese sentido, la recepción de la solicitud no implica la aprobación automática del traslado. Esta etapa inicial corresponde a la prosecución del trámite y a la verificación de los requisitos necesarios para que la magistratura pueda emitir oportunamente una decisión dentro del ámbito de sus competencias.
Al tratarse de un ciudadano argentino nacionalizado paraguayo, la jueza Silveira determinó que resulta pertinente contar con información actualizada respecto a su situación personal y jurídica en el país. Asimismo, se busca verificar la eventual existencia de procesos penales pendientes en territorio nacional, sin perjuicio de los demás antecedentes contemplados en el instrumento internacional.
Como primeras medidas, la magistrada solicitó a la Comandancia de la Policía Nacional el prontuario policial de Fabbro, además de la planilla de antecedentes penales actualizada. Igualmente, requirió a la Dirección General de Migraciones las constancias de entrada y salida del territorio nacional, y solicitó al Juzgado Penal de Garantías N° 6 de la Capital un informe actualizado sobre el estado procesal de la causa caratulada “Jonathan Fabbro sobre abuso sexual en niños y otros”.
Una vez que se reúnan estos informes primarios, la jueza estudiará si corresponde dar trámite definitivo al pedido realizado por el condenado.
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Consejo de Salud: la próxima semana se definirá si el caso Prieto se eleva a juicio
El caso del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este, para obras de ampliación, podría ser elevado a otro juicio que afrontará Miguel Prieto, exintendente destituido de Ciudad del Este. La Fiscalía realizará el próximo miércoles 9 de setiembre la representación del requerimiento conclusivo establecido por el juzgado especializado de Delitos Económicos.
“El 9 de setiembre es la fecha en la que oficialmente nosotros vamos a expedirnos sobre la situación procesal de tres personas que quedaron, que son Miguel Prieto, la señora Valeria Romero y el señor Sebastián Martínez, y también está imputado en esta causa, sin embargo, el diputado nacional Walter García, quien no fue desaforado”, había anunciado en su momento el fiscal de la causa, Silvio Corbeta.
En el marco de esta presentación se podría determinar si esta causa será elevada a juicio, el tercero que debe enfrentar el exintendente esteño. “En el requerimiento conclusivo vamos a expedirnos, si se tiene la certeza suficiente para someter a un juicio oral y público, o solicitar la correspondiente elevación de la causa al juicio”, fueron las expresiones del agente fiscal.
Prieto se abstuvo a declarar
El pasado jueves 3 de setiembre, Prieto fue convocado a una declaración indagatoria ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, integrado por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez.
El destituido intendente se abstuvo a declarar ante los fiscales, en el marco del proceso penal por lesión de confianza en el que se lo investiga por un presunto perjuicio patrimonial de G. 757 millones a la comuna esteña.
Siete procesados admitieron los hechos
En esta causa, siete de los once imputados solicitaron la suspensión condicional de procedimiento tras admitir los hechos en el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo de Salud de Ciudad del Este.
“Eso da entidad a la causa, en el sentido de que la causa tiene suficiente pruea probatoria como para demostrar la conducta y estas personas prefieren evitar un enjuiciamiento público para conllevar a una condena de estas personas por los hechos que les fueron imputados”, resaltaba el fiscal Corbeta en entrevista para GEN y Universo 970 AM/Nación Media esta semana.
Agregó que “estas personas optan por reconocer básicamente, admitir su participación y, solicitan y ofrecen reparaciones en ese sentido, una salida que está permitida dentro del sistema acusatorio y del Código Procesal Penal”.
Detalles de la causa
El daño patrimonial de G. 757 millones a las arcas de la comuna se habría ocasionado a través del pago por obras inexistentes financiadas por el Consejo Local de Salud de la comuna esteña, en este caso, se otorgó los fondos a una organización sin fines de lucro, que es el Consejo de Salud de la comuna.
De acuerdo con la investigación fiscal, Prieto habría ordenado diez transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico.
La documentación recabada indica que el Consejo Local habría destinado el dinero a supuestas mejoras físicas, principalmente a reiteradas refacciones en un mismo lugar y en cortos. Entre los trabajos bajo la lupa se encuentran remodelaciones en diversas áreas médicas, la construcción del pabellón de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y la refacción de los pabellones de Nefrología y Traumatología del Hospital Regional.
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