Un terrible caso de agresión contra una mujer se dio en plena vía pública en el barrio Tabalada de Asunción y el hecho quedó grabado en las imágenes del circuito cerrado que se viralizó, debido a la gravedad de la agresión que dejó inconsciente a la víctima.
De acuerdo a los datos policiales, la pareja salió a una cancha de fútbol tras una discusión que aparentemente tuvo. Tras el altercado, la mujer de 26 años, salió del lugar y se fue caminando, cuando fue alcanzada por su pareja quien se movilizaba en una motocicleta.
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El hombre, identificado como Gumercindo Portillo, bajó el biciclo, se arrodilló ante la joven y tras ser ignorado le propina una tremenda golpiza que la tira por la muralla, golpeándose así no solo la cara y cabeza, por lo que queda tendida en el suelo inconsciente, en plena vereda.
Tras el hecho, otros dos motociclistas acuden al sitio y ven si la joven sigue viva, mientras que el agresor sube a su motocicleta y se da a la fuga. La mujer fue asistida por los vecinos y derivada a un centro asistencial donde se constató las lesiones en el rostro, la cabeza y la clavícula.
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Violencia familiar, lesiones y amenazas, entre las principales denuncias que involucra a pueblos originarios
Entre 2023 y 2026 se analizaron más de 3,100 hechos punibles relacionados con personas indígenas. El estudio abarcó 2,746 causas penales y permitió identificar las principales denuncias, su distribución territorial y las situaciones que involucran a la población nativa como presuntas víctimas o presuntos responsables.
El Ministerio Público, a través de la Dirección de Planificación y su Departamento de Estadística, procesó información correspondiente a 3.119 hechos punibles denunciados en 2.746 causas penales, cuyos relatos iniciales mencionan situaciones vinculadas a personas o comunidades indígenas. El estudio comprende el periodo de enero de 2023 a agosto de 2026. A partir de estos registros, la Dirección de Comunicación y Prensa realizó un análisis periodístico e institucional para identificar los principales hallazgos y contribuir a su comprensión desde una perspectiva informativa y de derechos.
De los hechos examinados, 2.415 registraron al menos una presunta víctima indígena, mientras que en 2.076 se identificó al menos una persona indígena como presunta responsable. Ambas categorías pueden coincidir en un mismo hecho, por lo que no deben sumarse.
Principales denuncias
Entre los hechos que involucran a presuntas víctimas indígenas:
- la violencia familiar registró 246 casos
- 199 lesiones
- 169 amenazas
- 152 registros de homicidio doloso
- y 118 de abuso sexual en niños
Estos resultados permiten observar la diversidad de situaciones denunciadas que afectan a integrantes de pueblos indígenas, incluidos hechos relacionados con la integridad física, la seguridad y la protección de niños, niñas y adolescentes.
Registro aumenta entre 2023 y 2025
El análisis muestra que los hechos punibles registrados pasaron de 665 en 2023 a 768 en 2024, y a 1.010 en 2025, lo que representa un incremento del 51,9 % entre el primero y el último de esos años.
Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 676 hechos, cifra correspondiente a un periodo parcial. Cabe destacar que el aumento de los registros no implica necesariamente un incremento equivalente en la ocurrencia real de los delitos, ya que los datos corresponden a denuncias y no permiten determinar las causas exactas de esa variación.
Canindeyú, Caaguazú y Amambay
En la distribución territorial, Canindeyú encabezó los registros con 781 hechos punibles, seguido de Caaguazú con 539 y Amambay con 476. Estos tres departamentos concentraron el 57,6 % del total de los casos analizados. Estas cantidades reflejan los registros del Ministerio Público y no constituyen tasas de criminalidad, ni permiten establecer qué departamentos presentan un mayor riesgo para la población indígena.
Derechos y acceso a la Justicia
El análisis aporta información clave sobre las denuncias que involucran a personas indígenas y contribuye a conocer las situaciones que llegan al sistema penal.
La Constitución Nacional reconoce la identidad étnica, las formas de organización y los derechos de los pueblos indígenas. En este contexto, el acceso a la Justicia requiere considerar las particularidades culturales y lingüísticas de las personas involucradas, con pleno respeto a sus garantías y derechos.
Los resultados corresponden estrictamente a la información registrada al momento de la denuncia; por lo tanto, no representan hechos judicialmente comprobados ni permiten determinar responsabilidades penales de forma anticipada.
Con este estudio, el Ministerio Público pone a disposición información estadística que contribuye a visibilizar las situaciones denunciadas y a profundizar el conocimiento sobre los derechos y el acceso a la Justicia de los pueblos indígenas.
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Indignante justificación del presunto feminicida de Deisy Paola: “Me asusté y le disparé”
Tras ser capturado anoche en la ciudad de Villeta, Aldo Alexis Duarte (26), principal sospechoso del feminicidio de Deisy Paola Giménez (22), intentó justificar el crimen alegando que se asustó por los gritos de la víctima. La joven fue asesinada por su expareja, a quien tiempo atrás había cuidado incondicionalmente durante una prolongada recuperación tras un grave accidente vial. Sin embargo, luego de que ella decidiera terminar la relación y denunciarlo por violencia de género, comenzó a sufrir un acoso obsesivo y sistemático.
En sus primeras declaraciones tras la detención, Duarte manifestó que hace tres meses le había comprado un automóvil a la joven, asegurando que desde ese momento ella cambió de actitud y resolvió romper el vínculo. Según su relato, el término de la relación desencadenó el conflicto que derivó en el trágico desenlace registrado el pasado jueves en Lambaré, cuando la víctima fatal se dirigía a su trabajo por la noche.
El detenido sostuvo que esa noche solo pretendía conversar con Deisy, pero que ella comenzó a gritar. Afirmó que la reacción lo asustó debido a que pesaba sobre él una orden de restricción de acercamiento, por lo que decidió realizar un supuesto disparo intimidatorio que impactó en la víctima. Agregó que, al verla caer al suelo, se “bloqueó” y continuó disparándole hasta causarle la muerte.
Duarte fue aprehendido en la noche del viernes en Villeta, luego de que su propio cuñado alertara a la Policía. El familiar se comunicó con el subjefe de la Comisaría 20.ª Central para denunciar que el hombre había llegado a pie a la vivienda de su hermana; apenas nueve minutos después, una comitiva policial se hizo presente en el lugar y concretó su detención.
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Cuidado incondicional y obsesión
La historia detrás de la pareja revela un marcado trasfondo de violencia y fijación por parte de Duarte. El hombre olvidó que años atrás, tras sufrir un grave accidente de tránsito con secuelas corporales críticas, fue Deysi quien estuvo a su lado en todo momento cuidándolo en su lecho hasta su total recuperación.
Tras reiterados episodios de violencia física, la joven decidió terminar la relación hace unas semanas, denunció y solicitó una restricción en su contra. Duarte no aceptó la ruptura y el asedio se volvió sistemático, el pasado 8 de octubre, Deisy fue ejecutada a balazos por el hombre, mientras se dirigía a su lugar de trabajo.
Durante el allanamiento un detalle escalofriante que llamó la atención de los intervinientes fue un cuadro grande con la fotografía de la víctima se encontraba colgado en medio de la habitación del Aldo, lo que refleja la aparente obsesión enfermiza del ahora detenido.
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Autopsia de Deysi Paola confirma dos disparos en la cabeza: uno de ellos le provocó la muerte
La autopsia realizada al cuerpo de Deysi Paola Giménez Segovia, víctima de feminicidio en Lambaré, confirmó que la joven recibió dos impactos de arma de fuego en la cabeza, uno de los cuales le provocó lesiones mortales en el tallo encefálico.
La médica forense del Ministerio Público, Rafaela Fernández, brindó este viernes detalles de los resultados del procedimiento y explicó que ambos proyectiles quedaron alojados dentro de la cavidad craneal, sin presentar orificios de salida.
Según la especialista, uno de los proyectiles ingresó por la región occipital, en la parte posterior de la cabeza, con una trayectoria de atrás hacia adelante y ligeramente de abajo hacia arriba. El otro impacto presentó una trayectoria descendente, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Las heridas tenían orificios de entrada de aproximadamente un centímetro.
La forense explicó que la lesión que afectó el tallo encefálico fue determinante para el fallecimiento de la joven. Asimismo, señaló que la víctima habría permanecido con vida después del primer impacto.
Los proyectiles fueron recuperados durante el procedimiento para su posterior análisis balístico, que permitirá aportar nuevos elementos a la investigación.
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Descartan disparo en el brazo
Otro dato relevante de la autopsia es que no se encontraron heridas de bala en los brazos ni en las piernas, pese a los primeros reportes policiales que mencionaban un supuesto impacto en uno de los miembros superiores.
Sin embargo, los médicos detectaron escoriaciones y pequeñas contusiones en el rostro, principalmente en la región frontal izquierda y alrededor de la nariz. Estas lesiones serían compatibles con la caída que sufrió la víctima durante el ataque, cuya secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.
Crimen registrado en cámaras
Deysi Paola, de 22 años, fue asesinada la noche del jueves 8 de octubre cuando caminaba hacia su lugar de trabajo en el barrio Santa Lucía de Lambaré. Las imágenes de circuito cerrado muestran cómo un vehículo blanco le cerró el paso. Un hombre descendió del automóvil y comenzó a perseguirla mientras la joven intentaba escapar y pedía auxilio.
La víctima cayó al pavimento y recibió nuevos disparos cuando ya se encontraba en el suelo. El principal sospechoso del crimen es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien cuenta con una orden de captura.
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Denuncias de violencia
El feminicidio generó una profunda conmoción debido a que Deysi Paola ya había denunciado a su expareja por hechos de violencia y amenazas. Incluso contaba con una orden judicial de alejamiento.
La joven estudiaba Derecho y estaba próxima a culminar su carrera. Además, trabajaba para contribuir al sostenimiento económico de su familia. Su muerte volvió a poner bajo cuestionamiento la eficacia de los mecanismos de protección para mujeres que denuncian situaciones de violencia.
Los resultados de la autopsia serán incorporados a la investigación fiscal y constituirán elementos relevantes para reconstruir la mecánica del ataque y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
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Deysi Paola: el rostro de una protección que falló
Deysi Paola Giménez Segovia tenía apenas 22 años y un futuro por delante. Estaba en el último tramo de la carrera de Derecho, trabajaba y buscaba construir su independencia. Pero la noche del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo en Lambaré, fue asesinada a tiros en plena vía pública. El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo.
La joven había denunciado hechos de violencia y amenazas atribuidos al hombre. También contaba con una orden judicial de alejamiento. Sin embargo, esa medida no consiguió evitar el desenlace fatal.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia.
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Denunció, pidió protección y terminó asesinada
Según los reportes policiales, Deysi había recurrido a la Justicia ante situaciones de violencia atribuidas a su expareja. Un juzgado de Capiatá, donde vivían anteriormente, había dispuesto una medida de restricción.
El abogado William Amaral Martínez, quien fue jefe de la joven, aseguró que existían antecedentes de acoso y amenazas denunciados ante el Juzgado de Paz de Lambaré y que el caso también había llegado al Ministerio Público.
Amaral cuestionó la respuesta institucional y denunció que no se habría activado el protocolo de protección. También hizo referencia a demoras en el tratamiento judicial del caso, circunstancias que requieren una revisión de los expedientes correspondientes.
La joven, que estaba próxima a culminar sus estudios de Derecho, había acudido precisamente a las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes. Su muerte instala una contradicción dolorosa: una futura abogada que recurrió al sistema judicial en busca de protección terminó siendo víctima de la violencia que había denunciado.
Una ley que protege en el papel, ¿pero también en la práctica?
Paraguay cuenta desde 2016 con la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, que establece medidas preventivas y mecanismos de protección para las víctimas.
Entre esas disposiciones se encuentran las órdenes de alejamiento, las prohibiciones de amenazas, persecución y acoso, así como responsabilidades para las instituciones involucradas.
No obstante, casos como el de Deysi Paola plantean interrogantes sobre el seguimiento efectivo de esas medidas y la capacidad del Estado para intervenir antes de que las amenazas se conviertan en hechos irreparables.
La existencia de una resolución judicial no garantiza, por sí sola, la seguridad de una persona. Su efectividad depende también de la evaluación del riesgo, el seguimiento policial, la actuación fiscal y la coordinación entre las distintas instituciones.
En este caso, será fundamental esclarecer qué actuaciones se realizaron después de las denuncias y si existieron omisiones o demoras que pudieron haber comprometido la protección de la víctima.
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¿Es momento de revisar las leyes?
La muerte de Deysi Paola vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de evaluar tanto la legislación vigente como los procedimientos para su aplicación.
Entre las propuestas que merecen un debate legislativo se encuentran el seguimiento obligatorio de las órdenes de restricción, la evaluación inmediata del nivel de riesgo de las víctimas, el fortalecimiento del monitoreo electrónico de agresores y la intervención urgente cuando se detectan incumplimientos.
Otro aspecto fundamental es establecer controles efectivos sobre la actuación de las instituciones responsables de atender denuncias, garantizar la coordinación entre juzgados, Fiscalía y Policía, y determinar responsabilidades cuando se comprueben negligencias.
El desafío no pasa únicamente por aumentar las penas o aprobar nuevas disposiciones, sino por conseguir que los mecanismos de protección funcionen antes de que ocurra una tragedia.
Una tragedia que exige respuestas
Hasta septiembre de este año, el Ministerio Público había registrado 19 víctimas de feminicidio y 28 tentativas en Paraguay. Detrás de esas cifras hay mujeres, familias y proyectos de vida interrumpidos por la violencia.
Deysi Paola Giménez representa hoy mucho más que un nuevo caso en las estadísticas. Su historia obliga a examinar qué sucede después de que una mujer denuncia, solicita protección y espera una respuesta efectiva de la Justicia.
La investigación deberá determinar las responsabilidades penales del crimen, pero también corresponde esclarecer cómo actuaron las instituciones que conocieron sus denuncias.
Porque el verdadero alcance de una ley de protección no se mide solamente por las medidas que permite dictar, sino por su capacidad para evitar que una mujer amenazada termine asesinada.
Deysi recurrió a la Justicia para proteger su vida. Ahora, el Estado debe explicar qué hizo para protegerla.