Integrantes de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP) y de otros gremios del sector mantuvieron una reunión de trabajo con el nuevo titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Derlis León, a quien le entregaron una serie de propuestas para buscar alternativas de solución a la situación de los jubilados.

El vicepresidente de la UNJP, Elvio Brun, en conversación con La Nación/Nación Media, dijo que la previsional necesita soluciones, pero deben ser estructurales y transparentes. “Es necesario aumentar la recaudación, combatir la evasión, controlar los gastos, racionalizar la administración y proteger el patrimonio previsional”, señaló.

Manifestó que la emergencia sanitaria debe resolverse, no debe comprometer el fondo de jubilaciones. “Los recursos de los trabajadores deben mantenerse destinados a garantizar su seguridad previsional”.

La UNJP expresa su preocupación por la versión del proyecto de Ley de Emergencia del IPS. Bajo el argumento de atender la emergencia sanitaria, el proyecto incorpora disposiciones financieras y administrativas que podrían comprometer el patrimonio previsional.

Al respecto, ayer martes el presidente del IPS, Derlis León, y los diputados, que integran diversas comisiones asesoras de la Cámara Baja, acordaron postergar por dos semanas el tratamiento del proyecto de ley de emergencia para la previsional, que fue aprobado el 27 de agosto por el Senado con varias modificaciones.

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Brun explicó que dentro de la propuesta de emergencia se incluyen la cesión de acreencias, los fideicomisos, los patrimonios autónomos, la afectación de bienes y los cambios en el régimen de inversiones. Estas medidas podrían afectar los recursos destinados a jubilaciones y pensiones, dijo.

“La emergencia sanitaria debe atenderse con urgencia, pero sin utilizar ni poner en riesgo los fondos y bienes destinados a garantizar las jubilaciones. Toda operación que comprometa recursos previsionales debe contar con límites claros y someterse a controles institucionales y mecanismos de transparencia.

Refirió que igualmente preocupa la posibilidad de utilizar inmuebles del IPS vinculados al patrimonio previsional para financiar necesidades del área de salud. “Esta medida requiere un análisis jurídico, constitucional y financiero riguroso”, manifestó.

Durante el encuentro con autoridades de IPS se propuso conformar una mesa técnica para analizar la actualización de los haberes jubilatorios. Brun afirmó que el aumento no debe calcularse únicamente con base en el IPC, sino considerar la realidad económica de los jubilados y la sostenibilidad del sistema.

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El Instituto de Previsión Social (IPS) inicia este lunes 7 de septiembre el Censo Digital de Jubilados y Pensionados 2026. El trámite, de carácter obligatorio y gratuito, se extenderá hasta el 7 de diciembre y alcanzará a cerca de 90.855 beneficiarios para actualizar sus datos y optimizar la gestión de las prestaciones.

La iniciativa responde a lo establecido en el artículo 47 de la Ley n.º 430/73, que dispone la obligación del IPS de mantener un censo completo y actualizado de las personas comprendidas en el régimen previsional, así como el deber de los beneficiarios de proporcionar los datos requeridos por la institución. La realización del censo fue aprobada por el Consejo de Administración mediante la Resolución C.A. n.º 057-008/2026.

Durante el proceso, los jubilados y pensionados deberán actualizar información personal y de contacto, como domicilio, número telefónico, correo electrónico, estado civil y datos relacionados con familiares o herederos. La actualización permitirá contar con una base de datos más completa y confiable para mejorar la comunicación y las notificaciones con los beneficiarios, facilitar el otorgamiento oportuno y seguro de las prestaciones y fortalecer los mecanismos institucionales de control.

El censo también generará información que podrá ser utilizada para la planificación institucional y la elaboración de análisis sobre las características y distribución de la población beneficiaria. Estos datos constituyen un insumo para orientar la gestión y la planificación de servicios de acuerdo con las necesidades de los jubilados y pensionados. Asimismo, la actualización de los registros contribuirá a prevenir pagos indebidos y a fortalecer el resguardo de los recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones.

El procedimiento será exclusivamente digital y podrá realizarse desde una computadora o dispositivo móvil, evitando traslados, impresiones y trámites en papel. Esta modalidad forma parte del proceso de modernización y transformación digital del Seguro Social y busca simplificar el cumplimiento de la obligación legal, con un procedimiento ágil, accesible y seguro para los beneficiarios. Para la validación de identidad, el formulario contempla la utilización de documentación y mecanismos de verificación del beneficiario, de acuerdo con los requerimientos establecidos para el proceso.

El carácter digital del procedimiento no significa que los jubilados y pensionados deban realizar el proceso sin acompañamiento.

El IPS dispondrá de asistencia presencial en dependencias institucionales habilitadas para quienes tengan dificultades de conectividad, movilidad o manejo de herramientas digitales. También se habilitarán canales de atención para orientar a los beneficiarios durante el proceso.

Los canales informados por la institución son:

WhatsApp: 0962 120185 / 0962 354854

Correo electrónico: atencionsolicitante@ips.gov.py

Atención al jubilado: atencionaljubilado@ips.gov.py

El IPS recuerda que el Censo Digital de Actualización de Datos y la comprobación de sobrevivencia o fe de vida son procedimientos diferentes y complementarios. Mientras la fe de vida tiene como finalidad acreditar la sobrevivencia del beneficiario para la continuidad del pago de su prestación, el censo busca actualizar información personal, familiar y de contacto que forma parte de los registros previsionales.

Con el Censo Digital de Actualización de Datos, el IPS busca disponer de información actualizada que permita mejorar sus procesos administrativos, fortalecer los controles y contar con mejores insumos para la toma de decisiones. El relevamiento constituye, además, una herramienta para avanzar en una gestión previsional sustentada en información confiable y actualizada, orientada a mejorar la atención y las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados.

La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP) celebró la imputación de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS) y otros siete funcionarios de la previsional.

Durante una conferencia de prensa realizada, el vicepresidente de la UNJP, Lic. Elvio Brun Ayala, pidió que esta imputación de las autoridades llegue hasta el final, y las mismas sean condenadas y que devuelvan hasta el último guaraní que han robado.

“Como jubilados nos sentimos orgullosos, somos protagonistas principales, porque fuimos los primeros en hacer la denuncia. Hace cinco años venimos denunciando. No solo dinero se han robado del IPS, sino se robaron la tranquilidad de la familia por falta de medicamentos. Por eso pedimos que esta imputación llegue hasta el final y que los responsables devuelvan lo robado”, sostuvo.

Brun señaló estar conforme juntos con los demás jubilados por una parte, porque el actual presidente de la entidad previsional apoyó la denuncia del sector.

El Ministerio Público ordenó la imputación y pidió la prisión preventiva de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, y Jorge Brítez, por supuesta lesión de confianza (daño patrimonial). Además imputó a otras siete personas. Brítez obtuvo libertad ambulatoria, mientras continúa el proceso. El ex presidente del IPS accedió a la fianza de G. 1.000 millones.

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Los otro cuatro funcionarios accedieron también a la libertad ambulatoria. Ellos son: la exasesora jurídica Rosa Colmán; el exdirector de Mantenimiento, José Coronel; el exgerente de Abastecimiento, Hugo Aranda; y el exdirector de Contrataciones, Juan Manuel Villar.

Según la Fiscalía, existen elementos de sospecha seria sobre el caso. Los otros funcionarios imputados son: Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel Acosta, Juan Villar López, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón y Verónica Blanco Bogado.

Los investigados habrían firmado adendas irregulares a un contrato para instalar quirófanos en el Hospital Central, generando un perjuicio de G. 61.000 millones.

El Ministerio Público también solicitó el embargo de bienes por G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar bienes de todos los procesados.

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El Consejo de Seguridad Social (CSS) acordó prorrogar por un año adicional los nombramientos provisionales de los representantes del sector jubilado, computando el nuevo plazo a partir del vencimiento establecido en el Decreto N° 4356/2025, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Esto, en el marco de su tercera sesión ordinaria del año con la participación de la totalidad de sus miembros titulares. La decisión busca asegurar la continuidad de la representación de este sector mientras avanzan los procesos institucionales para la elección definitiva de sus representantes.

Durante la sesión, la secretaría ejecutiva del CSS presentó el proyecto de reglamento interno del consejo, orientado a ordenar aspectos procedimentales de las sesiones como la convocatoria, el quórum, las votaciones, la elaboración de actas y el registro de acuerdos.

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Dicha iniciativa se enmarca en lo dispuesto por la Ley N° 7235/2023 y el Decreto N° 4776/2025, con el objetivo de establecer bases para un funcionamiento más claro y ordenado del organismo. “El CSS ratificó su papel como espacio de diálogo y coordinación entre los distintos sectores vinculados al sistema previsional, avanzando en definiciones orientadas al fortalecimiento institucional y a una gestión más ordenada y eficiente”, mencionaron.

A su vez, la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones expuso un resumen ejecutivo de las principales acciones e instrumentos emitidos durante el período, proporcionando a los consejeros una actualización sobre el trabajo desarrollado por el ente regulador.

También fueron analizados otros asuntos institucionales y expedientes relacionados con el funcionamiento y fortalecimiento del sistema previsional, respecto de los cuales se definieron acciones de seguimiento y análisis técnico.

Participaron de la reunión, el ministro del MEF, Óscar Lovera; el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo; la ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde. Además, el representante del sector empleador, Enrique Vidal Lovera; el representante del sector trabajador, Jorge López Luraghi; el representante del sector jubilado, Rodi Hernán Ozuna Paredes; y la superintendenta de Jubilaciones y Pensiones, Griselda Figueredo.

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