Un caso de total vulneración de la intimidad de una pareja se conoció este martes. Una pareja vivía como en un “reality”, pero no lo sabía. Durante dos años usuarios en todo el mundo siguieron de cerca su vida, los vieron reunidos en familia, cuando se duchaban e incluso, cuando tenían relaciones íntimas.
El caso se supo cuando un amigo de la pareja se encontró con las imágenes y dio el aviso de que todo lo que hacían en la casa se veía en distintas plataformas de Internet a nivel internacional.
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Se trata de un caso de violación de la privacidad pocas veces visto en Paraguay, ya que las transmisiones se hicieron por un periodo de dos años a través de las cámaras de circuito cerrado que mandaron instalar en su domicilio para mejorar la seguridad.
Tras conocerse el hecho, surgió como principal sospechoso el técnico que se encargó de la colocación de las cámaras en la vivienda. El hombre fue detenido y declaró que no ingresó al sistema de circuito cerrado de manera remota.
Sin embargo, los accesos están vinculados a su correo electrónico y su número de teléfono. La denuncia está en manos del Ministerio Público, que ya trabaja en una pericia informática para corroborarla.
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Indert toma medida sobre casos de violencia contra la mujer y recibe apoyo de campesinos
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tomó medidas ante denuncias realizadas sobre casos de diversas formas de violencia, presuntamente cometidas por cuatro funcionarios o personas vinculadas a la institución. Las denuncias fueron hechas por funcionarias del Indert, y la jueza de Paz del distrito de la Recoleta, María Bethania Mendieta, dispuso medidas de protección urgentes en favor de 8 funcionarias.
Ante esta resolución judicial, el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, resolvió el traslado cuatro de los denunciados a distintas dependencias del ente en el interior del país. El hecho ocurrió en la administración anterior, aclara la institución.
La magistrada ordenó la prohibición de acercamiento de los denunciados a las víctimas, a sus familiares y a los lugares que estas frecuentan, además de prohibir cualquier acto de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, ya sea de manera directa o a través de terceros o medios tecnológicos.
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Por Resolución n.° 1452, el titular del Indert dispuso el traslado del funcionario Bernardo Diosnel Sosa, para prestar servicios en la agencia regional de Arroyito, Concepción. Por la Resolución n.° 1453, se resolvió el traslado del funcionario Rubén Estanislao Galeano, a prestar servicios en la Dirección Departamental de Paraguarí.
Por Resolución n.° 1450, fue trasladado el funcionario Fredy Bernardo González a la Dirección Departamental de Guairá. Así también, por Resolución n.° 1453, se dispuso el traslado del funcionario Arnaldo Andrés Britos, a la Dirección Descentralizada de San Pedro, con asiento en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.
Gremios campesinos apoyan decisión
Ante esta decisión, la Coordinadora Nacional de Beneficiarios de la Reforma Agraria (Conabertt) emitió un comunicado público, en el cual respalda al presidente y a la institución. Así también, expresa el repudio ante estos hechos sufridos por las funcionarias.
“Repudiamos los hechos de coacción y amenazas ejercidos por altos jerarcas de administraciones anteriores, sobre quienes la jueza María Bethania Mendieta dictó prohibición de acercamiento a las víctimas por Ley n.° 5777/2016, señala el pronunciamiento de la organización campesina. Conabertt valora y respalda la decisión del presidente del INDERT, Econ. Francisco Ruiz Díaz, de disponer el traslado inmediato de los 4 funcionarios denunciados a agencias regionales del interior, dando cumplimiento íntegro al mandato judicial”, señala el comunicado.
Igualmente, la organización insta al Ministerio Público a avanzar en la investigación por coacción, teniendo en cuenta que las medidas administrativas no sustituyen a la justicia penal.
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Piden juicio para hombre por abuso a tres sobrinos
Escalofriante relato de hechos en el que el sospechoso para cubrir sus abusos amenazaba de muerte a sus sobrinos de 13, 11 y 8 años.
- Ciudad del Este. Agencia regional.
Hace seis meses fue denunciado el abuso sexual de tres niños cometido supuestamente por el tío de las víctimas, en el distrito de Presidente Franco. El jueves, el fiscal Alberto Torres acusó y pidió juicio oral de un hombre de 50 años por los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación.
Los actos violentos se habrían desarrollado de forma sistemática desde principios de 2025 hasta diciembre de ese mismo año, en un inmueble ubicado en la colonia San Isidro de Domingo Martínez de Irala. De acuerdo al escrito fiscal, el hoy acusado comenzó a perseguir y manosear las partes íntimas de su sobrina, quien en ese momento tenía 13 años de edad.
ANTECEDENTES
En fecha 13 de mayo de 2025, el acusado fue a la casa de la menor, la persiguió, la acosó sexualmente y a la fuerza le tocó sus partes íntimas, para luego someterla sexualmente. Posteriormente, la amenazó diciéndole que si contaba a alguien lo sucedido, iba a acabar con la vida de sus hermanitos y de su madre.
Las agresiones siguieron y el tío tomaba fotografías de las partes íntimas de la víctima, la amenazaba con publicarlas en las redes sociales y le entregó como regalo un aparato celular.
Posteriormente, el 23 de noviembre de 2025, el sospechoso atacó a una segunda sobrina, de apenas 11 años de edad, hermana de la primera víctima, quien trabajaba como ayudante de limpieza en la vivienda del acusado.
REACCIÓN
Cuando la empezó a tocar a la fuerza, la niña reaccionó forcejeando y logró zafarse, pero su tío la amenazó con asesinar a sus hermanos y a su madre si contaba lo ocurrido, hechos que se repitieron en varias oportunidades.
El acusado llegó a violentar a un tercer sobrino, un niño de 8 años de edad, a quien prometió comprar una bicicleta si no contaba a nadie lo sucedido. Finalmente, las víctimas contaron las agresiones que sufrieron y la familia formalizó la denuncia.
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Rolón destaca voluntad de regularizar deuda con IPS y aguarda informes sobre títulos falsos
El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, se refirió a las gestiones impulsadas para regularizar la situación contractual y financiera con el Instituto de Previsión Social (IPS). A la vez hizo mención a los avances en investigaciones de relevancia, específicamente sobre el anuncio realizado por el Ejecutivo sobre la detección de aproximadamente 550 títulos universitarios y certificados de docentes presuntamente falsos o clonados.
Con relación a la deuda, Rolón comentó que la Fiscalía avanzó en las gestiones para regularizar la situación contractual y financiera con la previsional, respecto al inmueble donde funcionan importantes dependencias fiscales en Asunción.
Detalló que la deuda existente se originó a raíz de diferencias contractuales mantenidas con administraciones anteriores del IPS, relacionadas con obligaciones adicionales que, según argumentó, no corresponderían al arrendatario.
No obstante, el titular del órgano extrapoder destacó la voluntad institucional de cumplir con los compromisos pendientes y valoró la predisposición de las actuales autoridades previsionales para alcanzar un acuerdo que permita destrabar el proceso de pago y formalizar un nuevo contrato, de acuerdo a las informaciones proveídas desde el Ministerio Público.
A la vez, abogó sobre la necesidad de fortalecer el presupuesto institucional para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, considerando que aproximadamente el 90 % de las sedes fiscales operan en inmuebles arrendados, muchos de los cuales no reúnen las condiciones requeridas para responder a las exigencias de la investigación penal moderna.
Rolón también destacó los avances de las obras del futuro edificio del Ministerio Público en Encarnación, infraestructura que permitirá centralizar servicios especializados y fortalecer la capacidad operativa de la institución en gran parte de la región sur y este del país.
Títulos falsos
Respecto al anuncio realizado desde el Poder Ejecutivo sobre la detección de más de 500 títulos de presunta dudosa procedencia, de los cuales más de la mitad corresponden a la carrera de Ciencias de la Educación, Rolón mencionó que hasta el momento la Fiscalía no recibió oficialmente los antecedentes correspondientes.
Sin embargo, el fiscal general del Estado garantizó que, una vez remitida la documentación pertinente, se analizará la conformación de equipos fiscales especializados para el análisis e investigación del caso, siguiendo modelos de trabajo aplicados en otras causas de alta complejidad.
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Rescatista que salvó a Canela denuncia amedrentamiento
La directora de la organización Olfateando Huellas, Diana Camarasa Delgado, denunció ser víctima de supuesto acoso y amedrentamiento tras negarse a entregar a la perrita Canela a sus antiguos dueños, como lo dispuso la jueza Carmen Rossana Román.
“Hoy (jueves) estuvieron en mi propiedad la exdueña de Canela junto con su abogado, policías y un ñembo adiestrador canino de nombre Pablo Olmos, a quien en su momento le dimos mucho trabajo por medio de la fundación”, indicó a través de la página oficial de la organización protectora de animales.
Añadió que dichas personas estuvieron sacando fotos y realizando filmaciones de su propiedad con intenciones desconocidas, incluso entraron en el predio vecino, al parecer buscando alguna cosa, precisó Camarasa.
“Me siento acosada, amedrentada y con miedo de que le suceda algo a mis animales. Quiero dejar constancia por este medio y también lo haré de manera formal, por si mi propiedad sea dañada, mis animales sean perjudicados o para lo que hubiere lugar”, expresó la protectora de animales.
Por otro lado, informó que Canela ya no se encuentra en su propiedad y que la información sobre su destino será manejada por los medios legales que corresponda.
La resolución de la jueza Penal de la Adolescencia de Luque de devolver a sus antiguos dueños a Canela generó un fuerte rechazo ciudadano así como la indignación de grupos proteccionistas y organizaciones de defensa animal.
La Dirección de Defensa y Bienestar Animal rechazó la medida argumentando que el entorno familiar falló en el deber del cuidado y resguardo de la mascota. Sin embargo, la jueza argumentó que la familia no tuvo responsabilidad directa en la agresión al animal, el cual perdió la mandíbula a causa de la explosión de un petardo en la boca.
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