El vicepresidente agradeció al Congreso Nacional por la sanción de dos proyectos de ley que habilitan financiamiento externo para obras de conectividad vial en distintas regiones del país.

La Cámara de Diputados san­cionó el proyecto que aprueba un préstamo de USD 75 millo­nes destinado al programa de mejoramiento de la conectivi­dad rural, a cargo del Minis­terio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La iniciativa había generado un impasse entre algunos dipu­tados y el senador Silvio Ove­lar. Previo a la sesión extraor­dinaria de ayer, Alliana se reunió con el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, y otros legisladores, en su rol de nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo, para respaldar la aprobación del proyecto.

“La aprobación del crédito de USD 75 millones para caminos rurales es una muy buena noticia para varios departa­mentos de nuestro país. Mi agradecimiento a los diputa­dos nacionales por acompa­ñar este proyecto, que per­mitirá mejorar los caminos, conectar comunidades y facilitar el trabajo de miles de compatriotas”, señaló el vicepresidente.

Por su parte, la Cámara de Senadores aprobó por una­nimidad el contrato de prés­tamo con la Agencia de Coo­peración Internacional del Japón (JICA) para financiar la construcción del Corredor Bioceánico Suroeste, obra estratégica de casi 200 kiló­metros de asfalto que unirá Yabebyry con Pilar y bene­ficiará especialmente a los departamentos de Misiones y Ñeembucú.

“Agradezco a la Honorable Cámara de Senadores por la aprobación del financia­miento para hacer realidad el Corredor Suroeste, una obra largamente esperada por nuestra gente.

Después de tantos años de espera, seguimos dando pasos firmes para saldar una deuda histórica con Misiones y Ñeem­bucú. Vamos a seguir cum­pliendo y llevando obras donde durante décadas solo hubo pro­mesas”, expresó Alliana a través de su cuenta de X.

La Cámara de Diputados sancionó este miércoles el proyecto de ley que aprueba un contrato de préstamo por hasta USD 75 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado al financiamiento del Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc).

El proyecto contempla el mejoramiento de 123,79 kilómetros de caminos vecinales en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Caazapá y Caaguazú, con intervenciones destinadas a garantizar una mejor conectividad y transitabilidad durante todo el año, según fundamenta el citado proyecto de ley.

En Caaguazú se prevé intervenir 60,25 kilómetros, incluyendo los tramos Cristo Rey–Asentamiento 24.000–A Norte–Carpa Cue, Carayaó–Cerro Corá–Nicolás Bo y Ruta 13–Bella Vista, beneficiando directamente a más de 92.000 habitantes.

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Asimismo, el programa contempla la construcción e intervención de puentes estratégicos que totalizan 315 metros, distribuidos en los departamentos de Caaguazú, San Pedro, Concepción, Canindeyú, Itapúa y Alto Paraná.

El diputado Néstor Castellano ofició como vocero de la Comisión de Presupuesto y destacó los alcances de la iniciativa.

Explicó que los fondos permitirán intervenir aproximadamente 150 kilómetros de caminos rurales y construir más de 300 metros de puentes en ocho departamentos del país.

Finalmente, el proyecto fue aprobado con 52 votos, tras lo cual se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo para su promulgación.

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La primera ruta de hormigón del país está tomando forma, teniendo en cuenta que el pavimento rígido actualmente se extiende por casi 30 kilómetros, según el último reporte publicado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Se trata de la obra de la PY05, vía que cubre el tramo comprendido entre Pozo Colorado y Concepción, una conexión estratégica entre el Chaco y la región Oriental.

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Según el informe correspondiente a julio de 2026, fueron construidos 25,63 kilómetros de calzada completa y otros 3,88 kilómetros de media calzada en ambos lotes, totalizando 29,51 kilómetros de pavimento rígido ejecutados. El lote A registra un avance físico acumulado del 46,17 %, mientras que el lote B alcanza el 28,31 %.

Según el informe de la cartera de Estado, durante julio se certificaron labores por G. 39.309.434.353, correspondientes a las empresas contratistas de ambos sectores.

La intervención abarca 90 kilómetros y permitirá disponer de una ruta más segura, resistente y preparada para acompañar el crecimiento del tránsito en el norte del país. La vía una vez concluida beneficiará a unas 400.000 personas. Se espera, además, que la ruta proporcione a Concepción un especial impulso como polo logístico e industrial del norte de la región Oriental.

La obra representa una inversión superior a G. 611.000 millones, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata).

Los trabajos están distribuidos en dos lotes. El lote A es ejecutado por el Consorcio Avanza Chaco, mientras que el lote B está a cargo de Ecomipa S.A.

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“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.

Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.

Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.

Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.

Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

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“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.

Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.

Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.

Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.

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