Según los investigadores, los vehículos que aparecen en los videos fueron denunciados como robados, uno en Asunción, otro en el interior del país y la Toyota Fortuner habría sido hurtada en el Brasil. Foto: Gentileza
Detienen a una mujer vinculada a la banda criminal que raptó a tres personas
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Una mujer fue detenida en la ciudad de Itauguá en el marco de las investigaciones en torno al rapto de tres personas e intento de asalto a una empresa transportadora de caudales registrado ayer en San Lorenzo. Los investigadores creen que la banda criminal estaría conformada por más de diez sujetos y la aprehendida sería familiar de uno de los autores del atraco fallido.
“Hay una persona detenida que va a prestar declaración a las 8:00 de la mañana de hoy. Llegamos hasta ella a través de un circuito cerrado que hemos incautado. Simplemente ella podría ser pariente de uno los supuestos autores”, confirmó la fiscal Mirta Rivas a la 1080 AM.
Se aguarda que pueda aportar datos de los malvivientes, ya que la misma fue identificada en uno de los videos que obran en poder de los peritos. Su aparición se habría dado en imágenes captadas de la quinta de Capiatá donde fue hallada la flota de lujosos vehículos utilizados por el grupo delincuencial.
“Podría ofrecer información importante y hoy tendrá su derecho a prestar declaración o no. Y estaríamos analizando si es que colabora o no para ver si procede o no una imputación”, adelantó la agente del Ministerio Público.
La fiscal dijo que se evaluará su grado de parentesco y/o participación, al aparecer en uno de los cinco videos que están siendo peritados. “Esto se dio a raíz de un allanamiento más que hicimos ayer a la noche. Fue en la ciudad de Itauguá, en una casa”, detalló.
La banda criminal contaba con una importante logística aparte de movilizarse en lujosos vehículos. Foto: Gentileza
Nexos internacionales
Según la fiscal, en esta vivienda allanada los delincuentes habrían estado antes y después de materializar el secuestro y posterior liberación del gerente de logística, su esposa y un empleado de la transportadora de caudales con sede en Asunción. Se estima que no son siete como inicialmente se barajó, sino más de diez sujetos que se movilizaban en cinco vehículos en total y que inclusive tendrían nexos internacionales.
“Yo digo que son más de diez personas por la logística, por la cantidad de vehículos utilizados. Según dijo el propietario de la quinta él vio 20 personas y yo digo son más de diez. Porque son tres vehículos más otro que era el de la empresa supuestamente, más otro vehículo que manejaban con el propietario”, expresó.
La propia fiscal afirmó que no se descarta la posibilidad de que la banda esté integrada por extranjeros. En cuanto a los vehículos utilizados, la doctora Rivas confirmó que las dos camionetas de doble cabina fueron denunciadas como robadas, una en la jurisdicción de la Comisaría 11 Metropolitana y la otra en el interior del país. “Entiendo que la Toyota Fortuner es la que robaron en el Brasil”, subrayó.
Metrobús: “El daño no solo es patrimonial, se pagó por una obra que no tenemos”, dice fiscal
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“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obradel metrobús.
“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.
Parte de las obras del corredor central del Metrobús, que Arnoldo Wiens ordenó destruir en su gestión al frente del MOPC. Foto: Agencia IP
Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.
Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.
Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.
Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.
“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.
Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.
Refuta argumento de la prescripción
Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.
Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.
“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.
Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.
La mujer habría manifestado que recurrió a esa medida porque ya no podía controlar al niño y que este no obedecía sus indicaciones. Foto: Captura de video
Niño de 10 años habría sido encadenado por su abuela: ¿qué dice la ley sobre los límites de la disciplina?
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Un niño de 10 años habría sido encadenado por su abuela materna en una vivienda, según una denuncia presentada ante la Policía y difundida inicialmente por C9N. El caso ya se encuentra en conocimiento del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez, que deberán determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.
Según el reporte policial, una familiar del menor se presentó en la comisaría acompañada del niño y relató que lo encontró en la vía pública luego de que este saliera de la vivienda. Al observar que tenía una cadena colocada en una de sus manos, la mujer habría procedido a retirársela y posteriormente comunicó lo ocurrido a las autoridades.
La Fiscalía y la Defensoría de la Niñez fueron informadas del caso para activar las medidas correspondientes. El niño quedó provisoriamente bajo el cuidado de su tía, mientras que la abuela quedó a disposición de las autoridades.
De acuerdo con el relato de los intervinientes, la mujer habría manifestado que recurrió a esa medida porque ya no podía controlar al niño y que este no obedecía sus indicaciones.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende la investigación puntual: ¿hasta dónde puede llegar un adulto cuando intenta corregir la conducta de un niño?
En Paraguay, los niños y adolescentes son sujetos de derechos y cuentan con protección especial frente a cualquier forma de violencia o vulneración. Las medidas de disciplina o corrección no pueden utilizarse como justificación para someterlos a situaciones que afecten su integridad física o psicológica.
La normativa paraguaya establece además el principio del interés superior del niño, que debe orientar las decisiones de las autoridades y de quienes tienen a su cargo su cuidado. Esto significa que una persona adulta no puede disponer de cualquier mecanismo bajo el argumento de estar disciplinando a un menor.
Cuando una medida implica violencia, sometimiento o una afectación de sus derechos, corresponde la intervención de las instituciones encargadas de su protección. El caso podría configurar una situación de maltrato.
No obstante, será la investigación la que deberá establecer qué ocurrió exactamente, durante cuánto tiempo estuvo el niño en esa situación, cuáles fueron las circunstancias y qué responsabilidad corresponde a los adultos involucrados.
La prioridad de las instituciones intervinientes será garantizar la protección del menor y determinar las medidas necesarias para resguardar sus derechos.
La denuncia también vuelve a poner de relieve la importancia de que situaciones de posible violencia o vulneración contra niños sean comunicadas a las autoridades, en lugar de recurrir a medidas que puedan poner en riesgo su integridad.
“Voy presa sin fianza”: creen que policía paraguayo es IA por su atractivo
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El policía paraguayo Rodi González, oriundo de Caaguazú, es tendencia en redes por las fotos que publica en sus redes, presumiendo su uniforme. El agente que supera los 12.000 seguidores en TikTok, en su último carrusel ya suma las 291.000 reproducciones y 37.000 “me gusta”, siendo toda una sensación en los comentarios por su atractivo.
Rody González, que hace sus rondas por Luque y Areguá, terminó el colegio en 2022, se recibió de policía en diciembre del 2025 y actualmente se muestra en sus redes posando con el uniforme. Sus últimas fotos, que se realizó frente a la Subcomisaría N.º 18, 1.º de Mayode Luque, se viralizaron en TikTok por la cantidad de reacciones que recibió.
Entre los comentarios, se especuló que sus fotos eran una creación hecha con inteligencia artificial (IA). “Es IA, no hay policías tan lindos” o “Tengo que ir únicamente a la comisaría para comprobar que no es IA”. Sin embargo, otros resaltaron la belleza del uniformado y bromearon con ir presas para verlo.
“¿Policía o modelo?”, “Yo creo que esta vez usted debe ir preso, porque va robando todas las miradas”, “Yo cometí un delito, arréstame, porfa”, “Llévame presa por Dios”, “Por más policías así”, “¿Cometí un delito, puedo llamarle a este policía para entregarme voluntariamente?”, “Se equivocó de profesión, tenía que ser modelo este” o “Voy presa sin fianza” son algunas de las reacciones.
La “atracción por los uniformados” tiene una explicación desde la psicología social. Un estudio de la University of Southampton, publicado en la revista científica Evolution and Human Behaviour, analizó la atracción hacia los hombres que trabajan en profesiones heroicas.
En la investigación, realizada a mujeres, los resultados mostraron que los hombres vinculados al ámbito militar o policial, con rasgos de heroísmo, son percibidos como “más atractivos y deseables para una cita” en comparación con otros perfiles profesionales.
Los especialistas explicaron que esto ocurre porque profesiones como las militares o policías suelen asociarse con valores de valentía, protección y liderazgo, características que históricamente han sido percibidas como señales de seguridad y estatus.
La Cámara de Diputados requirió a la Policía Nacional un relevamiento completo de sus instalaciones para identificar comisarías y puestos con infraestructura precaria y necesidades urgentes de reparación. Foto: Archivo
Tras mortal ataque en Canindeyú, Diputados pide radiografía de la infraestructura policial
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La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución por el que solicita a la Comandancia de la Policía Nacional un informe detallado sobre el estado edilicio de todas las sedes policiales del país.
La iniciativa surge a raíz del trágico ataque al Puesto Policial N.º 4 de la colonia Naranjito, en el departamento de Canindeyú, que, según el diputado colorado Hugo Meza, dejó en evidencia la extrema precariedad de la infraestructura de seguridad.
El pedido establece un plazo constitucional de 15 días para detallar la cantidad exacta de comisarías, subcomisarías y puestos que continúan siendo de madera o que a pesar de estar construidos con material cocido (ladrillo), requieren una urgente reparación estructural.
El proyecto legislativo obtuvo el acompañamiento de la mayoría del plenario de la Cámara Baja, al momento que fue presentado como conmoción, en el espacio de tratamientos sobre tablas, de la sesión extraordinaria llevada a cabo el martes último.
El diputado Meza explicó que es indiscutible la gravedad del violento asalto perpetrado por un grupo de aproximadamente 30 personas armadas y vestidas con prendas camufladas contra el referido puesto policial de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú. El trágico suceso dejó como saldo tres fallecidos, vehículos quemados y la destrucción total de la sede policial.
Al respecto, sostuvo que este hecho volvió a desnudar las precarias condiciones en las que operan los agentes de seguridad, ya que se constató que la base incinerada era una estructura antigua de madera, incapaz de ofrecer las garantías mínimas de protección. Agregó que esta lamentable situación se extiende a numerosas dependencias construidas con material cocido (ladrillo) que se encuentran en total deterioro.
La resolución aprobada consta de puntos específicos que la Comandancia deberá responder. Pide censar comisarías, subcomisarías o puestos policiales construidos con madera en el territorio nacional, especificando la cantidad exacta y su distribución por municipio, distrito y departamento.
Además, solicita remitir el listado pormenorizado de los locales hechos de ladrillo que presentan muy malas condiciones edilicias y demandan mantenimiento urgente, detallando ubicación exacta.