Según los investigadores, los vehículos que aparecen en los videos fueron denunciados como robados, uno en Asunción, otro en el interior del país y la Toyota Fortuner habría sido hurtada en el Brasil. Foto: Gentileza
Detienen a una mujer vinculada a la banda criminal que raptó a tres personas
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Una mujer fue detenida en la ciudad de Itauguá en el marco de las investigaciones en torno al rapto de tres personas e intento de asalto a una empresa transportadora de caudales registrado ayer en San Lorenzo. Los investigadores creen que la banda criminal estaría conformada por más de diez sujetos y la aprehendida sería familiar de uno de los autores del atraco fallido.
“Hay una persona detenida que va a prestar declaración a las 8:00 de la mañana de hoy. Llegamos hasta ella a través de un circuito cerrado que hemos incautado. Simplemente ella podría ser pariente de uno los supuestos autores”, confirmó la fiscal Mirta Rivas a la 1080 AM.
Se aguarda que pueda aportar datos de los malvivientes, ya que la misma fue identificada en uno de los videos que obran en poder de los peritos. Su aparición se habría dado en imágenes captadas de la quinta de Capiatá donde fue hallada la flota de lujosos vehículos utilizados por el grupo delincuencial.
“Podría ofrecer información importante y hoy tendrá su derecho a prestar declaración o no. Y estaríamos analizando si es que colabora o no para ver si procede o no una imputación”, adelantó la agente del Ministerio Público.
La fiscal dijo que se evaluará su grado de parentesco y/o participación, al aparecer en uno de los cinco videos que están siendo peritados. “Esto se dio a raíz de un allanamiento más que hicimos ayer a la noche. Fue en la ciudad de Itauguá, en una casa”, detalló.
La banda criminal contaba con una importante logística aparte de movilizarse en lujosos vehículos. Foto: Gentileza
Nexos internacionales
Según la fiscal, en esta vivienda allanada los delincuentes habrían estado antes y después de materializar el secuestro y posterior liberación del gerente de logística, su esposa y un empleado de la transportadora de caudales con sede en Asunción. Se estima que no son siete como inicialmente se barajó, sino más de diez sujetos que se movilizaban en cinco vehículos en total y que inclusive tendrían nexos internacionales.
“Yo digo que son más de diez personas por la logística, por la cantidad de vehículos utilizados. Según dijo el propietario de la quinta él vio 20 personas y yo digo son más de diez. Porque son tres vehículos más otro que era el de la empresa supuestamente, más otro vehículo que manejaban con el propietario”, expresó.
La propia fiscal afirmó que no se descarta la posibilidad de que la banda esté integrada por extranjeros. En cuanto a los vehículos utilizados, la doctora Rivas confirmó que las dos camionetas de doble cabina fueron denunciadas como robadas, una en la jurisdicción de la Comisaría 11 Metropolitana y la otra en el interior del país. “Entiendo que la Toyota Fortuner es la que robaron en el Brasil”, subrayó.
Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
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La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
Presunto esquema criminal encabezado por el expresidente Santiago Peña. Foto: Gentileza
Superintendente de Bancos del BCP fue detenido ayer
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Agentes del Ministerio Público levantaron varios elementos para la investigación de la causa penal contra funcionarios y exfuncionarios de la banca matriz que habrían autorizado las operaciones irregulares de Ueno Bank.
La Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron en las primeras horas de ayer a Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP).
El procedimiento se realizó durante un allanamiento de su vivienda, ubicada en el barrio Santa Librada (límite entre Asunción y Lambaré) en el marco de la investigación del colapso de Ueno Bank.
El operativo estuvo a cargo del comisario principal José Delgado, del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional de la Dirección General de Investigación Criminal. La acción se desarrolló bajo la dirección de los agentes fiscales Christian Benítez y Elena Fiore, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Durante la intervención, los agentes levantaron elementos para la investigación. Además hallaron maletas nuevas dentro de un vehículo.
La investigación tiene dos causas principales, una contra Miguel Vázquez y los demás directivos de Ueno Bank, y la otra contra el expresidente Santiago Peña y Carlos Carvallo, extitular del BCP.
En este último caso también se aguarda la orden de detención del exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos.
ALLANAN ESTANCIAS
Una comitiva fiscal intervino ayer dos estancias ligadas al Grupo Vázquez en Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro. Durante el procedimiento los agentes requisaron computadoras, discos y documentos que serán peritados en el marco de la investigación.
Estos bienes pasarán a dominio de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), que se encargará de administrar los inmuebles.
Durante el procedimiento los intervinientes constataron diferencias importantes entre ambos inmuebles. La estancia de menor superficie estaba vacía y sin animales, y había sido alquilada hasta hace pocos días.
Mientras que la propiedad más extensa estaba operando con normalidad.
En el lugar fueron hallados un tractor, unos 40 animales vacunos y cinco empleados.
Uno de los encargados de la diligencia, el fiscal Juan José Godoy, señaló que la comitiva fue recibida sin resistencia por el personal que se encontraba realizando sus labores en los establecimientos, facilitando el acceso y colaborando con la entrega de datos e informes solicitados por los intervinientes.
Alliana dispone que la Comandancia de la Policía vuelva a su histórica sede
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El presidente de la República, Pedro Alliana, respondióa un reclamo de los policías y dispuso que la Comandancia vuelva a su antigua sede, ubicada sobre la calle El Paraguayo Independiente,entre Nuestra Señora de la Asunción y Chile, en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana.
En julio de 2026, bajo la administración anterior, la Comandancia y el Ministerio del Interior se habían mudado temporalmente a la Torre 5 del complejo de las Oficinas de Gobierno en la zona del Puerto de Asunción.
La disposición revierte el traslado realizado durante el mandato de Santiago Peña y recupera para la institución un espacio ligado a su historia.
“Ordené que la Comandancia de la Policía Nacional regrese a su edificio histórico, ubicado frente a la Plaza de Armas, en el corazón de Asunción”, comunicó Alliana a través de “X”.
El gobernante destacó que este lugar es parte de nuestra historia y de la identidad de la Policía Nacional. “Allí ocurrieron hechos que marcaron al Paraguay y queremos preservar ese patrimonio para las futuras generaciones. La Comandancia vuelve al lugar que le pertenece”, significó.
Los policías retirados insistentemente reclamaron conservar la Comandancia en su sede tradicional y con este anuncio hecho por el propio presidente, encuentran ahora una respuesta a su petitorio.
El Ministerio Público informó que personas no identificadas usan sin autorización el nombre de la fiscala Ingrid Cubilla para solicitar dinero y por ello ya se denuncio ante la Fiscalía el hecho. FOTO: ARCHIVO
Ministerio Público advierte sobre suplantación de identidad de agente fiscal en WhatsApp
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El Ministerio Público informa que personas aún no identificadas estarían utilizando, sin autorización, una fotografía de perfil de la agente fiscal Ingrid Cubilla en una cuenta de WhatsApp asociada al número 0985 126 358, desde la cual solicitan transferencias de dinero bajo la promesa de recuperar el acceso a cuentas de la aplicación.
La fiscala Cubilla presentó una denuncia penal para que se investiguen los hechos y se identifique a los responsables de la utilización indebida de su imagen. La institución aclara que el número telefónico señalado no corresponde a la agente fiscal y advierte sobre posibles intentos de estafa mediante la suplantación de identidad.
Asimismo, recomienda no realizar transferencias de dinero ante este tipo de solicitudes, no compartir información personal ni códigos de verificación y comprobar la autenticidad de los mensajes antes de responder.
El Ministerio Público insta a extremar las precauciones frente a posibles maniobras fraudulentas realizadas a través de aplicaciones de mensajería instantánea.