El Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia, avanzan en un trabajo conjunto orientado a garantizar el derecho al voto de las personas privadas de libertad que se encuentren legalmente habilitadas, en el marco de una mesa técnica interinstitucional creada para coordinar acciones y definir mecanismos que hagan posible el ejercicio efectivo del sufragio dentro de los establecimientos penitenciarios.

En este espacio, las instituciones analizan distintas alternativas, entre ellas la eventual instalación de mesas de votación en los centros de reclusión, evaluando las condiciones logísticas, de seguridad y de transparencia necesarias para asegurar un proceso electoral ordenado y conforme a la normativa vigente.

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Las autoridades coinciden en que la privación de libertad no implica la pérdida automática de los derechos ciudadanos, por lo que se busca identificar y remover las barreras operativas que impiden el ejercicio del voto de aquellas personas que mantienen este derecho conforme a la ley.

El trabajo conjunto permitirá establecer responsabilidades, procedimientos claros y mecanismos de coordinación que hagan compatible la organización electoral con la realidad de los establecimientos penitenciarios, fortaleciendo así la participación ciudadana y la cooperación interinstitucional en favor de una democracia más inclusiva.

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Choferes, copilotos y guardas de transporte de mediana y larga distancia levantaron el paro iniciado este martes en la Estacio de Buses de Asunción (EBA) tras el compromiso de la Dinatran de frenar la competencia desleal de buses que operan de manera irregular.

“Vinimos a conversar con los guardas y choferes sobre una problemática sobre la que ellos se han manifestado, el transporte informal existente hoy en ruta”, señaló Luis Fernando González, director de Dinatran, en contacto con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Explicó que se trata de unidades mal llamadas taxis o minibuses, que no tienen el permiso correspondiente, que son explotadas por exchoferes que conocen el itinerario de las distintas empresas permisionarias.

“No están autorizados por ninguna institución para hacer ese tipo de servicio. Y salen a hacer un trabajo informal frente a nuestras permisionarias, que están bien habilitadas por parte de la Dirección Nacional de Transporte”, precisó el titular de Dinatran.

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Mencionó que estos coches o minibuses que circulan de manera informal salen por delante de las unidades permisionarias alzando y bajando pasajeros en forma normal, como si fuese una permisionaria de transporte.

Añadió que el problema ha trascendido el ámbito nacional. En ese sentido, han podido identificar esta misma práctica en el transporte internacional.

“Con nuestros pares de Argentina hemos logrado individualizar y se han incautado en el lado argentino varias unidades que salen sin las medidas de seguridad correspondientes dentro de la informalidad transportando pasajeros”, expresó González.

Ante el reclamo de los trabajadores del volante, mencionó que ya vienen trabajando con los dueños de las empresas de transporte, que hoy se sumaron a la medida porque se ven afectados por la competencia desleal.

Sobre las medidas que tomarán al respecto dijo que deben hacer un trabajo en conjunto para tratar de erradicar esta situación, porque “la Dirección Nacional de Transporte no puede hacerlo sola. Necesitamos la integración de otras instituciones”, aclaró.

En ese sentido, dijo que ya vienen trabajando con la Patrulla Caminera y con la Agencia de Seguridad Vial. Asimismo, “necesitamos la incorporación directa de la Policía Nacional y de la Fiscalía en muchos casos, inclusive de la propia DNIT, porque estas son empresas que no tributan absolutamente nada”, puntualizó.

Por otro lado, anunció que mañana se reunirá con la ministra del MOPC para abordar este tema. “Este punto en especial nos preocupa porque este sector no tiene ningún tipo de subsidio. Así que tenemos la obligación enorme de acompañar la inversión realizada del sector y el servicio a la ciudadanía paraguaya”, subrayó.

En los últimos tres años, las empresas formales lograron incorporar 300 unidas 0 km para mejorar el servicio.

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Choferes, copilotos y guardas de transporte de mediana y larga distancia iniciaron hoy una medida de fuerza para denunciar la competencia desleal y el trabajo informal de vehículos no habilitados que captan pasajeros fuera de norma.

En ese sentido, denunciaron que alrededor de 500 vehículos operan en condiciones irregulares. Participan del paro trabajadores de distintas empresas del transporte público que operan en la Estación de Buses de Asunción (EBA).

Los manifestantes se instalaron a tempranas horas de este martes a la entrada de la principal estación terrestre de nuestra ciudad capital, exigiendo la presencial de autoridades de la Dinatran para garantizar el cumplimiento de las normativas y resguardar a las empresas regulares.

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“Estamos siendo criminalizados en el servicio que brindan los compañeros de distintas empresas de servicio de transporte, ya que hay multitud de vehículos no habilitados, llámese taxi mau, minibus”, explicó Edgar García, representante del gremio, en diálogo con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Denuncian a vehículos que toman el itinerario sin autorización afectando el servicio regular. “Hay más de 500 taxis mau, incluyendo minibus o autos particulares”, dijo García.

Añadió que la medida afectará a la ciudadanía en general. Sobre todo a los que tienen que movilizarse a distintos puntos del país, debido a que el traslado de pasajeros se encuentra fuera de servicio por tiempo indefinido.

Asimismo, la irregularidad denunciada afecta a los taxistas que operan en la EBA. “Los taxistas tenemos un ente regulador que es la Municipalidad. Cada taxista tiene que obedecer la ordenanza municipal, pero hoy vienen taxistas del norte y del sur o del este en horarios de viaje de los compañeros y captan esos viajes que corresponden a los compañeros”, apuntó.

Por dicho motivo, piden la intervención de las autoridades de Dinatran “para que a través de a Dirección Nacional de Transporte podamos tener un resguardo, una respuesta y defender a los compañeros de distintas empresas”, expresó.

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Tras un siglo de espera, 70.000 familias asentadas en las colonias Genaro Romero y Blas Garay, de la ciudad de Cnel. Oviedo, departamento de Caaguazú, van camino a la titulación de sus tierras. Así también, apuntan a avanzar en la aprobación del proyecto de Ley presentado al Senado que busca eliminar el pago previo del 3 % para el acceso al título, traslada a un plazo posterior y amplía los plazos de financiamiento sobre todo para las mujeres.

Así lo anunció el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, durante una audiencia pública realizada en el citado distrito. Participaron el senador Silvio Ovelar y autoridades locales, quienes destacaron la labor de Ruiz Díaz al frente del ente agrario.

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Al respecto, Ovelar se comprometió a votar a favor del proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo meses atrás, mediante el cual se dará la posibilidad al Indert de conseguir presupuesto suficiente por fuente propia para facilitar la titulación de unos 12.000 lotes de pequeños productores de todo el país. Hasta la fecha, Indert entregó unos 12.000 títulos en estos tres años de gestión, frente a un promedio de solo 900 títulos por año de anteriores administraciones.

La propuesta legislativa presentada por el Ejecutivo contempla, entre los puntos centrales, la venta de las tierras del ente que se encuentran ocupadas desde hace décadas a precio justo de mercado.

Asimismo, propone la suspensión del pago del 3 % recién a los doce meses de la entrega del título de propiedad. Actualmente, la exigencia es que el beneficiario pague ese porcentaje para que pueda acceder al título, lo que para miles de labriegos es una barrera que les impide la regularización de sus tierras.

El proyecto también contempla la ampliación de plazos para el pago por los lotes coloniales, tanto para las mujeres jefas de hogar como para los padres de familia. Se dispone ampliarlo a 20 años para los hombres y 30 años para las mujeres.

Otras poblaciones del departamento de Caaguazú, como Empalado, también serán regularizadas jurídicamente con la titulación masiva por el ente agrario. Antes, cerca de 2.500 lotes ya fueron titulados en Villa Constitución.

“En el Gobierno de Santiago Peña y Pedro Alliana estamos lanzando oficialmente en breve el plan de la Nueva Ruralidad, que consiste en revitalizar el campo, brindando a las familias campesinas, a los jóvenes, mujeres y ancianos, las condiciones adecuadas para volver a sus tierras y arraigarse en ellas”, señaló el titular del ente rural.

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