Un hecho de feminicidio se reportó en el barrio 29 de Setiembre de la localidad de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón (Chaco paraguayo). El presunto autor también acabó autoeliminándose unos días después de la muerte de su expareja.
La víctima fue identificada como Liz Paola Estigarribia, cuyo cuerpo fue hallado totalmente calcinado en el interior de su vivienda que fue destruida por el incendio, el viernes por la mañana. Se sindica como victimario a Arnaldo Andrés Gómez, que también llegó a ser su jefe, quien tomó la drástica decisión de acabar con su vida, según el reporte policial.
Inicialmente el caso se investigó como un incendio y el mismo Gómez habría radicado una denuncia en la comisaría local, pero luego cambió el rumbo de las pericias ante evidencias halladas en el celular de la mujer.
Se encontraron mensajes de WhatsApp que apuntaban a un probable caso de feminicidio y esta presunción fue ratificada por la familia de la fallecida. Según los familiares de la víctima, en reiteradas ocasiones este hombre amenazó a la joven.
El día de ayer domingo, el sujeto también se habría sacado la vida tras declarar que supuestamente le apenaba vivir sin ella. En un manuscrito que dejó el hombre, hizo una constancia de que presuntamente era inocente del crimen, aunque para el Ministerio Público se trata de un nuevo caso de feminicidio que se suma a las estadísticas de violencia contra la mujer con desenlace fatal.
El fiscal general del Estado exhorta a la Corte Suprema y a las autoridades nacionales a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales. Foto: Archivo
Fiscal general exige reforzar seguridad para agentes fiscales ante amenazas
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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió un comunicado en el que exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad “a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos”, tras denuncias por la presunta amenaza del exministro Arnaldo Giuzzio contra los representantes del Ministerio Público en su juicio por presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.
La nota manifiesta: “El Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos, tanto durante el desarrollo de las audiencias como en sus desplazamientos y permanencia dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia”.
“ΕΙ Ministerio Público considera indispensable garantizar las condiciones adecuadas de seguridad para el ejercicio libre y efectivo de la función fiscal, especialmente ante situaciones de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o cualquier otra conducta que pudiera poner en riesgo la integridad de sus representantes en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, sin perjuicio de las medidas de protección y seguridad que, conforme a los protocolos vigentes, corresponde activar a la institución en el ámbito de sus competencias”, agrega el comunicado emitido por la noche del martes.
De igual manera, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay solicitó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia la adopción de medidas urgentes de seguridad para resguardar la integridad de los agentes fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, quienes intervienen en la causa denominada “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.
El pedido fue formulado mediante la Nota n.º 78/2026, de fecha 25 de agosto, tras un incidente registrado al término de la jornada de juicio oral y público desarrollada el 24 de agosto. Según la comunicación, el acusado Arnaldo Giuzzio, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), habría proferido amenazas directas contra ambos representantes del Ministerio Público.
La Asociación señaló que el hecho fue registrado en soporte fílmico y posteriormente difundido a través de medios de comunicación y redes sociales, circunstancia que, según sostiene, evidencia la gravedad del episodio y su trascendencia institucional. Asimismo, expresó que este tipo de conductas no solo comprometen la seguridad personal de los fiscales intervinientes, sino que podrían afectar el normal desarrollo del proceso penal y el libre ejercicio de la función fiscal.
Ante esta situación, solicitó el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas restantes, hasta la conclusión del debate, a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los operadores de justicia y el normal desarrollo del proceso.
El Ministerio Público pidió destrabar el proceso penal por lavado de dinero contra Miguel Zaldívar, presidente del Banco Atlas; Jorge Vera Trinidad y Celio Tunholi y otros, paralizado en la Corte. Foto: Archivo
Fiscalía pidió a la Corte destrabar proceso penal por lavado de dinero de Miki Zaldívar y otros
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Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez solicitaron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabar el proceso penal por lavado de dinero que enfrentan Miguel Ángel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, y otros coimputados.
El Ministerio Público exige a los miembros de la máxima instancia judicial resolver la recusación dilatoria presentada por el abogado Enrique Kronawetter, defensor del acusado Celio Tunholi, contra los camaristas Silvana Luraghi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar.
Debido a que ya transcurrieron cuatro meses desde la presentación de esta chicana sin que se haya dictado una resolución, la Fiscalía urge definir la situación para garantizar la celeridad procesal y continuar con las actuaciones.
El Ministerio Público presentó una acusación formal por lavado de dinero y solicitó la apertura de un juicio oral y público contra Miguel Ángel Zaldívar y los demás procesados. La nómina de acusados incluye a Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.
A raíz de los constantes recursos dilatorios interpuestos por la defensa de los acusados, hasta el momento no se ha podido realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares. Asimismo, permanece pendiente la fijación de la audiencia preliminar, instancia en la cual se definirá si la causa se eleva a la etapa de juicio oral y público.
Investigan muerte de bebé debido a una deshidratación
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Un pequeño de 9 meses fue llevado por sus padres al Hospital Regional de Pedro Juan ya sin signos vitales.
El Ministerio Público investiga la muerte de un bebé de 9 meses que fue llevado por sus padres sin signos vitales hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero en el departamento de Amambay. La autopsia indica como posible causa de muerte un shock hipovolémico por deshidratación grave.
Según el reporte dado por la comisaría 18.ª de San Juan Neuman, el menor, con 9 meses de vida, sería oriundo del asentamiento Romero Cue Sector 1 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, y este fue trasladado por sus padres hasta el hospital durante la tarde del viernes pasado.
Sus progenitores indicaron a los profesionales que aparentemente estaba con un cuadro de gastroenteritis y que en un momento dado se desvaneció por completo, pero los médicos de la urgencia pediátrica informaron que cuando lo ingresaron al centro asistencial ya había llegado sin signos vitales.
AUTOPSIA
Hasta el lugar se constituyó la fiscal Reinalda Palacios, quien ordenó que el cuerpo del bebé fuera sometido a una autopsia para determinar la posible causa de muerte e iniciar las investigaciones del caso. La inspección del cuerpo fue realizada por el doctor César González.
El profesional forense determinó como posible causa de muerte del menor un choque hipovolémico por deshidratación severa que pudo ser causado a consecuencia de una gastroenteritis aguda. El informe ya se encuentra en manos de la Fiscalía, que ordenó que el cuerpo sea entregado a los padres.
Área sembrada de soja se recupera en el Chaco con crecimiento de 50 %
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La superficie de soja tuvo un incremento de 50 % en el Chaco en la campaña 2025/26, de acuerdo con una estimación dada a conocer recientemente. Boquerón es el departamento con mayor participación sobre el total, llegando al 68 % del área plantada.
El Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio) presentó los resultados del cálculo efectuado, donde se observa una recuperación del cultivo en la región, principalmente en los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay.
En 2026 se destinó un área de 163.844 hectáreas en la zafra de soja en el Chaco, unas 54.775 hectáreas más que en la campaña anterior, cuando se habían sembrado 109.069 hectáreas de soja. Comparando los datos se puede apreciar un incremento del 50 % en el área sembrada y 5,9 % más que 2024, cuando la oleaginosa alcanzó las 154.660 hectáreas.
Por departamento
Boquerón es el departamento de mayor preponderancia, considerando que pasó de tener una superficie de 78.238 hectáreas en 2025 a 111.681 hectáreas en 2026. Alto Paraguay le sigue con 37.375 hectáreas y, finalmente, Presidente Hayes con 14.786 hectáreas.
Por otro lado, un reciente estudio encarado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) había estimado que en la región Occidental la oleaginosa sumó más de 151.000 hectáreas. Los resultados fueron obtenidos a través de una encuesta.
Teniendo en cuenta la superficie de siembra de la soja en el Paraguay, abarcando las campañas de zafra y zafriña de la región Oriental y la zafra de la Occidental, el área cultivada total suma 5.029.718 hectáreas, según Inbio.