La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en conjunto con la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), inició una serie de operativos de control dirigidos a empresas de transporte de cargas de alcance local, interdepartamental e internacional.

Estas acciones, ejecutadas por la Coordinación de Operaciones Especiales (COE) Jeroviaha, tienen como propósito verificar la transparencia y asegurar la formalización de los contribuyentes del sector. Durante las intervenciones se supervisa el estado y actualización del RUC, la exhibición de constancias y la validez de los comprobantes de venta, con especial énfasis en el correcto llenado de las notas de remisión, documento obligatorio para el traslado de mercaderías en territorio nacional.

Esta primera etapa de verificaciones presenciales se extenderá por todo el país durante las próximas semanas y será complementada por una segunda fase a cargo de la Dirección General de Fiscalización Tributaria. En dicha instancia, se solicitará documentación detallada a las empresas, lo cual podría derivar en la apertura de procesos de fiscalización puntual en caso de detectarse irregularidades. La iniciativa busca que los actores del rubro se adecuen estrictamente a las normas vigentes, evitando sanciones derivadas de inconsistencias documentales.

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La ampliación de los controles al sector transporte se suma a las acciones que la DNIT viene realizando en centros comerciales y a los operativos anticontrabando, los cuales permitieron la incautación de productos como hortalizas durante el mes pasado. Estas medidas forman parte de una estrategia integral de vigilancia que busca combatir la informalidad en distintos eslabones de la cadena económica y logística del país.

Asimismo, cabe recordar que la institución puso en marcha el primer Plan de Mejora de Cumplimiento bajo un enfoque de gestión de riesgos, centrado específicamente en la identificación de facturas duplicadas. Esta modalidad permite una comunicación simultánea con un gran número de usuarios para informar sobre inconsistencias detectadas por la Gerencia General de Impuestos Internos. El sistema facilita que los contribuyentes sean notificados sobre sus fallos y procedan a las rectificaciones correspondientes de manera directa.

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Afirman que es el primer movimiento concreto del Estado paraguayo para ordenar ese ecosistema.

Paraguay está frente a una ventana de opor­tunidad que pocos países de la región tienen: energía eléctrica abundante y barata, una economía dolari­zada en los hechos y un comer­cio fronterizo que ya incorporó las criptomonedas como medio de pago cotidiano. Lo que fal­taba era un marco legal.

La Resolución 4726 de la Direc­ción Nacional de Ingresos Tri­butarios (DNIT), vigente desde el 1 de enero de este año, es el primer movimiento concreto del Estado paraguayo para ordenar ese ecosistema. Así lo analizó Cecilia De Maio, ana­lista especializada en activos digitales, fundadora de Racing Group y co-creadora de Audi­tra, en una entrevista a la 1020 AM.

“Paraguay puede llegar a tener un gran ingreso a partir de esto y es un mercado muy pro­penso a la globalización por el tipo de producto y por la canti­dad de energía que se produce. Realmente puede ser algo muy positivo”, afirmó De Maio, quien subrayó que el país reúne condi­ciones estructurales que lo dife­rencian del resto de la región.

La normativa, publicada en marzo pero con vigencia retroactiva desde enero, esta­blece un régimen de infor­mación obligatoria –no un impuesto nuevo– sobre ope­raciones con criptoactivos. Alcanza a personas físicas, personas jurídicas y platafor­mas que superen los 5.000 dóla­res anuales en operaciones, y abarca el uso, la transferencia y todo aquello que genere rendi­miento. La declaración se rea­liza vía sistema Marangatu de la DNIT, y quienes no cuen­ten con RUC están obligados a inscribirse para poder cum­plir con la exigencia.

Para De Maio, uno de los efectos más importantes de la resolución es que despeja la incertidum­bre jurídica que frenaba el cre­cimiento del sector. El uso de criptomonedas en el comercio de frontera era una práctica extendida en Paraguay, pero operaba en una zona gris que generaba dudas incluso entre sus propios usuarios.

“Antes estaba esto de, yo no sé si es legal, si es ilegal, porque siempre estaba esa duda. Esto nos viene a dar un marco de legalidad y nos da tranquilidad”, señaló la especialista. Ese cambio de estatus no es menor. La certeza jurídica es precisamente lo que necesitan tanto los inversores internacionales que miran al país como los operadores loca­les que ya usan criptoactivos en sus transacciones diarias. Con la energía como ventaja com­petitiva natural –Paraguay es uno de los mayores producto­res hidroeléctricos per cápita del mundo–, el país tiene con­diciones para atraer minería de criptomonedas, empresas de custodia de activos digitales y plataformas de intercambio.

Paraguay está frente a una ventana de oportunidad que pocos países de la región tienen: energía eléctrica abundante y barata, una economía dolarizada en los hechos y un comercio fronterizo que ya incorporó las criptomonedas como medio de pago cotidiano. Lo que faltaba era un marco legal. La Resolución 4726 de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), vigente desde el 1.° de enero de este año, es el primer movimiento concreto del Estado paraguayo para ordenar ese ecosistema.

Así lo analizó Cecilia De Maio, analista especializada en activos digitales, fundadora de Racing Group y co-creadora de Auditra, en una entrevista a la 1020 AM. “Paraguay puede llegar a tener un gran ingreso a partir de esto y es un mercado muy propenso a la globalización por el tipo de producto y por la cantidad de energía que se produce. Realmente puede ser algo muy positivo”, afirmó De Maio, quien subrayó que el país reúne condiciones estructurales que lo diferencian del resto de la región.

La normativa, publicada en marzo pero con vigencia retroactiva desde enero, establece un régimen de información obligatoria —no un impuesto nuevo— sobre operaciones con criptoactivos. Alcanza a personas físicas, personas jurídicas y plataformas que superen los 5.000 dólares anuales en operaciones, y abarca el uso, la transferencia y todo aquello que genere rendimiento. La declaración se realiza a través del sistema Marangatú de la DNIT, y quienes no cuenten con RUC están obligados a inscribirse para poder cumplir con la exigencia.

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Para De Maio, uno de los efectos más importantes de la resolución es que despeja la incertidumbre jurídica que frenaba el crecimiento del sector. El uso de criptomonedas en el comercio de frontera era una práctica extendida en Paraguay, pero operaba en una zona gris que generaba dudas incluso entre sus propios usuarios. “Antes estaba esto de, yo no sé si es legal, si es ilegal, porque siempre estaba esa duda. Esto nos viene a dar un marco de legalidad y nos da tranquilidad”, señaló la especialista.

Ese cambio de estatus no es menor. La certeza jurídica es precisamente lo que necesitan tanto los inversores internacionales que miran al país como los operadores locales que ya utilizan criptoactivos en sus transacciones diarias. Con la energía como ventaja competitiva natural —Paraguay es uno de los mayores productores hidroeléctricos per cápita del mundo—, el país tiene condiciones para atraer minería de criptomonedas, empresas de custodia de activos digitales y plataformas de intercambio.

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Sin embargo, De Maio advirtió que la norma llega con vacíos de implementación que deben resolverse con urgencia. Aún no está definido el formulario oficial para la declaración, ni cómo se cruzarán los datos con el impuesto a la renta. También persiste la duda sobre qué ocurrirá cuando una de las partes de una operación declare y la otra no. A esto se suma un desafío técnico propio de la tecnología blockchain: el hash de cada transacción —el código único de 64 dígitos que funciona como comprobante— debe registrarse en el momento exacto de la operación, porque si no se captura entonces, no hay forma de recuperarlo. Esto implica que operaciones realizadas a comienzos de 2025, antes de que la normativa fuera de conocimiento público, podrían ser imposibles de documentar correctamente.

“Lo peor de todo esto es no saber. Al menos ahora sabemos cuáles son las consecuencias”, resumió De Maio, quien llamó a ver el vaso medio lleno: la resolución de la DNIT no es el destino, sino el punto de partida de una regulación que Paraguay necesita construir con solidez si quiere capitalizar su ventaja competitiva en el sector.

De ese total, 787 ya fueron finiquitados, mientras que otros 414 continúan en proceso de análisis y tramitación.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributa­rios (DNIT), informó que el régimen excepcional de facilidades de pago ya permi­tió gestionar más de G. 62.294 millones en deudas tributa­rias hasta el cierre de abril, reflejando una importante adhesión de contribuyentes que buscan regularizar su situación fiscal.

La medida fue impulsada como una herramienta extraordinaria para que per­sonas, empresas y distintos segmentos de contribuyen­tes puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias mediante pagos fraccionados, entregas iniciales o cancela­ciones al contado, evitando que las deudas continúen acu­mulando intereses y procesos judiciales.

Según los datos de la Gerencia General de Impuestos Inter­nos, desde la entrada en vigen­cia del régimen se presenta­ron 1.201 expedientes ante la administración tributaria. De ese total, 787 ya fueron fini­quitados, mientras que otros 414 continúan en proceso de análisis y tramitación.

El mecanismo más utilizado por los contribuyentes fue el de facilidades de pago, con 1.041 solicitudes registra­das hasta abril. A través de esta modalidad se aprobaron regularizaciones por más de G. 52.338 millones. Además, otros G. 6.457 millones fueron abonados como entrega inicial y cerca de G. 3.499 millones mediante pagos al contado.

El régimen excepcional abarca tanto deudas admi­nistrativas como judiciales. Del total gestionado hasta el momento, el 53,19 % corres­ponde a obligaciones admi­nistrativas, equivalentes a más de G. 33.137 millones, mientras que el restante 46,81 % se relaciona con deudas que ya se encuentran en instan­cias judiciales, por aproxima­damente G. 29.157 millones.

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la fuerte participación de pequeños contribuyentes dentro del programa. Este segmento concentró el 69,68 % del total regularizado, alcanzando más de G. 43.405 millones. Los contribuyen­tes medianos representaron el 20,36 %, mientras que los grandes contribuyentes par­ticiparon con el 9,96 % del monto total.

En cuanto a los tributos inclui­dos dentro del régimen, las obli­gaciones vinculadas al impuesto al valor agregado (IVA) lideran ampliamente las regularizacio­nes y representan más del 46 % del total gestionado.