En la noche de ayer domingo, los trabajadores de una estación de servicio ubicada en la ciudad de Asunción lograron detener y entregar a la Policía a un hombre que en varias ocasiones habría cargado combustible y huido del lugar sin pagar.

La detención se produjo en una estación de servicios ubicada en la intersección de Bartolomé de las Casas y la avenida Fernando de la Mora, en el barrio Vista Alegre. El hombre llegó a bordo de un automóvil de la marca Hyundai, modelo I10, color beige.

Según el informe policial, el hombre fue identificado como César Enrique Passera Moro, de 38 años, quien habría sido identificado por uno de los trabajadores, ya que en varias ocasiones este sujeto habría ido hasta el lugar y tras cargar el combustible solicitado, se daba a la fuga. Esta acción la habría realizado inclusive en otras estaciones de servicio de la zona.

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En las imágenes de circuito cerrado se puede observar como, al verse reconocido por uno de los encargados del lugar, el hombre se apresuró en salir y nuevamente iba a huir del sitio sin pagar lo que había tomado, momento en que otros playeros se acercaron al automóvil y lo obligaron a descender del vehículo.

Tras lograr retenerlo, los empleados llamaron a la Policía Nacional y efectivos de la Comisaría 7.ª de Asunción se apersonaron para tomar la denuncia sobre el hecho y llevar detenido al hombre, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras se recababan más imágenes y evidencias sobre su actuar.

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El diputado Néstor Castellano afirmó que los cuestionamientos hacia las gestiones administrativas del intendente asunceno Óscar Rodríguez y del esteño Miguel Prieto “van por cuerdas separadas”. El legislador forma parte de la comisión de intervención del municipio capitalino, que este lunes iniciará labores con la instalación de su mesa de trabajo.

“Los ochenta diputados somos absolutamente libres de votar, conforme a nuestra conciencia, sobre lo que nos parezca justo y correcto. Cada voto es independiente”, dijo el legislador al referirse a los requerimientos del Poder Ejecutivo de intervención a los municipios de Asunción y Ciudad del Este, a partir de un informe de la Contraloría General de la República.

“Algunos actores políticos quieren instalar de que la intención primaria, fundamental, es destituir a Miguel Prieto y que en compensación se ofrece en bandeja de plata la cabeza de Óscar Rodríguez. Nada más alejado a la realidad, esta es una cuestión muy diferente, van por cuerdas separadas”, manifestó Castellano en una entrevista con el programa “Cara o cruz”, emitido por Unicanal.

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Castellano también se refirió sobre las denuncias por nepotismo contra Prieto y que admitió públicamente en una entrevista televisiva, que figuran en el dictamen del órgano extrapoder para requerir la intervención de su gestión. “Él cometió un sincericidio y cada vez más se embarra solo sin que nadie le empuje o acuse“, manifestó el legislador.

El líder de Yo Creo había admitido en un programa de TV en vivo la contratación directa de cuatro familiares en puestos estratégicos de su administración, sin concurso. En la nómina figuran: Martín Vallejo Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejo Balbuena, herrero en Obras Municipales; Maribel Alonso Vallejos, jefa de Impuesto Inmobiliario; Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.

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La comisión especial para el municipio de Asunción está conformada por los diputados Rodrigo Gamarra (ANR-Central), Cristina Villalba (ANR-Canideyú), Néstor Castellano (ANR-Central), Carlos Núñez Salinas (ANR-Central), Bettina Aguilera (ANR-Alto Paraná), Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), Johanna Ortega (PPS-Capital), Liedy Galeano (Yo Creo-Central), Rocío Vallejo (PPQ-Capital).

La comisión especial de Diputados para abordar el caso de Ciudad del Este está integrada por: Alejandro Aguilera (ANR-Guairá), Miguel Ángel del Puerto (ANR-Caaguazú), Avelino Dávalos (ANR-Caazapá), Hugo Meza (ANR-Cordillera), Arturo Urbieta (ANR-Concepción), Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), Cleto Giménez (PLRA-Canindeyú), Carlos María López (PLRA-Cordillera), Walter García (Yo Creo-Alto Paraná)

Este domingo se logró la detención de un médico y en su poder encontraron a la recién nacida que fue reportada como desaparecida en la localidad de Horqueta, en el departamento de Concepción. Se presume que la madre de la pequeña vendió a su bebé al profesional y que este entregó a la menor a su pareja sentimental.

Según el reporte policial, la desaparición de la menor fue denunciada ayer sábado por Emilce Ramírez, hermana de Blasida Ramírez, la madre de la recién nacida. Afirmó que esta última salió de su casa y abordó una camioneta de color bordó, pero que ya no volvió.

Su hermana salió de su trabajo y la buscó en todas las clínicas de la zona, encontrándola internada en la clínica Santa Lucía, propiedad del médico que llevó a la bebé, pero que la recién nacida no estaba. Cuando le consultó por ella le dijo que presentó complicaciones y que fue derivada hasta la ciudad de Concepción para su mejor atención.

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Este respuesta no le resultó muy convincente y contactó con el hospital regional, pero le confirmaron que no llegó ninguna recién nacida trasladada. De inmediato radicó la denuncia a la Policía Nacional e iniciaron la búsqueda de la menor. Durante un procedimiento lograron recuperar a la beba en manos del doctor Lucio Giménez, que expresó que había sido abandonada y que solo la rescató.

El médico y la madre de la menor quedaron detenidos por supuesto hecho de violación de la regla de adopción, ya que aparentemente la mujer vendió a su recién nacida. El hecho fue comunicado a la Defensoría Publica de la Niñez y Adolescencia que llevaron a la pequeña a un hospital para su control y luego se entregó a la tía materna.

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• Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).

El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.

En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.

“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.

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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.

“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.

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La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.

La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.

En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente

¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.

“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.