Esta semana una mujer denunció en redes sociales que consumió una bebida alcohólica que estaba en mal estado y que le derivó en una internación hospitalaria. Luego de ser dada de alta, reclamó al proveedor y le confirmaron que ellos no vendían sus productos al supermercado de donde adquirió la bebida.
Según Óscar Allende, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), tomaron conocimiento de este caso mediante el Ministerio Público y desde el primer momento iniciaron el acompañamiento de la investigación. Así también, se comunicó al Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN).
“Nosotros abrimos un proceso de investigación en base a esto para ver si efectivamente ese vino fue adulterado o fue comprado sin registro sanitario, cuáles fueron las implicancias del caso”, expresó Allende, director de Vigilancia de Medicamentos, en entrevista con la 650 AM.
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Resaltó que se trata de un proceso bastante delicado y que requiere la intervención de más instituciones para la investigación, como la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), la Fiscalía, el INAN y la Dinavisa. “Evidentemente era un vino picado”, apuntó.
Aseguró que se considera un producto picado porque de alguna u otra manera se alteró ese proceso legal de comercialización. “También, podría tratarse de que se transportó de una manera que no tenía que ser o desde la fábrica se envasó en un lugar donde no debería haber sido”, puntualizó.
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A pedido de la Fiscalía archivan denuncia contra extitular de IPS por supuesto perjuicio de G. 1,7 billones
A pedido del Ministerio Público, el juez de Delitos Económico Humberto Otazú desestimó la denuncia que pesaba sobre el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia y otros directivos del entre previsional, investigados por lesión de confianza donde se había denunciado un perjuicio patrimonial de G. 1,7 billones contra la institución.
El pedido de desestimación fue solicitado por los fiscales Jorge Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez, quienes en octubre de 2024 solicitaron la desestimación de la denuncia. El magistrado Otazú se opuso al pedido de los fiscales por lo que el expediente fue a la fiscala adjunta Soledad Machuca, quien ratificó que corresponde desestimar la denuncia y ante dicha situación el juez Otazú no tuvo otra salida que archivar la denuncia contra Bataglia y otros.
La investigación tuvo su punto de partida en el reporte de indicios de hechos punibles elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) y remitido al Ministerio Público. En ese documento, el organismo de control señaló presuntas irregularidades administrativas y financieras ocurridas en el IPS durante el ejercicio fiscal 2022 que podría acarrear un perjuicio de más de G. 1,7 billones al ente previsional.
Con esta determinación del juez, la asesoría jurídica del IPS puede estudiar apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá que analizar si corresponde confirmar la resolución del juez Otazú o se revoca dicha determinación.
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Docente víctima de la mafia de los pagarés exige respuesta de las autoridades
La lista de víctimas de la llamada mafia de los pagarés continúa en aumento; en este caso, una de ellas es Alba Luz González, una docente oriunda de Saltos del Guairá, que a raíz de este hecho percibe un monto ínfimo como parte de su haber y debe sobrevivir con ayuda de los familiares.
En conversación con La Nación/Nación Media, el abogado de la mujer, Victoriano Riquelme Jara, relató que su cliente se percató de que algo no estaba bien cuando empezó a recibir un monto cada vez menor como parte de su sueldo, por lo que investigó el hecho ante el Ministerio de Educación y se percató de que existía un pagaré en su contra.
Lamentó que una persona trabajadora como la señora González deba afrontar una situación tan complicada, que a su vez la limita en su calidad de vida, asegurando que es imperante que las autoridades tomen cartas en el asunto para que las víctimas reciban una respuesta pronta y favorable.
“Al investigar, se encontró con la sorpresa de que un tal Fernando Gregorio Sarasi Gonzalez se había presentado en el Juzgado de Paz de Villa Elisa reclamando un supuesto pagaré de 6.560.000 guaraníes, pagaré que desconoce totalmente, como así también a su acreedor. Allí empezaría su calvario, ya que cada vez su salario le llegaba menos, hasta llegar al punto de solo recibir 500.000 guaraníes”, explicó el abogado.
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Riquelme destacó que, al interiorizarse del caso, solicitó en fecha del 13 de febrero del 2023 copias del expediente donde encontraron que habían ingresado dos juicios con el mismo pagaré y que ya se estaban descontando del salario de la docente desde hacía meses.
“Las notificaciones jamás llegaron a su domicilio, y en cada notificación, supuestamente siempre al ujier le recibía un encargado de la casa, cosa que negamos rotundamente, ya que la docente vive sola. Lo más llamativo acá es la grosera manipulación del ujier de nombre Marcelo Cabrera, que fraguaba las notificaciones para poder avanzar en el juicio”, dijo el profesional.
“La docente sobrevive gracias a la ayuda de sus familiares y solicita a la Corte Suprema de Justicia que se investiguen los dos expedientes que se encuentran en el Juzgado de Paz de Villa Elisa; uno es el expediente número 1031/2021 y el segundo es el número 1005/2021 y así intentar recuperar parte de su dinero y que paguen los responsables con todo el peso de la ley”, finalizó Riquelme.
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Químicos y técnicos alimentarios respaldan sanciones de Dinavisa a minimercado
La Asociación Paraguaya de Directores Técnicos de Industrias Alimentarias (Apadi) y la Asociación Paraguaya de Ingenieros Químicos (Apiq) dieron su respaldo a las medidas aplicadas por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) contra dos cadenas de minimercado, luego de los hechos que tomaron estado público.
A través de un comunicado, ambas organizaciones sostienen que las acciones de Dinavisa están sustentadas en la ley y en criterios técnicos que buscan salvaguardar la salud de la población. “Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la salud pública y el cumplimiento estricto de la normativa sanitaria vigente”, expresan.
El documento recuerda que la Ley 836, el Código Sanitario y las normas que regulan la manipulación, conservación y comercialización de alimentos son de cumplimiento irrestricto, ya que garantizan la inocuidad y reducen los riesgos sanitarios.
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Señalan, además, que cualquier incumplimiento compromete directamente la seguridad de los consumidores y genera responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. Los gremios hacen énfasis en que toda transgresión a la normativa no solo expone a la ciudadanía, sino que también erosiona la confianza en el sistema de control del país.
Por ello, destacaron la importancia de que Dinavisa ejerza su labor de fiscalización con objetividad, rigor técnico y transparencia, aplicando sanciones y medidas correctivas cuando sea necesario. El texto también subraya tres puntos claves:
La obligación de garantizar la seguridad alimentaria mediante el estricto cumplimiento de la normativa; la necesidad de asegurar transparencia y trazabilidad en toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización; y el rol esencial de los profesionales responsables de la dirección técnica en los establecimientos, como garantes del cumplimiento técnico-legal y de la salud pública.
Así también, instan a mantener y reforzar las inspecciones en todos los puntos de expendio para verificar el estricto cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura (BPM) y demás estándares nacionales.
A la vez, solicitaron a las empresas involucradas implementar de forma inmediata y sostenida las medidas correctivas necesarias, a fin de acatar la normativa vigente y reanudar sus operaciones con total transparencia y responsabilidad frente a la sociedad.
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Dinavisa levantó medida cautelar a más locales de minimercado
Este sábado, desde la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) confirmaron que levantaron la medida cautelar a casi 30 locales más de la cadena Biggie. Durante la jornada de ayer levantaron la sanción a 77 locales, tras la suspensión de actividades por contar con productos en situación irregular en sus góndolas.
Según el reporte dado por la dirección, en la fecha volverán a abrir sus puertas 29 locales del minimercado, de los cuales 14 son de la ciudad de Luque; dos de Fernando de la Mora; uno en Loma Pytá, uno de Mariano Roque Alonso y uno en San Antonio.
Así también se volverán a habilitar dos locales en Ñemby, dos en Presidente Franco, tres locales en Ciudad del Este y tres en la ciudad de Hernandarias. Con la rehabilitación de estos locales, suman 106 que vuelven a tener permiso para seguir con sus funcionamientos.
La institución continuará la reinspección de los locales de la cadena de minimercados. Además, prohibieron el uso, comercialización y distribución de los productos, que en su mayoría fueron puestos en cuarentena, y la prohibición de la comercialización de productos fraccionados.
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Antecedentes
La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dispuso la clausura temporal de la fraccionadora de productos que abastecía a los más de 200 locales de la cadena de minimercados. Esto, tras constatarse que desde la misma se alteraban los etiquetados de vencimiento de los alimentos como embutidos y quesos.
Desde la reforma institucional de Dinavisa, la acción de suspensión temporal de actividades ya se realizó de forma similar en panaderías, aguateras, pizzerías, entre otros del rubro de alimentos, así como en el rubro de medicamentos.
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