El ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, César Diesel Junghanns y la ministra María Carolina Llanes disertaron en una jornada académica organizada por la Asociación de Magistrados del Alto Paraná (ASOMAP), en Ciudad del Este.

Las exposiciones abordaron la independencia judicial como garantía para el ejercicio de la función jurisdiccional y los desafíos para avanzar gradualmente hacia una comunicación institucional más coordinada y comprensible, orientada a facilitar a la ciudadanía el acceso a información confiable y oportuna sobre la labor del Poder Judicial.

La actividad se desarrolló en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de Ciudad del Este y congregó a la magistratura, representantes de asociaciones y gremios, profesionales del derecho, funcionariado judicial e invitados especiales.

El ministro César Diesel desarrolló la conferencia “El valor de la independencia judicial”, en la que destacó que la independencia constituye un elemento indispensable para la vigencia del Estado de derecho y el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. Durante su exposición se refirió al papel constitucional del Poder Judicial y al control de constitucionalidad dentro del sistema de separación, equilibrio y recíproco control entre los poderes del Estado.

Asimismo, sostuvo que la legitimidad de las decisiones judiciales se sustenta en el conocimiento de los hechos, la aplicación del derecho correspondiente y la debida fundamentación de los fallos, con respeto a las garantías del debido proceso. Diesel abordó además las garantías constitucionales destinadas a preservar la independencia institucional y funcional de la magistratura y destacó su importancia para que jueces y tribunales puedan ejercer sus funciones con apego a la Constitución y las leyes.

Finalmente, remarcó que la independencia judicial también requiere fortalecer la calidad de la administración de justicia, mediante decisiones debidamente fundamentadas, adoptadas sin demoras innecesarias y con el tiempo necesario para garantizar el debido proceso.

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Por su parte, la ministra, María Carolina Llanes Ocampos, presentó el tema “Implementación de la Política Comunicacional” y expuso aspectos vinculados al desarrollo operativo de la Política de Comunicación del Poder Judicial, aprobada mediante Resolución N.º 9990/2023 de la Corte Suprema de Justicia.

Durante su presentación destacó la importancia de facilitar a la ciudadanía el acceso a contenidos institucionales confiables y comprensibles. En ese contexto, explicó que el desarrollo operativo de la Política de Comunicación se concibe como un proceso gradual de fortalecimiento institucional, orientado a consolidar criterios, procesos e instrumentos que contribuyan a una comunicación más coordinada y acorde con las particularidades del Poder Judicial.

Otro de los ejes abordados fue la necesidad de promover una justicia comprensible mediante información clara y un lenguaje accesible que permita a la ciudadanía conocer las funciones y competencias del Poder Judicial, comprender sus procedimientos, identificar los servicios disponibles y consultar información institucional.

La ministra se refirió además a la participación de las distintas circunscripciones judiciales en la identificación de necesidades, experiencias y buenas prácticas, con miras a construir herramientas adaptadas a las diferentes realidades territoriales.

Señaló que, cuando corresponda evaluar una actuación comunicacional, deberán considerarse los derechos involucrados, las competencias institucionales, el interés público, la proporcionalidad y las características de cada situación. En ese sentido, explicó que la comunicación estratégica requiere contar con criterios y herramientas que permitan determinar cuándo corresponde comunicar y de qué manera hacerlo, preservando las competencias y responsabilidades institucionales.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

La Policía Nacional reforzará la seguridad en los hospitales públicos y en las unidades de salud ubicadas en zonas más vulnerables del Alto Paraná. La medida fue acordada durante una reunión entre autoridades de salud pública de la décima región sanitaria y el director de Policía de Alto Paraná, comisario general inspector Jorge Ramón Aquino Aguayo.

Durante la reunión se expusieron diferentes situaciones registradas en los hospitales cabecera como el robo de pertenencias de familiares de pacientes y del personal, así como la sustracción de vehículos, teléfonos celulares y otros objetos.

En lo que se refiere al Hospital Regional de Ciudad del Este, se suman situaciones relacionadas con la presencia de personas que ingresan o permanecen en inmediaciones del hospital bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, además de episodios que involucran a pacientes con trastornos de salud mental, según se expuso en la reunión.

La preocupación también alcanza a las Unidades de Salud de la Familia, con reportes constantes de hurtos de equipos informáticos, acondicionadores de aire e incluso medicamentos. Solo la semana pasada, de una USF de Hernandarias hurtaron equipos de informática.

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“Avanzamos en el uso de tecnología, tenemos sistemas digitalizados de pacientes y manejo de medicamentos, pero el hurto de los equipos nos genera un tremendo daño; un blíster de enalapril que nos roben es perjuicio grande”, refirió a La Nación/Nación Media el doctor Arturo Ramos, jefe de la APS.

Por salud pública participaron del encuentro el director médico del Hospital Regional de Ciudad del Este, doctor Francisco Paiva; el jefe de Atención Primaria de la Salud, doctor Arturo Ramos; y la asesora jurídica de la región sanitaria, abogada Selva Miranda de Ritter.

Ante esta situación, el director policial asumió el compromiso de coordinar acciones con los responsables de las comisarías de la zona y aumentar la presencia de agentes en los sectores de mayor riesgo.

El operativo contempla vigilancia en los hospitales y patrullajes en los alrededores de las USF ubicadas en áreas vulnerables. El compromiso es prevenir nuevos hechos delictivos y ofrecer mayor tranquilidad a quienes trabajan y acuden diariamente a los servicios de salud.

El doctor Ramos manifestó que el objetivo fue establecer un trabajo conjunto para darle mayor seguridad al servicio de salud pública, mediante una interacción entre instituciones y también con las comisiones de salud que existen varias comunidades.

Se trata de proteger los establecimientos públicos, resguardar los bienes destinados a la atención de la población y garantizar que los equipos de salud puedan desarrollar sus tareas en un entorno más seguro, sin descuidar la atención y el trato digno que requieren las personas, según lo conversado en la reunión.

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El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, señaló que el Gobierno está comenzando a dispersar la alerta y organizar la prevención ante una eventual llegada del fenómeno climático El Niño. Ante esta situación anunció que se prepara un mecanismo para garantizar la continuidad de programa Hambre Cero ante una eventual emergencia.

A fin de ir coordinando los trabajos, el ministro Rojas señaló que junto a sus colegas ministros de Defensa Nacional, Óscar González; el de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja y el viceministro de Niñez y Adolescencia, Eduardo Escobar, acudieron por invitación del Consejo de Gobernadores para una mesa de trabajo para coordinar todas las acciones que se podrían dar ante una eventual emergencia.

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En conversación con La Nación/Nación, señaló que si las inundaciones obligan a suspender las clases, ya existe una resolución del Consejo Nacional de Alimentación Escolar para garantizar que, si se declara una emergencia y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispone la suspensión de clases, la alimentación escolar debe de continuar sin interrupción.

Para ello, señaló que se prevé entregar kits de víveres a los padres para evitar que los niños queden sin alimentación escolar. Destacó además el compromiso que asumieron los gobernadores de cooperar en el esfuerzo de prevenir, pero también de asistir rápidamente a las familias, en donde se den algunas situaciones de riesgo.

Resaltó el gran avance que están teniendo en materia de planificación de la provisión de kits de víveres, para ello, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición está previendo los requisitos técnicos.

“Si se da la emergencia nacional y suspensión oficial de clases por parte del Ministerio de Educación, que la alimentación escolar no sea interrumpida y que sean proveídos a los padres de los kits de víveres para los niños y puedan estos ser alimentados por sus padres”, explicó.

Agregó que en la medida en que el MEC determine que las clases se impartirán a distancia o en la modalidad que decidan; lo concreto es que no se permitirá la suspensión de la alimentación escolar a los niños en caso de que haya algún tipo de impedimento por el fenómeno natural.

Asimismo, el ministro Rojas señaló que el objetivo de este tipo de reuniones que se están llevando adelante es para que estén todas las autoridades departamentales y locales, preparadas para cuando se venga este fenómeno climatológico, de tal modo se pueda prevenir los posibles escenarios teniendo todas las herramientas necesarias.

“Las gobernaciones siempre tienen recursos de gasto sociales cuando se declara emergencia, eso a ellos les facilita indudablemente ejecución de algunos recursos que se les asignan. Es un tema que se viene hablando permanentemente a nivel de Gabinete del presidente Peña y estamos empezando ahora a dispersar un poco más las alertas y la prevención que tenemos que organizar con tiempo”, comentó.

El ministro Rojas explicó que si bien no maneja con precisión el periodo en que se desarrollará este fenómeno climático, hoy escuchó decir al ministro de Defensa, quien sí está manejando estos datos, que en principio se prevén unas lluvias intensas para fin de septiembre, pero que como se viene hablando, la etapa más crítica podría ser en el mes de diciembre, más o menos.

Finalmente resaltó que existe un buen ambiente en el diálogo con los gobernadores de los 17 departamentos del país, resaltando que hoy ratificaron el compromiso para colaborar muy de cerca con las acciones del Gobierno central, obviamente como parte del Poder Ejecutivo en cuanto se dé la necesidad, por lo que pueda ser este fenómeno climático.

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La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA) emitió un comunicado este domingo para garantizar los servicios en el Hospital de Clínicas durante la huelga convocada por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto, respaldando la dignificación profesional y apostando por la apertura del diálogo.

“Como institución formadora de profesionales en ciencias de la salud y responsable del Hospital de Clínicas, expresa su solidaridad con el gremio médico nacional y manifiesta su apoyo a sus legítimos reclamos por una adecuada valoración profesional, mejores condiciones laborales y una remuneración justa”, manifiesta la nota emitida en redes sociales.

“En el ámbito de sus competencias, la FCM-UNA continúa impulsando las gestiones orientadas a mejorar las condiciones laborales y salariales de sus funcionarios, convencida de que la dignificación del talento humano es indispensable para fortalecer la educación médica y la salud pública”, agrega el comunicado.

“Al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso con los pacientes y con la continuidad de los servicios ofrecidos por el Hospital de Clínicas, confiando en que el diálogo responsable permita alcanzar soluciones justas y sostenibles”, concluye el mensaje publicado desde San Lorenzo, el 23 de agosto de 2026.

Por su parte, el Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que los servicios de la previsional funcionarán con normalidad durante la semana del paro. Mientras que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) estableció mediante la Resolución S.G. n.º 481, que los servicios esenciales de urgencias, terapia intensiva, maternidad, diálisis y oncología, entre otros, deberán funcionar las 24 horas del día en los hospitales públicos.