El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina Pérez, firmó un convenio con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, en Washington D.C., Estados Unidos.

De esta manera se formaliza la cooperación entre ambas instituciones en torno al programa “Avanzado de Profesionalización en Gestión Estratégica de Compras Públicas“, el cual involucrará ofertas académicas del Instituto Técnico Superior de Compras Públicas (ITSCP) y la Escuela de Gobierno de la organización internacional.

El Programa Avanzado está dirigido a funcionarios públicos y sociedad civil de los Estados Miembros del organismo.

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Incluye diversos ejes temáticos como:

• gestión de contratos públicos
• compras públicas sostenibles
• valor por dinero
• inteligencia artificial en las contrataciones públicas
• compra pública de innovación, entre otros.

Desde la DNCP se informó que los cursos podrán realizarse mediante la modalidad virtual, en las plataformas digitales del instituto y de la Escuela de Gobierno, tanto en español como en inglés.

“Este acuerdo constituye un paso fundamental para la DNCP, como representante del Paraguay, en el nuevo rol asumido al frente de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), al concretar una de las iniciativas propuestas al inicio de la actual gestión: la profesionalización de los actores intervinientes en los procesos de adquisiciones”, destaca un comunicado de la DNC.

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Nvidia aumentará su inversión en Taiwán a 150.000 millones de dólares al año, anunció este miércoles el director ejecutivo del gigante estadounidense de los semiconductores, quien describió a la isla como el “epicentro de la revolución de la IA”. Jensen Huang, jefe de esta empresa considerada la más valiosa del mundo, dijo que “Taiwán está en pleno auge” y que la inversión de Nvidia “impulsará un ecosistema increíble aquí”.

Taiwán es una potencia en la fabricación de microchips utilizados para entrenar e impulsar sistemas de inteligencia artificial, y es la sede de los gigantes de la producción de chips TSMC y Foxconn. “Hace cuatro años, hace cinco años, Nvidia gastaba alrededor de 10.000 o 15.000 millones de dólares al año en Taiwán”, dijo Huang en Taipéi, donde la empresa está construyendo una nueva oficina.

“Ahora, estamos gastando entre 100.000 y 150.000 millones de dólares al año en Taiwán”, señaló. La economía de Taiwán se disparó el año pasado gracias al aumento vertiginoso de las exportaciones de hardware de IA, un sector que está en auge en todo el mundo.

El dominio de esta isla democrática en la industria de los chips ha sido apodado por años como el “Escudo de silicio”, que incentiva que países como Estados Unidos la protejan de una invasión o bloqueo por parte de China, potencia que la reclama como parte de su territorio. Huang se encuentra en Taipéi antes de la principal feria tecnológica de la isla, Computex, que se celebra la próxima semana.

Fuente: AFP.

DESDE MI MUNDO

• Por Mariano Nin
• Columnista
• marianonin@gmail.com

Hace unos años, en una madrugada húmeda de Taipéi, terminé sentado en una pequeña casa de té al costado de una estación de metro.

Afuera llovía suave.

Yo estaba cansado. Venía de caminar todo el día grabando imágenes y entrevistando gente. En una mesa cercana, un anciano tomaba sopa mientras miraba las noticias en una vieja televisión colgada en la pared. No entendía una sola palabra del idioma, pero sí entendí una imagen: hospitales, médicos, pantallas gigantes, gráficos, tecnología.

La mujer que atendía el local, una señora de sonrisa tímida, me preguntó de dónde era. Cuando le dije “Paraguay”, abrió grande los ojos y respondió en un inglés entrecortado: “Taiwán ama Paraguay”.

Sonreí.

Después me mostró orgullosa en su celular cómo funcionaba el sistema de salud de su país. Sacó una tarjeta sanitaria digital, habló de consultas a distancia, de inteligencia artificial detectando enfermedades, de médicos conectados entre ciudades y montañas.

Pero en un momento bajó la voz. “El mundo usa muchas cosas de Taiwán… pero a veces hace como si no existiéramos”. Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza porque era verdad.

Vivimos en un planeta donde millones usan teléfonos, computadoras y tecnologías creadas gracias al talento taiwanés. Un país pequeño, ordenado, moderno, con una de las democracias más avanzadas de Asia y uno de los sistemas sanitarios más eficientes del mundo.

Hoy, gracias al crecimiento exponencial de la inteligencia artificial y a la enorme demanda global de semiconductores, la bolsa de valores de Taiwán ya superó a la de India y se convirtió en la quinta más grande del mundo.

Una pequeña isla que fabrica gran parte del cerebro tecnológico del planeta… pero que todavía sigue siendo invisibilizada en muchos espacios internacionales.

“Y aun así, Taiwán lleva diez años fuera de la Asamblea Mundial de la Salud.”

Diez años.

Mientras el planeta habla de cooperación, inclusión y derechos universales, 23 millones de personas siguen siendo excluidas por presión política. Y lo más absurdo es que Taiwán no pide privilegios. Pide participar. Compartir experiencia. Ayudar.

Durante la pandemia muchos países aprendieron tarde lo que Taiwán ya sabía desde hace tiempo: la tecnología salva vidas cuando se usa con inteligencia y humanidad.

Ellos entendieron antes que otros que el futuro de la medicina también pasa por la inteligencia artificial, el big data y la conectividad. Hoy tienen hospitales inteligentes admirados por el mundo entero, sistemas digitales que llegan hasta zonas rurales y plataformas médicas que varios países quisieran imitar.

Sin embargo, hay silencios diplomáticos que pesan más que la evidencia. A veces la política internacional se parece demasiado a un recreo de colegio: algunos deciden quién puede sentarse en la mesa… y quién debe quedarse afuera aunque tenga algo importante que decir.

“Aquella noche en Taipéi terminé mi té mirando la lluvia detrás del vidrio empañado”.

Y pensé: qué extraño es este mundo.

Los países que sostienen gran parte del futuro tecnológico del planeta todavía tienen que pedir permiso para ser escuchados y el mundo debería prestar atención…

Pero esa… es otra historia.

La protección de la propiedad intelectual gana cada vez más peso en sectores ligados a la innovación, la tecnología y la producción agrícola. En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (CAFYF) firmaron un convenio de cooperación que busca fortalecer la capacitación técnica de jueces y funcionarios judiciales en temas vinculados a patentes, desarrollos tecnológicos y derechos de propiedad intelectual.

Más allá del acto protocolar, el acuerdo marca un paso importante en un área que cobra creciente relevancia para el país: la necesidad de contar con un sistema judicial preparado para responder a disputas relacionadas con innovación, investigación y desarrollo tecnológico, especialmente en sectores productivos estratégicos.

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La iniciativa apunta principalmente al intercambio técnico y a la formación continua mediante programas académicos, jornadas de actualización y espacios especializados dirigidos al ámbito judicial. La intención es acercar a magistrados y funcionarios a los desafíos actuales que plantea la propiedad intelectual, un tema que atraviesa desde marcas y patentes hasta nuevas tecnologías aplicadas al agro.

Uno de los aspectos destacados del convenio es la posibilidad de incorporar una mirada práctica y especializada sobre el funcionamiento de industrias que trabajan con investigación y desarrollo, como ocurre en el sector de fitosanitarios y fertilizantes. Esto permitiría enriquecer el análisis judicial en casos donde intervienen procesos técnicos o innovaciones complejas.

Como parte de las acciones previstas, ya se proyecta la realización de un diplomado en Propiedad Intelectual, con módulos específicos vinculados a los ejes abordados en el acuerdo. La propuesta busca generar herramientas más sólidas para el tratamiento de controversias relacionadas con derechos de innovación y desarrollo tecnológico.

El avance de la economía basada en conocimiento, así como el crecimiento de industrias que dependen de investigación científica y tecnológica, vuelve cada vez más necesario que el sistema judicial cuente con formación especializada. En ese escenario, la cooperación entre instituciones públicas y sectores productivos aparece como una apuesta para modernizar criterios y fortalecer capacidades técnicas.

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