Una madre acudió hasta la redacción de La Nación para denunciar irregularidades en un caso de abuso sexual infantil. El hecho fue denunciado en el 2021 por el Hospital Acosta Ñu y continúa sin resolverse debido a una serie de negligencias que afectan directamente el proceso judicial, de acuerdo a la denuncia.
El abuso, presuntamente cometido por el tío paterno de la víctima y con la supuesta complicidad del padre de la víctima, está estancado por el manejo irregular del caso y por la falta de acción de las autoridades de Ciudad del Este, donde ocurrió el lamentable hecho.
Entre las irregularidades, la madre cita que la víctima y su hermana (testigo presencial del abuso) participaron de sesiones en el Centro de Atención a Víctimas, pero los informes de estas sesiones nunca fueron entregados a las partes implicadas.
A esto se suma el rol de la psicóloga forense Fátima Flores, funcionaria de la Defensoría, quien fue contratada por la defensa del acusado a pesar de ser funcionaria pública. Esto, a decir de la denunciante, representa un claro conflicto de interés y una razón para solicitar su impugnación.
Según las denuncias, Flores realizó trabajos privados durante su horario laboral, utilizando su posición para favorecer al presunto agresor. Hasta el momento, el pedido de impugnación no fue resuelto.
“Es inaceptable que una funcionaria pública esté involucrada en este tipo de acciones corruptas. Fátima Flores, en lugar de cumplir con su deber de imparcialidad y protección de los derechos de las víctimas, ha trabajado en beneficio del acusado, lo que ha afectado profundamente el desarrollo del caso”, expresó la madre de la víctima.
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Negligencia fiscal
Por si fuera poco, la denunciante refiere que la entonces fiscal del caso Vivian Coronel, antes de ser apartada de la investigación, ordenó un estudio del entorno en el que vivía la niña, pero no investigó el ambiente del presunto abusador.
La representante del Ministerio Público solo inspeccionó la residencia de la víctima y la dejó en una situación de vulnerabilidad al no aplicar ningún tipo de medidas preventivas contra el supuesto agresor.
La madre de la víctima sostiene que la inacción de Coronel (cajoneó el expediente por un año) y la negligencia en este proceso, que demanda la máxima sensibilidad y profesionalismo, generaron indignación en la ciudadanía de Ciudad del Este.
Víctima desprotegida
El trauma de la niña, que ya ha requerido intervenciones psiquiátricas por la gravedad de su situación emocional, parece haber sido minimizado por quienes debían velar por sus derechos.
A decir de la denunciante, este caso pone en evidencia los graves fallos en la protección de las víctimas de abuso en Paraguay, particularmente cuando las autoridades responsables no cumplen con su rol de defensa. La negligencia no solo agrava el dolor de la familia, sino que perpetúa una cultura de impunidad que beneficia a los agresores.
La menor no solo fue víctima de un crimen atroz, sino también de un sistema que hasta el momento le dio la espalda. La lucha de la familia y de quienes apoyan a la menor continúa, con la esperanza de que las instituciones respondan y la Justicia se haga presente, clama la madre.
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