Las autoridades bolivianas confirmaron que el cuerpo de una mujer hallado en medio de un matorral el pasado martes 1 de octubre en el municipio de Puerto Quijarro, en el departamento de Santa Cruz, se trata de una ciudadana paraguaya.
La mujer fue identificada como Dalmy Nadine González, de 27 años de edad, quien según los datos revelados por la fiscalía boliviana se encontraba en situación de calle; por lo que si bien primeramente se sospechaba de un feminicidio, el caso fue finalmente caratulado como asesinato hasta demostrar lo contrario.
En el momento del hallazgo, el cuerpo de Dalmy presentaba una clara decapitación, la que luego de los estudios forenses realizados hasta el momento se confirmó que habría sido producida por animales, ya que el cuerpo presenta una descomposición acorde a al menos 15 días de deceso.
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La hipótesis principal de los investigadores bolivianos es que las personas que cometieron el hecho no tenían una relación con la víctima y aprovecharon que se encontraba en situación de calle para cometer el delito.
En cuanto a los trabajos investigativos, resaltaron que los intervinientes se encuentran enfocados en recolectar imágenes de circuito cerrado y obtener la mayor cantidad de información por parte de testigos aledaños a la zona para identificar a los autores del crimen y dar con su paradero para su posterior arresto.
Así también, ya se iniciaron los trabajos entre consulados para poder agilizar la repatriación de los restos de la compatriota y que puedan ser entregados finalmente a sus familiares para que los mismos le puedan brindar el último adiós adecuadamente.
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Según jueza, investigación determinó que no fueron los dueños quienes atentaron contra Canela
Este martes, la jueza Carmen Román, quien ordenó la restitución de Canela a sus propietarios originales, informó que la medida fue tomada tras una investigación que duró seis meses y que determinó que la familia original de la perrita no fue la que ocasionó el daño. Hasta el momento está imputado un adolescente que sería vecino de los propietarios.
Según la magistrada, hace seis meses el Ministerio Público abrió la investigación en el caso y fue la familia la que solicitó en su momento que Canela les sea devuelta. En ese periodo de tiempo se pudo constatar que sus dueños intentaron involucrarse y colaborar con el tratamiento de la afectada, pero no le permitieron.
Existe una carpeta fiscal en la que se presentaron todas las evidencias como circuito cerrado, testimonios testificales, información de la institución que asistió a la can y hay un menor de 17 años imputado en el caso.
“Canela sufrió esas agresiones, pero no fue en el entorno familiar y no fueron hijos de los dueños los que provocaron este daño, no fue así, esa información está totalmente tergiversada. Toda la presión mediática que afectó muchísimo, porque la información era que este adolescente le puso la bomba en la boca”, detalló la jueza, en entrevista con NPY.
Cómo ocurrió el hecho
La jueza aseguró que lo mismo está ocurriendo ahora que se libró esta orden, porque la información que está siendo divulgada es que Canela volverá con sus agresores. “En todo momento le pidieron para que puedan dar en adopción a la perrita y la familia original se había negado”, afirmó.
Además, explicó que el hecho fue provocado por un adolescente del barrio que vive a cuadras de la casa de la familia y que pasaba por ahí, como era motivo de fiestas de fin de año, utilizó un explosivo en este caso un cebollón. “Prendió la pirotecnia la cual tiró y Canela salió de la casa detrás de ese destello. No pasó dentro del domicilio, ella cruzó la calle”, manifestó.
Agregó que al ver lo ocurrido, la familia asistió a su perrita e incluso hicieron llegar su aporte monetario para su tratamiento. “Luego les llegó la prohibición de que se puedan acercar, lo que les imposibilitó seguir el proceso de recuperación e intervenciones a la que fue sometida”, resaltó.
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Desacato
Román resaltó que existe una ley que obliga a las personas a cumplir los mandatos judiciales y que en el caso de que no entreguen a Canela, la persona que la tiene estaría en desacato.“Existe una resolución fundada argumentada y existe una ley que nos obliga a todos a cumplir lo que establece un mandato judicial. Se llegó a la conclusión de que no fueron los dueños los que generaron esa agresión, entonces, no existe una razón del por qué sacarle de su entorno familiar”, finalizó la jueza.
Canela había sido sometida a varias cirugías, incluida la colocación de una prótesis mandibular, y se encontraba en proceso de recuperación bajo supervisión veterinaria especializada luego de que sufriera graves heridas al estallar un “cebollón” en su hocico el 1 de enero pasado.
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Bloqueos de vías en Bolivia se reducen, pero la escasez persiste
Los bloqueos de carreteras que asfixian a las principales ciudades de Bolivia se redujeron este lunes, aunque la aguda escasez de alimentos, medicinas y combustibles persiste tras más de un mes de protestas contra el presidente Rodrigo Paz, constató un periodista de la AFP.
En las últimas dos semanas, los bloqueos de vías que impiden el transporte terrestre pasaron de más de 100 a unos 50 este lunes, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
En La Paz, los residentes hacían largas filas de hasta tres cuadras en las afueras de un supermercado estatal por el inicio de la venta de carne de pollo a bajo precio.
Pero en los mercados privados de la capital política y de la vecina El Alto no parece sentirse ningún efecto: las carnes y vegetales todavía cuestan más del doble del precio habitual.
En los hospitales también escasean las medicinas y en las cercanías de las gasolineras los conductores duermen por días en sus vehículos a la espera de su turno.
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“Toda la población es la que está sufriendo. Y el gobierno no toma decisiones. Están esperando que de cansancio, de aburrimiento, se levanten todos los bloqueos”, dice a la AFP Paola Herrera, de 50 años y trabajadora de una empresa de transporte.
Ella lleva cinco horas de pie en la fila por un pollo. Solo se entrega uno por persona.
El gobierno anunció que desde este lunes los cargamentos de pollo llegarán diariamente por vía aérea de Santa Cruz (este) a La Paz (oeste) con la ayuda de Estados Unidos, Chile y Argentina, aliados de la administración de Paz, que lleva siete meses en el poder.
Los manifestantes -principalmente obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros- rechazan las propuestas de reformas económicas de Paz y reclaman una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas.
La presidencia de Paz puso fin a 20 años de gobiernos socialistas, después de Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Los principales sectores movilizados no aceptan los llamados al diálogo del gobierno, que no descarta imponer un estado de excepción que restringiría libertades de reunión y movimiento y permitiría emplear militares en el control de las protestas.
El gobierno denuncia que quienes exigen la dimisión de Paz son “narcoterroristas”, a los que vincula con el exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor que él niega.
- Fuente: AFP
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Senado abre investigación sobre emisión de títulos superiores presuntamente falsos
El senador Basilio Núñez, presidente de la Cámara de Senadores, encabezó la instalación de la Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio para el estudio de los hechos relacionados con la emisión, comercialización y utilización de títulos, diplomas y certificaciones de educación superior, formación técnica, profesional y de posgrado, presuntamente falsos o irregulares, que se llevó a cabo este lunes en la Cámara Alta.
Como primera medida, se conformó la mesa directiva, que quedó integrada por el senador Patrick Kemper, como presidente; la senadora Esperanza Martínez, como vicepresidenta; y el senador Dionisio Amarilla, como relator.
Asimismo, integran la comisión los senadores Blanca Ovelar, Derlis Maidana, Lizarella Valiente, Juan Carlos Galaverna Ortega, Zenaida Delgado, Rafael Filizzola, Celeste Amarilla, Noelia Cabrera y Yolanda Paredes.
Ruta de Trabajo
Tras su designación como presidente de la Comisión, el senador Patrick Kemper explicó que durante la reunión se definieron los lineamientos iniciales de trabajo y los mecanismos que permitirán recepcionar denuncias ciudadanas.
“Conversamos sobre los canales que vamos a habilitar para que cualquier ciudadano pueda presentar denuncias, así como sobre una plataforma virtual que estaremos socializando próximamente. Básicamente, hemos definido la hoja de ruta del trabajo que desarrollaremos”, señaló.
Indicó además que la comisión convocará a representantes de las distintas instituciones vinculadas al ámbito educativo y desarrollará una labor investigativa con el objetivo de elaborar un informe final dentro del plazo inicialmente establecido de seis meses, periodo que podría ampliarse si las circunstancias así lo requieren. Adelantó que el informe incluirá recomendaciones y eventuales propuestas legislativas.
Entre las primeras convocatorias previstas figuran autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), así como representantes de universidades públicas y privadas. No obstante, aclaró que aún no se definieron los días ni los horarios de las reuniones de la comisión.
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez sostuvo que uno de los primeros casos a ser investigados debería ser el de la Universidad Sudamericana, atendiendo a las denuncias que la involucran.
Según manifestó, dicha institución habría expedido alrededor de 2.500 títulos en un periodo de tres a cuatro años en unas veinte carreras, por lo que consideró necesario que sea uno de los primeros casos analizados para desarrollar una metodología de investigación.
Añadió que la comisión buscará identificar y exponer posibles mecanismos de corrupción que pudieran haberse instalado dentro del sistema de educación superior.
A su turno, el senador Dionisio Amarilla ratificó las expectativas generadas en torno a la comisión y destacó la importancia de profundizar las investigaciones.
Consideró que una de las primeras medidas debería ser solicitar al Ministerio de Educación y Ciencias un informe detallado sobre el registro de títulos de grado y posgrado expedidos en los últimos años.
La senadora Lizarella Valiente enfatizó que la situación resulta especialmente grave para quienes han obtenido sus títulos mediante años de esfuerzo, inversión y sacrificio personal.
Asimismo, advirtió que el uso de títulos presuntamente irregulares para el ejercicio profesional o para acceder a beneficios dentro de la función pública podría configurar un perjuicio para el Estado paraguayo, por lo que consideró necesaria la participación del Ministerio Público.
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Chile investigará posible tráfico de cientos de niños haitianos en 2025
La fiscalía chilena anunció el lunes que investigará si hubo tráfico de “cientos de menores” haitianos que ingresaron al país en 2025, luego de que se descubriera que no se comprobó que sus acompañantes fueran realmente sus familiares.
Las pesquisas comenzaron luego de que radio Biobío revelara un informe de la Contraloría en el que denunciaba el ingreso de cientos de niños haitianos en 2025, supuestamente para reunirlos con sus familiares en Chile.
Según el Servicio de Migraciones, al menos 12 personas ingresaron varias veces a Chile actuando “como supuestos adultos responsables” de niños y adolescentes haitianos, por lo que pidió iniciar una investigación por posible tráfico.
De acuerdo a un comunicado de la fiscalía, la relación entre los acompañantes y los menores “no habría sido verificada por las autoridades competentes, durante el viaje, ni al momento de ingreso al país”.
“Estos son hechos graves que requieren una investigación específica (...) para poder despejar si los hechos son delitos o no”, dijo el director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos.
- Fuente: AFP
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