Jorge Iliou, director de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), señaló que investigan medicamentos fitoterápicos, que a diferencia de las plantas medicinales que forman parte de las tradiciones ancestrales, son procesados o extraídos de la planta medicinal.
Se trata de productos que necesitan ciertos requisitos edilicios y sanitarios, porque ya ofrecen indicaciones farmacológicas, precisó Iliou tras las explicaciones solicitadas por vendedores de yuyos en el marco de las fiscalizaciones realizadas por la dirección sanitaria.
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El alto funcionario puso como ejemplo el caso de un adelgazante, que resulta de la mezcla de cola de caballo, hoja de canela y té verde, que contiene una indicación, pero que para comercializarlo formalmente deberá pasar primero por una máquina envasadora habilitada.
Si comprás urusu he’ê, la etiqueta tendría una aclaración de “no comprobado científicamente”; en el caso que sí tenga, contarán con una lista proveída por la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, explicó Javier Torres, propietario del Tereré Literario del Mercado 4.
Después de la mesa de trabajo con la Dinavisa, Torres comentó que se siente más tranquilo y que pronto se formalizarán los vendedores de hierbas medicinales, un rubro que beneficia a 300 mil familias a nivel país.
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Senado instala mesa de trabajo para analizar proyecto que regula el sector de plantas medicinales
Dos comisiones de la Cámara de Senadores instalaron una mesa de trabajo para analizar el proyecto de ley que busca crear un marco regulatorio para el sector de las plantas medicinales.
Participaron de la reunión los integrantes de las Comisiones de Salud Pública y de Industria y Comercio, además de representantes del Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y otras instituciones vinculadas con la regulación en este rubro.
Se trata del proyecto de Ley “Que establece el marco general para promover y regular técnicamente la desecación, fraccionamiento, fabricación, envasado, distribución, comercialización, importación y exportación de drogas vegetales y preparados de drogas vegetales”, vinculados tradicionalmente en nuestro país con el “pohã ñana”.
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Al término del encuentro, el senador Luis Pettengill, presidente de la Comisión de Industria y Comercio, explicó que la iniciativa busca establecer criterios técnicos y regulatorios para las distintas etapas de procesamiento y comercialización de las plantas medicinales, promoviendo, al mismo tiempo, la incorporación de sus productores al circuito formal.
La propuesta contempla una diferenciación entre el “pohã ñana” destinado al consumo en estado natural, sin procesos de transformación, y los productos que atraviesan etapas de elaboración, como jarabes u otras presentaciones. En este último caso, correspondería la intervención de Dinavisa.
Según manifestó el congresista, uno de los principales objetivos de la iniciativa es brindar respaldo legal a los productores, especialmente a quienes forman parte de la agricultura familiar campesina.
De este modo se pretende incorporarlos progresivamente a la formalidad, acceder al Registro Único del Contribuyente (RUC) y, posteriormente, a herramientas del sistema financiero.
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Investigan presunto robo y venta ilegal de medicamentos del IPS en albergues
La Fiscalía y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) iniciaron con la investigación de lo que sería el presunto robo y luego venta ilegal de medicamentos del Instituto de Previsión Social (IPS) dentro de los albergues de la previsional. Esto, a raíz de las denuncias recibidas por algunos pacientes, que derivó en la intervención de los sitios en cuestión.
Según el reporte de la fiscal Hermenegilda Cubilla, se realizó el allanamiento de dos albergues de IPS, donde se incautaron de varias cajas llenas de medicamentos que serían ofrecidos a la venta y que son entregados de forma gratuita en la previsional, Ministerio de Salud y el Hospital de Clínicas.
El primer sitio intervenido fue el albergue 1 de UTI, donde familiares encontraron más de 20 cajas de medicamentos. En el lugar fue detenida una mujer identificada como Dolores Angélica Burgos de García, de 42 años, quien se hace decir cuidadora y que indicó que todos los fármacos fueron donados. En su poder se hallaron dinero, y en un dormitorio encontraron más cajas de medicamentos.
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“En el albergue de UTI 2 encontramos más medicamentos, de ahí se extrajeron dos cajas, pero familiares no permitieron que se pudieran sacar más cajas que tenían las inscripciones del Ministerio de Salud, IPS y Hospital de Clínicas. Había algunos productos vencidos y otros de administración controlada, todos almacenados sin refrigeración” dijo la fiscal en contacto con la 730 AM.
Afirmó que hasta ahora, solo se tiene a una persona detenida, pero que esperan que caigan más dentro del esquema. Agregó que el hecho punible es de comercialización no autorizada de medicamentos y los involucrados se exponen a una expectativa de pena de hasta tres años o multa.
El gerente de Salud del IPS, doctor Derlis León, refirió que existe complicidad desde adentro. En este caso, indicó que colaboraron para que estos caigan, por lo que instó a los pacientes a denunciar este tipo de casos. “No es una generación espontánea, hay cómplices desde adentro, lastimosamente son compañeros nuestros y tomaron la decisión equivocada”, puntualizó.
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Ministerio del Trabajo inició fiscalización tras explosión en barcaza que dejó cinco muertos
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) decidió iniciar una fiscalización tras el accidente laboral ocurrido el sábado en una barcaza, donde una explosión produjo el fallecimiento de cinco trabajadores. Según los datos recabados, los funcionarios realizaban tareas de limpieza en la embarcación cuando se produjo la explosión, cuyas causas aún son investigadas.
Los técnicos del ministerio del Trabajo comenzaron las diligencias para constatar las condiciones en que se desarrollaban las labores, la situación laboral de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la empresa responsable.
La institución fiscalizadora señaló que la intervención forma parte de sus atribuciones en materia de fiscalización laboral y busca esclarecer las condiciones en que ocurrió el accidente, además de determinar, dentro de su ámbito de competencia, si existieron incumplimientos de la legislación laboral y de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Finalmente, el Ministerio de Trabajo expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que acompañará el desarrollo de las investigaciones en coordinación con las demás instituciones intervinientes.
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CAP alerta sobre informalidad y pide reforzar fiscalización tras casos de botulismo
La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) expresó su preocupación tras la confirmación de casos de botulismo alimentario en el país, señalando que este episodio expone los riesgos de la comercialización de alimentos fuera del sistema de registros sanitarios establecidos por el Estado para garantizar la seguridad de los consumidores.
A través de un pronunciamiento, el gremio recordó que se trata de una enfermedad que no registraba brotes en Paraguay desde hace décadas y que actualmente afecta a varias personas, algunas de ellas en estado crítico.
“El denominador común de todos los locales intervenidos, conforme confirmó Dinavisa públicamente, es que ninguno estaba habilitado. No contaban con Registro Sanitario de Producto Alimenticio (RSPA) ni con Registro de Establecimiento (RE)”, mencionaron.
Según detallaron, los locales vendían alimentos a consumidores que confiaban en ellos sin contar con ninguna garantía técnica, sin trazabilidad y sin control de proceso. “Conocemos bien estos requisitos porque los cumplimos. El RSPA y el RE no son trámites burocráticos, son el respaldo técnico que certifica que un alimento fue elaborado en condiciones sanitarias adecuadas, con ingredientes controlados y bajo procesos verificados”, resaltaron.
Proceso gratuito
En ese sentido, agregaron que Dinavisa ha dado pasos significativos en los últimos años para facilitar el acceso a estas habilitaciones, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas, con procesos gratuitos y simplificados. “No habilitarse, por lo tanto, no es hoy una limitación económica ni burocrática, es una decisión de operar fuera de las reglas”, mencionaron.
La institución viene impulsando avances importantes en la simplificación de trámites y el acceso a registros sanitarios, por lo que este episodio evidenció la necesidad de fortalecer su capacidad de fiscalización, monitoreo y control efectivo del mercado ante la persistencia de establecimientos que operan al margen de la normativa vigente.
Sumado a ello consideraron que este caso también evidenció la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de Dinavisa para ampliar los controles y mejorar la fiscalización del mercado alimentario.
Asimismo, respaldaron la postura del Poder Ejecutivo y de la Procuraduría General de la República en defensa del sistema de registro sanitario, aunque manifestaron preocupación por decisiones judiciales que, según señalaron, han permitido mediante medidas cautelares la comercialización de productos sin registro sanitario.
“La Corte Suprema de Justicia tiene hoy una responsabilidad que no puede seguir eludiendo: resolver los casos pendientes y poner fin a medidas cautelares que, en la práctica, funcionan como una autorización judicial para comercializar alimentos sin ningún control sanitario”, indicaron.
Finalmente, instaron a la ciudadanía a adquirir alimentos únicamente en establecimientos habilitados y verificar que los productos cuenten con registro sanitario vigente a través de las herramientas de consulta pública disponibles en el portal oficial de Dinavisa. “Esa consulta de dos minutos puede marcar una diferencia que ningún médico podrá revertir después”, enfatizó la CAP.
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