El Instituto de Previsión Social precederá a la medida debido a que detectó una baja rentabilidad.

El Instituto de Previsión Social (IPS) puso en marcha una revi­sión integral de los contratos de arrendamiento de su patrimo­nio inmobiliario, luego de que auditorías internas revelaran cánones irrisorios en terre­nos del Chaco. Los hallazgos muestran alquileres de ape­nas G. 627 y G. 675 por hectá­rea al mes, lo que representa una rentabilidad promedio cercana al 1 % anual, un ren­dimiento sumamente distante de las cifras de mercado.

El presidente de la previsional, Dr. Derlis León, señaló que el proceso abarcará la verifica­ción de la vigencia de los acuer­dos, el sustento jurídico y las tasaciones originales, consi­derando que varios de estos compromisos fueron firma­dos hace más de 20 o 30 años. “Lo primero que tenemos que observar en este caso es si son contratos vigentes”, afirmó la autoridad, al confirmar que los antecedentes ya fueron elevados a la Dirección Jurí­dica para definir las acciones legales a seguir.

Como parte de la estrategia para optimizar los recursos institucionales, la administra­ción analiza la posibilidad de subastar públicamente aque­llos inmuebles que no gene­ren un retorno adecuado. La medida se respalda en la legis­lación aprobada en 2023 que autoriza la enajenación de propiedades de la previsional, normativa que actualmente se encuentra en plena fase de reglamentación para su apli­cación efectiva.

León contex­tualizó que gran parte de estos activos ingresó al patrimonio del IPS en escenarios econó­micos complejos del pasado, como la crisis financiera e inmobiliaria de la década de 1990. Por ello, argumentó que los valores actuales y la utili­dad de cada terreno serán ana­lizados de manera individual para tomar decisiones de venta o renegociación adaptadas al mercado actual.

La Oficina de Informaciones Judiciales de la Dirección de Estadística Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, presentó un informe estadístico que detalla la cantidad de personas que figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y en el Registro Nacional de Agresores Sexuales (RAS), como también los documentos expedidos hasta el 31 de agosto de 2026.

Actualmente, existen 2.490 personas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), de las cuales 43 son mujeres y 2.447 varones. Fueron expedidos 540.452 certificados hasta agosto. Asimismo, fueron excluidas del registro de enero a agosto de 2026, 11 personas.

Te puede interesar: Gatillo fácil: condenan a ocho policías a entre 7 y 12 años y dos quedan absueltos

Con relación al Registro Nacional de Agresores Sexuales (RAS) se cuenta con 1.536 registrados. De los cuales 29 son mujeres y 1.507 varones. En el periodo comprendido de enero a agosto se emitieron 140.676 informes.

Ambos trámites son gratuitos y pueden ser realizados ingresando al sitio web institucional del Poder Judicial, Redam-RAS, disponible las 24 horas y los 7 días de la semana. Para acceder solo se requieren los datos de la Cédula de Identidad paraguaya.

En caso de tratarse de un usuario extranjero, con números de cédula a partir de 7 millones y número de cédula alfanumérico, el mismo debe acudir a las oficinas de Antecedentes Judiciales, ubicadas en todas las sedes judiciales del país.

Podes leer: Localizan el auto utilizado en un presunto asalto a un joven que cambió cheque de USD 15.000

El Instituto de Previsión Social (IPS) puso en marcha una revisión integral de los contratos de arrendamiento de su patrimonio inmobiliario, luego de que auditorías internas revelaran cánones irrisorios en terrenos del Chaco. Los hallazgos muestran alquileres de apenas G. 627 y G. 675 por hectárea al mes, lo que representa una rentabilidad promedio cercana al 1 % anual, un rendimiento sumamente distante de las cifras de mercado.

El presidente de la previsional, Dr. Derlis León, señaló que el proceso abarcará la verificación de la vigencia de los acuerdos, el sustento jurídico y las tasaciones originales, considerando que varios de estos compromisos fueron firmados hace más de 20 o 30 años. “Lo primero que tenemos que observar en este caso es si son contratos vigentes”, afirmó la autoridad, al confirmar que los antecedentes ya fueron elevados a la Dirección Jurídica para definir las acciones legales a seguir.

Como parte de la estrategia para optimizar los recursos institucionales, la administración analiza la posibilidad de subastar públicamente aquellos inmuebles que no generen un retorno adecuado. La medida se respalda en la legislación aprobada en 2023 que autoriza la enajenación de propiedades de la previsional, normativa que actualmente se encuentra en plena fase de reglamentación para su aplicación efectiva.

León contextualizó que gran parte de estos activos ingresó al patrimonio del IPS en escenarios económicos complejos del pasado, como la crisis financiera e inmobiliaria de la década de 1990. Por ello, argumentó que los valores actuales y la utilidad de cada terreno serán analizados de manera individual para tomar decisiones de venta o renegociación adaptadas al mercado actual.

Esta reestructuración patrimonial cobra relevancia ante la delicada coyuntura financiera que atraviesa la entidad previsional. El titular del IPS advirtió que el Fondo de Salud arrastra un déficit operativo cercano a los USD 12 millones mensuales, mientras que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones requiere de reformas estructurales urgentes para garantizar su sostenibilidad financiera en las próximas décadas.

El Instituto de Previsión Social (IPS) puso en marcha una prueba piloto de atención con horario extendido en la sección de Ingresos del Área Metropolitana, logrando recaudar G. 700 millones desde su implementación el pasado 1 de septiembre. La medida, que se mantendrá activa de manera continua hasta el mes de diciembre, extiende el servicio presencial de 13:00 a 16:00 para brindar una franja horaria adicional y adaptada a las necesidades operativas de los aportantes.

La iniciativa se encuentra plenamente operativa en las oficinas de la Dirección de Aporte Obrero Patronal (AOP) ubicadas en Nuestra Señora de la Asunción y Eduardo Víctor Haedo. La coordinación técnica del proyecto está a cargo de Máximo Pérez Llamosas, director de Tesorería, y Hugo Espínola, jefe del Departamento de Ingresos, quienes monitorean el despliegue de las gestiones en ventanilla para optimizar la fluidez de las operaciones administrativas.

Esta ampliación horaria apunta a elevar la calidad de la atención al público, evitar aglomeraciones en horas pico y ofrecer facilidades concretas para que empleadores y cotizantes mantengan al día sus obligaciones previsionales. El horario suplementario permite realizar trámites vinculados a la liquidación y cancelación de aportes en un entorno más ágil, fortaleciendo la accesibilidad a los servicios institucionales en el centro capitalino.

A lo largo de esta primera etapa evaluativa, las autoridades de la previsional realizarán un seguimiento constante de los indicadores de afluencia y recaudación para analizar la viabilidad de la estrategia. Los resultados obtenidos hasta fin de año servirán de base técnica para definir si la extensión de la jornada presencial se consolida como un servicio permanente dentro de las políticas de mejora continua del IPS.