Este viernes, desde el Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, confirmaron que desde el mes de mayo hasta la fecha 8 pacientes fallecieron por complicaciones de infecciones respiratorias y más de 90 ingresaron a terapia. Instan a la aplicación de las vacunas contra la influenza y el covid.

Según el doctor Héctor Castro, director del hospital, en esta temporada se reportó un aumento muy importante de infecciones respiratorias y que en un mes pasaron por las salas de internación más de 500 pacientes.

“Estamos viendo un aumento de casos respiratorios desde el 4 de mayo hasta ahora, de forma sostenida. Hemos cerrado con casi 500 casos internados en el Hospital Pediátrico por cuadros respiratorios. De este número, 90 casos en terapia intensiva y 8 fallecidos niños”, apuntó Castro, en entrevista con la 650 AM.

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Afirmó que es muy importante estar alerta y que se extremen los cuidados, ya que recién ahora estamos con el clima frío. “Hasta la fecha de hoy, ya hemos superado las consultas por cuadros respiratorios con relación a mayo, en menos de 15 días”, manifestó.

Indicó que la excreción de los virus que contagian estos cuadros respiratorios, son mucho mayor y por más tiempo en los niños. “Los chicos representan también amplificadores de contagio que finalmente termina en personas vulnerables que desarrollan formas graves y terminan en los hospitales”, refirió.

Manifestó que cuando hay un aumento coincide con temperaturas bajas, humedad alta y ambiente cerrado, eso es lo que perpetúa el contagio. “Los niños en su gran mayoría, no vacunados contra influencia y Virus Sincitial Respiratorio (VSR), que son los que están ocasionando estos casos de internación”, puntualizó.

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• Ciudad del Este. Agencia Regional

Las dos denuncias últimas sobre el actuar del personal del Departamento de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná, derivaron en el cambio de los jefes de la citada unidad. El comisario principal José Delgado y el comisario Hugo Sosa, asumieron hoy como jefe y subjefe, respectivamente de la repartición policial, siendo apartados del cargo los comisarios Javier Maldonado y Francisco Talavera.

El comisario general inspector Marcelino Espinoza, director del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, fue el que realizo el traspaso de los cargos y reconoció que los cambios obedecen a los hechos punibles denunciados.

“Para que no se pueda truncar una investigación, el jefe y el subjefe fueron apartados quedando en reemplazo dos profesionales capaces de llevar adelante en forma conjunta la investigación con la Fiscalía”, refirió.

Asimismo, sostuvo que “el comando institucional ha creído conveniente apartarlos al jefe y al subjefe, a raíz de las denuncias ya divulgadas, de las cuales una de ellas ya tomó cuerpo, ya que en estos momentos hay cinco agentes declarando en el Ministerio para deslindar responsabilidades”.

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Se refería a los cinco policías con detención preventiva e imputados por la fiscal Zunilda Ocampos, por privación de libertad y extorsión agravada. Fueron denunciados por haber retenido por cuatro horas a dos adultos y una menor para ser extorsionados con el pago de dinero a cambio de la libertad. Se habría pagado 30 mil dólares para que dejen libre a los raptados.

El comisario Espinoza informó que Asuntos Internos de la Policía Nacional envió personal a Alto Paraná para trabajar en forma coordinada con el Ministerio Público para que, de comprobarse los hechos investigados, sean apartados de la fila policial.

La otra causa está a cargo del fiscal Alcides Giménez y tiene que ver también con secuestro y extorsión. En este caso, el agente fiscal refirió que aún no tiene identificado a los supuestos responsables y una vez avanzadas las diligencias podrá llegar a los supuestos responsables.

El nuevo jefe de Investigación, estuvo en Canindeyú y ya pasó por otras dependencias como Homicidios y Crimen Organizado.

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• Bogotá, Colombia. AFP.

Pablo Escobar formó durante los 1980 un ejército de adolescente pobres dispuestos a matar a policías, políticos y magistrados. Con el dinero del narcotráfico los convenció de cometer crímenes horrorosos, una herencia que sigue viva en Colombia. Este tipo de crímenes, comunes en tiempos del capo abatido en 1993, volvieron a la memoria del país esta semana, tras el intento de asesinato del aspirante a la presidencia Miguel Uribe mientras se reunía el sábado con seguidores en un parque de Bogotá.

El martes, la fiscalía imputó a un adolescente de 15 años por presuntamente atentar a balazos contra el dirigente político de 39 años, que está en estado crítico en una clínica. El joven se declaró inocente y está detenido. Un video al que tuvo acceso la AFP muestra al presunto atacante moverse entre la multitud vistiendo una camiseta estampada y vaqueros. En un momento saca un arma y apunta. Suenan disparos, Uribe cae y la multitud se dispersa en pánico.

La fiscalía asegura que le propinó tres tiros. Esto “no es algo excepcional para Colombia”, dice a la AFP Mathew Charles, exasesor de Unicef en Colombia y director de la fundación de inclusión de jóvenes vulnerables Mi Historia. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró el lunes que bandas de delincuentes utilizan a menores porque el marco jurídico es diferente al de los adultos y contempla penas más leves. Solo en 2024, cerca de 5.000 adolescentes de entre 14 y 17 años ingresaron a este sistema penal en Colombia luego de cometer delitos, entre ellos homicidio, según el Ministerio de Justicia.

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Los jóvenes que empuñan armas suelen venir de barrios marginados, con escaso acceso a educación y entornos familiares frágiles, dice Charles. Ante la falta de oportunidades, la criminalidad se presenta como única salida.

“Están buscando soluciones” rápidas para obtener dinero “porque no hay comida en la mesa por las noches en su casa”, explica. El 33 % de los colombianos son pobres. Casi el 4 % de los niños y adolescentes en edad escolar abandonaron sus estudios en 2023, año del último balance oficial.

Los grupos ilegales pagan a menores entre 50 y 500 dólares por matar, según investigaciones de Charles. A menudo son “engañados” y no llegan a ver nunca el dinero prometido, asegura.

Cuando fue detenido, el menor acusado de disparar contra Uribe decía que estaba dispuesto a “colaborar” con las autoridades y que recibió órdenes de una persona de la “olla”, como se le conoce en Colombia a los puntos de expendio de drogas.

Astrid Cáceres, directora de la entidad estatal encargada de la protección de los menores (ICBF), dice que, en buena parte de los casos, las mafias “provocan” que los menores cometan delitos “a partir del consumo” de sustancias psicoactivas.

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La pena máxima para un menor por homicidio en Colombia es de ocho años. Un adulto puede enfrentar hasta 50 años tras las rejas. Usar a menores “es una vieja costumbre” en el país que “busca claramente la impunidad y aprovecharse de su situación de marginalidad”, dice el penalista Francisco Bernate a la AFP.

Bernate sugiere que el desarrollo cerebral de niños y adolescentes es un factor determinante en estos casos. Un menor de 18 años “no tiene la plena capacidad para comprender” las “consecuencias de sus actos”.

“No solo en Colombia, (sino) en la mayoría de países del mundo, y así lo obligan los tratados internacionales, reciben un tratamiento diferenciado al de los adultos”, dice. La fiscal Camargo explicó que, a diferencia del código penal, con un enfoque punitivo, el marco legal de los menores contempla sanciones educativas y restaurativas. No van a la cárcel sino a centros especializados.

El 22 de marzo de 1990, el candidato presidencial del Partido Comunista Bernardo Jaramillo iba a tomar un vuelo. Pese a estar acompañado por escoltas, le dispararon a quemarropa y lo mataron en el aeropuerto. El joven que empuñaba el arma tenía 16 años. “Ese muchacho duró un poco más de un año detenido (...) y en 1992 apareció muerto a tiros junto a su padre en el baúl de un carro en Medellín”, cuenta a la AFP el periodista y académico Jorge Cardona.

El autor del libro “Días de Memoria”, que hace un recuento de los sucesos violentos que marcaron a Colombia entre 1986 y 1991, cuenta dos casos más. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado por un menor de 16 años en 1984 y Carlos Pizarro, exguerrillero del M-19 y candidato presidencial, cayó baleado por otro joven, de 20 años, dentro de un avión en 1990. Esos casos no han sido totalmente resueltos.

El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), cuestionó que hasta la fecha no existe un avance por parte del Ministerio Público en las investigaciones que apuntan a un desvío de dinero de la entidad deportiva, en el conocido caso Nicolás Leoz y el banco Atlas.

“La denuncia es del año 2021, a la fecha el Ministerio Público no ha tomado una postura, una decisión respecto a los hechos y como Conmebol vemos con preocupación este aspecto. Si bien los no se encuentran prescriptos, van avanzando plazos. A la fecha. la fiscalía, según nos manifiestan, está analizando información recopilada. Ha transcurrido mucho tiempo y estamos a la expectativa de alguna decisión”, refirió el abogado, este lunes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Respecto al requerimiento de fiscales paraguayos a la justicia de los Estados Unidos, comentó: “La información que tenemos es que aún no hay respuesta por parte del Departamento de Justicia en cuanto a contenido. Existiría la voluntad de colaborar por parte de ellos y procesaron el pedido, pasó el requisito de admisibilidad, pero en cuanto a contenido de información, a la fecha no hay respuesta”.

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De acuerdo al abogado, este sería uno de los motivos por el cual no avanza el caso, sin embargo, insiste que la Fiscalía ya debería avanzar en la investigación, ya que en Paraguay existe mucha información disponible, y lo que pueda ser remitido por los Estados Unidos, solo podría reforzar lo que ya existe.

“La Fiscalía tiene que responder si efectivamente Nicolás Leoz depositó o no los 5.100 dólares en efectivo, los extractos indican que se depositó ese monto, y también los extractos indican que en los primeros depósitos fueron cobradas comisiones por depósito en efectivo. La Fiscalía tiene que responder este aspecto, tiene elementos en Paraguay. El caso está demorado por parte del Ministerio Público”, cuestionó Lovera a través de pantallas de Nación Media.

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