La Policía Nacional detuvo a una persona de 55 años de edad que habría cometido el hecho punible de abuso sexual en niños. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio San José de la ciudad de Capiatá. La intervención fue realizada por personal de la Comisaría 59ª de Toledo Cañada y el aprehendido ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes.
En el transcurso de la mañana el detenido será trasladado hasta la Fiscalía para que pueda prestar declaración indagatoria, en la que deberá brindar su versión sobre la investigación que inició la Policía Nacional y el Ministerio Público sobre el delito de abuso sexual.
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Una vez que el detenido declare, el fiscal que tiene el caso deberá presentar la imputación correspondiente y ante la gravedad del caso pedirá la prisión preventiva.
Luego el aprehendido deberá comparecer ante un juzgado penal de garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde la defensa del imputado tendrá que ofrecer la suficiente garantía para tratar de ser beneficiado con arresto domiciliario o medidas alternativas a la prisión.
En caso de que no pueda ofrecer las garantías suficientes, el juzgado deberá decretar la prisión preventiva del imputado, quien pasará a guardar reclusión en una penitenciaría donde institutos penales considere que se tenga espacio correspondiente.
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Sistema de emergencias: de las más de 5.400 llamadas solo el 22 % fue de urgencias reales
Este sábado, la Policía Nacional informó que de las más de 5.400 llamadas que ingresaron al sistema de emergencias en un día, apenas el 22 % correspondió a urgencias reales. Los datos revelan que 8 de cada 10 personas que marcan lo hacen de manera irresponsable, saturan las líneas y ponen en peligro a los que realmente necesitan.
Durante la jornada de ayer viernes, recibieron un total de 5.430 llamadas, de las cuales 1.188 fueron intervenidas con éxito representando al 22 % de los pedidos ingresantes y, el resto, 4.242 contactos fueron de personas que no requerían de asistencia, representando a más del 80 %.
El informe también señala que fueron intervenidas más de 1.100 llamadas de emergencias, que fueron: 228 por polución sonora, 170 por violencia familiar, 142 perturbación a la paz pública, 102 accidentes de tránsitos con daño material, 83 pedidos de auxilio y 463 por otros códigos.
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El desglose de las 4.242 llamadas de no emergencia muestra que 3.266 contactos fueron de personas que ingresan al sistema de emergencia y no contestan; de este número, 2.352 llaman y cortan de inmediato; 582 contactan, pero seguidamente quedan en silencio y 332 ingresan al sistema involuntariamente.
En tanto que, 278 fueron ciudadanos en aparente estado de inestabilidad metal, 209 contactos fueron de niños jugando, 202 personas llamaron para pedir información, 111 juzgamiento inadecuado, 109 llamadas equivocadas, 31 operativas, 26 fue por dispositivo automático, insultos/obscenas fueron 9 llamadas y 1 mensajerías.
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Extraño pedido de camaristas en caso de abuso sexual en el que el acusado es hermano de fiscala
El presidente del Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Gustavo Bóveda, en el marco del proceso penal por abuso sexual en niños que enfrenta el hermano de una agente fiscal, pidió de forma sorpresiva y llamativa al Juzgado de Garantías de Lambaré el expediente judicial y la carpeta fiscal. Además de Bóveda, el Tribunal de Alzada está integrado también por los camaristas Alicia Orrego y Dionisio Nicolás Frutos.
De acuerdo con la información que se maneja, el pedido de los camaristas respondería a la intención de favorecer al acusado, puesto que ya habrían actuado de la misma manera en casos similares de abuso. Este hecho debería alertar a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al ministro superintendente de Central ante posibles actuaciones irregulares.
Piden ratificar juicio oral
Meses atrás, la fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al mismo Tribunal de Apelación que ratifique íntegramente la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. Ríos Dos Santos contestó la apelación de la defensa, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya había sido confirmada por la propia Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace tres meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la Justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta por la defensa no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones de las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar. Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral entre otras pruebas contundentes como:
- declaraciones testificales
- un diagnóstico médico
- contención psicológica con relato del hecho
- informes psicológicos
- la Cámara Gesell
- un informe fonoaudiológico
- un informe psicopedagógico inicial
- y un perfil neurocognitivo.
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Ratifican prisión para fisioterapeuta imputado por abuso sexual en niños con discapacidad
El Tribunal de Apelación Penal confirmó la prisión preventiva del fisioterapeuta Santiago Luis Guillermo Capello, imputado por los supuestos hechos de abuso sexual de tres niños con discapacidad motriz y del habla. Los camaristas consideraron que persisten los peligros de fuga y de obstrucción a la investigación.
Capello cumple prisión preventiva desde el 8 de setiembre, en el marco de la causa por supuestos hechos de abuso sexual en personas indefensas y abuso sexual en niños. Los hechos investigados habrían ocurrido en el centro de rehabilitación “A Pasitos”, de Asunción, donde el fisioterapeuta prestaba servicios.
Los camaristas mencionaron que, por la etapa procesal en la que se encuentra la causa, existe la posibilidad de que el imputado, estando en libertad, destruya, modifique u oculte elementos de prueba. Además, aún está pendiente la recolección de elementos de cargo y descargo que podrían ser utilizados en etapas posteriores del proceso.
Igualmente, el tribunal de alzada sostuvo que no están dadas las condiciones para sustituir la prisión preventiva, atendiendo a la gravedad del hecho punible investigado y a las circunstancias de la causa. Respecto a los documentos presentados por la defensa —entre ellos certificados, constancias y documentación de inmuebles y vehículos ofrecidos como caución real—, el fallo señaló que estos no cuentan con la entidad ni la fuerza jurídica necesaria para enervar el peligro de fuga o el de obstrucción.
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Capiatá: 95 parejas dan el “sí” y suman 7.100 bodas comunitarias
El programa apunta a familias de escasos recursos que acceden de forma completamente gratuita a matrimonios e incluso atuendos.
Con la última celebración comunitaria en Capiatá, donde 95 parejas se dieron el “sí, quiero”, el programa Sagrada Familia de la Fundación Santa Librada alcanzó más de 7.100 uniones. Son familias de escasos recursos de todo el territorio nacional que han accedido de forma completamente gratuita a matrimonios civiles y religiosos.
Las bodas fueron tanto por el civil como por la iglesia y se realizaron junto con la parroquia Inmaculada Concepción de la compañía Posta Ybycuá, donde estas parejas se prepararon para luego dar el “sí” en la ceremonia comunitaria. Tras la celebración, las parejas festejaron este importante acontecimiento en la sede de la Cooperativa Capiatá.
La iniciativa es impulsada dentro del programa “Sagrada familia”, que desde el año 2017 busca regularizar la situación de las parejas que desean estar unidas ante la ley y Dios, pero cuyos recursos no les permiten. Este emblemático proyecto de impacto social y espiritual ya hizo realidad la unión en 7.162 hogares.
VESTUARIO COMPLETO
Además de la asistencia legal y religiosa, las parejas reciben vestuarios completo para la novia y el novio, y el banquete totalmente gratuito. Dentro del programa se incluye un plan de contención emocional, talleres enfocados en fortalecer la salud espiritual, la comunicación y el núcleo familiar, para que la unión sea duradera.
Los organizadores resaltaron que esta semana se tiene prevista otra boda comunitaria en la ciudad de Santa Rosa, en el departamento de Misiones, donde 29 parejas unirán sus vidas ante Dios y la sociedad civil. En este lugar los contrayentes tendrán los mismos beneficios que los que se unieron en Capiatá.