Ciudad del Este. Agencia Regional.

Agentes de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional reportaron la incautación de un camión y ganado porcino en pie que estaba siendo transportado sin la documentación requerida. El procedimiento fue ayer a las 16:45 sobre la Ruta PY02, en el Km 7.5 de Ciudad del Este, y estuvo a cargo del subcomisario Antonio González.

La medida fue en prosecución a denuncias realizadas por la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC) y tras varios días de tareas de inteligencia, se logró ubicar en el lugar señalado a un camión de la marca Scania, color verde, chapa AAJG790, con acoplado de tres ejes, chapa AAXM041, que transportaba animales porcinos.

El conductor, Adrián Recalde Garrido se encontraba acompañado por Plutarco Fleitas. Al ser requerida la documentación correspondiente, presentó únicamente la factura, constatándose que faltaba la respectiva Guía de Traslado.

Con la intervención de funcionarios del área anticontrabando de la Dirección Nacional Ingresos Tributarios (DNIT) y del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) fueron verificados los animales, constatándose que los mismos no cumplían con las condiciones de identificación establecidas en la Resolución Nº 533/2019 y que, además, carecían de la correspondiente COTA, según el reporte.

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El hecho fue comunicado al fiscal Israel Villalba de la Unidad Especializada contra el Contrabando y Propiedad Intelectual, quien dispuso la realización de las diligencias pertinentes. En consecuencia, los animales fueron derivados al Frigorífico Itabo, ubicado en la colonia Pikyry, de Alto Paraná, para la realización del rifle sanitario, mientras que el camión con su acoplado, quedaron en la Aduana de Ciudad del Este.

Tanto el conductor como su acompañante quedaron detenidos a disposición del Ministerio Público. De acuerdo a la estimación la pérdida, el camión es valuado en 450 millones de guaraníes y los animales unos 120 millones de guaraníes, correspondiente a un volumen aproximado de 16 toneladas de ganado porcino en pie.

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Una comitiva fiscal-policial, encabezada por la agente fiscal Blanca Rosa Aquino, de la Unidad Penal N.º 3 de J. Augusto Saldívar, allanó este jueves la sede de la Junta Municipal de Ypané en el marco de la causa N.º 3855/2026, que investiga la presunta usurpación de funciones públicas por parte de la concejal liberal Mirta Elena Oviedo.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial y forma parte de las diligencias impulsadas por el Ministerio Público para recabar evidencias relacionadas con la investigación.

Los trabajos de la comitiva consistieron en recabar información, documentos y evidencias relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 27 de julio, cuando la concejal Oviedo volvió a asumir como intendenta durante una controvertida sesión desarrollada en la Junta Municipal.

Esto teniendo en cuenta, que la misma ya había sido designada anteriormente por los miembros de la bancada liberal oficialista, sin contar con el quórum requerido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral había resuelto una medida cautelar, dejar sin efecto dicha resolución por no cumplir con los requerimientos del estatuto municipal.

Al respecto, el concejal colorado Rubén Cabral en comunicación con La Nación/Nación Media, recordó los antecedentes del caso, ya que durante aquella jornada del pasado 27 de julio, se registraron incidentes que habrían impedido la normal participación de algunos concejales. De acuerdo con las denuncias presentadas, un grupo de manifestantes bloqueó la salida de ediles colorados de la sala de sesiones, situación que habría permitido mantener el quórum necesario para llevar adelante el acto para que la concejal Oviedo preste nuevamente juramento como jefa comunal.

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Al respecto, señaló que la bancada colorada realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público, en defensa de la institucionalidad, en rechazo a que se le eligió a la citada concejal liberal sin contar con el quórum correspondiente; además que existía la medida cautelar del TSJE que anulaba todo ese procedimiento, y que la misma no fue respetada.

“Con base a estos hechos, denunciamos el desacato a la orden judicial y se formaron cuatro carpetas fiscales ante la misma fiscal Aquino, en fechas diferentes, prácticamente cada semana con diversas denuncias”, comentó.

Señaló que la fiscal Aquino fue recusada por el oficialismo municipal, en tanto que la agente fiscal en todo momento buscó la forma de conocer cómo fue designada la concejal Oviedo y bajo qué circunstancias. Indicó que en varias ocasiones llegó a través de la comisaría local varios oficios para que se remita a la Fiscalía los documentos, y las respuestas a las preguntas de la fiscal, pero ni la Junta Municipal ni la Intendencia respondieron a dichos oficios.

“La fiscal ya había solicitado en dos ocasiones anteriores órdenes de allanamiento, pero fue recusada en esas carpetas fiscales. Incluso este jueves, durante el procedimiento, el concejal Denis Chamorro le manifestó que se encontraba recusada. Ante ello, la agente fiscal Blanca Rosa Aquino aclaró que la recusación corresponde a otra causa y no al expediente en el que estaba interviniendo en esa oportunidad”, señaló.

De acuerdo a las declaraciones de la agente fiscal Aquino, brindó a medios locales, la investigación del Ministerio Público apunta a determinar si la exautoridad municipal ejerció funciones públicas sin contar con la competencia legal correspondiente, conducta que podría encuadrarse en el hecho punible de usurpación de funciones públicas, previsto en la legislación paraguaya con penas que pueden alcanzar hasta cinco años de privación de libertad.

Respecto a los documentos y evidencias incautados informó que serán analizados por el Ministerio Público como parte de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. El caso continúa en etapa investigativa y la Fiscalía no descarta nuevas actuaciones en el marco de la causa.

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En el marco del fortalecimiento de los controles en los principales puntos de ingreso al territorio nacional, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) decomisaron 5,2 kilogramos de marihuana premium distribuida en paquetes que simulaban contener alimentos para reptiles y un cargador de batería.

La droga formaba parte de encomiendas procedentes de Miami, Estados Unidos, y fue descubierta durante una inspección efectuada con canes detectores en zona aérea portuaria.

De acuerdo con el informe de la institución, la marihuana premium estaba oculta en dos paquetes de encomienda a través de las cuales se intentaba burlar los controles mediante ingeniosos métodos de ocultamiento. La primera caja contenía coloridos empaques que declaraban contener alimentos para reptiles, pero en su interior se halló marihuana premium “cuidadosamente oculta”.

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En tanto que, la segunda encomienda simulaba ser un cargador de batería, pero al ser inspeccionada los intervinientes constataron que no contenía ningún componente electrónico, sino únicamente un armazón acondicionado para el transporte de la droga.

La apertura de los paquetes se llevó a cabo en la Oficina de Atención Permanente en presencia del agente fiscal José Morínigo y del juez Osmar Legal.

Este procedimiento se suma a las recientes incautaciones llevadas a cabo en en los aeropuertos y en terminales portuarias. En cuanto al último punto, un operativo de control efectuado la semana pasada en un puerto privado de Villeta a un contenedor que transporta dos vehículos procedentes de Estados Unidos posibilitó el decomiso de 311,2 kilogramos de marihuana premium tipo hachís, valorada en USD 4,3 millones.

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Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Enrique Bogarín González, presidente; César Emilio Rossel, vicepresidente; y Jaime Bestard, en su calidad de miembro, mantuvieron una reunión con el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros y el diputado nacional y director de Justicia y Calidad Pública del PLRA, Rodrigo Blanco.

Al respecto, el titular del PLRA señaló que es una visita de cortesía de parte de la nucleación política, en la que conversaron sobre temas inherentes a las elecciones municipales de 2026, previstas para el domingo 4 de octubre. Enfatizaron que su presencia es una muestra de confianza en la institución y su capacidad de organizar procesos electorales.

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“Conversamos con los ministros del tribunal, de tal modo a tener un canal de comunicación fluido con el TSJE y trabajar en garantizar la transparencia”, expresó Alcides Riveros al término de la reunión.

A su turno, el diputado Rodrigo Blanco, por su parte, sostuvo que buscan mantener un contacto fluido, constante y con apertura, por sobre todas las cosas para todos los requerimientos y para todas las necesidades que tenga el partido en su relacionamiento con la Justicia Electoral.

“La Justicia Electoral es el órgano político trascendental en cuanto a los procesos democráticos”, puntualizó. Además aclaró que en la reunión también se establecieron las líneas de trabajo y que al culminar la misma han quedado satisfechos.

En tanto, que el tesorero del PLRA, Agustín Saguier, resaltó que siempre hay una apertura, un trabajo serio, responsable de parte de la Justicia Electoral. Mencionó que es clave que la institución siga trabajando como lo viene haciendo, de forma transparente y creíble.

Participaron por la Justicia Electoral los directores de Gabinete de Presidencia, Vicepresidencia y Miembro del TSJE, Rocío Frutos, David Vittone y Enmanuel Gorman, respectivamente; el director de Partidos y Movimientos Políticos, Silvio Ortiz; y el director de Recursos Electorales, Francisco Olmedo. Mientras que la comitiva del PLRA estuvo conformada además por el apoderado nacional y secretario general, Cristian González.

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