La Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT) pide a la Cámara de Diputados una audiencia para plantear sus inquietudes sobre el proyecto de reforma del transporte público en el área metropolitana, que ya cuenta con media sanción del Senado. A la par, el gremio anuncia una huelga para los días 25 y 26 de setiembre.

Los chóferes argumentan que al establecerse como imprescindible el servicio del transporte público se colisiona con el derecho a la huelga y el paro. “Ni al sector de la salud no se le pide que trabaje el 70 % los días de huelga, esto no es un mínimo. Solo se le requiere que trabajen el 20 % o los que se encuentran en el área de urgencias”, dijo Hugo Zayas, secretario general de la FUTT, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM.

El Viceministerio del Transporte detalló que. para garantizar el derecho a la huelga y el paro para el sector de los transportistas y la movilidad para la ciudadanía, la Cámara de Senadores estableció que el servicio de transporte público se declare mprescindible, fijando que en horario pico funcionen el 70 % de los buses y en la hora no pico, un 60 %.

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“Con esto mataran el derecho a la huelga, no se tendrá ningún impacto. No se cumplieron los acuerdos, por eso decidimos reanudar nuestra huelga, no hicieron caso omiso a nuestros pedidos”, manifestó el vocero gremial.

Asimismo, Zayas comentó que “en la Cámara de Diputados nos prometieron participación, pero, hasta el momento, no existe ninguna notificación para conformar una mesa, no fuimos invitados“. Otra de las preocupaciones del sector guarda relación con la antigüedad laboral y la estabilidad en caso de cambios de empresas.

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El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, aseguró que la reforma del transporte público en el área metropolitana no atropella en absoluto los derechos laborales. El funcionario de Estado indicó que el proyecto aprobado recientemente por el Senado garantiza la movilidad, la realización de huelgas y paros.

“Nosotros entendemos desde el Gobierno que es un derecho del ciudadano la movilidad y es una obligación del Estado. La movilidad facilita llegar a ejercer otros derechos como la salud, el trabajo, la educación y, por qué no, la diversión y todo lo demás. Por lo tanto, la movilidad de por sí es un derecho del ciudadano y, al mismo tiempo, potencia el ejercicio de otros derechos. El Estado tiene que garantizar que ese derecho fluya, por eso que el servicio de transporte público tiene que ser continuo y regular", dijo Fernández en una entrevista con el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media.

El viceministro puntualizó que “el proyecto no vulnera ningún derecho laboral en absoluto, de hecho en el artículo 39, en su versión presentada al Congreso originalmente, se establece claramente que se garantizan todos los derechos laborales existentes. Hay un Código Laboral, hay normas laborales, incluso hay un Ministerio de Trabajo, todo el ámbito laboral hoy ya está reglado en las normas que corresponden“.

Los choferes alegan que al establecerse como imprescindible el servicio del transporte público se colisiona con el derecho a la huelga y el paro. “Para que ambas partes puedan ejercer sus derechos (trabajadores y ciudadanía) se fijó el concepto de imprescindible y servicios mínimos garantizados. Si se establece un mínimo garantizado, la huelga puede darse, el paro puede darse porque no van a funcionar la totalidad de los buses, pero si no funciona la totalidad, el derecho a la movilidad se ve conculcado“, explicó el viceministro.

Fernández continuo argumentando que “en el proceso legislativo del Senado se sacó la palabra regular y se puso la palabra mínimo y se estableció cuál va a ser el porcentaje mínimo en caso de huelgas. Entonces, se colocó que en la hora pico sería el 70 % de los buses que regularmente funciona y en la hora no pico, se fijó un 60 %“.

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No obstante, indicó que con la huelga o paro del 30 % de los buses se verán afectados aproximadamente 100.000 personas. “El mínimo es la manera de hacer compatible que los dos derechos se precautelen. Nosotros entendemos y creemos que es importante darle un proceso acelerado al proyecto, porque ya es necesaria esta reforma“, sentenció.

El proyecto de ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la ley n.° 1590/2000 relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”, impulsado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc), antes de su media sanción, fue analizado por un total de 10 comisiones asesoras de la Cámara Alta. Durante su tratamiento en la plenaria fueron objetados un total de 92 artículos, de los cuales se aceptaron 20 cambios y en uno se introdujo una corrección de forma para mejorar la redacción.

Entre los principales puntos acordados, se resaltan las garantías para la continuidad laboral de los conductores, la creación de un fondo de cobertura de indemnizaciones a cargo de las empresas, y la declaración del servicio de transporte público de pasajeros como un servicio imprescindible, con la obligación de mantener niveles mínimos de cobertura durante huelgas o paros.

La iniciativa será remitida a Diputados y propone la creación de un marco que permita la modernización del transporte público mediante la incorporación de buses nuevos, la implementación de tecnologías innovadoras y la adopción de modelos de gestión sostenibles para los futuros concesionarios, siempre con los usuarios en el centro de las prioridades.

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Los legisladores resolvieron postergar por ocho días la emisión del dictamen para el proyecto de reforma del transporte público en el área metropolitana, a fin de conformar una mesa técnica y trabajar con el Viceministerio de Transporte. El proyecto del Poder Ejecutivo tiene tratamiento de código y figura en el orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles, por lo que el pleno podría avanzar con el debate o bien optar por una nueva postergación.

Las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Control, y de Obras Públicas, realizaron ayer martes una reunión con la presencia de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión; del viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de cuyo debate se decidió conformar la mesa de trabajo.

El aplazamiento surge para evaluar junto con el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional las implicancias del proyecto en el ámbito de los derechos laborales. La decisión derivó en la desactivación de la huelga anunciada por el sector de los choferes, que manifestaron preocupación en relación con la antigüedad laboral y la estabilidad en caso de cambios de empresas.

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Los trabajadores requieren al gobierno de Peña que el proyecto de reforma del Ejecutivo fije explícitamente la garantía de que la antigüedad de cada trabajador será respetada y que los empleados serán absorbidos en caso de licitación y cambio de firmas. Mediante una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el senador liberal Líder Amarilla comentó que propondrá que los choferes puedan participar del debate en la mesa técnica.

“Voy a proponer que se reciba a los choferes y puedan plantear sus inquietudes. En el proyecto no se contempla cómo quedarán los trabajadores, quiénes le pagarán su liquidación, indemnización, existen muchos temas que deben ser aclarados”, comentó el legislador.

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Tras la mesa tripartita que se desarrolló esta tarde, se logró un acuerdo entre el Viceministerio de Trabajo y representantes sindicales, por lo que no se llevará acabo la huelga de transporte previsto para el miércoles 3 y jueves 4 de setiembre. El siguiente paso es dialogar con el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.

El reclamo principal de los cho­feres es que no fueron inclui­dos en las conversaciones para la elaboración del pro­yecto de ley de reforma del transporte público y por eso llamaron a la huelga, que por ahora, fue suspendida. El servicio de transporte público queda garantizado para la ciudadanía para los próximos días.

“Lo que nosotros pedimos es que nos incluyan en una mesa de trabajo para ser parte de la reforma de transportes. Mañana va a ser un día normal, no va a haber ningún paro”, manifestó Gerardo Giménez, presidente de la Federación del Transporte Público, en la 1020 AM.

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Explicó que lo que quieren es que la tratativa de la reforma de transporte público se realice en un mes y que los gremios sindicales estén presenten, porque es algo que los involucra. “Lo que más nos preocupa es la estabilidad de los trabajadores, queremos garantizar los puestos de trabajo”, señaló.

Afirmó que se garantiza el transporte público mañana miércoles 3 y el jueves 4, toda vez que se continúe con la mesa de trabajo y diálogo. “Nosotros posponemos nuestro congreso y medida de fuerza”, puntualizó.

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