Este jueves, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) logró incautar 1.200 kilos de piezas de pollos que ingresaron de contrabando y que eran trasladados en un automóvil en el departamento de Canindeyú. Todo el cargamento fue derivado hasta Asunción para su análisis y posterior destrucción.
Según el reporte dado por la dirección, este cargamento fue descubierto en horas de la mañana de hoy en la localidad de Curuguaty, en un operativo sorpresa. La carga era trasladada en forma totalmente irregular y sin cadena de frío. Se presume que era distribuida a varios comercios del país.
“Es una carga de pollo que supera los 1.200 kilos, que era transportada en un automóvil”, detalló Pablo Montiel, de la DNIT, en entrevista con Unicanal. Afirmó que el operativo fue montado tras un trabajo de inteligencia que realizaron y se contó con la ayuda de la Policía Nacional y la Fiscalía.
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Manifestó que, tanto el cargamento como el vehículo fueron trasladados hasta la ciudad de Asunción y se pudo constatar que durante ese periodo las piezas de pollos se descongelaron por completo, atendiendo a que el vehículo no era refrigerado, violando todos los registros sanitarios.
“Estos productos estaban siendo transportados sin la refrigeración pertinente y aparte de su prohibición, en cuanto al ingreso al país, hacen que al romper la cadena de frío se altere también la calidad del producto y ya no pueden ser destinados más que a la destrucción, al ser de origen animal”, puntualizó.
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Tres años de la DNIT: “Nos permitió construir un Estado mucho más eficiente”, afirmó Peña
El presidente de la República, Santiago Peña, celebró los tres años de creación de la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT), que fusionó la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La promulgación de esta fusión se dio en agosto del 2023.
“Hoy celebramos 3 años de la creación de la DNIT, una integración histórica de Aduanas e Impuestos Internos que nos permitió construir un Estado mucho más eficiente”, expresó el presidente a través de sus redes sociales.
El mandatario destacó que a partir de la creación de esta dependencia del Estado se logró aumentar considerablemente las recaudaciones. “Gracias a la modernización, los controles, la tecnología y la implementación de la facturación electrónica, logramos aumentar la recaudación en más de USD 1.500 millones en estos 3 años de gestión, alcanzando los USD 6.400 millones anuales”, resaltó.
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Peña ratificó el compromiso de su Gobierno en cuidar y transparentar el uso de los recursos del Estado. “Seguiremos trabajando con total transparencia para que estos recursos se traduzcan en mayor inversión y bienestar para todos los paraguayos”, sentenció.
La Ley N° 7.143/2023 fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 4 de agosto de 2023, por la cual se creó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) unificando la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en un solo ente. Posteriormente, el Ejecutivo también promulgó la Ley N° 7.438, que dispuso que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) pase a depender directamente de la DNIT.
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Contrabando de carne de cerdo golpea a productores y presiona los precio
El precio del cerdo recibido por el productor cayó de aproximadamente G. 11.500 a menos de G. 8.000 por kilo desde enero, mientras que el costo de producción se ubica entre G. 7.500 y G. 8.500 por kilo, dijo Roberto Bento, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC). “Eso deja al productor prácticamente sin rentabilidad”, manifestó.
El dirigente señaló que el problema se vuelve más complejo debido a la diferencia de costos con el producto que ingresa desde el vecino país. Según Bento, el precio del cerdo en Brasil se ubica entre G. 5.000 y G. 6.000 por kilo, situación que genera un fuerte incentivo para el sector porcino paraguayo, que atraviesa un escenario de fuerte presión sobre los precios.
Los productores denuncian que el ingreso irregular de carne y animales desde Brasil está generando una competencia difícil de enfrentar para quienes trabajan dentro de la formalidad, según se señaló en el informe semanal de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).
Ingreso irregular
El ingreso irregular de carne y animales. “Con estos valores, la reducción del precio de venta deja un margen cada vez más estrecho para el productor”, sostuvo, al mencionar además los costos de alimentación, personal, transporte, sanidad, impuestos e insumos.
La preocupación también tiene un componente sanitario. El ingreso de animales sin documentación ni identificación dificulta conocer su origen y garantizar la trazabilidad. En este sentido, Bento advirtió: “Al ser de contrabando, esa trazabilidad ya se esfuma a cero”.
Desde el gremio consideran que los decomisos realizados representan apenas una parte del fenómeno y reclaman un mayor control en los puntos de ingreso al país.
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CDE: estudiante sacó un arma de fuego y apuntó a su compañero en institución educativa
Este jueves, la Policía Nacional llegó hasta una institución educativa de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, y se incautó de un arma de fuego del poder de un estudiantes de 15 años. Se trata de una pistola calibre 8 milímetros con la que apuntó a su compañero en medio de una discusión.
Según el reporte policial, el hecho se registró cerca de las 13:00 de hoy en el barrio Boquerón. Cuando dos estudiantes de la citada institución comenzaron una discusión en plena vía pública, uno de ellos sacó el arma con la que apuntó a su oponente.
En el mismo lugar se encontraba el suboficial mayor Livio Díaz, personal de Departamento de Interpol, que en ese momento estaba fuera de servicio y fue a buscar a su hijo. Este se percató de lo que ocurría y cuando vio que apuntaban al joven decidió desarmar al adolescente de 15 años.
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Al ser desarmado, el joven decidió darse a la fuga, pero unas horas después se presentó ante la Policía Nacional en compañía de su padre y afirmaron que el menor está con un cuadro de depresión. El suboficial Díaz, llamó a la Comisaría 1ra de Ciudad del Este para entregar el arma de fuego.
Se trata de una pistola de procedencia alemana marca Röhm, modelo RG800, calibre 8 milímetros, la cual contenía dos cartuchos sin percutir. El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, abogado Luis Trinidad, quien dispuso la incautación del arma y que el padre se presente en esa unidad fiscal.
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El piso congelado del IRP reduce el efecto real de los aumentos salariales
Mientras el salario mínimo volvió a incrementarse un 5 % para compensar parcialmente la inflación, el umbral de ingresos para tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) continúa fijado en G. 80 millones anuales desde 2020. La falta de actualización del mínimo imponible provoca el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que incorpora cada vez a más trabajadores al régimen tributario sin que necesariamente haya mejorado su capacidad económica.
“Nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos”. La célebre frase atribuida a Benjamín Franklin mantiene plena vigencia más de dos siglos después. En Paraguay, sin embargo, la realidad tributaria incorpora un elemento adicional que afecta silenciosamente a miles de asalariados: mientras los salarios se ajustan año tras año para acompañar la inflación, el ingreso mínimo para comenzar a tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) permanece inalterable desde hace seis años.
Desde el 1 de julio, el salario mínimo aumentó un 5 %, pasando de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales. Como ocurre cada año, el reajuste busca preservar parcialmente el poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida.
Sin embargo, el mínimo para quedar alcanzado por el IRP-Rentas y Prestación de Servicios Personales (IRP-RSP) continúa fijado en G. 80 millones brutos anuales, exactamente el mismo monto establecido para el ejercicio fiscal 2020.
Esta diferencia entre la evolución de los salarios y la inmovilidad del umbral genera un fenómeno ampliamente estudiado en economía pública denominado “arrastre fiscal” o bracket creep. Consiste en que la inflación y los aumentos nominales de los ingresos hacen que cada vez más personas ingresen al sistema tributario, aunque en términos reales mantengan prácticamente el mismo nivel de vida.
Zunilda Trinidad, consultora organizacional y especialista en proyectos de inversión y auditoría, explica que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no tiene atribuciones para modificar ese monto por decisión propia.
“El umbral de G. 80 millones está establecido por la Ley 6380/19. Su modificación requiere un cambio en el marco legal. A diferencia de la legislación anterior, la actual no contempla un mecanismo automático de actualización del mínimo imponible según la inflación”, señala.
En consecuencia, más que una decisión administrativa, la permanencia del umbral responde a la ausencia de una reforma legislativa que adapte el monto a la evolución de los precios.
Cada año el límite vale menos. Aunque nominalmente el mínimo imponible continúa siendo de G. 80 millones, su valor económico se redujo de manera importante desde 2020.
La inflación acumulada durante los últimos seis años disminuyó el poder adquisitivo de ese monto. Si el límite hubiera sido ajustado para mantener el mismo valor real que tenía cuando fue fijado, actualmente se ubicaría aproximadamente entre G. 105 millones y G. 108 millones, según la inflación acumulada del período.
En otras palabras, el umbral vigente conserva apenas alrededor del 76 % del poder adquisitivo que tenía originalmente.
Como consecuencia, numerosos trabajadores que únicamente recibieron incrementos destinados a compensar la inflación hoy superan el límite legal y deben inscribirse en el IRP, aun cuando su situación económica real prácticamente no haya cambiado. ¿Pierde poder adquisitivo el trabajador?
La consultora tributaria Cinthia Ayala Maciel, de Inversiones Paraguay, sostiene que el efecto debe analizarse desde dos perspectivas. En primer lugar, explica que el impacto directo del impuesto suele ser moderado.
“El IRP grava la renta neta y posee una estructura progresiva, con tasas del 8 % y del 10 %. Por ello, quien recién supera el umbral normalmente no enfrenta una carga tributaria elevada”, señala.
Sin embargo, considera que el aspecto más relevante está en los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
“La inscripción en el registro, la presentación de declaraciones, la conservación de documentos respaldatorios y, en muchos casos, la contratación de un contador o de servicios de teneduría de libros representan gastos que son prácticamente iguales para quien apenas supera el umbral y para quien obtiene ingresos considerablemente mayores”, explica.
Ese fenómeno provoca que los costos administrativos tengan un peso proporcionalmente mayor sobre los contribuyentes de menores ingresos dentro del propio universo alcanzado por el impuesto.
Menor ingreso disponible. El efecto del arrastre fiscal no implica necesariamente una pérdida automática del poder adquisitivo, pero sí puede reducir el ingreso disponible de los trabajadores.
Una parte de los reajustes salariales destinados a compensar la inflación termina absorbida por el pago del impuesto y por los costos administrativos derivados de cumplir con las obligaciones tributarias.
Un ejemplo permite visualizar el fenómeno. Un asalariado que en 2020 percibía G. 78 millones anuales no estaba alcanzado por el IRP. Si durante los años siguientes únicamente recibió incrementos equivalentes a la inflación, hoy podría superar los G. 100 millones anuales sin haber experimentado una mejora significativa en su capacidad económica. Sin embargo, al mantenerse congelado el mínimo imponible en G. 80 millones, pasa a integrar el universo de contribuyentes.
Especialistas en política fiscal sostienen que este mecanismo modifica gradualmente la carga tributaria sin necesidad de elevar las alícuotas ni crear nuevos impuestos. Basta con que el mínimo imponible permanezca inmóvil mientras los salarios nominales continúan creciendo.
Mientras el salario mínimo sigue ajustándose para intentar preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el piso del IRP permanece congelado desde 2020. En ese contexto, cada nuevo reajuste salarial acerca a más paraguayos al régimen tributario, ampliando la base de contribuyentes mediante el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que cobra cada vez mayor relevancia en un escenario de inflación acumulada y salarios en constante actualización.