No existe persecución ni intento de bajar candidaturas prematuras, solo basta leer el informe remitido por el contralor general de la República, Camilo Benítez, para solicitar la intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, administradas por los intendentes Óscar “Nenecho” Rodríguez y Miguel Prieto, respectivamente.
Su solicitud se fundamenta en un informe que revela graves irregularidades en la gestión presupuestaria y administración de bienes municipales.
En un detallado informe de 22 páginas se exponen las supuestas múltiples faltas cometidas en ambos municipios, uno a cargo de un colorado y otro de un opositor.
El contralor califica de “graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y en la administración de los bienes municipales”.
En el caso puntual de la Municipalidad de Ciudad del Este, evidencia que las actividades de control efectuadas en el periodo que abarca desde el año 2020 al presente, se detectaron irregularidades y desviaciones como las siguientes: irregularidades en las transferencias a organizaciones sin fines de lucro.
Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o porque fueron ejecutadas en cantidades diferentes, con recursos de Fonacide, royalties y compensaciones.
Pagos efectuados a los proveedores sin que estos hayan presentado la documentación exigida para el efecto. Pagos realizados a proveedores sin que estén cumplidas las exigencias legales.
La gestión de Prieto incurrió en una serie de transgresiones a las normativas, las cuales comprometen, desde la gestión y administración de los recursos públicos sobre todo en cuanto a transferencias, contratación de proveedores, rendición de cuentas sobre las transferencias otorgadas por la municipalidad y ejecución de obras públicas, entre otras. Es decir, se detecta una persistencia de aquellas transgresiones.
Uno de los puntos citados en el documento es la transferencia de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este, en apoyo a la actividad llamada Navidad Sustentable. Durante los años 2023 y 2024, Prieto transfirió un total de G. 2.000.000.000 a una sola subcomisión distrital, sin tener evidencia de los resultados de los trabajos efectivamente realizados por esta organización no gubernamental (ONG).
Entre las irregularidades halladas fueron las transferencias efectuadas a través de la emisión de cheques y no a través del Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP), como lo prescriben las normas, y las transferencias hechas a la secretaria y no a una cuenta bancaria de la entidad beneficiaria, entre otras.
En cuanto al informe del “Examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este”, correspondiente a los ejercicios fiscales 2019 a 2022, refiere que la administración municipal no presentó comprobantes legales que respalden el uso de G. 42.035.930.893, provenientes de ingresos tributarios y no tributarios, a ser aplicados a inversiones en gastos de capital durante los ejercicios fiscales 2019-2022.
Los estados financieros del municipio presentan graves inconsistencias, incluyendo saldos contables irregulares, clasificaciones erróneas en cuentas del patrimonio neto y variaciones injustificadas. La Municipalidad de Ciudad del Este omitió transferir G. 1.032.052.478 al Servicio Nacional de Catastro, correspondientes al arancel del 1 % sobre el 70 % del impuesto inmobiliario recaudado entre 2019 y 2022.
Además, el municipio de Ciudad del Este ejecutó G. 27.933.370.178 en gastos de capital predominantemente vía transferencias al sector privado. Al utilizar este mecanismo para financiar lo que constituían obras públicas, incumplió directamente la Ley n.° 3966/10 Orgánica Municipal y eludió los procedimientos de contratación pública exigidos.
En el caso de la Municipalidad de Asunción, la Contraloría refiere supuestas irregularidades que se dieron en la gestión presupuestaria de la institución entre los años 2021 y 2024.
El contralor citó la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones realizada en el año 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.
Según la Contraloría, el municipio capitalino viene haciendo abuso de la cuenta única, lo cual se traduce en la transgresión de normas administrativas.
Si el ente contralor omitía estos hechos, era cómplice. Los señalados deben justificar el buen uso del dinero público, el intendente de Asunción se puso a disposición y sigue trabajando, el de Ciudad del Este desvirtúa el informe, atacó al contralor y hace shows mediáticos.
Urge una intervención objetiva y los malos administradores deben ser rajados, le pese a quien le pese. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
