Paraguay se prepara para atraer nuevas inversiones en energías renovables mediante la modificación de la Ley 6977/2023, que regula la generación eléctrica no hídrica, manifestó el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa.

Si bien esta ley se reglamentó el año pasado, Félix Sosa contó que recibieron sugerencias de organismos internacionales para volver a ajustarla. Este proceso se dará con apoyo del Banco Mundial y asesoramiento técnico internacional, a fin de facilitar proyectos solares, eólicos y de otras fuentes alternativas, lo que podría traducirse en mayor competitividad, diversificación de la matriz energética y nuevos empleos para la economía nacional.

Sosa precisó que un experto uruguayo con amplia trayectoria en reformas energéticas es encargado de asesorar para que la nueva versión de la ley sea funcional, clara y amigable para el desarrollo de proyectos de generación alternativa. Según lo anunciado, el proyecto modificado sería presentado ante el Congreso Nacional en un plazo de aproximadamente 15 días.

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Además de la modificación normativa, también están trabajando en su marco institucional para fomentar alianzas público-privadas (APP) orientadas a la generación de energía eléctrica. La nueva ley de APP incorpora esta posibilidad como una herramienta complementaria, lo que permite a inversores participar en proyectos estratégicos de forma más dinámica y con reglas claras.

“Este cambio amplía las oportunidades de financiamiento, reduce riesgos y acelera los procesos de implementación, abriendo el juego a capital privado nacional e internacional en el sector energético”, explicó Félix Sosa.

Este esfuerzo de actualización legal va de la mano con una visión de largo plazo que está delineada en el Plan Maestro de Transmisión y Distribución de la ANDE, vigente hasta 2033. Este plan contempla inversiones por más de USD 3.300 millones, necesarias para expandir y modernizar la infraestructura eléctrica del país.

Entre los proyectos prioritarios figura el desarrollo del Chaco paraguayo, con más de 1.000 kilómetros de nuevas líneas de transmisión y al menos ocho subestaciones. Esta infraestructura será clave para integrar futuros proyectos de generación solar y eólica que se instalen en zonas con alto potencial.

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Tres concejales de la ciudad de Encarnación presentaron una nota a la Contraloría General de la República solicitando una auditoría especial y la eventual intervención de la Municipalidad, encabezada por el intendente Luis Yd. Se trata de los ediles Eduardo Florentín, Andrés Morel Fretes y Eduardo Rebruk.

La solicitud está motivada por el arrendamiento presuntamente irregular de un terreno municipal. Según argumentan los concejales, dicho predio estaría siendo utilizado como hospedaje en el marco del Mundial de Rally que se desarrolla en el departamento de Itapúa.

Los denunciantes cuestionan la legalidad del contrato y exigen que se verifique el cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros, además de la transparencia en el manejo de bienes públicos. De comprobarse irregularidades, los ediles piden que se proceda a la intervención formal de la comuna.

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El documento dirigido al contralor Camilo Benítez señala como principal cuestionamiento la “irrisoria suma de arrendamiento” por valor de G. 65.510.000, los cuales fueron acordados en pagos de 3 cuotas. De acuerdo a la información, dicho pago aún no se ingresó a las arcas municipales

Los ediles denunciantes consideran “ínfimo” dicho monto, ya que la tarifa se fijó conforme a la ordenanza municipal 288/2015, la cual considera ya está desactualizada.

“El principal vicio que advertimos y que origina el perjuicio patrimonial es que el precio de arrendamiento se fijó con base en la ordenanza municipal 288/2015. Dicha normativa tiene una antigüedad de 10 años, por lo que sus aranceles se encuentran absolutamente desfasados, con relación a los valores actuales de mercado”, expone parte de los argumentos de la denuncia.

Los concejales cuestionan al jefe comunal por utilizar una tabla de precios obsoleta para arrendar un inmueble que será utilizado en un evento de “altísima demanda y valorización”, como es el Rally Mundial. Como evidencia del perjuicio que está causando al patrimonio municipal, los concejales mencionan que el arrendatario Jhon Daniel Pérez, ya se encuentra publicando el alquiler de las instalaciones bajo la denominación comercial “Villa Rally Itapúa”.

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Señalan que la oferta para el usufructo final para el público nacional e internacional es significativamente superior, cotizando incluso en dólares. “Un cálculo preliminar basado en sus propias publicaciones, y que se adjunta a la nota de denuncia, sugiere que el arrendatario podría obtener ingresos hasta 60 veces superiores al monto que se comprometió a pagar al municipio de forma financiada”, expresa el documento.

Asimismo, los ediles señalan que al margen del arrendamiento en una tarifa menor al precio del mercado; señalan que desde la firma del contrato a la fecha el municipio aún no ha recibido el pago de ninguna cuota por el usufructo del inmueble que ya está siendo ofertado.

Además, señalan un eventual daño al municipio porque existen la sospecha que el arrendatario no cuenta con la autorización de la Organización del Rally Mundial, para el usufructo del nombre de manera comercial; por lo que el municipio podría incurrir en el delito de uso indebido de marca, lo que podría acarrear contingencias legales a la comuna por cedente del inmueble.

“La oposición se jacta de tener la bola de cristal y adivinar el futuro”, sostuvo el diputado Alejandro Aguilera, ante la nueva maniobra de la oposición que, conjuntamente con los medios de comunicación afines, busca instalar que el oficialismo apunta a “liquidar” el proceso de intervención a la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, dentro de un plazo de 60 días.

“Lo que sí está cantado es que la oposición busca instalar la absolución por adelantado de Prieto así como la culpabilidad del intendente de Asunción, Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez, sin siquiera investigar. Yo puedo asegurar que, sea cual sea el informe que traigan los interventores, esa será su hoja de ruta”, comentó el legislador, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, el parlamentario argumentó: “Nosotros somos gente responsable, esperaremos que las instituciones funcionen, que el interventor haga su trabajo para luego tomar nosotros una decisión. Se espera que el interventor investigue todos esos hechos que el contralor señaló en su dictamen, estamos a la resultas del trabajo”.

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“Hace una semana los opositores decían que nosotros los del movimiento Honor Colorado no íbamos a votar por la intervención de la municipalidad de Asunción, al final de cuentas los incoherentes fueron ellos, no nosotros”, refirió Aguilera.

El legislador acotó: “Nosotros los colorados, más todavía los de Honor Colorado, hemos votado por intervenir la municipalidad más importante administrada por un colorado. No existe un municipio más importante que la capital de la República del Paraguay, sin embargo, ellos votaron en contra de la intervención a la gestión de Prieto”, refirió repudiando el blindaje que pretenden los opositores a favor del líder del movimiento Yo Creo.

En la gestión de Prieto, de acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría, se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.

Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.

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El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño se refirió a su postura frente a los pedidos de intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, que fueron tratados el pasado miércoles en la Cámara Baja. Mientras que votó a favor de la intervención en Asunción, optó por la abstención en el caso de Ciudad del Este, marcando así una diferencia dentro de la posición adoptada por la multibancada opositora.

“Es una posibilidad de controlar. La comisión tiene muy poco tiempo para llegar a una convicción o documentar hacia dónde está la razón. Por eso, para mí la tendencia es ir por la intervención porque entiendo que es un procedimiento de control y transparencia, y esa siempre ha sido mi fundamentación”.

Avalos Mariño defendió la constitucionalidad del proceso iniciado por la Contraloría General de la República y sostuvo que, a su entender, ambos pedidos de intervención, tanto el de Asunción como el de Ciudad del Este, se ajustan a los parámetros legales.

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“La abstención de ayer fue más que nada porque en la multibancada se resolvió votar en contra de la intervención. Les expliqué a los compañeros que, por una posición que vengo sosteniendo desde siempre, se me iba a hacer muy difícil votar en contra. Entonces, un término medio fue la abstención”.

El legislador señaló que en el caso de Ciudad del Este, primaron los criterios políticos por parte de sus colegas opositores. “Lo que primó fue la instrumentación política, y eso creo que motivó que la multibancada decidiera votar en contra”, apuntó. Sin embargo, reafirmó su visión sobre la intervención como una herramienta útil.

Finalmente, señaló que el proceso puede generar mayor claridad sobre la administración de los municipios. “La Contraloría obró de acuerdo a la Constitución, el Poder Ejecutivo hizo lo mismo, y a partir de ahí pasa la segunda etapa, que queda en manos de los interventores, quienes deben hacer un trabajo objetivo y traer un informe para tomar decisiones finales. Porque en esta etapa estamos hablando de la posibilidad de destitución, y estamos hablando de autoridades electas por el pueblo”, concluyó ante las 800 AM.

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