Con la aprobación del pedido de interven­ción a la Municipa­lidad de Asunción, el Poder Ejecutivo debe designar al interventor que llevará ade­lante el trabajo de fiscaliza­ción que durará 90 días. Para este trabajo, el presidente de la República, Santiago Peña, hizo la propuesta al exminis­tro y doctor en ciencias con­tables Carlos Alberto Pereira Olmedo, según reveló el actual consejero del Instituto de Previsión Social (IPS).

Pereira, que fue recibido por el mandatario y le entregó un ejemplar de su nuevo libro “El camino hacia la liber­tad financiera”; confirmó que solicitó tiempo hasta el próximo lunes para evaluar la situación y dar una res­puesta de si acepta. El expre­sidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) y máster en administración de empre­sas indicó que será un trabajo muy delicado, por lo que ana­lizará previamente para dar una respuesta.

“Me ofreció el presidente ayer (miércoles), entonces yo que soy muy serio y muy responsable de mis decisio­nes me tomó muy de sor­presa. Siempre que sea téc­nico estrictamente, y no haya incidencia de ningún tipo, ni siquiera de insi­nuaciones políticas podría considerarlo, pero le pedí, con mucho respeto que me dé unos días, hasta el lunes para pensar”, dijo Pereira en entrevista a la 1020 AM.

“Me siento desempleado”, con esta frase inició su conferencia de prensa el intendente Miguel Prieto, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el pedido de intervención, devenido de la Contraloría General de la República, órgano que detectó una serie de irregularidades que apuntarían a indicios de hechos punibles. El jefe comunal reconoció la existencia de falencias en su administración.

“Seguramente nuestro gobierno tiene algunos pequeños errores, pero con aciertos más que el de los otros”, afirmó el intendente, quien indicó que él y su equipo “no se van a rendir” y que decidió no presentar su renuncia porque eso sería “dar la razón” a las instituciones que alegan que existen irregularidades dentro de su gestión.

Prieto, como ya es habitual, volvió a manifestar que el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este es una cuestión política, y expresó que existe un supuesto temor por el “camino ascendente” que está teniendo su proyecto político, por lo que supuestamente, esta intervención responde a una intención de frenar el posicionamiento de su movimiento.

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“Llevamos los documentos, pero ni siquiera abrieron la caja”, expuso, sin embargo, cabe mencionar que el auditor forense de la Contraloría, Leandro Villalba, dejó en claro que las documentaciones presentadas ante la Comisión Especial, no eran las necesarias para disipar las dudas sobre el presunto uso irregular de recursos. “Presentaron carpetas y biblioratos como supuestas pruebas de transparencia, pero eso técnicamente no tiene ningún valor. Es una puesta en escena para las cámaras”, aseveró días atrás.

Asimismo, Prieto se adelantó a un posible desenlace y señaló que de ser destituido, su candidato Daniel Mujica, logrará la victoria en los próximos comicios municipales y se posicionará nuevamente al frente de la comuna. Por último, y abriendo paraguas y en contradicción a sus propias declaraciones, indicó que “hicieron todo excelente” y que supuestamente, habría intenciones de “implantar” cosas en su contra de parte de los interventores, adelantándose a los posibles hallazgos de esta intervención.

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El diputado Avelino Dávalos, integrante de la Comisión Especial que analizó el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, manifestó que la Contraloría fue contundente en sus señalamientos de irregularidades hacia la gestión de Miguel Prieto, lo cual no pudo ser contrarrestado por el jefe comunal, lo cual amerita una intervención, según explicó.

“Se recibió una contestación de parte de la Contraloría General de la República (CGR) donde ratifican que existe faltante de documentos e inclusive, con notas de reiteración en su momento requiriendo esa documentación, entonces creemos saludable una intervención en la que se pueda aclarar todos los hechos y sobre todas las cosas, tener resultados como corresponde”, expresó.

En diálogo con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el legislador señaló que personalmente, fue muy claro en su posición a favor de una intervención, ya que el contralor, Camilo Benítez, fue muy preciso señalando las irregularidades detectadas, como la falta de respaldo documental sobre un gasto de G. 42.000 millones.

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“También se habló de forma clara de cuatro informes de la Contraloría con dictámenes en contra de la municipalidad y remitidos al Ministerio Público, además de todo lo que es de conocimiento público, la cantidad de denuncias que obran en la Fiscalía. El presidente de la Comisión consultó de vuelta a la Contraloría sobre la falta de documentación respaldatoria, porque en la visita del intendente, él había dicho que era falso, pero eso fue ratificado por el ente contralor”, añadió.

Cabe mencionar que todavía se desconoce si el dictamen de la Comisión será tratada este martes 10 de junio en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, puesto que esto es potestad de la Mesa Directiva. “Creo que es conveniente una intervención para poder dilucidar los temas, el que nada debe, nada teme”, ratificó.

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• Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).

El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.

En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.

“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.

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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.

“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.

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La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.

La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.

En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente

¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.

“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.