El Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), a través de la Dirección de Comunicación Social, dependiente del Ministerio de Defensa, reportó que hoy a las 18:00 aproximadamente en una zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú, una patrulla motorizada interceptó dos camionetas que raudamente se dieron a la fuga, comenzando a realizar varios disparos contra el personal militar.
Según un informe preliminar, el equipo de Fuerzas Especiales respondió al fuego de los ocupantes de uno de los vehículos, realizando igualmente disparos con sus armas reglamentarias. En la balacera, resultó herido el conductor de una de las camionetas de los criminales que quedó en el lugar de la escena.
El chofer herido fue derivado al hospital de Curuguaty. La otra camioneta no quedó a auxiliar a uno de sus cómplices, siendo perseguida por un equipo de las fuerzas especiales.
El informe igualmente señala que no se reportaron heridos entre el personal militar
EN DESARROLLO
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Recomiendan autorizar ingreso de militares al país
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Cámara de Senadores emitió un dictamen aconsejando la aprobación del ingreso temporal de efectivos militares de los Estados Unidos al país.
Durante el encuentro fue considerado el Mensaje Nº 382 del Poder Ejecutivo, remitido a través del Ministerio de Defensa Nacional, mediante el cual se solicita autorización para el ingreso temporal al país de 35 (treinta y cinco) efectivos militares.
Se trata de un contingente militar del Servicio de Sanidad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. La presencia de los mismos se enmarca en el Ejercicio de Entrenamiento de Preparación Médica denominado “AMISTAD 26”, a desarrollarse del 13 al 26 de junio de 2026.
Al término de la reunión, el abogado Humberto Fernández, director de la Comisión, informó que el órgano asesor resolvió recomendar la aprobación del ingreso temporal de tropas, cuyo tratamiento será analizado este miércoles en sesión ordinaria del Senado.
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Pedro Juan: sospechoso sobrevuelo de dron sobre penitenciaría movilizó a fuerzas de seguridad
El sobrevuelo de un dron en las cercanías de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero movilizó el fin de semana a policías y militares. El sospechoso avistamiento del objeto se produjo alrededor de las 21:00 del sábado, lo que generó una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.
El interventor de la penitenciaría, Cristian Ortiz, y el jefe de seguridad, Hugo González, comunicaron a la comisaría jurisdiccional que un dron estaba sobrevolando la zona cercana al establecimiento penitenciario.
A raíz de la denuncia, los agentes consultaron a personal técnico de los departamentos de Antinarcóticos e Investigaciones a fin de corroborar si el aparato les pertenecía. Sin embargo, ambas unidades descartaron que el aparato observado les perteneciera.
Ante esa situación, los efectivos policiales, con el apoyo de personal militar, procedieron a realizar recorridas en el perímetro que rodea a la penitenciaría con el objetivo de localizar el aparato electrónico además de ubicar a la persona responsable de operarlo.
Pero, a pesar de los intensos controles ejercidos durante la noche por las fuerzas de seguridad, no se pudo identificar al propietario ni ubicar el dispositivo.
No obstante, las autoridades siguen investigando para determinar quién o quiénes estarían detrás de esta situación, mientras se mantienen atentos ante cualquier novedad relacionada con el caso. El hecho fue comunicado al Ministerio Público a la par de reforzar la seguridad en la penitenciaría y alrededores.
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Bolivia: autorizan usar militares para desbloquear rutas cerradas por protestas
El presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, recibió este domingo luz verde del Congreso para utilizar al Ejército en el desbloqueo de carreteras controladas desde hace cinco semanas por manifestantes que exigen su renuncia.
Campesinos, mineros, transportistas y otros trabajadores mantienen protestas con bloqueo de rutas en todo el país ante el malestar por la peor crisis económica que sufre Bolivia en cuatro décadas.
Tras una sesión ininterrumpida de 15 horas que acabó en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la ley, ya antes avalada por el Senado, y la envió al presidente para su promulgación, explicó el jefe legislativo Roberto Castro.
Paz, en el poder desde hace seis meses, considera declarar el estado de excepción que le permitirá el uso extendido de la fuerza militar y restringir libertades de reunión y movilización, esenciales para las manifestaciones. Hasta ahora la participación de los militares ha sido muy limitada en uso de efectivos y desplazamiento de pertrechos, con la policía antimotines en primera línea en los operativos para despejar algunas vías.
Los bloqueos han provocado una grave escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz, sede de gobierno, y su vecina El Alto, y también afectan, aunque en menor medida, a Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste), entre otras regiones.
El sábado, policías antimotines lanzaron gases lacrimógenos contra campesinos que bloquean una estratégica ruta en el poblado de San Julián, en la próspera región de Santa Cruz (este), con saldo de seis policías y 14 civiles heridos. Los manifestantes bloquean rutas en al menos unos 80 puntos del país, con escombros, troncos y piedras, y se turnan en grupos para mantenerse apostados en el lugar.
Presunción de legalidad
Uno de los artículos de la ley aprobada señala que los uniformados, durante el estado de excepción, “gozarán de presunción de legalidad” y que el gobierno deberá asumir su defensa legal. Ese tema fue uno de los más debatidos.
“Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (...), estén dispuestos a protegernos”, dijo el diputado oficialista Carlos Alarcón.
Ese artículo permitirá despejar el temor de los militares a ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza en situaciones de conflicto. Un último antecedente es el caso de varios jefes castrenses de la expresidenta de derecha Jeanine Añez (2019-2020) que fueron enjuiciados y encarcelados por enfrentamientos con civiles tras la salida del poder del izquierdista Evo Morales, que dejaron más de 30 muertos.
Paz, de 58 años, ha reiterado llamados al diálogo, sin que hasta ahora haya sido acogido por las principales organizaciones que encabezan las protestas y que inicialmente pedían alza salarial y otras demandas sociales, y ahora su dimisión.
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En su cuenta en la red social X, Paz aseguró en la madrugada del domingo que La Paz y El Alto enfrentan “todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances concretos”, como la lenta distribución de carburantes. Las filas en las estaciones de servicio son enormes y conductores esperan desde la anterior semana comprar gasolina y diésel. Muchos duermen al interior de sus automotores.
El gobierno boliviano, que ha recibido el apoyo contundente de Estados Unidos y mandatarios conservadores de la región, ha culpado de las protestas a Morales, quien gobernó de 2006 a 2019. El líder indígena ha negado las acusaciones y se mantiene aislado en su feudo cocalero del Chapare, centro del país, de una orden de captura por un caso de trata de menor que él niega.
Fuente: AFP
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Codi continúa operaciones para rastrear a secuestradores de Almir
El general Alberto Rufino Gaona, comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), detalló que las fuerzas de operaciones siguen con los operativos para dar con los integrantes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), tras la liberación del productor sojero Almir de Brum, el pasado jueves en la zona de la reserva Morombí, en Curuguaty (Canindeyú).
“El Codi con sus elementos tácticos está realizando operaciones en el sector de la reserva Morombí de tal manera a confirmar o dejar sin efecto informaciones que se están manejando en relación a este grupo criminal”, explicó Gaona ayer, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
NI CONFIRMAR NI DESCARTAR
Señaló que, hasta el momento, no se puede descartar ni confirmar cualquier tipo de información teniendo en cuenta que se trata de un hecho reciente y seguirán trabajando para dilucidar cómo se dio la liberación del productor.
“Es algo nuevo todavía que no podemos estar manipulando de manera pública en cierta forma y trabajando siempre con el Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional. Hay información que sí disponen de armamento como en otras ocasiones, es un grupo criminal terrorista”, detalló.
Sobre las informaciones de que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el Codi y los grupos que realizaban el operativo de búsqueda de Almir, hayan acorralado al grupo criminal, el general Gaona indicó que es una de las hipótesis. “Se maneja esa probabilidad, de hecho, nosotros últimamente estábamos saturando con equipos de fuerzas especiales la reserva de Morombí y también la reserva de Mbaracayú”, detalló.
De acuerdo con las informaciones proveídas por el padre de Almir, Valdimir de Brum, el productor habría escapado de sus captores y deambuló varios días hasta llegar al lugar donde fue encontrado, esta es una de las hipótesis que se maneja.
La segunda es que se haya liberado al productor con todos los operativos que se estaban realizando en la zona, de acuerdo al reporte de Juan Alcaraz, corresponsal en Saltos del Guairá. Reportó además que desde tempranas horas se puede observar una presencia masiva de las fuerzas de seguridad en un trabajo bastante sigiloso que se está realizando y con sobrevuelo de helicópteros con el objetivo de “saturar la zona” para dar con los miembros del grupo criminal.