Durante la madrugada de este lunes, en el marco de varios operativos de controles realizados en el Alto Paraná, Canindeyú y Central, fueron detenidos varios vehículos en los cuales se trasportaban importantes cargas de tomates sin las documentaciones que las respaldarían.
Agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) procedieron a la incautación de dos furgonetas en la zona de Jasykañy, en el departamento de Canindeyú, las cuales tenían más de 186 cajas de tomate. Si bien supuestamente serían de producción de nacional, los documentos con los que contaban no correspondían a la carga.
Así también, se incautó de un camión de carga en la zona de Itá Pyta Punta, que trasportaba varios kilos de tomate en bolsas que también serían de contrabando. Hasta el momento, los intervinientes se encuentran realizando el pesaje de las mercaderías, pero en total toda la carga incautada en los diferentes operativos orillarían las 50 toneladas.
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Los intervinientes explicaron, en conversación con el canal GEN, que el destino final de estos camiones sería el Mercado de Abasto, donde los tomates son mezclados con productos nacionales y así son introducidos dentro del circuito comercial legal.
Remarcaron que estos productos llegan en diferentes presentaciones, algunos en bolsas, sin ninguna denominación, otros en cajas de madera y otros en cajas de cartón, por lo que, asumen que la gran mayoría ingresaría a través de Ciudad del Este, en la frontera con Brasil.
En cuanto a los permisos de exportación, recordaron que actualmente no están siendo emitidos los mismos, por lo cual, toda carga que es encontrada en estas condiciones indefectiblemente es de contrabando y es procedida a ser incautada.
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Con allanamientos simultáneos logran desmantelar red de distribución de droga en MRA
Dos allanamientos simultáneos se llevaron a cabo en un complejo habitacional ubicado en el barrio San Blas, de Mariano Roque Alonso, por el equipo de agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Gracias a esta intervención se logró la desarticulación de una red de distribución de droga que operaba en la zona.
Resultaron detenidas dos personas identificadas como Rosa Raquel Peña y Jorge Gabriel Castillo González, quienes serían los responsables directos de la distribución y venta de droga a varios focos de consumo y microtráfico en la mencionada ciudad y zonas aledañas.
Durante los allanamientos se logró también la incautación de un total de 108,6 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en al menos 80 dosis listas para la venta, dinero en efectivo en diferentes denominaciones, que serían producto de la comercialización de estupefacientes, varios aparatos celulares desde los cuales se coordinarían las entregas y un arma de fuego de fabricación casera con cartuchos de calibre 7.62 mm.
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Los intervinientes manifestaron que estos procedimientos se dieron gracias a las múltiples denuncias vecinales, ya que los inmuebles estaban en una zona residencial de alta densidad poblacional, generando un entorno de inseguridad, especialmente para niños, adolescentes y familias del complejo.
Este tipo de operativos se lleva adelante por la Senad en el marco del Plan de Acción contra el Abuso de Drogas – SUMAR, con el cual se busca anular los focos de venta de droga y controlar la delincuencia en todo el país, ejerciendo un trabajo continuo y certero desde diferentes entidades.
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Concejal pide auditoría externa ante serias irregularidades de intendenta de Roque Alonso
El concejal colorado, Edgar Martínez, sostuvo que debido al hallazgo de serias irregularidades por parte de la Contraloría General de la República a la gestión de la intendenta de Mariano Roque Alonso, amerita una auditoría externa.
Es necesario que la Junta Municipal de Mariano Roque Alonso, analice a fondo el informe de la Contraloría a la gestión de la intendenta liberal Carolina Aranda, remarcó Martínez.
El edil sugiere que la situación es tan grave que amerita una auditoría independiente sobre el uso de los fondos públicos en la administración actual.
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Martínez se refirió al último informe de la Contraloría que se hizo público, y que confirma serias irregularidades en la administración de la intendenta Aranda. Indicó que el ente contralor ha detectado que la administración ha realizado millonarios pagos sin respaldo durante los años de pandemia y gastos comunales con serias inconsistencias documentales.
Al respecto, señaló que este informe confirma lo que hace años ha venido denunciando, que son los manejos irregulares y falta de transparencia, por parte de la jefa comunal.
Martínez recordó que ha sido el único miembro de la Junta Municipal que ha votado en contra de todos los balances de gestión presentados por la jefa comunal durante este periodo. Afirmó que su postura se fundamenta en la sistemática negativa del ejecutivo municipal de remitir la documentación requerida para un análisis serio y responsable.
“En todos estos años fui el único concejal que se opuso a los balances de gastos e inversiones, porque se trataban de forma acelerada sin el tiempo necesario para un análisis serio y tampoco teníamos la documentación que avalaba dichos gastos e inversiones”, manifestó.
Millonarios servicios de sepelios
El concejal Martínez mencionó que de acuerdo al informe de la Contraloría, la Municipalidad de Roque Alonso pagó entre G. 3 millones y G. 28 millones por cada servicio de sepelio durante la emergencia sanitaria. Explicó que estos servicios se contrataron sin hacer licitaciones y recurriendo a contratos abiertos que carecen de justificación legal.
Para el concejal Martínez, estos pagos constituyen un claro ejemplo de despilfarro y abuso de recursos en un contexto donde la transparencia debía ser prioridad.
Agregó que también la CGR detectó un manejo irregular de más de G. 5.000 millones en rubros esenciales como combustibles, papelería, kits escolares e insumos, todos ellos sin los debidos documentos respaldatorios.
Ante estas evidencias, el concejal cuestionó también el desorden administrativo de la gestión Aranda, señalando que, pese a múltiples pedidos formales, nunca se ha entregado la documentación completa, ordenada y verificable para su análisis.
“No podemos aprobar un balance cuando no sabemos con certeza cómo se utilizó el dinero de los contribuyentes. La rendición de cuentas no puede ser una formalidad vacía y los requerimientos documentales que exigimos los concejales no deben ser sometidos a criterios políticos para responder o no. Somos contralores y esa es nuestra función principal”, agregó.
Finalmente, instó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a exigir rendición de cuentas, señalando que “Mariano Roque Alonso necesita autoridades comprometidas con la eficiencia y la transparencia”, concluyó.
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El contrabando y economía paralela siguen siendo las principales amenazas al comercio formal
Respecto al informe de Economía Subterránea 2024, el presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, expuso que el mismo deja en evidencia las debilidades que enfrenta Paraguay en la lucha contra el contrabando y otras prácticas ilegales que afectan al comercio formal.
Para el empresario, lo más relevante de la edición 2024 es el cambio en la metodología, que permite por primera vez comparar la situación local con la de los países vecinos.
“Eso es lo más rico de esta edición, el poder tener visualizado cómo estamos en comparación con nuestros vecinos. Nos da la sensación de que se han hecho algunas cosas, pero que todavía hay mucho por hacer”, aseguró a La Nación/Nación Media y acotó que la vulnerabilidad de las fronteras sigue siendo uno de los mayores desafíos.
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Dijo que, aunque los países vecinos presentan porcentajes menores de economía subterránea, el volumen de sus economías es tan grande que las cifras absolutas son muy significativas y terminan impactando en el mercado paraguayo.
El titular del CIP hizo hincapié en que el contrabando y la subvaloración aduanera son dos de los principales problemas que afectan al sector importador. Por eso, insistió en la necesidad de que los gremios y el gobierno trabajen juntos para descomponer los datos del informe y así poder atacar cada problema por separado.
“La única forma de accionar y empezar a generar resultados diferentes sería tratar de tener alguna manera de medir los porcentajes de los que se compone la economía subterránea e ir atacando uno por uno cada uno de ellos”, afirmó.
En el análisis de Dumot, el informe señala claramente dos frentes que el Estado debe abordar de manera decidida: la informalidad, que requiere medidas desde el ámbito fiscal, y la ilegalidad, que debe ser combatida desde el área de seguridad. Ambos frentes, dijo, no solo afectan a las empresas formales, sino que también tienen un impacto directo en la recaudación y en las arcas públicas, lo que limita los recursos disponibles para el desarrollo.
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Dumot reconoció que el año pasado se logró una reducción importante en los niveles de contrabando, gracias sobre todo a la caída del contrabando proveniente de Argentina, en un contexto de restricciones y crisis en ese país. Sin embargo, advirtió que “los niveles que se lograron disminuir el año pasado no van a ser fáciles de sostener este año”, por lo que será necesario crear nuevas herramientas y estrategias para mantener el avance.
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Cliente, que fue una de las víctimas en violento asalto a despensa, relató lo sucedido
Dos desconocidos ingresaron a una despensa en la ciudad de Mariano Roque Alonso y, a punta de un arma de fuego, amenazaron a la propietaria del lugar y a uno de los clientes que se encontraba en el lugar, a quien mantuvieron con la cabeza apretada contra el mostrador y siendo apuntado con el arma durante varios minutos.
En imágenes de circuito cerrado se puede observar cómo los dos sujetos ingresan al lugar utilizando gorras, capuchas y tapabocas e inmediatamente dan la voz de asalto, sin dar tiempo de reaccionar ni a la propietaria que se encontraba en la caja ni al cliente que estaba en el sitio.
Mientras que la mujer desesperada intenta darle todo el dinero que tenía en la caja registradora, uno de los hombres sujeta con fuerza la cabeza del cliente contra el mostrador y le apunta a la cabeza con el arma de fuego que tenía en su poder; por su parte, el segundo asaltante abría una mochila para introducir todo el dinero. En total se llevaron 7.000.000 de guaraníes en efectivo.
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“Fue un momento muy difícil, nunca pasé por algo así en mi vida. Antes del asalto yo estaba pensando en un trabajo que estaba realizando y en ultimar los detalles del mismo y al siguiente segundo ya estaba en esa situación; lo único que pude hacer fue quedarme quieto, y que suceda lo que tenga que suceder”, relató Agustín Martínez, el cliente que se encontraba en ese momento en el lugar, en conversación con Telefuturo.
El hombre comentó que para hacer su compra no bajó su billetera del auto y que uno de los sujetos le preguntó en varias ocasiones por la misma y que tras revisar sus bolsillos se percataron de que efectivamente no tenía nada en su poder más que el dinero que le había entregado a la dueña del lugar.
“Yo creo que porque no me moví no me hicieron nada, porque a lo mejor si me resistía iba a ser peor, me hubieran hecho algo, me hubieran golpeado o algo peor. Uno piensa cuándo va a terminar esto y el tipo cada vez pedía más dinero y que nos apuremos. Después, cuando me subí a mi auto, luego de todo esto, ahí me puse a pensar y a dimensionar lo que pasó”, remarcó Agustín Martínez.
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