Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel Junghanns y Gustavo Santander Dans, se trasladaron este jueves hasta Pedro Juan Caballero, donde desarrollaron una agenda de trabajo en el Palacio de Justicia local.

La visita de los ministros superintendentes de la Circunscripción Judicial de Amambay se enmarcan en los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2026-2030, orientados a descentralizar y mejorar el servicio de justicia en todo el territorio nacional, explicaron.

Las altas autoridades, en primer lugar se reunieron con el Consejo de Administración local, que informó sobre la gestión administrativa y jurisdiccional, así como sobre las propuestas de fortalecimiento para optimizar la labor institucional.

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A continuación, Diesel y Santander presidieron el acto de juramento de ley de 11 nuevos profesionales del derecho en el salón de Juicios Orales del Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero.

Y para finalizar, las autoridades judiciales asistieron a la apertura del diplomado en el área especializada de la Niñez y la Adolescencia, cuya disertación estuvo a cargo de la doctora Bettina Ovando, jueza de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de la Capital.

Durante el acto, la magistrada abordó los principios de la jurisdicción especializada de dicho fuero. Participaron de manera presencial magistrados y funcionarios.

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Luego de que se descubrió el cuerpo sin vida de María Celeste Segovia en la ciudad de Nueva Italia, departamento Central, se logró la detención de su pareja, quien sería presunto autor del crimen, pero este negó rotundamente su participación en el hecho. La mujer presentaba una herida a la altura de cuello y se presume que fue asesinada porque estaba embarazada.

Según el reporte policial, este miércoles se logró la detención de Facundo Mauricio Balbuena Villasboa, de 19 años, quien sería última pareja de la víctima fatal. El mismo se entregó a las autoridades luego de que se encontró el cuerpo de la víctima, de 29 años, en un terreno baldío.

"Yo no fui porque yo estaba en mi casa cuando pasó. No sé, no sabría quién fue. Hace dos semanas la ví por última vez en mi casa, estábamos compartiendo. La conozco hace tiempo ya porque ella es amiga de mi familia. Me entregué por disposición Fiscal“, expresó Balbuena, en entrevista con NPY.

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Afirmó que sí mantuvo una relación con María Celest desde octubre del año pasado, pero que la última vez que la vio fue hace 15 días cuando visitó la vivienda familiar, donde el principal sospechoso guarda prisión domiciliaria. El joven tienen antecedentes penales por lesión grave y guardaba medidas sustitutivas a la prisión.

La detención de Balbuena se realizó durante la noche de ayer martes y los investigadores afirman que sería supuesta pareja ocasional de la fallecida. Además, cuenta con numerosos elementos que indican que podría tratarse de un feminicidio. Entre ellos, que la mujer aparentemente estaba embarazada del joven.

La vivienda en la que residía el ahora detenido queda a cuatro cuadras aproximadamente del lugar donde fue encontrado el cadáver. El cuerpo de María Celeste Segovia fue hallado el martes alrededor de las 18:00 en una zona boscosa de la compañía Itá Ybate’i de esa comunidad.

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Una jueza de Ecuador fue asesinada a tiros cerca de la frontera con Perú en medio de un estado de excepción declarado por el gobierno en su lucha contra el crimen organizado, informaron autoridades ayer martes. La violencia no cede pese a las políticas de mano dura impuestas por el presidente Daniel Noboa como estados de excepción, toques de queda nocturnos y el despliegue permanente de militares en las calles.

Lady Pachar, de 41 años, fue baleada el lunes por dos sicarios en motocicleta en la ciudad de Machala (suroeste), cuando se movilizaba en un vehículo sin sus dos guardaespaldas, según la policía. Una fuente policial dijo el martes a la AFP que la jueza, quien había recibido amenazas en 2025, fue asesinada al parecer en represalia por la liberación de miembros de una banda.

Ana María Jaramillo, secretaria de la Comisión Académica del Colegio de Abogados de El Oro, aseguró que los jueces y fiscales quedan en riesgo cuando el gobierno revela las identidades de aquellos que considera corruptos o indulgentes con los criminales. Que “no sea irresponsable en dejar en evidencia a los jueces y juezas que administran justicia, sino que más bien les de la protección necesaria y suficiente para que puedan actuar con imparcialidad”, añadió.

Machala es capital de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, el segundo país con más narcocultivos del mundo después de Colombia. Vecino de ambas naciones, Ecuador se ha convertido en el centro de operaciones de bandas criminales que sacan la droga por el Pacífico y se lucran internamente de otros delitos como la extorsión.

Con el respaldo del gobierno de Donald Trump, Noboa intenta frenar la violencia desde que llegó al poder en 2023. Pero las organizaciones criminales han convertido a Ecuador en el país más violento de Suramérica con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según Insight Crime. El Oro, con más de 700.000 habitantes, registró 720 homicidios el año pasado, según Jaramillo.

Fuente: AFP.

Este domingo 10 de mayo se cumplieron 4 años de cuando un grupo de sicarios asesinó al fiscal paraguayo, especializado en lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, en Colombia. En la víspera se dio a conocer respecto a una reunión reservada que se concretó en el mes de marzo pasado en la ciudad de Panamá, entre los investigadores de Colombia y Paraguay; la cual arrojó expectativas muy favorables y datos relevantes que por ahora no pueden revelar, pero que permiten confirmar avances en autoría intelectual.

El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán confirmó que las últimas novedades que están dando seguimiento tienen que ver con los rastros de fuentes financieras.

Mencionó que se decidió mantener una reunión reservada del Equipo Conjunto de Investigación Paraguay - Colombia, bajo el auspicio del Programa Global para la Disrupción de Redes Criminales de las Naciones Unidas. En ese periodo, exploraron aspectos dejados de lado a lo largo de la investigación en el territorio colombiando, debido a que tenían planes operativos diferentes a los de Paraguay.

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Consultado acerca de los autores intelectuales, aseguró que se está avanzando de manera muy positiva en ese aspecto. En cuanto a la hipótesis de que la orden de matar a Pecci salió de Paraguay, el fiscal contestó: “Es una variable positiva, es una variable lógica y que está siendo barajada por la Fiscalía desde el suceso del homicidio de Marcelo”.

Cabe señalar que el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, en la playa de la Isla de Barú, cerca de Cartagena. Aquel 10 de mayo del 2022, debía ser una fecha de gratos recuerdos para la pareja que recientemente había contraído matrimonio y aguardaron hasta esa fecha para dar a conocer sobre el embarazo y la espera de su hijo Marcelito, el cual se dio apenas horas antes de que se cometiera el crimen.

En estos 4 años, las autoridades colombianas identificaron a un grupo de autores materiales compuesto por al menos siete personas vinculadas directamente a la planificación y ejecución del crimen. Hasta la fecha, la causa sigue abierta ya que continúa la búsqueda de quienes ordenaron el asesinato del fiscal paraguayo, el cual está teniendo avances positivos.

La Justicia colombiana actuó con cierta celeridad respecto a la estructura operativa, logrando en corto tiempo la captura de los principales involucrados que fueron identificados. De los cuales, varios de ellos ya se encuentran con condena firme y ejecutada, que son:

• Wendre Still Scott (sicario): condenado a más de 23 años de prisión.
• Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve (marcadores): madre e hijo que siguieron los pasos de la pareja durante su luna de miel en Colombia; condenados a 23 años y 6 meses.
• Everson Zabaleta (logística): encargado del transporte, condenado a la misma pena.
• Los Hermanos Pérez Hoyos (financiadores): Ramón y Andrés Emilio Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión por planificar y pagar por el asesinato.
• Margareth Lizeth Chacón: condenada a 39 años de cárcel por ser la coordinadora logística y facilitar el vehículo para el crimen.
• Francisco Correa Galeano (articulador): testigo clave de la fiscalía colombiana. Inicialmente condenado a una pena menor (6 años y medio) tras un acuerdo de colaboración.

Es importante señalar, que este último, Correa Galeano habría fallecido en una cárcel de Bogotá en enero del año pasado, en circunstancias que aún son objeto de investigación.

A cuatro años del crimen, el principal interrogante sigue siendo quién o quiénes dieron la orden desde la cima de la pirámide criminal. Existen varias hipótesis que los investigadores siguen rastreando y que todo apunta a una presunta red o estructura transnacional, vinculada al crimen organizado. Presumen que las acciones que llevó adelante el fiscal Marcelo Pecci en el caso A Ultranza Py habrían generado molestias en la cúpula criminal.

En ese marco, se ha mencionado que figuras como Miguel Insfrán (alias “Tío Rico”) y el uruguayo Sebastián Marset, hoy capturado y extraditado a los Estados Unidos, aguarda el avance del proceso judicial en su contra. Al respecto, el fiscal Manuel Doldán señaló que están aguardando que las autoridades judiciales de Virginia, Estados Unidos, bajen el “recelo judicial”, y puedan compartir información sobre el caso.

Cabe resaltar que las investigaciones siguen abiertas, a cargo de Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que se constituyó el 21 de octubre de 2024, tras la firma de un acuerdo entre Paraguay y Colombia para agilizar el intercambio de pruebas sin burocracia, lo que ha permitido analizar dispositivos móviles y documentos financieros de manera directa.

A la par, el Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene una colaboración activa, procesando información de dispositivos electrónicos entregados por la familia para rastrear flujos de dinero y comunicaciones de redes criminales internacionales.

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