Este lunes, la Policía Nacional desarrolló un allanamiento en la ciudad de Areguá en donde lograron detener a tres personas en el marco del “Operativo Morfeo”. De esta forma desbarataron una red de estafa que ofrecía la construcción de viviendas a precio más accesible, pero nunca terminaban la obra y en algunos caso ni iniciaban. Se tienen denuncias de más de 30 víctimas en diferentes puntos del país.

Según el comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional, se trató de una exhaustiva investigación por varias denuncias de estafas y otros hechos punibles. En una de las unidades fiscales se tienen 12 denuncias contra esta constructora, pero se tienen contabilizadas un total de 30 en distintos puntos del país. Durante el procedimiento detuvieron a tres personas y se recogieron varias evidencias.

“Ofrecían la construcción de la vivienda propia, especialmente para aquellos que tienen terrenos. La oferta es la más accesible dentro del mercado y ese sería el gancho principal, además, daban un contrato correspondiente, pero nunca terminaban la obra o ni siquiera iniciaban”, manifestó el jefe policial en entrevista con el programa “Tardes de Perros”, de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Aclaró que dentro de la investigación ya fueron individualizadas cuatro personas, de las cuales tres fueron detenidas. “Una de las personas sigue prófuga, pero habrían más personas que colaboran con este grupo. Las investigaciones del caso siguen y se espera que haya más detenidos”, apuntó.

Afirmó que las propuestas son lanzadas en redes sociales y que hay todo un esquema detrás, una personas que se encarga de publicar las propuestas con fotos y planos. Otro recibe las llamadas y luego está el que se reúne con las personas en la escribanía para firmar el contrato. “Hay una empresa constituida legalmente, pero son de maletín. Estos solicitaban una entrega para iniciar la obra”, puntualizó.

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• Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos: Archivo/Gentileza

“Los documentos fechados en el siglo XVI escritos en el Nuevo Mundo se han vuelto poco comunes y muy buscados”, ofertaba la página web de una librería de textos antiguos de Nueva York que lo puso a la venta. Una alerta movilizó al Archivo Nacional a recuperarlo. Es importante para entender la brutal aplicación del régimen esclavista de la encomienda, cómo se peleaban los conquistadores por lotes de indígenas para ser explotados en sus tierras, ayudando a derribar el mito romántico de la conquista. Aquí la historia de su recuperación.

“Ay y a avido gran deshorden y descuido en los encomenderos en la doctrina y enseñamyento de los naturales a ellos encomendados y en les poner en policia como eran y son obligados por lo qual la mayor parte de los yndios se an muerto sin conffision ni baptismo y se an servido dellos con gran cargo de sus conciencias”, describe Hernando Arias de Saavedra.

Hernandarias, como era conocido popularmente, señala la falta al deber de la enseñanza religiosa a los indios como uno de los elementos para fundamentar su ordenanza en la que dicta algunas normas que regulan el ejercicio de la encomienda en el Paraguay antiguo.

Firma el documento “en la ciudad de la Asumpcion cabeça de esta dicha governacion y en las demas destas provincias” y lo fecha el 12 de diciembre de 1598.

Se trata de un manuscrito de 14 páginas que apareció a la venta a un precio de 28.500 dólares en la página web de Martayan Lan, una tienda de libros antiguos de Nueva York, Estados Unidos.

Así define a la encomienda el texto de la oferta de la librería: “El eje central del sistema colonial español en Sudamérica fue la encomienda, en la cual un número fijo de indígenas era asignado a conquistadores o soldados como recompensa por sus servicios. Estos pueblos indígenas estaban obligados a pagar tributo a sus amos, con un porcentaje reservado para la Corona. Las proclamas de Hernandarias de 1598, contenidas en el presente documento, muestran un avance significativo, aunque gradual, respecto a las duras condiciones del sistema de encomiendas”.

Vicente Arrúa, director del Archivo Nacional, recibió una alerta anónima sobre el particular: “Lo revisamos y nos dimos con que era un documento de fines del siglo XVI porque tenía la foliación de ese momento”, cuenta.

Según entiende, “el documento pudo haber sido sustraído después de la guerra contra la Triple Alianza a partir de 1870. Y también teníamos un dato de que el documento se había consultado, porque se publica en un trabajo de investigación, en 1905, y fue la última vez que se lo revisó. Entonces, en nuestro rango, el tiempo en que pudo haber desaparecido era entre 1870 y la primera década del siglo XX”.

En diciembre del año pasado decidieron consultar a Guillaume Candela, historiador francés especialista en el Paraguay antiguo, que determinó que era un acta de Cabildo y que debió pertenecer al Archivo Nacional.

En contacto con La Nación/Nación Media desde Southampton, Inglaterra, Candela manifiesta su “profunda satisfacción y enorme alegría por haber contribuido a la recuperación y repatriación de este manuscrito al Archivo Nacional de Asunción”.

Respecto a cómo habría llegado este documento a Nueva York, este historiador de la Universidad de Cardiff entiende que “podemos plantear varias hipótesis. Una de ellas sería la extracción del documento por el expresidente Manuel Gondra (1871-1927), quien según esta fuente donó a la Universidad de Texas su colección, que contaba con más de 7.283 libros, 2.633 panfletos, más de 20.000 páginas de manuscritos y 270 mapas.

La colección Manuel Gondra se encuentra hoy en día en la Benson Collection de la Universidad de Texas en la ciudad de Austin, EE. UU. Lo que nos llama más la atención son estas 20.000 páginas de manuscritos. ¿De dónde proceden? ¿Del Archivo Nacional? Esta hipótesis resulta plausible considerando el buen estado de conservación del documento y el análisis realizado a principios del siglo XX. No obstante, no debemos descartar la posibilidad de un robo en épocas posteriores”, considera el especialista.

“Espero que algún día podamos acceder a los resultados de la investigación de la fiscalía de Manhattan para obtener información adicional que nos ayude a reconstruir la trayectoria de esta ordenanza promulgada por el gobernador Hernando Arias de Saavedra”, dice.

A partir de esa clarificación surgió el reclamo diplomático a la ciudad de Nueva York, que dio intervención a los fiscales de Manhattan, que procedieron a la incautación del mismo. “Estoy encantado de que, por primera vez, podamos devolver un objeto robado al pueblo de Paraguay”, indicó el fiscal neoyorquino Alvin Bragg al momento del procedimiento.

Arrúa describe como “fundamental” la importancia de estas 14 páginas que regresarían en el transcurso del año al país desde Nueva York.

“Hernandarias fue la primera persona nacida en América en convertirse en gobernador de una colonia europea en el Nuevo Mundo”, apuntaba Martayan Lan en el texto de presentación de la oferta. Agregaba que “si bien la burocracia del sistema colonial español produjo una gran cantidad de documentación manuscrita, los documentos fechados en el siglo XVI escritos en el Nuevo Mundo se han vuelto poco comunes y muy buscados”.

El director del Archivo Nacional recuerda que el texto “tiene que ver con el tema de las encomiendas y habla de las consecuencias de los maltratos hacia la población indígena por parte de los conquistadores. Es una documentación que, sumada a otra existente en el Archivo, ayuda a controvertir el mito de la conquista romántica, que sigue aún vigente hoy, que se sigue incluso enseñando en los colegios”, apunta.

Entiende entonces que ofrecer el texto a investigadores y estudiantes “va a servir fundamentalmente para nuevos abordajes historiográficos que van a dar mayor conocimiento sobre estos periodos”.

La idea, según expuso, es que “una vez que recibamos el documento vamos a ver su estado, haremos algunas intervenciones de conservación preventiva para estabilizarlo”, anticipa. “Aparentemente está en buen estado de conservación, vamos a digitalizarlo y reinsertarlo, si conviene, en el mismo volumen en el cual tenía que haber estado”, describe.

“Por supuesto, pretendemos hacer una exposición de este documento junto con otros que tenemos que hablan justamente del tema del trato al indígena, de las relaciones con los conquistadores y los conflictos que existían entre ellos. Este acceso lo haríamos tanto para consultar el material físico, atendiendo a ciertas normas para evitar su deterioro, y para una consulta masiva estará accesible en nuestra plataforma web”, indica.

Vicente Arrúa, director del Archivo Nacional, recuerda la difícil historia de la institución: “La guerra contra la Triple Alianza marca a la sociedad paraguaya también en el sentido administrativo, el Archivo se traslada de Asunción a Luque en 1868 y luego a Piribebuy, donde cae en poder del Ejército aliado y ahí se producen saqueos. Tanto la documentación, que es llevada al Brasil y recién es devuelta en la década de los 80 del siglo XX, pero también se producen saqueos, robos de documentos que hasta hoy día nosotros no podemos tener una dimensión”, relata.

El desorden de la posguerra, fines del siglo XIX e inicios del XX permitió también otras pérdidas que todavía se siguen analizando. “Nosotros estamos realmente monitoreando muchas veces páginas webs en donde se ofertan antigüedades. Esta es la segunda vez que se logra una recuperación de documentos sustraídos del Archivo, ya que hace unos años también se rescató un grupo de documentos que estaban siendo ofertados en el Reino Unido”, comenta.

Dice el historiador Candela que “a través de estas 14 páginas, el lector puede transportarse a la Asunción de 1598 y descubrir cuáles eran las cuestiones más relevantes y apremiantes de aquel momento histórico”.

Destaca a su vez que “en 1598, Buenos Aires continuaba siendo únicamente un puerto anexo a la ciudad de Trinidad, aun después de 18 años desde su segunda fundación. Por ello, resulta fundamental recalcar la relevancia de este archivo para toda la región (Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay). Si se pretende estudiar el Río de la Plata de los siglos XVI-XVII, el Archivo Nacional de Asunción es imprescindible, puesto que numerosos documentos y papeles debían llegar al centro administrativo y de gobierno de toda la región, que era Asunción”.

En el texto de presentación de la oferta, la librería neoyorquina Martayan Lan expone respecto al contenido del manuscrito de Hernandarias (1561-1634): “Las regulaciones 5, 6 y 8 prohíben el traslado forzoso de indígenas de una encomienda a otra sin permiso del gobernador; las regulaciones 10, 11 y 12 prohíben el maltrato generalizado a los indígenas, la interferencia con sus costumbres de pesca y caza, la disolución inhumana de familias, etc. Sin embargo, no todas las ordenanzas fueron tan clementes: la n.° 18 restringe el derecho de los indígenas a migrar o viajar”, apunta.

Para Candela, el gobernador “retoma las numerosas alertas lanzadas 42 años atrás por el cura Martín González. Sigue describiendo un Paraguay colonial temprano violento para con los pueblos originarios y una sociedad sumida en el desorden, en la cual los conquistadores incumplían sistemáticamente las normas. Hernandarias señala que la implementación del sistema de encomienda por parte del gobernador Domingo Martínez de Irala en 1556 resultó desastrosa, puesto que los títulos de encomienda nunca fueron transmitidos ni, por consiguiente, reconocidos por el Consejo de Indias y el rey Felipe II, lo que generó una situación incontrolable”.

Así, los encomenderos se disputaban la propiedad de contingentes enteros de indígenas, de cientos y hasta miles de personas.

Sigue narrando Candela: “Los sucesores de Martínez de Irala podían otorgar las mismas encomiendas a otros españoles y mestizos, declarándolas a la Corona y modificando los propietarios. Como pueden imaginar, este caos legal surgido a partir de 1556 no solo representaba un grave problema para los españoles y mestizos residentes de Asunción, que se veían despojados de sus recompensas, sino que perjudicaba aún más a los nativos encomendados, obligados a trabajar en las casas, chacras, estancias y ranchos de estos encomenderos, siendo frecuentemente trasladados de manera forzosa de una casa a otra y maltratados por las diferentes familias de encomenderos”.

Candela explica que la ordenanza en cuestión “no contempla la abolición del sistema de encomienda en el Paraguay ni en el Río de la Plata colonial. Quisiera enfatizar que nunca fue eliminado como lo evidencian diversos documentos del Archivo Nacional: por ejemplo, una visita realizada entre 1790 y 1791 a las encomiendas de indios de los pueblos de Ypané, Guarambaré, Itá, Yaguarón, Atyrá, Tobatí y Altos, ejecutada por el gobernador Joaquín de Alós; o un documento redactado por Juan de la Cruz Cáceres en el pueblo de Caazapá el 24 de enero de 1794, referente a Gregoria Tacurarí y sus dos maridos, originarios de dos pueblos de encomienda diferentes”, apunta.

Algún efecto parece haber tenido, ya que desde comienzos del siglo XVII la economía paraguaya se sustentó en la encomienda. La extracción y el laboreo de la yerba mate, y más tarde el del tabaco, recayeron pesadamente sobre los indios guaraníes y sus pueblos.

Candela venía investigando sobre los pueblos indígenas esclavizados en Estados Unidos y América en general, línea que continuará esta vez liderando “un proyecto financiado por el Consejo de Investigación en Artes y Humanidades (AHRC) del Reino Unido sobre la esclavitud y el trabajo forzado de los pueblos indígenas, africanos y afroparaguayos en el Paraguay colonial. Este implementará herramientas de inteligencia artificial, está en fase final de diseño y próximamente será sometido a evaluación. Esta ordenanza de Hernandarias tendrá un lugar destacado dentro del corpus documental que estoy constituyendo para la buena realización del mismo”, anticipó.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

El Ministerio de Desarrollo Social entregó hoy 1.435 tarjetas de débito Tekopora Mbarete a familias de Alto Paraná, en dos actos realizados en Hernandarias y en Santa Rita.

Para el efecto, el ministro Tadeo Roja se trasladó al departamento y acompañado del gobernador César Orlando Torres y de los intendentes, procedió a la entrega de las tarjetas.

Informó que el programa protege a 15.006 familias del departamento y eso representa una inyección mensual de más del 3.300 millones de guaraníes (G. 3.322.750.000).

A las 09:30 se realizó la entrega en el auditorio municipal de Hernandarias, mientras que a las 14:30 fueron entregadas las tarjetas de débito en la Municipalidad de Santa Rita, según informaron desde el MDS y el gobierno regional.

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Para el ministro Tadeo Rojas, las actividades de hoy se resumen en “más protección social a familias de Alto Paraná”. Las entregas se centralizaron en Hernandarias, para familias de Ciudad del Este y de municipios del norte, y en Santa Rita para pobladores de comunidades del sur.

“No solo entregamos tarjetas: entregamos dignidad, fortalecimos el tejido social y reafirmamos nuestro compromiso con un Alto Paraná mejor para todos”, dijo a su vez el ingeniero César Torres, titular del ejecutivo regional.

Tanto el ministro de Desarrollo Social como el gobernador, aprovecharon para verificar el servicio de almuerzo escolar de la Escuela Básica No. 1295 “Virgen del Rosario”, y a la vez degustaron el alimento con los escolares.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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