Pedro Juan Caballero. Emerson Dutra, corresponsal.
Dos presuntos casos de sicariato se reportaron hoy en Pedro Juan Caballero. El primer sangriento suceso se registró a tempranas horas de este miércoles al costado de un camino vecinal de la fracción Parques del Sur de la capital de Amambay. En el sitio fue ejecutado a tiros un hombre que aún no se pudo identificar por carecer de documentos personales.
De acuerdo a los informes, transeúntes que circulaban circunstancialmente por el lugar divisaron el cuerpo sin vida de una persona arrojada en el camino y avisaron de inmediato a la Policía. “Recibió tres heridas de bala, dos en la cabeza y uno en el brazo”, señaló el doctor Marcos Prieto, médico forense del Ministerio Público. Hasta el momento, los uniformados desconocen el móvil del crimen.
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Acribillado
El otro homicidio se registró aproximadamente a las 10:00 frente a una casa comercial que se dedica a la venta de cigarrillos electrónicos, ubicada en la línea internacional, en el barrio María Victoria. Datos revelan que el brasileño Marcelo Batista Chávez (39) llegó al sitio a bordo de su vehículo, con la finalidad de realizar transacciones comerciales cuando fue atacado a tiros por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta.
Los matones a “sueldo” dispararon a mansalva contra la humanidad del extranjero. “Recibió varios impactos de bala, la mayoría de ellos en la cabeza”, reveló el agente fiscal Andrés Cantaluppi. Los primeros datos revelan que el móvil del crimen sería como consecuencia de la incautación de un importante lote de cigarrillos que se ha registrado días atrás en el vecino país Brasil.
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Golpe al narcotráfico: Senad destruye más de 500 kilos de marihuana en Pedro Juan Caballero
Como anticipo jurisdiccional de prueba, se llevó a cabo la destrucción de sustancias estupefacientes en la sede local de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).
El procedimiento se realizó en el marco de una causa penal por violación a la Ley N.° 1340/88, tras la incautación de marihuana el pasado 25 de junio de 2026 en el barrio María Victoria de la ciudad de Pedro Juan Caballero.
La agente fiscal Rossana Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Amambay, participó en este acto judicial desarrollado en la “Terraza del País”.
La diligencia se ejecutó bajo estricto control del juez Penal de Garantías, Juan Martín Areco Torraca, y contó con la presencia del abogado defensor, un perito químico y un agente antinarcóticos de la Policía Nacional.
Antes de proceder a la quema, se realizó la extracción de muestras para el análisis químico definitivo y se determinó el peso total de la droga incautada, el cual ascendió a 504,7 kilogramos.
El juzgado ordenó la destrucción del cargamento tras asegurar una porción mínima de la sustancia para ser agregada como evidencia a la causa.
Igualmente, la presente investigación seguirá su curso y no se descarta que en los próximos días se realice varias diligencias investigativas para tratar de llegar hasta los responsables de la carga de marihuana.
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Demandan a Maduro en EE. UU. por ejecuciones extrajudiciales en Venezuela
Las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela demandaron al expresidente venezolano Nicolás Maduro en un tribunal de Estados Unidos, acusándolo de ordenar ejecuciones extrajudiciales como parte de un patrón más amplio de violencia estatal.
La demanda de 44 páginas, presentada el martes, afirma que Maduro ordenó a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) ejecutar a los hombres entre 2017 y 2020.
La querella indica que las víctimas son parte de miles de personas asesinadas bajo el mando de Maduro por unidades entre las que se incluyen las FAES, que se disolvieron en 2021 tras denuncias de abusos, incluso por parte de Naciones Unidas.
Maduro está en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio por cargos penales de narcotráfico, después de que el ejército estadounidense lo derrocara en una operación en Venezuela en enero.
Durante su presidencia, de 2013 a 2026, fue reiteradamente acusado de usar la represión para aferrarse al poder.
La demanda civil, presentada ante un tribunal federal en Brooklyn, sostiene que los asesinatos de los cinco jóvenes siguieron un patrón conocido de ejecuciones extrajudiciales bajo el gobierno de Maduro.
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Describe cómo los agentes de las FAES llegaron a los barrios de las víctimas de madrugada, vestidos completamente de negro y con el rostro cubierto, y separaron a los hombres de sus familias antes de dispararles.
Luego, los funcionarios fabricaron relatos según los cuales las víctimas se habían “resistido a la autoridad”.
“Maduro utilizó a las FAES como instrumento político y mecanismo de control social para reprimir violentamente la disidencia, aterrorizar a los barrios de bajos ingresos y eliminar a la oposición política”, afirma la demanda.
“De hecho, las FAES son ampliamente consideradas un ‘escuadrón de la muerte’ o ‘grupo de exterminio’”, añade.
La demanda sostiene que el Poder Judicial venezolano, sesgado, ha impedido que se rindan cuentas por los asesinatos.
Las familias, cuyas identidades se mantienen protegidas por razones de seguridad, presentaron la demanda en virtud de la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de Estados Unidos y buscan una compensación económica de Maduro.
Se espera que el ex hombre fuerte de Venezuela solicite inmunidad como jefe de Estado, informó The New York Times. En su caso penal, en el que está acusado junto con su esposa Cilia Flores, Maduro se ha declarado “prisionero de guerra”.
Se ha declarado no culpable de los cargos que enfrenta, entre otros conspiración para la importación de cocaína y posesión de armas.
- Fuente: AFP
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Dos años preso por presunta confusión: esposa de pastor denuncia error judicial y reclama su libertad
Lo que comenzó como un viaje familiar de fin de año terminó convirtiéndose, según denuncia su esposa, en una pesadilla judicial que mantiene desde hace más de dos años privado de libertad a un pastor evangélico, recluido en la Penitenciaría de Emboscada tras haber sido vinculado a un crimen ocurrido a cientos de kilómetros del lugar donde, asegura su familia, se encontraba al momento de los hechos.
La historia de Dionisio Vera Rojas volvió a cobrar notoriedad luego de que su esposa Priscila de Vera brindara una extensa entrevista televisiva a C9N en la que sostuvo que el religioso fue detenido y procesado a partir de una presunta confusión de identidad y de un señalamiento que, según afirmó, nunca fue corroborado con otras evidencias.
“El 28 de diciembre de 2023 viajamos con toda la familia a Santa Rosa del Aguaray, donde viven mis padres”, relató la mujer. Según su versión, el 30 de diciembre, fecha en que ocurrió el crimen por el cual posteriormente fue imputado su esposo, la familia pasó toda la jornada en el departamento de San Pedro, a unos 300 o 400 kilómetros de San Lorenzo, escenario del homicidio investigado.
La esposa del pastor aseguró que existen fotografías y videos que ubican a Dionisio Vera en Santa Rosa del Aguaray durante todo ese día. Explicó que, en horas de la mañana, el hombre participó en compras familiares y posteriormente colaboró con trabajos de albañilería en la vivienda de un cuñado.
“Tenemos fotos de él revocando la casa de mi hermano. Más tarde volvió, se bañó y después fuimos juntos a la iglesia”, sostuvo.
De acuerdo con su relato, la familia asistió a un culto religioso que se desarrolló entre las 19:00 y las 21:00, actividad de la que también existen registros audiovisuales. “Hay fotos y videos donde aparecemos cantando juntos. Incluso yo le invité a pasar al frente y cantamos una alabanza. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que a esa misma hora él estaba en San Lorenzo”, expresó.
La mujer calificó esa hipótesis como “imposible”, argumentando la distancia geográfica y el intenso movimiento vehicular característico de las fechas de fin de año.
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Detención desencadenó “calvario”
Según relató, la situación dio un giro dramático seis meses después, cuando el pastor fue detenido durante un control policial rutinario en la zona de Encarnación, mientras regresaban del hospital junto a uno de sus hijos, quien había permanecido internado por neumonía.
“Nos detuvieron en un control. Primero le dijeron que tenía un problema relacionado con prestación alimentaria. Yo les dije que eso era imposible. Después manifestaron que debía acompañarlos por otro caso y ahí comenzó nuestro calvario”, recordó.
La mujer aseguró que recién posteriormente tomaron conocimiento de que el pastor era buscado por un homicidio ocurrido en San Lorenzo.
Identificación basada en un nombre
Según la denuncia formulada por la familia, la imputación se habría sustentado principalmente en la declaración de otro procesado, identificado como Sergio Antonio Campo Vega, quien habría mencionado a un supuesto “Dionisio Vera” como autor del crimen.
“Mi esposo se llama Dionisio Vera Rojas. Ellos hablan de un tal Dionisio Vera. Se basaron en lo que dijo una persona detenida y en la identificación que, supuestamente, realizó a partir de una fotografía”, afirmó.
La esposa del pastor cuestionó además la existencia de imágenes de circuito cerrado correspondientes al crimen investigado, señalando que, a su criterio, la persona captada no guarda semejanza física con su marido.
“El hombre que aparece en las imágenes es alto y delgado. Mi esposo es de contextura diferente. Incluso la vestimenta no coincide. Él jamás usa ese tipo de pantalones”, sostuvo.
Dos años de prisión
La mujer describió los últimos dos años como un período marcado por el sufrimiento y la incertidumbre para toda la familia.
Durante ese tiempo, aseguró, el padre del pastor falleció tras sufrir un profundo deterioro emocional provocado por el encarcelamiento de su hijo.
“Mi suegro luchó mucho para demostrar la inocencia de su hijo. Trabajaba en el campo, era una persona sana, sin enfermedades. Esta situación le afectó profundamente. Lloraba mucho y, después de cinco meses de tanta preocupación, sufrió un infarto y falleció”, relató entre lágrimas.
Actualmente, la familia aguarda una audiencia que considera decisiva para presentar las evidencias que, según sostiene, demostrarían que Dionisio Vera Rojas se encontraba a cientos de kilómetros del lugar del crimen cuando ocurrió el hecho que hoy lo mantiene privado de libertad.
Mientras tanto, la esposa del pastor insiste en una sola petición: que la Justicia revise el caso.
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Confirman condena por feminicidio a 28 años de prisión más 5 por medida de seguridad
- Ciudad del Este. Agencia regional
La fiscal Viviana Sánchez, de la Unidad Penal N° 2 de Presidente Franco, consiguió que la Cámara de Apelaciones confirmara la condena de 28 años de prisión, más 5 años de medida de seguridad, para Eusebio Ovelar Bogado (46), hallado culpable del feminicidio de su expareja.
La segunda sala penal del Tribunal de Alzada, integrada por Efrén Giménez, Lilian Lorena Benítez y Myrian Meza de López, ratificó la sentencia dictada en primera instancia por los jueces Zunilda Martínez, Herminio Montiel y Edgar Lezcano, tras el juicio oral realizado el 8 de abril de 2026 en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este.
El crimen ocurrió en la tarde del 2 de octubre de 2024, en una vivienda del km 8, Fracción Willy, de Presidente Franco, donde fue víctima Carolina Benítez Vallejos.
Quedó registrado en el circuito cerrado de grabación de ese día que, el acusado trasladó a la víctima hasta el inmueble en un automóvil Toyota Carina.
El vehículo ingresó al predio a las 18:26 y salió a las 19:52. Durante ese lapso, Ovelar Bogado atacó a la mujer con un arma punzocortante, provocándole múltiples heridas en la cabeza, el tórax y los brazos. La autopsia posterior reveló 37 lesiones y estableció como causa de muerte un shock hipovolémico por heridas en el cráneo y el tórax, según se expuso en el juicio.
Al día siguiente, el empleador alertó a la familia sobre la ausencia de la mujer en su trabajo y, entonces, el hermano fue hasta la casa y encontró el cuerpo de la víctima. La Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver y el análisis de las cámaras confirmó que el acusado permaneció en el lugar durante el horario del crimen, sin que ingresaran otras personas.
La investigación también estableció que el último contacto de la víctima fue a las 19:19, cuando envió un video a un familiar mientras el procesado seguía en la vivienda. Tras el hecho, desaparecieron de la casa un celular corporativo, un teléfono personal, una tablet, el control del portón eléctrico y una mochila con dinero.
Luego, el 4 de octubre de 2024, el acusado llevó el celular y la tablet de la víctima a un técnico para borrar la información (flasheo) con la intención de venderlos.
La Fiscalía solicitó 28 años de prisión y 7 años de medida de seguridad, con base en informes de Salud Mental del Ministerio Público que concluyeron que Ovelar Bogado presenta rasgos compatibles con psicopatía. Igualmente, se comprobó en juicio que el hombre tenía antecedentes de violencia psicológica, amenazas y hostigamiento contra su expareja.