La sede del Ministerio Público en Villarrica se encuentra en deplorable estado, según denunció un abogado de esta ciudad. El edificio acumula una gran cantidad de basura y algunos muebles en desuso están tirados en el patio de la oficina departamental.
El abogado José David Bogado, miembro del Colegio de Abogados de Villarrica, describió las condiciones en que opera esta filial de la Fiscalía. “Es verdaderamente vergonzoso. Es una situación donde no puede desarrollarse bajo ningún punto de vista la labor tan importante y delicada del órgano investigador”, lamentó.
Explicó que el gremio hace mucho tiempo que viene reclamando e inclusive se ha entregado la inquietud al propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
“El pedido que nos hacía él era que tengamos un poco de paciencia que las cosas se irían poniendo en orden y se irían resolviendo. Pero pasaron aproximadamente siete meses y las soluciones no se avizoran. Al contrario, el estado del edificio es cada vez peor”, afirmó el profesional.
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Aseguró que los funcionarios ni siquiera cuentan con insumos de oficina para ejercer sus labores. Tampoco cuentan con elementos de limpieza y entre ellos deben organizarse en pequeños grupos para asear las dependencias. Aparentemente, ni el sanitario funciona, según imágenes socializadas por un medio digital.
“Ellos tienen que comprar sus hojas y sus tintas para tratar de paliar un poco toda la situación para poder dar respuestas a las incesantes requisitorias que a diario recaen ante el Ministerio Público de Villarrica”, remarcó.
Según el denunciante, la información que se maneja en la zona es que el edificio se encuentra en ese estado porque el Ministerio de Economía y Finanzas supuestamente no transfiere los recursos presupuestarios a esta institución.
“Yo no sé si esa puede ser la razón de la ausencia de recursos, pero no existen cupos para combustible, no existen rubros para viáticos. Uno necesita un perito porque debe trasladarse, pero no cuentan con el rubro para el traslado”, se quejó.
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Caso Boidanich: “El juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias”, dice abogado
El abogado Claudio Lovera, representante legal del exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, se refirió a la decisión del Tribunal de Sentencia de absolver por unanimidad a su cliente, emitida ayer jueves, en el marco del proceso judicial que enfrentaba por supuesta frustración de la persecución penal que habría favorecido al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
“Ayer jueves, el Tribunal de Sentencia dictó oralmente su decisión y tiene permitido al final del juicio como una de las opciones indicar el sentido de la decisión y hacer una explicación oral, general de los argumentos. En el plazo de 5 días, el tribunal debe expedir por escrito la sentencia y, a partir de ahí, el Ministerio Público si lo estima pertinente puede plantear una apelación especial”, indicó el abogado, este viernes, al programa ”Así son las cosas" del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lovera acotó: “Aún estamos pendientes en ese aspecto, todavía no estamos ante una decisión firme. Viendo el general de los casos, son muy pocos los ejemplos en los cuales la Fiscalía deja de recurrir a las sentencias de primera estancias, si esas no acompañan el sentido de las presentaciones que realizaron, así que lo más probable es que ocurra una apelación".
El Ministerio Público acusó inicialmente por lavado de activos y frustración de la persecución penal a Boidanich, pero, luego de la audiencia preliminar, el objeto de la discusión quedó reducido únicamente a la supuesta frustración de la persecución penal. En su decisión, los magistrados señalaron que las pruebas no demostraron conducta ilícita del extitular de la Seprelad.
“Acá lo relevante es que el juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias que ocurrieron porque lo que se presentó al público como un supuesto comportamiento ilícito de la Seprelad era un análisis que estaba lleno de subjetividades. Para eso también sirve el juicio oral porque uno escucha a las personas propuestas como testigos, verificar las documentaciones y los hechos que se acreditan, cruzar las informaciones entre hechos y llegar a conclusiones bien concretas y fundadas, esto es un desgaste para la persona que enfrenta el juicio, pero bueno son las reglas del juego”, refirió.
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Lovera detalló que el proceso de investigación fiscal contra Boidanich inició en diciembre del 2018, pero fue recién convocado para una declaración indagatoria el 30 de marzo del 2023. “La Fiscalía, luego de 5 años de los hechos y 4 de investigación, entendió que había una sospecha y luego de unos meses se produjo la imputación. Este fue un proceso realmente extenso, no por el comportamiento del imputado ni de su defensa, sino por estos tiempos que se tomó el Ministerio Público”, comentó.
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Ministerio Público urge destrabar causa de excolaboradores de Abdo
El objetivo de la Fiscalía es que se resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados.
- HOY.COM.PY
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados. Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
CAUSA PARALIZADA
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones.
Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
ASOCIACIÓN CRIMINAL
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial. Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
PROLONGADO PROCESO PENAL
El 31 de julio de 2023, el presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y exmandatario paraguayo, Horacio Cartes, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por persecución política desde el 2018.
El 30 de agosto y 30 de octubre del mismo año amplió la denuncia agregando filtraciones de información confidencial. El 11 de marzo de 2024, la Fiscalía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y otras 8 personas por varios delitos. En agosto de 2024, el Ministerio Público solicitó seis meses más de tiempo para seguir investigando al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y al grupo.
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Trabajadoras denuncian a institución de educación superior por falta de pago de salarios
Tres mujeres denunciaron que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Paraguay, dejó de pagarles sus salarios por seis meses e intentaron que sigan trabajando, por más tiempo, pero decidieron acudir ante el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación. Hoy, exigen que la institución pague los salarios, aguinaldos que les adeudan hasta la fecha y una indemnización por sus años de antigüedad.
Según Alba María Cubilla Duarte, que se desempeñaba en la parte administrativa, desde julio de 2025 no recibió pago por parte de la institución que se dedica a realizar investigaciones para entes estatales. Las mismas trabajaron hasta el 2 de enero del 2026, luego decidieron retirarse porque ya no tenían cómo costear gastos de traslados y alimentación.
“Yo cumplí al igual que mis compañeras que también tienen sus años de antigüedad, sin embargo, dejaron de abonarnos pese a que nosotras cumplimos a cabalidad de lunes a viernes, todos los meses hasta el último día de diciembre. El viernes, 2 de enero del 2026, nos volvimos a presentar”, expresó Cubilla, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Explicó que el 2 de enero de este año, el director les comunicó que no disponía de los fondos para abonar lo adeudado y que debían tomarse sus vacaciones las cuales pasaron sin percibir remuneración alguna. Al volver el 16 de febrero les exigieron continuar con sus labores habituales. “Nos estuvimos yendo al trabajo haciendo préstamos personales”, detalló.
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Denuncia y proceso legal
La afectada resaltó que tras volver y no habiendo garantías sobre el pago de sus sueldos atrasados, decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para formalizar la denuncia e iniciar la demanda laboral.
“El director nos dijo que no tiene la plata, que no nos va a abonar y que tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Desde allí tuvimos que acercarnos al Ministerio de Trabajo, hacer nuestra denuncia, estamos en este momento en eso, sin cobrar nuestro salario del 2025″, refirió.
Agregó que la representación legal de Flacso Paraguay respondió a la demanda laboral alegando supuesta inmunidad jurídica basada en su Ley de Creación N° 2836. Bajo este argumento, la institución pretende eximirse del pago de salarios devengados, el reconocimiento de la antigüedad y las indemnizaciones correspondientes.
Violación laboral
Cubilla indicó que se trata de un caso grave de violencia laboral que afecta directamente el sustento de sus familias y cuestionó la contradicción de la entidad académica internacional dedicada históricamente a la investigación social, la pobreza y los derechos humanos, pero que vulneran los derechos laborales de sus propios trabajadores.
“Tenemos familia que alimentar y hasta hoy día no nos han abonado ningún guaraní de lo que nos están adeudando. Pedimos ayuda, pedimos que se conozca este tipo de violencia laboral, porque violentan nuestros derechos. Envíe una nota al Ministerio de Educación para solicitar su apoyo queremos que se hagan eco de lo que estamos pasando”, puntualizó.
Las afectadas son Alba María Cubilla Duarte (administradora con 18 años de antigüedad), Letizia (contadora) y María Julia Duarte (secretaria general). Las trabajadoras señalan que la institución justifica el cese de los pagos argumentando la falta de firma de convenios estatales con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fondos de los cuales dependía el financiamiento de sus rubros desde el año 2016.
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Oficialismo respalda gestión de Fretes y pide esperar resultados de las auditorías
El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, de la Cámara Alta, respaldó la gestión del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Isaías Fretes. Solicitó aguardar los 15 días que faltan para evaluar los primeros resultados de las auditorías internas antes de exigir nuevas denuncias por presuntos hechos de corrupción. El senador Chase sostuvo que las acciones ante el Ministerio Público deben sustentarse en pruebas contundentes y no en especulaciones.
En charla con varios medios de prensa, el legislador señaló que el Dr. Isaías Fretes está haciendo una transformación en el IPS, que ve y siente la ciudadanía, porque se está dando a conocer ese trabajo. Indicó que el pasado lunes, tuvieron esta misma discusión en Mesa Directiva del Senado, donde algunos autores políticos quieren resultados inmediatos, pero señaló que eso es imposible, que eso no se puede dar.
“El presidente del IPS había pedido un mes de tiempo para tener resultados concretos, y eso se cumple en 15 días más, y bueno, ahí sí vamos a exigirle seguramente al presidente del IPS los resultados concretos que él había prometido”, remarcó.
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Asimismo, sostuvo que ninguna denuncia puede presentarse sin pruebas ante el Ministerio Público y considera que la primera denuncia que ha presentado el actual presidente del IPS ante la Fiscalía por faltantes de materiales eléctricos es un avance importante, porque se trata de daños patrimoniales y espera que en 15 días más, el Dr. Fretes presente un informe acabado de todas las demás auditorías que está llevando adelante.
“Yo soy del criterio de que hay que darle tiempo para que evalúe y presente denuncias sobre las irregularidades que haya encontrado. Es imposible que eso esté todo dispuesto el día que él llegó, y bueno, hay que darle el tiempo para que la transformación tenga lugar”, acotó.
No existe injerencias
El senador Chase señaló que el doctor Fretes es una persona muy particular y lo conoce personalmente, sabe que no va a soportar ninguna presión externa que no sea la del propio presidente de la República, Santiago Peña, quién fue el que lo nombró en el cargo. No obstante, señaló que no se puede señalar al jefe de Estado de tener injerencia ya que tiene todas las atribuciones para así hacerlo, inclusive cambiarlo nuevamente del cargo.
“Fue la presidencia la que hizo el cambio justamente para mejorar, no para empeorar. No creo que haya una obstrucción del trabajo que tiene que hacer el doctor Fretes; o si no hubiera estado el mismo presidente anterior. No existe el entorno, ese es un cuento político; no existe el entorno que pueda tener injerencia en el nivel de decisión entre el presidente de IPS y el presidente de la República”, enfatizó.