Desbaratan clan familiar del microtráfico en Atyrá
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Todos los integrantes de una familia que se dedica al microtráfico cayeron durante un allanamiento fiscal policial realizado en el barrio San Blas de la ciudad Atyrá, departamento de Cordillera. Se incautaron 500 dosis de cocaína tipo crack, aparatos celulares, una balanza y dinero de baja denominación que sería producto de la venta de la droga.
La Policía aprehendió a Justina Ruiz (46), su hijo, Alfirio Ruiz (27) y a una adolescente de 17, quienes fueron llevados a la comisaría local y están a disposición del Ministerio Público. De los registros policiales saltó que el sujeto cuenta con antecedente por transgresión a la Ley 1340/88 y sus modificaciones.
Para los investigadores, la mujer sería cabecilla de la banda que se encargaba de proveer estupefacientes a otros microtraficantes de la zona. Específicamente la comercialización se basaba en cocaína tipo crack y durante el allanamiento de la vivienda precisamente se hallaron objetos que evidencian la magnitud del negocio ilícito como la balanza utilizada para pesar los gramos de la sustancia a ser distribuida en diferentes zonas de los departamentos Central y Cordillera.
El fiscal Benjamín Vera de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico de Cordillera tomó intervención en el procedimiento que estuvo a cargo del personal del departamento de Antinarcóticos – Oficina Técnica n.°3 – del tercer departamento del país. La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) también cuenta con agentes especiales dedicados exclusivamente a investigar el microtráfico, con buenos resultados en el marco de la campaña gubernamental denominada Plan Sumar.
Los operativos de la Policía y la Fiscalía se han recrudecido durante los últimos días en el marco del combate contra el microtráfico y el narcotráfico como eje principal del programa de gobierno del presidente Santiago Peña.
Mafia de los pagarés: convocan a autoridades de la Fiscalía como primera medida
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Desde la presidencia de la comisión especial de carácter transitorio que investiga los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés, informaron que como primera medida convocarán a las autoridades del Ministerio Público, teniendo en cuenta la existencia de un total de 70 imputados.
Refieren que es fundamental el trabajo del órgano extrapoder con la finalidad de que las denuncias no queden impunes. A la vez se plantea citar a los representantes del Ministerio de la Defensa Pública, teniendo en cuenta que el Congreso Nacional no puede inmiscuirse en casos judiciales concretos.
En la lista de las convocatorias también figuran representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con quienes buscarán intercambiar informaciones que contribuyan al proceso de investigación.
También se citará al gremio de los abogados. Entre los indagados se encuentran jueces, actuarios y abogados, quienes aplicaron demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso para estafar a cientos de trabajadores.
Detallaron que la urgencia radica en lograr el levantamiento de los embargos e impulsar una propuesta legislativa para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir. En los próximos días se dará a conocer los días y horarios establecidos paraconcretar los encuentros con las diversas autoridades a ser convocadas
Integrantes de la Comisión Especial
Ayer lunes, el Senado designó a los miembros de la citada comisión. El bloque está conformado por los colorados Mario Varela, Carlos Núñez, Blanca Ovelar, Juan Afara, Lizarella Valiente y Norma Aquino. Asimismo integrarán lacomisión especial los opositores Rafael Filizzola, Edgar López, Éver Villalba, Esperanza Martínez, José Oviedo e Ignacio Iramain.
Operativo Morfeo: allanan constructora en Areguá y desbaratan red de estafadores
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Este lunes, la Policía Nacional desarrolló un allanamiento en la ciudad de Areguá en donde lograron detener a tres personas en el marco del “Operativo Morfeo”. De esta forma desbarataron una red de estafa que ofrecía la construcción de viviendas a precio más accesible, pero nunca terminaban la obra y en algunos caso ni iniciaban. Se tienen denuncias de más de 30 víctimas en diferentes puntos del país.
Según el comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional, se trató de una exhaustiva investigación por varias denuncias de estafas y otros hechos punibles. En una de las unidades fiscales se tienen 12 denuncias contra esta constructora, pero se tienen contabilizadas un total de 30 en distintos puntos del país. Durante el procedimiento detuvieron a tres personas y se recogieron varias evidencias.
“Ofrecían la construcción de la vivienda propia, especialmente para aquellos que tienen terrenos. La oferta es la más accesible dentro del mercado y ese sería el gancho principal, además, daban un contrato correspondiente, pero nunca terminaban la obra o ni siquiera iniciaban”, manifestó el jefe policial en entrevista con el programa “Tardes de Perros”, de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Aclaró que dentro de la investigación ya fueron individualizadas cuatro personas, de las cuales tres fueron detenidas. “Una de las personas sigue prófuga, pero habrían más personas que colaboran con este grupo. Las investigaciones del caso siguen y se espera que haya más detenidos”, apuntó.
Afirmó que las propuestas son lanzadas en redes sociales y que hay todo un esquema detrás, una personas que se encarga de publicar las propuestas con fotos y planos. Otro recibe las llamadas y luego está el que se reúne con las personas en la escribanía para firmar el contrato. “Hay una empresa constituida legalmente, pero son de maletín. Estos solicitaban una entrega para iniciar la obra”, puntualizó.
Juez devolvió a Fiscalía la imputación del repartidor que mató a defensa propia
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El juez Rolando Duarte devolvió a la Fiscalía la imputación de Carlos Alberto Garcete, quien fue imputado por homicidio doloso por defenderse de unos delincuentes.
Ahora, la Fiscalía deberá seguir investigando el hecho o tendrá que evaluar si corresponde archivar el presente caso.
El sábado pasado, la Fiscalía imputó por homicidio doloso al repartidor de 60 años que disparó y mató al presunto delincuente que estaba asaltando con un arma de fuego a su compañero, en el barrio Santa Ana de la ciudad de Asunción. El hombre alegó que realizó los disparos en defensa propia y que huyó del sitio por temor a represalias de otros delincuentes de la zona.
El hecho se reportó el jueves pasado, cuando el camión repartidor llegó hasta una despensa en el citado barrio capitalino y los trabajadores estaban descargando mercaderías. En eso se acercaron dos personas y encañonaron a uno de los hombres para pedirle la recaudación del día. Cuando se dio cuenta el chófer del camión tomó su arma para realizar disparos intimidatorios.
Sin embargo, uno de los proyectiles dio contra Jonatan Ariel Franco, de 18 años, quien contaba con dos antecedentes por robo agravado y terminó falleciendo en el lugar. Tras realizar los disparos, los trabajadores subieron al camión y volvieron a su lugar de trabajo donde se enteraron que el delincuente falleció. Esa misma tarde, Carlos Garcete, de 60 años, se entregó a las autoridades.
Las víctimas solicitaron al representante del Ministerio Público, agente fiscal Oscar Delfino que pueda iniciar las diligencias necesarias para el avance de la presente causa penal para que estos directivos, que ocuparon cargo en los últimos años en Fipsa, sean juzgados. Foto: NM/Archivo
Funcionarios y jubilados de IPS amplían denuncia contra autoridades de Fipsa
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En la mañana de este viernes, un grupo de 40 personas, entre funcionarios y jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) amplió la denuncia en contra de los representantes de la Asociación de Funcionarios y Asociados del ente previsional (Fipsa).
Los representantes de esta asociación están acusados de haber estafado supuestamente bajo un esquema de duplicación de deuda y descuento compulsivo de salarios, tanto por la vía administrativa como por la vía judicial.
Las víctimas solicitaron al representante del Ministerio Público, agente fiscal Oscar Delfino que pueda iniciar las diligencias necesarias para el avance de la presente causa penal a fin de que estos directivos, que ocuparon cargo en los últimos años en Fipsa, sean juzgados.
La denuncia es sumamente grave, teniendo en cuenta que las víctimas del esquema de estafa son trabajadores y jubilados que ya han abonado la totalidad de sus deudas con la asociación, inclusive las deudas duplicadas, y aun así tienen que seguir soportando procesos judiciales con embargos de salario que le impiden cobrar la totalidad de sus salarios. Igualmente, le imposibilitan el acceso al sistema financiero para nuevos préstamos por encontrarse con demandas activas.
Semanas atrás, cuatro personas habían presentado una denuncia contra Fipsa, por la evasión de los aportes a la seguridad social, lo que compromete a los asociados aportantes como a sus familias. Los afectados habían pedido a las autoridades que investiguen el caso y puedan regularizar la situación, además, que se dé un castigo ejemplar para el presidente del gremio, Gustavo Aurelio Paredes Rodríguez.
El titular del gremio fue denunciado por presunta evasión de aportes a la seguridad social de estos cuatro asociados. En este caso, ya se presentaron las evidencias en la sede 1 de la previsional en la ciudad de Asunción.