El diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Antonio Buzarquis, se refirió al caso del hombre acusado de ser violador serial y peligroso delincuente que mantiene en una situación de zozobra a los pobladores de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.
“Exigimos a la Policía Nacional resultados y que se le pueda capturar a este violador serial que tenemos en Coronel Oviedo, se desató una verdadera psicosis colectiva en la comunidad. Que se constituya en la zona un equipo élite y que se acabe esto”, indicó en una entrevista con los medios de comunicación.
Actualmente ya se dictaron once órdenes de captura y se realizaron sendos allanamientos, pero llamativamente el sujeto sigue acechando a sus víctimas y la Policía no logró localizarlo. Las denuncias por coacción ya suman en total ocho.
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No obstante, los testimonios de las mujeres atacadas conducen a concluir que existe más de un autor material de las violaciones. Uno de ellos ya fue identificado y, de hecho, cuenta con otros antecedentes penales. Otra información que maneja el Ministerio Público es que los violadores no actuaron solos y que, otras personas se encargaban de actuar de campana, con la finalidad de impedir que el delito sea descubierto.
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Fretes escuchó reclamos de trabajadoras de limpieza del IPS Caaguazú
Este viernes, el director del Instituto de Previsión Social (IPS), realizó un recorrido sorpresivo por el hospital en el departamento de Caaguazú y recibió denuncias de las trabajadoras de limpieza. La empresa tercerizada desvinculó a la mujer que confesó cuánto gana y el monto por el que firma sus recibos de pagos.
El doctor Isaías Fretes, llegó hasta el quinto departamento y recorrió las instalaciones de la previsional donde recibió reportes de las trabajadoras, quienes denunciaron explotación laboral. Rechazó totalmente el pago menor al salario mínimo de las mujeres que son jefas de hogar.
Las trabajadoras de limpieza se acercaron al director y denunciaron que perciben un salario de G. 1.600.000 monto que no alcanza el salario mínimo de G. 3.150.000. “¿Por qué tiene que ocurrir esta irregularidad? El Paraguay hay que cambiar. Cómo una empresa va a lucrar a costa del prójimo", fueron las palabras de Fretes, tras la denuncia presentada por las mujeres.
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Al finalizar el recorrido, detalló que encontraron una irregularidad enorme que atenta contra las trabajadoras de limpieza de una empresa tercerizada. “Una mujer tuvo la valentía de denunciar inducida por mí. No pasaron 10 minutos y la señora estaba llorando en una esquina porque le echaron, pero eso ya se resolvió, le devolvieron el trabajo”, expresó.
Dijo además que repudia totalmente la injusticia y no acepta al empresario que crece a costa del sacrificio del pobre. Se constató que las limpiadoras recibían transferencia de G. 1.700.000 y que firmaban sus recibos por sueldo mínimo. “No acepto al empresario que crece a costa del sacrificio del pobre”, señaló.
Finalmente, resaltó que ya inició una auditoría interna contra esta firma y que buscarán esclarecer este sistema de injusto que se está teniendo contra estas mujeres trabajadoras. Aseguró también que ya encontraron ciertas inconsistencia en cuanto al pago de las mujeres y que seguirán con los trabajos para corregir el sistema.
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Arrancó proceso de titulación masiva que beneficiará a 20.000 familias de Caaguazú
Tras largos años de postergación, inició el proceso de regularización de tierras de la colonia Caaguazú, donde serán beneficiadas 20.000 familias.
El mismo presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, oficializó la noticia a través de un posteo en redes sociales del citado ente.
“Vamos a entregar títulos de propiedad, para eso ya vamos a iniciar todos los trabajos y estamos hablando aproximadamente de unas 20.000 familias”, expresó.
El titular del Indert comentó que este jueves se reunió con la directora del Registro Unificado Nacional (RUN), para realizar un repaso sobre el convenio que existe entre ambas instituciones.
“Vinimos a hacer un repaso de todos los avances en materia del convenio. Lo que acordamos es el fortalecimiento de ese convenio y la modernización del mismo recogiendo las innovaciones institucionales que ocurrieron en estos últimos meses”, refirió.
Dijo que especialmente se trató el caso de las familias de Caaguazú. “Esta colonia agraria se construyó sobre la base de tierras públicas desde 1904 en adelante y donde se han establecido varias compañías, entre ellas las de San Lorenzo, Empalado, Toro Blanco, Tacuru Pucú. Creo que tenemos 8 compañías en lo que es la gran colonia agraria Caaguazú”, mencionó.
Llevó tranquilidad a ocupantes
Recordó que personalmente acudió al sitio a llevar tranquilidad a los pobladores de Caaguazú, considerando que la Municipalidad ha intentado “hacer un levantamiento, donde tuvimos que ir a anunciar que nosotros ya vamos a iniciar el proceso de regularización en ese lugar”.
“Entonces vamos a entregar títulos de propiedad, para eso ya vamos a iniciar todos los trabajos. Estamos hablando aproximadamente de unas 20.000 familias sobre la gran colonia agraria Caaguazú”, manifestó.
Ruiz Díaz compartió esta histórica decisión con el mismo presidente de la República, Santiago Peña.
“Esta es una muy buena noticia, y ya estuvimos incluso hablando con el presidente de la República a los efectos de formar los equipos necesarios para iniciar este proceso de regularización”, subrayó.
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“La pérdida de investidura es facultad constitucional del Legislativo”, afirma diputado
El diputado Rodrigo Gamarra se refirió al caso de Kattya González y el eventual fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso de su expulsión del Senado. Gamarra afirmó que la figura de la pérdida de investidura es un juicio político, una atribución exclusiva del Poder Legislativo.
“La Corte puede opinar, interpretar o incluso analizar el procedimiento, lo que no puede hacer es reemplazar al Senado ni ejercer atribuciones exclusivas de otro poder del Estado. La pérdida de investidura es una facultad constitucional y privativa del Poder Legislativo”, afirmó el diputado para La Nación/Nación Media.
También recordó otros casos de legisladores que recurrieron a la máxima instancia judicial y ninguno logró un fallo a su favor. “Los antecedentes son claros, Payo Cubas, Víctor Bogado, Dionisio Amarilla, María Eugenia Bajac y otros recurrieron a la Corte y ninguno recuperó su banca por una orden judicial, porque una cosa es revisar constitucionalidad, y otra muy distinta es pretender que la Corte gobierne el Senado”, mencionó.
Mientras tanto, en el caso de González, refirió que “política y jurídicamente ya es un capítulo cerrado, inclusive bajo los mismos criterios y discursos que ella defendía cuando fungía de inquisidora moral desde su banca”. En este caso, cuestionó que solo se busca mediatizar el caso, ya que en otros casos las resoluciones se dieron en direcciones contrarias.
“Hoy lo único que buscan es extender el show, alimentar el circo en su eterna búsqueda del caos para satisfacer su ego y evitar que se apaguen las cámaras”, criticó el diputado.
Senadores que no juraron
Por otra parte, se refirió al caso de los senadores electos y proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en el periodo anterior, Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, señalando que no se puede comparar estos casos.
“Ahí la discusión era completamente distinta, la Corte interpretó si estaban o no habilitados constitucionalmente para jurar y asumir. En el caso de Katya, el Senado ya ejerció una atribución constitucional propia mediante una pérdida de investidura. Es una decisión política e institucional ya consumada y preclusa”, sentenció.
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Diputado presenta proyecto que busca recrudecer penas contra el abigeato
El diputado Hugo Meza (ANR-Cordillera), presentó un proyecto de ley que busca recrudecer las penas para combatir con firmeza el abigeato en Paraguay. Se trata de la modificación del Código Penal, que actualmente prevé cinco años de pena privativa de libertad para el que hurtara una o más cabezas de ganado menor o mayor y penas de hasta 10 años cuando se trate de un lote de considerable valor o utilidad.
Con las modificaciones planteadas, la expectativa de pena se establece de entre 10 y 15 años de cárcel. El proyectista expresó ante el pleno que la iniciativa busca proteger a pequeños productores y sancionar con más fuerza a transportistas y funcionarios que participen del delito.
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Fundamentó que se pretende dar mayor protección legal a los pequeños productores y corregir vacíos legales que hoy generan impunidad en casos de abigeato. La exposición de motivos expone que en Paraguay existen 130.868 tenedores de ganado. El 74 % son pequeños productores con 1 a 49 cabezas.
“Para ellos, el robo de 1 o 2 animales significa perder todo su sustento económico y alimentario, la ley actual no contempla esta realidad”, lamentó el diputado colorado.
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