La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) encabezan el operativo denominado “Frente Sur”. Un trabajo articulado contra el crimen organizado en el Parque Nacional Caazapá.
De acuerdo al informe oficial, esta tarea coordinada entre ambas instituciones permitió dar inicio a una fuerte ofensiva contra las estructuras criminales que deforestan bosques del Parque Nacional Caazapá para la producción ilícita de marihuana. Señalan que en los últimos años, las organizaciones criminales fueron ingresando para el establecimiento de bases de producción de marihuana, generando a su paso un grave perjuicio ambiental.
Mediante el operativo Frente Sur, en el primer día de incursiones, el grupo operativo detectó y destruyó 12 campamentos narcos, donde fueron localizados 45 mil kilos de marihuana picada. Así también, procedieron a la erradicación de 21 hectáreas de plantaciones de cannabis.
Desde la Dirección de Comunicación de la Senad informaron que en un cálculo de la superficie de cultivo eliminada y la droga lista encontrada, se estima que fueron sacadas de circulación al menos 108 mil kilos de marihuana que representan un lucro cesante al crimen organizado de aproximadamente US$ 3.240.000. Mencionan además que la operación seguirá por varios días más en la zona. Las tareas estuvieron coordinadas por el agente fiscal César Martínez Chamorro.
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Inversión climática: Paraguay se posiciona como proveedor global de créditos de carbono
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI) iniciaron una nueva fase de trabajo para avanzar en la operacionalización del mercado de carbono de Paraguay, con el objetivo de establecer las condiciones necesarias para que el país pueda participar en mercados internacionales.
La iniciativa busca poner en funcionamiento el Marco Nacional de Mercados de Carbono y contempla el desarrollo de herramientas técnicas, institucionales y regulatorias.
El proceso se desarrolla en el marco de la Ley N.º 7190/23 y su Decreto Reglamentario N.º 3369/25, que establecen las bases para la participación del país en este mecanismo.
Entre los instrumentos previstos se encuentran la Estrategia Nacional de Mercados de Carbono y un Manual de Operaciones, además del fortalecimiento de las capacidades institucionales para la evaluación y autorización de actividades de mitigación.
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El trabajo también apunta a identificar y preparar proyectos que permitan reducir emisiones y que, posteriormente, puedan acceder a financiamiento climático y participar en mercados internacionales mediante la generación de resultados de mitigación transferibles (ITMOs).
Desde el Mades señalaron que esta etapa permitirá consolidar los procedimientos necesarios para el funcionamiento del mercado y fortalecer la participación de los sectores público y privado. La Dirección de Mercados de Carbono es la dependencia encargada de la implementación, supervisión y regulación del sistema a nivel nacional.
El proyecto es implementado por el GGGI con financiamiento del Carbon Transaction Facility (CTF) y busca contribuir al cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por Paraguay, al tiempo de generar condiciones para nuevas oportunidades de inversión y financiamiento vinculadas a la reducción de emisiones.
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Defensa de Marset asume narcotráfico, pero alega que no operó en EE.UU.
La defensa del uruguayo Sebastián Marset asumió ante el juez Rossie D. Alston Jr., de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, que es un narcotraficante, sin embargo, negó que el mismo haya participado en cualquier tipo de actividad criminal en territorio estadounidense.
Los abogados alegaron que Marset operaba en países sudamericanos, pero no en los Estados Unidos, por lo que Washington no tiene jurisdicción para juzgar al uruguayo.
El cuestionamiento planteado por la defensa de Marset se da en torno a la jurisdicción para juzgarlo por los hechos, principalmente narcotráfico, bajo la argumentación que todas sus operaciones se dieron fuera del de territorio de los Estados Unidos.
Bajo esta argumentación, el juez federal de Virginia deberá definir si el alcance de la jurisdicción de los Estados Unidos sobre Marset.
En este sentido, el juez estableció un plazo hasta el 12 de octubre presente sus argumentos y el pronunciamiento del magistrado se dará antes del 6 de noviembre, mientras que el inicio del juzgamiento está previsto para inicios del 2027.
Sebastián Marset es acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por delitos vinculados con el lavado de dinero y tráfico de drogas, luego fue incorporado la acusación de cargos relacionados al narcoterrorismo.
Los abogados de defensa apuntan a la desestimación de estos cargos, cuestionando las pruebas que fueron obtenidas luego de la captura del uruguayo en Bolivia, y posteriormente trasladado a los EE. UU.
De acuerdo con el reporte de medios internacionales, el abogado Robert Feitel, uno de los que conforma la parte defensora, señaló durante esta última audiencia que su cliente no niega haber realizado estos hechos ilícitos que se los atribuye, pero que los mismos no se dieron en la jurisdicción norteamericana, sino en los países sudamericanos, como Bolivia.
La defensa argumentó que Marset “evitó cuidadosamente” realizar sus operaciones de tráfico de drogas que involucren directamente a los Estados Unidos y el Gobierno.
Argumentos de la defensa
Por otra parte, también el abogado Feitel prestó su cuestionamiento sobre las conexiones de Marset con las organizaciones declarada como grupos terroristas por el Gobierno estadounidense, como el Clan del Golfo de Colombia y el Primer Comando de Capital (PCC) de Brasil, ya que estas declaraciones se dieron después de los hechos investigados.
En cuanto al movimiento bancario, el cual se incluye en la acusación de lavado de dinero, la defensa señala que “una transferencia bancaria utilizada como base de la acusación sea suficiente para establecer jurisdicción estadounidense”, esto de acuerdo a las publicaciones de medios internacionales. Como respaldo de este argumento, se presentó como testigo a un exfuncionario del Departamento del Tesoro especializado en inteligencia financiera.
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Santa Marta recupera la calma entre el despliegue militar y el temor por la violencia narco
Cientos de militares y policías custodian el jueves las calles de la turística ciudad de Santa Marta, en Colombia, luego de operativos contra una banda narcotraficante que desató una ola de ataques y obligó a cerrar comercios y dejó las calles vacías. En la madrugada del martes, el golpe del gobierno derechista de Abelardo de la Espriella contra un cabecilla narco de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y 12 de sus colaboradores generó balaceras contra comercios y quema de vehículos en la ciudad.
El jueves, De La Espriella anunció la captura de 13 personas en operativos entre policía y ejército, además de la incautación de cocaína, celulares, municiones y panfletos intimidatorios, en un mensaje en X. También dijo que cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos fueron detenidos en Barranquilla y en Santa Marta, en el Caribe colombiano.
“Voy a acabar con esta estructura criminal”, aseveró el mandatario respecto a la ACSN. Santa Marta, una de las grandes capitales turísticas de Colombia, recibe a cientos de miles de visitantes anualmente. El jueves se vieron policías patrullando las playas de la ciudad, así como agentes armados en operativos de seguridad en otros sectores.
“Era un campesino”
Mailen Quintero, hermanastra de uno de los abatidos en los operativos contra la banda narco, aseguró a la AFP que este era un campesino que recogía café y no tenía relación con el grupo armado de origen paramilitar.
“Mi hermano... se dedicaba a las labores del campo”, dijo la mujer de 23 años, afuera de las dependencias de la autoridad forense de Barranquilla.
“El presidente Abelardo de la Espriella lo hizo pasar por un autodefensa”, denunció la familiar del abatido Ricardo Andrés Rodríguez, de 18 años.
Las ACSN se financian del narcotráfico y la extorsión y siembran el terror en la zona. Su presencia se extiende desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.
Tras la arremetida, De la Espriella desplegó 1.100 policías y militares en la ciudad para plantar cara al narco.
Tras los cuestionamientos de los familiares, el ministerio de Defensa defendió el operativo militar.
La fiscalía y la autoridad forense deben “esclarecer la totalidad de los hechos” y “establecer motivos y actividades de personas presentes en la zona”, declaró el ministerio el jueves en un comunicado.
Reapertura
Los comercios de Santa Marta comenzaron a reabrir progresivamente sus puertas el jueves, tras varias jornadas con las calles desiertas.
“Confíen en la fuerza pública, tenemos al Ejército y la policía aquí en el corazón de Santa Marta”, instó desde el mercado municipal María Margarita Guerra, gobernadora regional, a Caracol Radio.
No obstante, varios pobladores dijeron a la AFP que los pequeños comercios de barrio siguen cerrados y que aún hay temor. Es habitual que las ACSN extorsionen y exijan pagos a los comerciantes de la zona. También tienen la fuerza suficiente para imponer restricciones al comercio y la movilidad.
El aeropuerto de Santa Marta y los atractivos turísticos como el Parque Nacional Natural Tayrona, declarado por la Unesco como Reserva de la Biosfera, funcionaron con normalidad durante estos días. Esta es una de las mayores muestras de fuerza del crimen organizado desde que De la Espriella llegó al poder el 7 de agosto.
Fuente: AFP.
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Caazapá: desmantelan campamentos y eliminan unas 163 toneladas de marihuana en tres días
Este jueves, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que las primeras tres jornadas de la Operación Caazapá II lograron eliminar cerca 163 toneladas de marihuana, que estaban distribuidas en cultivos y desmantelaron varios campamentos logísticos. Esto representa un perjuicio financiero estimado en 7,2 millones de dólares a las estructuras criminales.
Estas incursiones fueron desplegadas por la Senad en un trabajo conjunto con el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI-FTC) del sur del país y hoy completó la tercera jornada consecutiva. Según el reporte, lograron una cifra récord de 162,8 toneladas de marihuana sacadas de circulación, además, neutralizando los principales centros de acopio y producción logística.
En lo que fue la tercera jornada, los intervinientes eliminaron marihuana que estaba distribuida en 16 hectáreas, que serían una superficie que equivaldría a unas 48 toneladas de la droga lista para cosechar; 300 kilogramos de marihuana picada que ya se encontraban almacenados en bolsas tácticas y 3 campamentos precarios.
“El total acumulado en los últimos tres días es equivalente a 162,8 toneladas de marihuana que fuera sacadas de circulación en lo que fue la Operación Caazapá II, que sigue sin freno y se extenderá durante la semana en las zonas boscosas con el objetivo de erradicar los focos de producción activa”, expresaron desde la Secretaria Nacional Antidrogas.
De acuerdo con las estimaciones técnicas compartidas por la institución, el impacto global de la operación representa un perjuicio económico directo de USD 7,2 millones para las estructuras criminales, valor estimado en el mercado argentino. El operativo cuenta con el acompañamiento de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público.
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