Allanan penitenciaría e incautan 8.400 dosis de drogas de una red de distribución.

• Ciudad del Este. Agencia regional.

El fiscal Elvio Aguilera, de la Unidad Espe­cializada en la Lucha contra el Narcotráfico y agen­tes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), allana­ron ayer a la mañana un pabe­llón del Centro de Prevenidos de Ciudad del Este (peniten­ciaría regional), donde incau­taron 8.400 dosis de estu­pefacientes destinadas a la comercialización dentro del recinto penal.

Durante la intervención fue identificado como respon­sable Rubén Rodas Portillo (35), en cuya celda fue encon­trada la cantidad de dosis incautadas.

Rodas Portillo está proce­sado por su supuesta vincu­lación con un hecho de homi­cidio ocurrido en Curuguaty, Canindeyú, en el 2023. En la celda tenía la imagen de uno de los mayores narcotrafican­tes colombianos Pablo Esco­bar, además de otras. También contaba con un televisor, aire acondicionado y heladera, a diferencia de otras celdas.

Para la Fiscalía, los elemen­tos obtenidos durante la intervención apuntan a la presunta participación de funcionarios penitenciarios, cuya colaboración habría facilitado el ingreso y la cir­culación de drogas dentro del recinto, generándose una red que ya estaba manejando una gran cantidad.

Fueron incautados 1.128 gra­mos de crack en 7.896 dosis, 178 gramos de cocaína en 356 dosis y 1.639 gramos de marihuana distribuida en 169 dosis. En total, fue­ron retiradas de circulación unas 8.421 dosis de drogas que eran distribuidas den­tro del establecimiento peni­tenciario.

En el cierre del quincuagésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrado del 22 al 24 de junio del 2026 en la Ciudad de Panamá, el Estado paraguayo planteó que la lucha contra el crimen organizado debe convertirse en una prioridad regional basada en la cooperación internacional, el fortalecimiento institucional y la coordinación entre Estados.

El gobierno de Paraguay estuvo representado por el vicecanciller Víctor Verdun y el primer secretario, Luis Jerónimo Sann Irún, quienes coincidieron en el planteamiento de dejar de lado las diferencias ideológicas para enfrentar amenazas transnacionales que afectan la seguridad, la democracia y el desarrollo de las naciones.

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Este encuentro multilateral se desarrolla bajo el lema "América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá“, y con el tema ”Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados miembros“.

Al respecto, Vedun señaló que la inseguridad es el principal problema de la región; si bien, indicó que América Latina suele considerarse una zona de paz por la ausencia de guerras, recordó que solo el año pasado hubo unas 100.000 víctimas de crímenes violentos, de los cuales el 30 % fueron víctimas vinculadas al crimen organizado.

“Estamos ante un problema endémico que es la falta de seguridad. Escuchamos a uno de los panelistas decir cómo las generaciones jóvenes se están desencantando del sistema democrático, por la falta de respuesta y una que usualmente se nos achaca es la falta de respuesta efectiva contra la ola de inseguridad. No podemos olvidar que sin seguridad no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento”, remarcó Verdún.

Uno de los conceptos más fuertes que planteó el vicecanciller paraguayo es que el crimen organizado afecta a todos los países sin distinción ideológica y que la cooperación debe estar por encima de diferencias políticas. Sostuvo que ante esto, el principal desafío es construir confianza entre los jóvenes, independientemente a las ideologías políticas.

“El crimen organizado nos afecta a todos, afecta a todas nuestras sociedades en sus diversas gamas de delitos. Así que tenemos que eliminar el componente ideológico de la lucha contra el crimen organizado. Construir confianza entre los actores gubernamentales, particularmente entre nuestros organismos de seguridad y entre nuestros organismos de inteligencia”, acotó.

En tanto que, el primer secretario Sann Irún, destacó el papel de los países observadores y de la cooperación internacional para dotar a los Estados de mayores capacidades institucionales frente a amenazas complejas y transnacionales.

Remarcó que Paraguay agradece y valora el respaldo técnico y financiero que los observadores aportan a los proyectos de la OEA. Teniendo en cuenta que su cooperación impacta directamente en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los Estados para enfrentar amenazas complejas y transnacionales, como la lucha contra el crimen organizado, la trata de personas, los desafíos emergentes de la ciberseguridad, entre otros.

“Frente a un panorama global marcado por múltiples retos e incertidumbres, Paraguay reafirma que el éxito de nuestra acción colectiva radica en el respeto mutuo a las realidades nacionales, las prioridades de cada Gobierno y fundamentalmente el bienestar directo de nuestras comunidades”, acotó.

Asimismo, destacó que el Estado paraguayo renueva el reconocimiento por el constante apoyo a las misiones de observación electoral de la OEA. “El Paraguay las ha defendido siempre como una herramienta insustituible para el perfeccionamiento, blindaje y transparencia de nuestros sistemas democráticos”, remarcó.

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, denunció que la “izquierda radical” en América Latina es financiada por el narcotráfico, y criticó las protestas que enfrentó el mandatario boliviano, Rodrigo Paz, en un discurso al inaugurar la Asamblea General de la OEA el lunes. Desde principios de mayo, sindicatos, indígenas y cultivadores de coca bloquearon carreteras en varios puntos del país en contra de Paz, a quien responsabilizan de la peor crisis económica del país en 40 años.

Paz llegó a un acuerdo el viernes con la principal central obrera para pacificar el país y decretó un estado de excepción. Ayer lunes, el expresidente izquierdista Evo Morales anunció el levantamiento temporal de los últimos cortes de rutas. “El gobierno democrático de Bolivia enfrenta hoy una campaña deliberada de desestabilización impulsada por sectores radicales y por el crimen organizado que buscan subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos”, dijo Mulino.

“Este es un problema serio, muy serio, que estamos enfrentando todos como podamos (...) los problemas de Rodrigo Paz no son distintos a los de cualquier país amenazado por la izquierda radical y el narcotráfico que lo financia”, añadió.

Mulino también manifestó que avaló una propuesta de la OEA para enviar a Bolivia una misión de cancilleres y ministros de seguridad y defensa para apoyar a Paz y evaluar la situación en ese país. Paz, que puso fin en noviembre a dos décadas de gobiernos de izquierda, acusa al expresidente Morales (2006-2019) de haber orquestado las protestas, que provocaron escasez de combustibles, alimentos y medicamentos.

Fuente: AFP.

La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de la ciudadana uruguaya Gianina García Troche en el módulo de máxima seguridad del Complejo para Mujeres de Emboscada (Comple), mientras aguarda su audiencia preliminar, prevista para el 10 de agosto, a las 9:00, dentro del proceso penal que enfrenta en el marco del caso “A Ultranza Py”.

La pareja del narco uruguayo Sebastián Marset (actualmente procesado en Estados Unidos) está acusada por el fiscal Deny Yoon Pak de lavado de dinero y crimen organizado. La decisión de la magistrada fue adoptada a través del Auto Interlocutorio n.º 124.

La defensa de la acusada, integrada por los abogados Christian Fernando González Rivas, Rafael Alcides Blanco Sanabria y Hugo Ramón Núñez Ortíz, había solicitado la revisión de la prisión preventiva, alegando la aparición de nuevos elementos que, a su criterio, modificaban las circunstancias originales de la medida cautelar. Entre los argumentos presentados se citó una pericia caligráfica realizada en una causa conexa relacionada con la firma “Summun S.A.”, la cual, según la defensa, podría afectar parte de la base fáctica de la imputación fiscal.

Sin embargo, el juzgado mantuvo la medida privativa de libertad y también dispuso la postergación de la audiencia preliminar, que inicialmente debía realizarse el 9 de junio. La magistrada argumentó que el expediente principal del caso se encuentra actualmente en manos de un Tribunal de Sentencia, situación que, según su criterio, podría generar limitaciones para el ejercicio pleno de la defensa y eventuales situaciones de indefensión.

El pedido de arresto domiciliario también fue rechazado atendiendo a que el inmueble ofrecido como garantía en Luque ya tiene tres causas penales como garantía y el código QR no se pudo validar. La jueza lo calificó de “ineficaz e insuficiente”. La jueza sostuvo que por la pena de 5 a 15 años y el perfil de la organización transnacional, el arresto domiciliario es “intrínsecamente precario” y que persiste el peligro de obstrucción.