La Audiencia de Valladolid celebra, desde este próximo martes 2 de marzo, el juicio contra los cinco presuntos integrantes de una red de trata de seres humanos que fue desarticulada en noviembre de 2022 por traer a la capital mujeres desde Paraguay con el fin de someterlas a explotación sexual, actividad que ejercían en condiciones de verdadera esclavitud y bajo un control férreo de los acusados. Los encausados se enfrentan a un conjunto de penas que suman más de 112 años de cárcel.

El juicio por la ‘Operación Tentaciones’ en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid se extenderá al jueves y viernes, y al mismo la Fiscalía vallisoletana se presenta con un escrito en el que, en distinto grado, imputa al clan paraguayo encausado un total de catorce delitos, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

De ellos, cinco son por trata de seres humanos con la finalidad de la explotación sexual de la víctima, en concurso medial con otros tantos de prostitución coactiva, uno de ellos en grado de tentativa; tres delitos de aprovechamiento de la prostitución ajena, un delito de tráfico de drogas en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de blanqueo de capitales, un delito de grupo criminal y un delito de grupo criminal.

La mayor de las penas solicitadas recae en la presunta jefa del entramado, L.C.P, alias ‘Lorena’ o ‘Nicole’, quien se expone a un total de 52 años de cárcel, multa de 9.300 euros, libertad vigilada por espacio de diez años una vez cumplida la sentencia y la inhabilitación especial por espacio de veinte años para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuido, que suponga contacto regular y directo con menores de edad, mientras que su prima, M.A.P.G, podría ser condenada a 25 años, con idénticas medidas que la anterior, y multa de 15.600 euros. Para los otros tres acusados, M.G.G, H.J.A.A. y J.R.A, la acusación pública interesa condenas de 18, nueve años y ocho meses y ocho años de cárcel, respectivamente.

Además, en concepto de responsabilidad civil, se solicita que los cinco, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a cada una de sus víctimas con 80.000 euros por daños morales. A mayores, la supuesta jefa de la organización tendría también que abonar 50.000 euros a las víctimas de cuya prostitución se ha aprovechado.

Por auto de fecha 24 de noviembre de 2022, se autorizó la entrada y registro en varios domicilios de la organización que al menos desde la segunda mitad del año 2021 y hasta finales de noviembre del año 2022 se habría estado dedicando a la captación de mujeres jóvenes con graves problemas económicos y familiares, procedentes de zonas deprimidas de Paraguay, al objeto de financiar y facilitar su llegada, a territorio español, donde eran explotadas en una vivienda en la Avenida de Burgos.

A la cabeza de dicho entramado, tomando todas las decisiones principales, se encuentra la acusada L.C.P, natural de Paraguay, alias ‘Lorena y Nicole’, residente legalmente en España con un permiso de larga duración y principal beneficiaria de toda la actividad delictiva.

El proceso comenzaba por la captación, traslado y acogimiento de las chicas hasta la vivienda mencionada para su explotación sexual. Ya en el piso de la Avenida de Burgos, las ‘turistas’ eran informadas de la deuda contraída que iban a tener que satisfacer trabajando en la prostitución, para lo cual, en primer lugar y como trámite previo, la acusada contrataba los servicios de un fotógrafo profesional que tomaba unas fotografías sugerentes de las mujeres, siempre sonriendo y mirando a la cámara, vestidas con lencería o incluso semidesnudas, al objeto de poder publicitar en las páginas especializadas de contactos sexuales.

La propia acusada asignaba a cada víctima su ‘nick’ o nombre que iba a utilizar en los intercambios sexuales, comenzando de inmediato a prestar los mismos, cuyas citas concertaba ‘Lorena’, fijando el importe, la duración y contenido del servicio sexual contratado.

Las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas del día, arregladas y maquilladas en espera de los clientes y solo podían abandonar el domicilio durante dos horas al día, de una en una, previa solicitud, que no siempre se concedía, debiendo de regresar inmediatamente al mismo si fuera requerida para ello por la presencia de algún cliente.

Normalmente, existía un chat compartido por la acusada y las víctimas, ‘Nicole Relax’, a través del cual se las comunicaba la presencia de un cliente o bien a través de comunicación de WhatsApp directa. Además de los servicios prestados en la vivienda, que era lo habitual, también se ofrecía la posibilidad de salidas a domicilios de clientes y hoteles, con diferentes tarifas y abono del importe del taxi que utilizaría la víctima, que, hasta el pago de la totalidad de la deuda contraída, sólo percibían una pequeña cantidad para poder vivir.

La vivienda utilizada como prostíbulo contaba con tres cámaras de vídeo vigilancia y audio al objeto de poder controlar todo lo que allí sucedía y en especial los clientes que accedían, el tiempo que estaban con las víctimas y si éstas hablaban con los clientes de cosas particulares más allá del servicio contratado.

Dicho inmueble estaba distribuido en nueve habitaciones y tres cuartos de baño, de tal manera que la persona que hacía de encargada tenía una habitación para ella sola a modo de oficina, mientras que el resto de víctimas vivía hacinado en una o dos habitaciones, en literas, ocupando entre cuatro o cinco personas una habitación. El resto de estancias disponibles eran para la prestación de los servicios sexuales.

En la vivienda mencionada, además de prestarse servicios sexuales, como oferta adicional, con unos códigos previamente establecidos en el sector (fiesta, fiesteras, fiesta blanca), para aquellos clientes que lo solicitaran se distribuía droga, concretamente cocaína y en alguna ocasión pastillas de viagra, si bien las víctimas, que no podían negarse a prestar este servicio, no participaban del beneficio generado, que recogía únicamente a la acusada.

En la adquisición y traslado de la droga a la vivienda de la Avenida de Burgos colaboraba el también acusado J.R.A, pareja sentimental de la jefa. La situación narrada se mantuvo prácticamente intacta hasta febrero del año 2022, momento en el que la acusada, obsesionada con su propia seguridad personal, empezó a tomar medidas de protección más eficaces para evitar ser responsabilizada, llegado el caso, de la actividad narrada.

A partir de ese momento, sería su prima y también acusada M.A.P.G, natural de Paraguay y en situación irregular en territorio español, quien asumiría diversas funciones de gestión y control de la actividad para que la anterior pasara a un discreto segundo plano.

En las tareas de captación de mujeres participarían también, siempre según la acusación pública, los otros dos acusados, una mujer con iniciales M.G.G, y el varón H.J.A, quien trabajaba en una empresa de paquetería en Valladolid entregando y recogiendo paquetes principalmente para ciudadanos de Paraguay.

Fuente: Europa Press.

Este jueves, desde el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) informaron que autoridades de la institución mantuvieron esta semana una reunión con importadores de productos vegetales, con el fin de socializar los alcances de la Resolución N°46/2026, sobre la obligatoriedad del etiquetado codificado de productos vegetales.

El encuentro estuvo encabezado por la directora general técnica, Carmen Berni, acompañada del director general de Asuntos Jurídicos, Juan Lebrón y de otras áreas técnicas y operativas de la institución.

“Esta normativa tiene por objetivo fortalecer el sistema de control de las importaciones, mediante la implementación de mecanismos para garantizar la identificación de los productos que se comercializan en el territorio nacional”, indicaron desde la cartera.

Indicaron que son 17 los productos frutihortícolas in natura, sujetos al etiquetado codificado, entre ellos:

1. Tomate
2. locote
3. naranja
4. cebolla
5. papa
6. remolacha
7. repollo
8. zanahoria
9. banana
10. limón
11. limón Tahití
12. limón sutil
13. batata
14. mandarina
15. pepino
16. pomelo
17. frutilla
18. Además, se aplica a una lista de plantas ornamentales.

Aclararon que en el documento institucional, a fin de realizar los ajustes correspondientes, la medida y sus implicancias serán ejecutadas durante 30 días, a modo de plan piloto.

Este miércoles 25 de febrero hará la gran convocatoria para que se desarrolle la primera socialización para la construcción del Hospital General del Chaco, informaron desde el Ministerio de Salud. La jornada está prevista para las 15:00, en el Salón Día Mágico Eventos, de Mariscal Estigarribia, Chaco.

La intención es informar acerca de los alcances y etapas de la construcción del hopsital una obra que beneficiará al menos a unas 150.000 personas y aproximadamente 77 comunidades indígenas del Chaco paraguayo.

En la ocasión se prevé la participación de autoridades locales, líderes comunitarios, actores territoriales y representantes de los pueblos originarios de la región.

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Se trata de una de las acciones de responsabilidad social impulsadas por la Itaipú Binacional, en cooperación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Desde la cartera de Salud indicaron que la obra, adjudicada al Consorcio Salud Occidental, requerirá una inversión aproximada de USD 20 millones y un plazo de ejecución de 21 meses. Esta iniciativa busca fomentar la participación de la comunidad, fortalecer el diálogo intercultural y promover la apropiación social del emprendimiento.

“Esta instancia se integra a un proceso de socialización más amplio, que incluye espacios de diálogo permanente con organizaciones de pueblos indígenas, conforme a la normativa nacional vigente y a los principios de participación, respeto e interculturalidad”, expresaron.

• Representa una apuesta estratégica del Gobierno para ampliar el acceso a servicios de salud de calidad en la Región Occidental.
• Beneficiará a comunidades urbanas, rurales e indígenas en toda su área de influencia directa.
• La construcción se realizará sobre un terreno de 8,5 hectáreas.
• Contará con una superficie edificada de más de 11.600 metros cuadrados.
• Se prevén 65 camas hospitalarias, de las cuales 18 estarán destinadas a unidades de cuidados intensivos para adultos, niños y recién nacidos.
• También dispondrá de quirófanos, consultorios, servicios de urgencias, ginecología, laboratorio, diagnostico por imágenes, diálisis y farmacia.

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La Mesa Interinstitucional para la Prevención y el Combate de la Trata de Personas, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó recientemente una reunión en la que se presentó un balance de las acciones desarrolladas en 2025 y se establecieron las líneas de trabajo para este año.

Durante la sesión se revisaron los compromisos asumidos, evidenciándose un alto nivel de cumplimiento en materia de prevención, protección y asistencia a las víctimas.

Asimismo, se expuso el balance de las acciones correspondientes al año 2025, destacándose la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento del Plan Nacional y la consolidación de informes orientados a la evaluación del “Trafficking in persons report” (Reporte de tráfico de personas), lo que contribuye al fortalecimiento de la cooperación internacional y a la credibilidad del país.

También se resaltó el Plan de Trabajo Paraguay-Bolivia, firmado el 31 de octubre, que establece mecanismos de cooperación bilateral y la realización de actividades conjuntas, además de la creación de un grupo ad hoc encargado de actualizar instrumentos estratégicos y la malla curricular de capacitaciones.