El comunicador Juan Alcaraz, quien reside en el departamento de Canindeyú, denunció que es víctima de amenazas y lamentó las precarias condiciones en que realiza su trabajo.
Criticó, además, al titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, quien habló de una supuesta lista de profesionales de la comunicación que sería objeto de atentado por el crimen organizado.
“Realmente ayer nos sorprendieron las expresiones del ministro de la Senad que socializa a nivel nacional desde medios de Asunción de que le habían dicho de una supuesta lista de personas a ser eliminadas por el crimen organizado, o ligados al narcotráfico, y que en esa lista existirían comunicadores”, señaló a la 1000 AM.
Dijo que por la línea editorial de los medios de la zona, se conoce quiénes son los trabajadores que corren el riesgo de ser víctimas del sicariato por sus publicaciones, que podrían “molestar a ciertos patrones de frontera y dueños del hampa del narcotráfico en Canindeyú”.
“Sabíamos que el ministro Jalil manejaba el dato y que nunca abordó con nosotros aquí en el departamento. Justamente estamos trabajando con los colegas desde ayer, de que por qué Jalil Rachid, a conocimiento supuestamente de una lista, por qué no nos convocó aquí en el departamento a todos los que cubrimos temas netamente periodísticos”, cuestionó.
Piden investigar
A su vez, el periodista José María “Pepe” Acosta pidió que se investigue la denuncia de qué periodistas sufrirían atentados por parte del crimen organizado. “Hemos hecho una denuncia sobre la posible perpetración de hechos punibles que afectarían a periodistas”, dijo a la 680 AM.
A su criterio, las declaraciones del titular de la Senad dejan “dudas e incertidumbres”, pero se debe tomar “con mucha cautela y atención”, ya que, por la violencia en la zona y la fragilidad en el manejo del Estado, en lo que representa al crimen organizado.
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El crimen organizado frena crecimiento económico en América Latina, según BM
La lucha contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe es una prioridad, entre otras cosas porque frena el crecimiento económico, advirtió este lunes el Banco Mundial.
La organización lo considera “uno de los problemas más urgentes de la región”, cuya economía debe crecer 2,1 % en 2025 y 2,4 % en 2026, lo que la posiciona como la zona de menor crecimiento a nivel mundial.
Durante mucho tiempo América Latina y el Caribe “ha cojeado por un crecimiento económico anual mediocre, baja productividad”, pobreza y altos niveles de desigualdad y “permanecerá atrapada en este pobre equilibrio” hasta que frene el crimen organizado y la violencia que trae consigo, se lee en un informe.
Las tasas de homicidio en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe “superan con creces las observadas en cualquier otra parte del mundo”, destaca.
Aunque la población de la región representa aproximadamente el 9 % del total mundial “registra un tercio del total de los homicidios” y la brecha se ha ampliado pasando de una tasa promedio 5,4 veces mayor que la del mundo (22,0 frente a 4,1) en la primera década de este siglo a una 8 veces mayor (23,9 frente a 3,0)" en la segunda, señala.
Los índices promedio de homicidio en el periodo 2018-2022 varían desde 38 por cada 100.000 habitantes en Honduras hasta 5 en Argentina y 4 en Bolivia.
Durante los últimos años la situación ha mejorado en países como El Salvador y Venezuela y se ha agravado en otros como Ecuador y Haití, añade.
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A medio y largo plazo el informe recomienda mejorar los sistemas educativos y mercados laborales pero a corto plazo aboga por “priorizar el fortalecimiento estratégico de la capacidad en cárceles, fuerzas de policía y sistemas de justicia”. También la prevención dirigida a “jóvenes en riesgo de incorporarse a grupos criminales”.
No es fácil determinar qué está detrás del aumento del crimen organizado en la región, afirma el BM, pero algunos factores contribuyen.
La organización cita la demanda global de cocaína, oro ilegal y tráfico de migrantes en la década de 2010, la reorganización de los grupos debido a las represiones gubernamentales, la mayor disponibilidad de armas, la diversificación de sus negocios y la alta tecnología.
La pandemia del covid-19 también ha influido. En Colombia y México “permitió que las organizaciones criminales ganaran legitimidad y poder al brindar apoyo social y gobernanza, en algunos casos reemplazando al Estado en zonas de marcada pobreza y desigualdad”, afirma el Banco Mundial.
“En respuesta al cierre de fronteras durante la pandemia, el Tren de Aragua (Venezuela) pasó de cobrar tarifas para facilitar el paso de los migrantes, a establecer su propia operación, que incluye la propiedad de empresas de transporte y alojamiento”, añade.
En sus últimas cifras el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que los costos directos del crimen organizado alcanzaron el 3,4 % del PIB de América Latina y el Caribe en 2022.
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Terrorismo y el crimen organizado, las nuevas amenazas que enfrenta el Codi
Por Lourdes Torres (lourdes.torres@nacionmedia.com)
El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, resaltó que en la actualidad el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) continúa enfrentando lo que por ahora se denominan “las nuevas amenazas”, que son el terrorismo y el crimen organizado; los cuales van de la mano y constituyen un peligro muy grande para la sociedad.
“El Codi lleva adelante tareas de inteligencia, así como en el caso del EPP, para determinar la ubicación de los principales grupos criminales, ya sean estos narcotraficantes, o que estén desarrollando hechos criminales de otro tipo. Siempre y cuando estos grupos criminales tengan armamentos de guerra o cuenten con entrenamiento pseudomilitar y sobre todo tengan esa intención de socavar el poder soberano del Estado, en algunos puntos del país, ahí van a estar presentes las Fuerzas Armadas de la Nación”, destacó en entrevista con La Nación/Nación Media.
Remarcó que las acciones de las fuerzas militares siempre estarán enmarcadas y ajustadas a lo que establece la ley, la Constitución, los procedimientos penales. Señalando que ninguna operación que se lleve a cabo se estará realizando sin la autorización y el acompañamiento de la justicia, el Ministerio Público.
Expansión
En vista a las nuevas amenazas, el ministro de Defensa destacó que por decisión del jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Santiago Peña, instruyó llevar un trabajo coordinado entre las fuerzas militares y las fuerzas de la Policía Nacional, y de hecho, para ese fin, se había creado la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), instalada en el norte del país, como parte del Comando de Operaciones de Defensa Interna.
“Hace ya varios meses, el presidente de la República firmó un decreto por el cual se extiende la jurisdicción del Codi - FTC a los tres departamentos del Sur que son: Ñeembucú, Misiones e Itapúa, para coadyuvar con la Policía Nacional y la Secretaría de Emergencia Nacional incluso, en caso de que estas instituciones lleven a cabo alguna operación de gran envergadura y que necesiten el apoyo de las fuerzas operativas de las Fuerzas Armadas”, acotó.
González resaltó como uno de los principales logros del trabajo conjunto de las fuerzas militares y policiales, que, de un tiempo a esta parte, el crimen organizado se estaba enseñoreando en la zona del departamento de Canindeyú, pero la presencia del Codi ha permitido dar varios e importantes golpes al crimen organizado.
Principales logros
Entre esos logros, el titular del Ministerio de Defensa destacó el operativo Ignis, que derivó en 9 criminales sicarios abatidos, la detención de otras 9 personas, la confiscación de varios armamentos, cartuchos e incluso una ametralladora antiaérea.
Igualmente, resaltó la operación de secuestro y destrucción de más de 58.000 kilos aproximadamente de marihuana toda prensada que estaba a pocos kilómetros de la frontera con Brasil, cargamento que estaba a punto de ser enviado al vecino país. Remarcó que este hecho fue un duro golpe para el crimen organizado.
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“En general, el resultado del Comando de Operaciones de Defensa Interna fue impedir que los grupos terroristas, tanto de los autodenominados EPP, ACA y EML, no hayan cumplido los objetivos estratégicos que ellos habían marcado. Estos tres objetivos estratégicos fueron: la toma del poder por la fuerza, urbanizar sus hechos criminales y establecer células de terroristas en todos los departamentos del país”, resaltó.
González remarcó que ni uno de estos tres objetivos han logrado los grupos terroristas gracias a la decidida acción del Codi, pese a que costó la vida de varios policías y militares a lo largo de estos años. “Tuvo un alto costo, pero el Codi impidió que estos objetivos estratégicos fueran cumplidos. Si esto llegaban a sus objetivos otra hubiera sido la situación en el Paraguay”, precisó.
Trabajo conjunto
El ministro de Defensa destacó la estrecha colaboración que ha llevado el Codi - FTC en alianza interinstitucional con otros estamentos del Estado como la Senad en la lucha contra el crimen organizado. Incluso en operaciones con la Policía Federal del Brasil, en varios operativos que ya se han llevado a cabo en la zona del Amambay, Canindeyú.
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Codi enfrenta nuevas amenazas, dice ministro
- Lourdes Torres
- lourdes.torres@nacionmedia.com
El ministro de Defensa, Óscar González, se refirió a las nuevas amenazas que enfrenta el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), que son el terrorismo y el crimen organizado, los cuales van de la mano y constituyen un peligro para la sociedad toda.
“El Codi lleva adelante tareas de inteligencia, así como en el caso del EPP, para determinar su ubicación de los principales grupos criminales, ya sean estos narcotraficantes, o que estén desarrollando hechos criminales de otro tipo. Siempre y cuando estos grupos criminales tengan armamento de guerra, o cuenten con entrenamiento pseudomilitar y, sobre todo, tengan esa intención de socavar el poder soberano del Estado”, destacó a La Nación/Nación Media.
Las acciones de las fuerzas militares estarán enmarcadas y ajustadas a lo que establece la ley, indicó. Señaló que ninguna operación se estará realizando sin la autorización y el acompañamiento de la Justicia.
Recordó que por decisión del jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Santiago Peña, se instruyó llevar al sur del país un trabajo coordinado entre las fuerzas militares y las fuerzas de la Policía Nacional, para lo cual fue creada la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
“Por decreto se extiende la jurisdicción del Codi-FTC a los tres departamentos del Sur, que son: Ñeembucú, Misiones e Itapúa, para coadyuvar con la Policía Nacional y la Secretaría de Emergencia Nacional incluso, en caso de que estas instituciones lleven a cabo alguna operación de gran envergadura y que necesiten el apoyo de las fuerzas operativas.
Destacó el operativo Ignis, que tuvo como resultado 9 criminales sicarios abatidos, la detención de otras 9 personas, la confiscación de varios armamentos, cartuchos e incluso una ametralladora antiaérea.
La operación de secuestro y destrucción de más de 58.000 kilos, aproximadamente, de marihuana toda prensada que estaba a pocos kilómetros de la frontera con Brasil es otro logro. Este hecho fue un duro golpe para el crimen organizado.
“El resultado del Codi fue impedir que los grupos terroristas, tanto de los autodenominados EPP, ACA y EML, hayan cumplido los objetivos que se habían marcado: la toma del poder por la fuerza, urbanizar sus hechos criminales y establecer células de terroristas en todos los departamentos del país. Nada de esto lograron”, concluyó.
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Canindeyú: detienen a una mujer por presunto homicidio
La Policía Nacional logró la detención de una mujer de 26 años de edad sospechosa de un homicidio cuya víctima es un hombre de 34 años. El procedimiento se llevó a cabo el barrio San Antonio de la ciudad Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú, y fue efectuado por personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles – División Regional Katueté.
La mujer se encuentra en la sede policial a la espera de ser convocada por el Ministerio Público para la audiencia indagatoria, en la que tendrá la posibilidad de poder dar su versión sobre el hecho en el que se la involucra. El informe policial no detalla la identidad de la aprehendida ni de la víctima.
Una vez que la detenida declare en sede fiscal, ya el representante del Ministerio Público podrá presentar la imputación correspondiente contra la mujer y a su vez deberá solicitar la medida cautelar pertinente que podría ser la prisión preventiva atendiendo a la gravedad del hecho investigado.
Luego deberá acudir hasta un juzgado penal de garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se define si estará privada de libertad o será beneficiada con medidas alternativas a la prisión.
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