Durante la reunión del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), el presidente del Consejo de Gobernadores y gobernador del Guairá, César Sosa, destacó su satisfacción y orgullo porque bajo el Gobierno de Santiago Peña el programa Hambre Cero en las Escuelas se convierta en patrimonio de la República del Paraguay.

Destacó que es uno de los pilares del gobierno de Peña, ya que se instaló primero como proyecto y luego como programa social que actualmente ya es toda una realidad.

“Hoy son cerca de 1.050.000 niños y niñas en las escuelas que reciben desayuno, almuerzo y merienda; en incluso en algunos lugares cena. También, hay que valorar el esfuerzo del ministro Tadeo Rojas, como cabeza de este gran trabajo”, destacó el gobernador.

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Resaltó el esfuerzo y dedicación de los otros ministros que están involucrados en el proyecto como Economía, Carlos Fernández Valdovinos, el de Educación Luís Ramírez, y sus viceministros.

“Hemos pasado muchas cosas día a día, golpeando puertas, llamando, a veces con paciencia y otras sin paciencia. Pero realmente se pudo sacar adelante el proyecto que hoy se ha convertido en un gran patrimonio del Paraguay, lo cual lo subrayo y digo con énfasis. Nosotros que estamos en el terreno día a día, vemos cómo los niños nos ven llegar nos abrazan y agradecen y eso no tiene ningún valor”, remarcó.

Destacó que, desde el Consejo de Gobernadores, pero sobre todo las 15 gobernaciones que encaran este programa en forma directa se están esforzando para mejorar día a día para que los controles sean cada vez más transparentes.

“Nosotros estamos abiertos a todos los controles, queremos seguir mejorando. Porque lo más importante es que este programa salga adelante y perdure en el tiempo, porque estoy seguro de que este será uno de los legados más importantes que dejará este gobierno; para los que son lo más sagrado de nuestra nación que son nuestros niños y niñas”, concluyó.

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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este miércoles que defenderá “la soberanía del pueblo brasileño” ante Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump confirmara aranceles punitivos al país sudamericano y sancionara a un juez de su corte suprema.

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La Casa Blanca había reafirmado poco antes que aplicar tarifas del 50 % a productos brasileños, aunque con varias excepciones y con casi una semana de retraso respecto de la fecha original, el 1º de agosto.

Washington también anticipó este miércoles, casi en simultáneo, sanciones financieras a Alexandre de Moraes, juez de la corte suprema a cargo de un juicio por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), aliado de Trump.

Lula prometió “defender (...) la soberanía del pueblo brasileño ante las medidas anunciadas por el presidente de los Estados Unidos” durante un acto oficial en Brasilia.

“Hoy es el día sagrado de la soberanía”, añadió el izquierdista.

Al anunciar su guerra comercial contra Brasil, Trump criticó una supuesta “caza de brujas” contra el Bolsonaro. El ultraderechista es juzgado por una presunta intentona golpista para impedir la asunción de Lula luego de que lo derrotara en las elecciones de 2022.

Estados Unidos tiene superávit comercial con la mayor economía sudamericana, a diferencia de lo que sucede con la mayoría de países que han sido objeto de los aranceles punitivos de Trump.

El canciller brasileño Mauro Vieira se reunió este miércoles en Washington con el secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, en el encuentro de más alto nivel entre ambos gobiernos hasta ahora.

Vieira le dijo a Rubio que Brasil “se reserva el derecho de responder” a las medidas de Trump, una “inaceptable injerencia en la soberanía nacional”, según declaró el canciller a la prensa.

La justicia brasileña “no se inclinará ante presiones externas”, manifestó al secretario de Estado, aunque el gobierno de Lula “está abierto” a seguir negociando por los aranceles.

El gobierno estadounidense informó este miércoles que aplicó a Moraes la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos en el mundo.

La corte suprema expresó su “solidaridad” al juez y afirmó en una nota que “no se desviará de su papel de cumplir la Constitución y las leyes” brasileñas.

“El juicio de delitos que implican un atentado grave a la democracia brasileña es de competencia exclusiva de la justicia del país”, sostuvo el máximo tribunal en un comunicado

• Fuente: AFP

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Como parte de las investigaciones acerca del supuesto intento de golpe de Estado en enero de 2023, el general de la reserva del Ejército brasileño, Mário Fernandes, reconoció ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil ser autor de “Puñal verde y amarillo”, un documento en el planeaba el asesinato de varios altos dirigentes que incluía incluso al presidente Lula da Silva, el juez Alexandre de Moraes y el vicepresidente Geraldo Alckmin.

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El militar explicó que el texto fue redactado e impreso en el Palacio del Planalto, lugar en el que prestaba servicio en ese momento, pero agregó que “fue destruido inmediatamente y jamás fue compartido con nadie”.

También se excusó diciendo que el archivo “era solo una idea digitalizada” tras las elecciones de 2022 em las que el actual mandatario Da Sila resultó vencedor ante su rival Jair Bolsonaro.

“Es un archivo digital. No es más que un pensamiento mío digitalizado. Una recopilación de datos, un estudio de situación, un análisis de riesgos que realicé, y por costumbre, decidí digitalizarlo. No se lo mostré a nadie, no se lo compartí a nadie. Hoy me arrepiento de haberlo digitalizado”, declaró según se hace eco el medio RT.

Los investigadores de la Policía Federal concluyeron que el plan fue redactado por Fernandes en noviembre de 2022, apenas un mes después de que se conociera el resultado electoral que favoreció a Luiz Inácio Lula da Silva.

Y más, este plan fue debatido por militares en la vivienda particular del general Braga Netto, exministro de Jair Bolsonaro y compañero de fórmula en la campaña presidencial.

Según el medio, “Fernandes también reveló que en el entorno más cercano de Bolsonaro se debatía un posible decreto presidencial que permitiese una intervención del Ejecutivo sobre otros poderes, bajo argumentos supuestamente constitucionales. “Le hice un llamado al general Ramos, entonces asesor de Bolsonaro: si ese movimiento existe y está dentro de la Constitución, ¿por qué no reforzarlo?”, relató“.

Sin embargo, la confabulación no logró mantenerse en secreto. La intriga se filtró tras la delación del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, quien “declaró que Braga Netto incluso habría financiado parte de la operación y que entregó dinero en una bolsa de vino al mayor Rafael Martins de Oliveira, otro implicado”.

Como parte del proceso que se le sigue al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, la semana pasada, el magistrado Alexandre de Moraes ordenó medidas cautelares a Bolsonaro, entre ellas, el uso de una tobillera electrónica.

Los defensores de Bolsonaro se apresuraron ayer jueves a explicar ante la Justicia que su defendido no había violado ninguna medida cautelar judicial luego de que aparecieran las declaraciones del expresidente en redes sociales, puesto que que el mandatario recibió la expresa prohibición de utilizar esos medios.

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Bolsonaro arguyó que él no podía ser responsable de los hechos de terceros si otros utilizaban sus declaraciones en las redes.

Este viernes, la defensa del principal sospechoso del crimen de María Fernanda Benítez recusó al fiscal Fermín Segovia, por supuesta tortura durante la detención del adolescente de 17 años. Desde el Ministerio Público decidieron apartar del cargo al fiscal y analizar el pedido.

Según la defensora pública Lourdes Rolón, abogada del adolescente imputado por la muerte de María Fernanda, se presentó una recusación en contra del fiscal Fermín Segovia. Alega que este incurrió en actos de tortura durante un allanamiento realizado en junio en el Centro Educativo Sembrador de Villarrica.

Rolón en su presentación indicó que durante el procedimiento que se realizó para buscar prendas del acusado el fiscal fue violento y que todo se realizó sin las garantías mínimas, lo que vulneró los derechos del menor de 17 años, que está recluido en el centro educativo de Guairá.

Atendiendo a este pedido la fiscala Gloria Rojas, adelantó que habrá una resolución en la que citan que el fiscal Segovia queda apartado del caso, mientras se analiza la recusación presentada por la defensa.

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María Fernanda desapareció el pasado martes 27 de mayo y su cadáver fue hallado el 1 de junio, en un terreno baldío que queda cruzando la calle del adolescente de 17 años. Hasta la fecha se tienen a seis personas imputadas en el crimen de María Fernanda, entre ellas el joven de 17 años, principal sospechoso con quien se la ve por última vez en la moto.

Así también, fueron detenidos: Mikahella Rolón, presunta instigadora del crimen; Franco Acosta, hijo del dueño de la farmacia que vendió las pastillas para el aborto; los padres del sospechoso, quienes fueron imputados por exposición al tránsito terrestre porque su hijo usó la moto y Ricardo Villamayor, en cuya vivienda se encontró el biciclo y guarda prisión domiciliaria.

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