El pasado 11 de junio, la cámara de Senado declaró al soyo como alimento nacional del Paraguay y solicitó a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) que también lo declare como patrimonio nacional. El pedido también incluyo a la cecina o carne de res secada al sol.

Mediante la declaración n.° 294 los legisladores decidieron declarar alimento nacional a la carne pisada o so’o josopy (soyo) como a su proceso de elaboración, en el cual se implementa el mortero. Así también, reconocieron a este platillo de interés cultural en todo el territorio nacional.

“Por la cual se declara alimento Nacional del Paraguay y de interés cultural a la carne pisada (so’o jospy) y al proceso de elaboración con el mortero (angu’a) carne pisada al mortero”, expresaron en el documento de la sesión de fecha 11 de junio.

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Solicitaron a la Secretaría Nacional de Cultura, que realice los trámites necesarios para que este plato nacional, “soyo”, sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial nacional, como también a su método de elaboración. El pedido incluyó la cecina o so’o piru.

“Instamos a la SND proceder con los trámites necesarios para la oficialización como Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay al proceso de elaboración de la carne pisada (so’o josopy) y al mortero (angu’a), incluyendo también la carne res deshidratada al sol, denominado comúnmente como cecina (so’o piru)”, dicta la petición.

El pedido se realizó conformidad con lo establecido en la Ley Nº 3051/06 “Nacional de Cultura”, la SND es la máxima instancia a nivel nacional en el área de la cultura, actuando como órgano rector responsable de la aplicación de las políticas, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de esta Ley, incluido en la Ley N° 5621 “De protección del patrimonio cultural”.

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• Quito, Ecuador. AFP.

Ecuador investigará el origen del patrimonio de jueces y fiscales que liberen a narcotraficantes, secuestradores y homicidas, informó el gobierno de Daniel Noboa, cuya bandera es la mano dura contra el delito. El país sufre una sangrienta guerra entre narcos y mafias internacionales. Ecuador cerró 2024 con una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de Latinoamérica.

“En innumerables ocasiones, la Policía Nacional ha tenido que capturar hasta diez veces a un mismo criminal porque ha recibido beneficios de la justicia. Esto se acabó“, señaló la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado. La entidad agregó que “desde ahora se ejecutará el análisis del origen patrimonial y licitud del origen de los fondos de todos aquellos jueces, fiscales y su entorno, que otorgan medidas procesales sustitutivas o la libertad” a asesinos, secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes.

Recientemente se conoció que un grupo de presuntos secuestradores fue liberado por orden de un juez después de raptar a cuatro comerciantes, entre ellos una ciudadana china, en el puerto de Guayaquil. Las víctimas aparecieron muertas días más tarde encadenadas y dentro de un pozo.

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“Las economías criminales mantienen a flote sus estructuras, extendiendo sus tentáculos en los entramados judiciales de los que se benefician para lograr la impunidad”, dijo el ministro del Interior, Jhon Reimberg, en un video difundido en X. Entre enero y abril de 2025 el Ministerio del Interior registró 3.084 homicidios.

A inicios de junio, el Congreso, de mayoría oficialista, aprobó una ley para combatir las bandas criminales. Una de las medidas es extender el tiempo máximo de prisión preventiva para así evitar que los acusados queden libres durante el proceso. La norma también contempla otorgar un indulto presidencial a miembros de la fuerza pública condenados por hechos ocurridos en combate.

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El titular del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), Javier Dejesús Esquivel, presentó el informe de su primer año de gestión al frente de la institución, correspondiente al periodo mayo de 2024 – mayo 2025. La actividad contó con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, así como de los defensores Adjuntos, directores generales y directores de la institución.

Es importante resaltar que el informe de gestión ofreció los principales logros obtenidos en este primer año, así como los datos relevantes en los servicios brindados.

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En ese sentido se tiene que entre junio de 2024 y abril de 2025, se logró atender a un total de 119.298 personas en situación de alta vulnerabilidad social, económica y jurídica. Dicha cantidad de personas atendidas se describe de la siguiente manera, migrantes: 144; personas privadas de libertad: 16.227; mujeres víctimas de violencia: 5.282; personas mayores: 6.886; pueblos originarios: 964; niños, niñas y adolescentes: 105.728; personas con capacidades diferentes: 227; personas LGBTIQ: 42; afrodescendientes: 25; casos mediables: 22.055.

Actualmente, el Ministerio de la Defensa Pública asiste en juicios activos a 182.330 personas, según los datos hasta el 31 de mayo de 2025.

También se dio a conocer datos importantes sobre la atención que realiza la defensa pública en otros ámbitos como ser Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, y la Defensoría Especializada en la Ley 5777/16 entre otros.

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El equipo de defensa del senador Erico Galeano presentó este martes la recusación de los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, en el marco de la causa A Ultranza Py. El abogado Álvaro Cáceres, uno de los representantes legales del legislador, explicó que la recusación de ambos agentes fiscales se da por una “falta de objetividad”.

“Sabemos que en una instancia de juicio oral un agente fiscal busque una condena porque es la función del Ministerio Público como órgano acusador, pero consideramos que esa labor debe llevarse con un criterio de objetividad y consideramos que esa objetividad se perdió”, expresó el abogado.

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El letrado indicó que la pérdida de objetividad quedó en evidencia por las declaraciones formuladas por los agentes fiscales una que vez que, en su momento, lograron el arresto domiciliado con permiso para trabajar para el legislador.

“Ellos manifestaron que Erico Galeano debe perder su libertad, siendo que eso es un derecho constitucional, el segundo derecho más importante después de la vida y siendo que la prisión preventiva debe ser de última instancia que tiene que recurrir un juzgador a los efectos de asegurar el sometimiento de una persona, y al haber declarado de esa manera, nosotros consideramos que perdieron totalmente el criterio de objetividad y en ese sentido, planteamos la recusación”, apuntó.

Este martes, se debía iniciar el juicio contra el senador Galeano en el marco de la causa A Ultranza Py, bajo la acusación de lavado de dinero y asociación criminal. El inicio estaba previsto para las 07:30, diligencia que quedó suspendida hasta que se resuelva la acción presentada por los abogados.

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