Un joven sindicado de robar un lote de notebooks de un colegio en San Antonio fue detenido por la Policía y de su poder fueron recuperados todos los objetos sustraídos que fueron hallados en su propia vivienda.
El sujeto, identificado como Pablo Fernando Franco, de 23 años de edad, habría ingresado a la escuela Domingo Martínez de Irala y para apoderarse supuestamente de cuatro computadoras portátiles, de las que fueron devueltas tres mediante la intervención policial.
El presunto delincuente era alumno de la citada institución, por lo que manejaba datos precisos de todo el equipamiento informático de dicho centro educativo. Los elementos electrónicos sustraídos se encontraban celosamente guardados bajo un colchón, confirmaron los agentes intervinientes.
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“Tuvimos la denuncia referente al hurto agravado a través del director del colegio. Pudimos hacer las averiguaciones correspondientes y llegar al presunto autor del hecho”, dijo un oficial a los medios de prensa.
Se pudo corroborar que el sujeto era alumno de dicho establecimiento educativo, por lo que “conocía el movimiento”, ingresó y perpetró el robo de cuatro notebooks, según la denuncia. La detención del joven se produjo en el barrio Virgen del Pilar de la ciudad de Ypané.
El colegio contaba con unas 15 computadoras portátiles, de ellas 11 estaban en poder de los docentes y cuatro se encontraban en el armario en la institución y fueron sustraídas por el exalumno. Tres notebooks fueron recuperadas por la Policía, en tanto se busca la cuarta, aunque aparentemente ya habría sido comercializada.
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La Policía recuperó institucionalidad y operatividad en 3 años de gestión, asegura Riera
- Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.
Al hacer un balance de estos tres años de gestión al frente del Ministerio del Interior, el ministro Enrique Riera sostuvo que uno de los principales resultados fue devolver la institucionalidad a la Policía Nacional, con una mayor autonomía en sus decisiones operativas y presupuestarias y una menor injerencia externa. Afirmó que este proceso estuvo acompañado por una reducción del 40 % de los hechos punibles.
El secretario de Estado destacó, en una entrevista en exclusiva con La Nación/Nación Media, que, en materia de seguridad, el gobierno de Santiago Peña tuvo más aciertos que errores y aseguró que están poniendo todo el empeño para ir mejorando en la lucha diaria contra la delincuencia común. Remarcó que los números son positivos, pero pueden mejorar más aún.
“Como resultado concreto de estos tres años se hizo mucho, pero falta más, los hechos punibles se redujeron 40 % en todos los frentes. Ocupamos el 3 lugar en Latam en relación a la cantidad de homicidios por cada de 100.000 habitantes. Y conforme al departamento de Estado de los Estados Unidos, somos, junto con la Argentina, los únicos con categoría clase 1 para recomendar a sus ciudadanos visitar como turistas e inversores”, remarcó.
Mencionó que esta situación en la Policía Nacional se está consiguiendo gracias al apoyo del Poder Ejecutivo. “Le devolvimos la operatividad, que es apostar a lo básico y esencial: movilidad y comunicación. Todavía falta mucho (particularmente armas, equipos, tecnología, infraestructura) en proporción a la cantidad de efectivos (39.000) con que cuenta actualmente”, precisó.
Principales avances
El ministro Riera destacó la Ley 7280/24 de organización y modernización de la Policía Nacional, que incorpora reivindicaciones históricas de los agentes y establece, entre otras medidas, el polígrafo como requisito para los ascensos y el fortalecimiento de Asuntos Internos para combatir la corrupción dentro de la institución. También resaltó la triplicación de los agentes del Grupo Lince, con 900 motocicletas y 1.800 policías de élite.
Asimismo, señaló una inversión de USD 92 millones en equipamiento policial, que incluye patrulleras, motocicletas, radios, sistemas de comunicación con GPS, chalecos antibalas y un laboratorio forense y criminalístico. A esto sumó el aumento de la incorporación de nuevos agentes, de 1.000 a 5.000 efectivos por año, además de una mayor inversión en la formación de oficiales y suboficiales, mediante mejores condiciones para docentes, becas e intercambios.
El ministro Riera hizo hincapié en estos puntos, atendiendo las condiciones en que estaba la institución policial al momento de asumir el mando hace 3 años, cuando se encontró con un sistema de identificaciones paralizado, vehículos con más de 300.000 km, motos deterioradas, equipos de comunicación sin funcionar, chalecos antibalas vencidos, una desfasada ley policial de 1993, y solo 24.000 efectivos. Con toda estas precariedades, señaló que el Gobierno puso énfasis en la movilidad, comunicaciones, personal y equipamiento.
Desafíos pendientes
No obstante, Riera insistió en todo momento en que aún falta mucho por hacer. “Están pendientes dos deudas históricas, reparar las más de 900 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Más del 50 % está en muy mal estado y el 20 % debe ser derrumbado y vuelto a edificar”, comentó.
Asimismo, está siendo necesaria la provisión de más de 15.000 armas, preferentemente a los nuevos egresados, de las marcas de clase internacional y a un precio razonables (sin intermediarios). Así como dotar de más equipamiento para los nuevos egresados, como transporte, comunicaciones, equipamiento completo.
Atendiendo a los últimos hechos violentos, incluidos ataques contra dependencias policiales, el ministro Riera señaló que exige mejorar de forma urgente el sistema de inteligencia con mayor tecnología para anticipar los golpes. “Fortalecer la capacidad de fuego de nuestras comisarías en efectivos y armas, así como una infraestructura más adecuada en zonas calientes. Mayor capacidad de respuesta en tiempo y forma”, acotó.
Finalmente, agradeció el apoyo y la confianza del Ejecutivo y de todo el gabinete, de los funcionarios y compañeros de trabajo: “Espero que todo estos cambios sean sustentable en el tiempo. Me gustaría dejar una institución policial profesional, eficiente e íntegra con resultados medibles. Bien equipada, organizada y motivada que sea la garantía de nuestra democracia”.
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Declaran culpable por coacción sexual y violación a exalumno de conocido colegio
En un fallo unánime, el Tribunal de Sentencia —conformado por los jueces Lourdes Garcete, Juan Francisco Ortiz y Manuel Aguirre— declaró culpable de coacción sexual y violación a un exalumno de una conocida institución educativa privada de la capital.
La decisión judicial se tomó tras concluir la etapa de debate en el juicio oral y público. Durante las audiencias, el colegiado analizó de forma integral las pruebas presentadas por la Fiscalía y la querella adhesiva. Entre los elementos determinantes destacaron varios informes médicos, así como los testimonios de las personas.
Los magistrados argumentaron que los relatos de los testigos fueron consistentes y cronológicos. Estas declaraciones permitieron destruir el principio de inocencia del procesado. El tribunal concluyó de forma categórica que el acusado es el autor directo y responsable de los abusos denunciados, procediendo así a dictar el fallo condenatorio según los parámetros de las leyes penales vigentes.
La audiencia oral donde se conocerá la pena será el próximo jueves. El acusado se expone a 8 años de cárcel atendiendo a que el hecho se registró cuando el mismo era menor.
Otros casos
Del mismo modo, el acusado enfrenta otros dos procesos penales por similares hechos. El segundo caso cometió cuando era menor y el tercer proceso penal sí cuando ya cumplió la mayoría de edad.
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Desarticulan red de estafa piramidal: “Víctimas eran atraídas por un jugoso retorno”
Una comitiva fiscal-policial lleva adelante una serie de allanamientos este jueves en el marco de denuncias por presunta estafa piramidal. En la primera intervención realizada en una vivienda de Loma Pytã de la ciudad de Asunción resultó detenida una mujer identificada como Claudia Elizabeth Villalba Salcedo.
El fiscal a cargo de las intervenciones, Itálico Rienzi, dijo a la 1020 AM que “las víctimas eran atraídas por un jugoso retorno de inversiones”. Mencionó que son ocho las denuncias recibidas, con un perjuicio de aproximadamente 168 millones de guaraníes.
Explicó que captaban personas a quienes “decían vamos a vender agua para los peregrinos en Caacupé” y pedían la suma de G. 3 millones, con la promesa de entregarles G. 5 millones y cuando se les pagaba la primera vez, la segunda requerían un monto mayor y luego “ya no se les pagaba más”, señaló el agente del Ministerio Público en comunicación con la 1020 AM.
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“Las víctimas de este tipo de hechos quieren una prosperidad fácil. Entonces, son atraídos, engañados, y encantados por este tipo de hechos”, indicó el agente del Ministerio Público tras relatar cómo eran engañadas las víctimas.
La red estaría integrada por la familia de la detenida. La misma se expone a una imputación por estafa agravada, de acuerdo con el fiscal. Con una pena privativa de libertad de hasta 10 años.
Durante el allanamiento, los intervinientes encontraron documentaciones varias, entre las cuales figuran facturas por montos que oscilan entre 2.000 a 3.000 millones de guaraníes por combustibles; además de documentos de reconocimiento de deudas por 500 millones guaraníes.
En conversación con los medios de comunicación, el fiscal dijo que los afectados podrían ser más, ya que la mujer aprehendida amenazaba a las víctimas por con demandarlas por difamación en caso de realizar la denuncia correspondiente.
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Itapúa: detienen a hombre que tenía orden de captura por robo agravado con resultado de muerte
Este miércoles, la Policía Nacional de Itapúa detuvo a un hombre que era buscado tras un robo agravado con resultado de muerte y hurto agravado en banda contra un banco en la localidad de Naranjal, departamento de Alto Paraná. Así también, esta persona cuenta con varios antecedentes penales, incluso por homicidio doloso.
Según el reporte de los intervinientes la detención de este sujeto, identificado como Milcíades Raúl Vigo González, de 43 años, se logró durante un allanamiento que se desarrolló en una vivienda ubicada en la colonia 7 de Agosto, distrito de Carlos Antonio López, departamento de Itapúa.
Vigo González contaba con dos órdenes de detención pendientes, una de ellas fue por supuesto robo agravado con resultado de muerte y también por hurto agravado en banda al banco Sudameris en la localidad de Naranjal, de donde se alzaron más de 1.000 millones de guaraníes. Además, cuenta con antecedentes penales por un doble homicidio doloso ocurrido en 2010; hechos de hurto y robo agravado en 2011.
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Durante el procedimiento, el agente fiscal Luis Caballero ordenó la detención de otra persona identificada como Adrián Javier Ferreira Giménez, de 26 años, quien no cuenta con antecedentes penales. Este hombre se encontraba en la vivienda en el momento del procedimiento.
Así también, se incautaron varios elementos como: un rifle tipo francotirador calibre 22 Magnum con mira telescópica, silenciador y bipode; chaleco antibalas color negro, dos radios walkie-talkie, pasamontañas y varias tarjetas SIM. Además, de 1.300 dólares americanos, billetes en guaraníes de baja denominación y dos teléfonos iPhone.
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