Allanaron viviendas de juez involucrado en estafa de vehículos
Compartir en redes
La Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron este miércoles dos viviendas del juez de Paz de Nueva Asunción (Presidente Hayes), Jorge Franco Garelik, imputado en el caso de megaestafa de una playa de venta de autos. Los procedimientos se realizaron en su residencia en el barrio Hipódromo de Asunción, donde el magistrado recibió a los intervinientes, y en una propiedad en Villeta conocida como el “castillo“, donde se requisaron documentos relacionados a la causa.
El comisario César Diarte, jefe de Investigaciones de Asunción, afirmó que suman más de 300 víctimas de estafa por parte de la concesionaria Stiven Automotores, cuyo propietario se encuentra prófugo. De este esquema también habría participado el juez que se expedía con llamativa celeridad en los casos de recuperación de rodados por parte de la citada firma que alegaba retrasos en los pagos de las cuotas por parte de sus clientes. Franco Garelik era quien firmaba las órdenes de secuestro de los automóviles, que posteriormente eran vendidos a otras personas.
“Se tenía toda una estructura montada ya y le era fácil porque conseguían las órdenes de secuestro en tiempo récord, tenían el oficial de justicia que iba a ejecutar, gente que les acompañaba para traer el vehículo”, detalló el comisario Diarte en entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, durante el programa “Dos en la ciudad”.
Según las víctimas, todos los vehículos contaban con GPS e inclusive un sistema de interrupción automática que eran manejados desde la empresa, por lo que podría quedar inmovilizado en plena vía pública. Con esta estrategia podían localizar con exactitud los vehículos en cualquier parte del país. Además, contaban con una copia de la llave de los rodados para facilitar el rescate de su ocasional propietario.
“Stiven Bareiro sigue prófugo, pero ya cuenta con orden de detención. Son varias personas que están siendo investigadas, esto continúa. Estamos en una etapa incipiente todavía pero cada vez se van agregando más personajes en este grupo. Y son más de 300 personas ya las afectadas”, dijo Diarte.
De acuerdo al Ministerio Público el daño patrimonial causado por el exministro Arnoldo Wiens es actualmente de 14.995 millones de guaraníes. Foto: Archivo
Metrobús: fallo de la Corte sobre rescisión de contrato podría ampliar responsabilidad de Wiens
Compartir en redes
La fiscal Yeimy Adle indicó que el Ministerio Público aguarda el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno al millonario litigio entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa portuguesa Mota Engil para ampliar o no la cifra del daño patrimonial causado por el exministro abdista Arnoldo Wiens. Esto,en el marco de la causa por el fallido proyecto metrobús.
“El MOPC le intimó a Mota Engil a que renueve la garantía de fiel cumplimiento del contrato. La firma Mota Engil le envía una primera nota y le indica que no renovará esa garantía porque en ese momento no se estaba cumpliendo con el contrato”, relató la agente de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, este miércoles al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, sobre la cronología de los hechos en el año 2018, cuando se inicia el gobierno de Mario Abdo Benítez con la gestión de Wiens.
Adle manifestó que “el MOPC le envía otra nota a la empresa diciendo que rescindirá el contrato, entonces la empresa le remitió otra nota al MOPC indicando que no está de acuerdo, pero que renovará la garantía. Paraguay o el MOPC ya no le contestó esa nota y directamente rescinde el contrato y ejecuta la garantía anterior”.
La agente fiscal acotó: “Todo esto se discute en el laudo arbitral y el arbitraje dice que no se cumplió con la renovación de la garantía de fiel cumplimiento, entonces el contrato fue rescindido de manera correcta, pero en el siguiente párrafo le condena a Paraguay a pagar casi 5 millones de dólares porque no debió cobrar la garantía, teniendo en cuenta que no se estaba cumplimiento fielmente con el contrato en atención a las obras del acta de entendimiento”.
De acuerdo con el Ministerio Público, el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.
“Esto no introducimos como perjuicio dentro de la acusación contra Wiens, porque el Paraguay apeló y ahora está en discusión en la Corte Suprema de Justicia y hasta que eso quede firme o no, no podemos introducirlo dentro de nuestra investigación porque debe ser objetiva”, mencionó.
Desde el Ministerio Público sostienen que Wiens recibió un proyecto con el 40 % de avance en el 2018 por parte de la administración del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona.
A la vez, argumentan que la iniciativa contaba con un financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos.
Uno de ellos se presentó con un nombre falso y luego se descubrió que era buscado en el vecino país por casos relacionados al narcotráfico. Foto: Gentileza
Capturan a dos presuntos miembros del PCC en Alto Paraná
Compartir en redes
Este martes, la Policía Nacional detuvo a dos personas de nacionalidad brasileña que serían sindicadas como miembros del Primer Comando Capital (PCC), en el departamento de Alto Paraná. Uno de los detenidos se presentó con un nombre falso y luego se descubrió que era buscado en el vecino país por casos relacionados al narcotráfico.
Según el reporte policial, la captura de estas personas se registró en plena vía pública, específicamente en la zona de Puerto Itavera, en el distrito de Domingo Martínez de Irala. Ambos sujetos estaban circulando sin documentos de identidad y proporcionaron sus datos, uno de ellos no correspondía.
Se identificaron como Fernando Mello Pereira y Samuel Barboza, ambos brasileños. De inmediato se comunicó el caso a la División del Comando Tripartito, para procesar y cotejar sus identidades con las autoridades de Brasil. Uno de ellos tenía varios tatuajes que serían similares a los que acostumbran a tener los integrantes del PCC.
El comisario Fabio Santacruz, del comando tripartito, confirmó que el hombre que se presentó como Fernando, en realidad era Anderson Cleiton da Silva, que tiene orden de captura en su país por hechos relacionados al narcotráfico. En tanto que, Samuel Barboza dio su nombre real y no cuenta con antecedentes criminales.
Del poder de los detenidos se incautaron dos teléfonos celulares, 300.000 guaraníes en efectivo y dos mochilas negras con prendas de vestir. Se presume que ingresaron al país hace 15 días y que esperaban el momento oportuno para cruzar ilegalmente por el río Paraná para evadir los controles fronterizos.
La Policía recuperó institucionalidad y operatividad en 3 años de gestión, asegura Riera
Compartir en redes
Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.
Al hacer un balance de estos tres años de gestión al frente del Ministerio del Interior, el ministro Enrique Riera sostuvo que uno de los principales resultados fue devolver la institucionalidad a la Policía Nacional, con una mayor autonomía en sus decisiones operativas y presupuestarias y una menor injerencia externa. Afirmó que este proceso estuvo acompañado por una reducción del 40 % de los hechos punibles.
El secretario de Estado destacó, en una entrevista en exclusiva con La Nación/Nación Media, que, en materia de seguridad, el gobierno de Santiago Peña tuvo más aciertos que errores y aseguró que están poniendo todo el empeño para ir mejorando en la lucha diaria contra la delincuencia común. Remarcó que los números son positivos, pero pueden mejorar más aún.
“Como resultado concreto de estos tres años se hizo mucho, pero falta más, los hechos punibles se redujeron 40 % en todos los frentes. Ocupamos el 3 lugar en Latam en relación a la cantidad de homicidios por cada de 100.000 habitantes. Y conforme al departamento de Estado de los Estados Unidos, somos, junto con la Argentina, los únicos con categoría clase 1 para recomendar a sus ciudadanos visitar como turistas e inversores”, remarcó.
Mencionó que esta situación en la Policía Nacional se está consiguiendo gracias al apoyo del Poder Ejecutivo. “Le devolvimos la operatividad, que es apostar a lo básico y esencial: movilidad y comunicación. Todavía falta mucho (particularmente armas, equipos, tecnología, infraestructura) en proporción a la cantidad de efectivos (39.000) con que cuenta actualmente”, precisó.
Riera señaló que la Policía pasó de incorporar unos 1.000 agentes por año a 5.000, además de triplicar la capacidad operativa de los Lince. Foto: Archivo
Principales avances
El ministro Riera destacó la Ley 7280/24 de organización y modernización de la Policía Nacional, que incorpora reivindicaciones históricas de los agentes y establece, entre otras medidas, el polígrafo como requisito para los ascensos y el fortalecimiento de Asuntos Internos para combatir la corrupción dentro de la institución. También resaltó la triplicación de los agentes del Grupo Lince, con 900 motocicletas y 1.800 policías de élite.
Asimismo, señaló una inversión de USD 92 millones en equipamiento policial, que incluye patrulleras, motocicletas, radios, sistemas de comunicación con GPS, chalecos antibalas y un laboratorio forense y criminalístico. A esto sumó el aumento de la incorporación de nuevos agentes, de 1.000 a 5.000 efectivos por año, además de una mayor inversión en la formación de oficiales y suboficiales, mediante mejores condiciones para docentes, becas e intercambios.
La modernización policial incluyó la incorporación de nuevos efectivos, tecnología, sistemas de comunicación y el fortalecimiento de los controles internos. Foto: Archivo
El ministro Riera hizo hincapié en estos puntos, atendiendo las condiciones en que estaba la institución policial al momento de asumir el mando hace 3 años, cuando se encontró con un sistema de identificaciones paralizado, vehículos con más de 300.000 km, motos deterioradas, equipos de comunicación sin funcionar, chalecos antibalas vencidos, una desfasada ley policial de 1993, y solo 24.000 efectivos. Con toda estas precariedades, señaló que el Gobierno puso énfasis en la movilidad, comunicaciones, personal y equipamiento.
Desafíos pendientes
No obstante, Riera insistió en todo momento en que aún falta mucho por hacer. “Están pendientes dos deudas históricas, reparar las más de 900 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Más del 50 % está en muy mal estado y el 20 % debe ser derrumbado y vuelto a edificar”, comentó.
Asimismo, está siendo necesaria la provisión de más de 15.000 armas, preferentemente a los nuevos egresados, de las marcas de clase internacional y a un precio razonables (sin intermediarios). Así como dotar de más equipamiento para los nuevos egresados, como transporte, comunicaciones, equipamiento completo.
El secretario de Estado reconoció que la modernización de la Policía aún está inconclusa y planteó como prioridades reforzar infraestructura, armamento y comunicaciones. Foto: Archivo
Atendiendo a los últimos hechos violentos, incluidos ataques contra dependencias policiales, el ministro Riera señaló que exige mejorar de forma urgente el sistema de inteligencia con mayor tecnología para anticipar los golpes. “Fortalecer la capacidad de fuego de nuestras comisarías en efectivos y armas, así como una infraestructura más adecuada en zonas calientes. Mayor capacidad de respuesta en tiempo y forma”, acotó.
Finalmente, agradeció el apoyo y la confianza del Ejecutivo y de todo el gabinete, de los funcionarios y compañeros de trabajo:“Espero que todo estos cambios sean sustentable en el tiempo. Me gustaría dejar una institución policial profesional, eficiente e íntegra con resultados medibles. Bien equipada, organizada y motivada que sea la garantía de nuestra democracia”.
Acusan y piden juicio oral para hermano de político liberal
Compartir en redes
El fiscal de Fernando de la Mora, Armin Echeguren, presentó una acusación por abuso sexual en niños y solicitó al Juzgado Penal de Garantías la elevación a juicio oral y público del proceso penal contra el hermano de un político liberal, quien aspira a la intendencia de una ciudad del Departamento Central.
La acusación fue radicada ante el juez Penal de Garantías de Fernando de la Mora, Miguel Ruiz, quien ya fijó la audiencia preliminar para el próximo 28 de agosto a las 08:30. En dicha diligencia judicial se definirá si el acusado enfrentará un juicio oral y público, tal como lo solicitó el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
El representante de la Fiscalía reabrió la causa y, tras hallar elementos de prueba contundentes, presentó la acusación formal contra el procesado, miembro de una familia liberal con antecedentes en la función pública en los más altos cargos electivos. Entre las pruebas ofrecidas se encuentran diversos testimonios y pericias de profesionales que evaluaron a la víctima.
Asimismo, el abogado Luis Fernando Ayala presentó una querella adhesiva en representación de la madre de la víctima, quien actualmente tiene 11 años de edad. La querella se sumó al pedido de que el proceso sea elevado a juicio oral y público.