El debate sobre una eventual reforma en la fórmula de reajuste del salario mínimo legal volvió a instalarse en la agenda económica nacional. Ante la intención del Poder Ejecutivo de incorporar nuevas variables más allá del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el analista financiero Stan Canova propone la creación de un “IPC Básico” compuesto por unos 20 productos esenciales para reflejar de manera más precisa el costo de vida de los trabajadores paraguayos.

En conversación con La Nación/Nación Media, Canova cuestionó que el IPC actual represente fielmente el impacto real de la inflación sobre los hogares, al considerar que el indicador toma en cuenta cerca de 350 productos y servicios agrupados en 12 categorías, muchos de ellos con escasa incidencia en el consumo cotidiano.

“El IPC es un promedio. Hay productos que subieron más del 20 %, mientras otros bajaron por estacionalidad entre un 10 % y un 20 %, haciendo que el resultado final incluso sea del 0 %, como ocurrió en febrero pasado”, explicó. Según sostuvo, esto genera una percepción errónea sobre el comportamiento de los precios, ya que, aunque el indicador general se mantenga estable, los productos más sensibles para las familias continúan registrando aumentos importantes.

Como alternativa, Canova plantea elaborar un “IPC Básico” enfocado exclusivamente en artículos de alta rotación y consumo diario, entre ellos alimentos de primera necesidad, combustibles y productos de higiene. “Ahí deberían entrar la carne, verduras básicas como tomate, cebolla, papa y locote, además de harina, detergentes y combustibles; no ir más allá de 20 productos”, indicó.

El analista también propone descentralizar la medición de precios y ampliar el relevamiento a ciudades del interior del país, como Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Filadelfia y Concepción, argumentando que el comportamiento de los costos varía considerablemente fuera de Asunción.

Respecto a la posibilidad de incorporar variables como productividad, condiciones económicas sectoriales y costo de vida específico, tal como analiza el Ministerio de Trabajo, Canova prefiere una reforma más simple y focalizada. “Prefiero que se acote la canasta de medición y se descentralicen los datos geográficamente, antes que complejizar la fórmula con variables que puedan distorsionar el mercado”, expresó.

Para el analista financiero, el principal problema no radica únicamente en el monto nominal del salario mínimo, sino en que este no logra seguir el ritmo de aumento de los productos y servicios más relevantes para el trabajador. Entre esos factores mencionó especialmente el costo del transporte público, al que calificó como una “deuda histórica” para el país.

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Canova también refirió la implicancia del sistema de subsidios al transporte público, señalando que el servicio continúa siendo deficiente pese a las millonarias transferencias estatales. “Es increíble cómo tres o cuatro familias han podido obtener de cada gobierno más de 100 millones de dólares y ofrecer unidades desastrosas”, sostuvo.

A su criterio, el sistema debería incentivar a que las personas opten por dejar sus vehículos particulares y utilizar buses, pero actualmente ocurre lo contrario, impulsando incluso el crecimiento del uso de motocicletas como alternativa. Asimismo, reclamó una mayor transparencia en el manejo de los subsidios y exigió que las empresas publiquen sus estados financieros, la cantidad diaria de boletos vendidos, los kilómetros recorridos y el consumo de combustible de cada unidad.

Sobre el aumento del acceso al crédito de consumo en Paraguay, el especialista señaló que la bancarización no debe verse como un fenómeno negativo, aunque advirtió sobre los riesgos de un sobreendeudamiento sin ingresos estables. No obstante, destacó que las tarjetas también pueden representar una herramienta útil para los hogares debido a los descuentos y promociones que ofrecen las entidades financieras.

Finalmente, Canova sostuvo que el verdadero problema estructural sigue siendo la informalidad laboral y la baja calidad del empleo, factores que limitan las posibilidades de crecimiento económico de los trabajadores. “La capacitación y la obtención de nuevas habilidades técnicas y profesionales es la única vía real para romper la barrera de cobrar hasta un salario mínimo o incluso menos”, concluyó.

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Miles de mineros en Bolivia paralizaron ayer jueves el centro de la ciudad de La Paz y se enfrentaron con la policía, en una protesta para exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz en medio de una grave crisis económica. Entre explosiones y olor a pólvora, los mineros con sus cascos marcharon desde la vecina ciudad de El Alto hacia la sede de gobierno en La Paz entonando el lema “¡Que renuncie!”.

Al llegar a las cercanías del Palacio de Gobierno, se enfrentaron con hondas y fuertes detonaciones a agentes policiales, que utilizaron gases lacrimógenos, constató la AFP. Los mineros aseguran que su sector necesita abastecimiento de combustibles, ampliación de áreas mineras, explosivos y dólares, pero que no han sido escuchados por la gestión de Paz, en el poder desde noviembre.

"Pedimos la renuncia de este gobierno incapaz (...), el diálogo ya se ha agotado“, dijo a la AFP Luis Apaza, un minero que llegó desde la provincia de Inquisivi, a unos 270 kilómetros de La Paz. En las últimas semanas el gobierno enfrenta un clima de protestas organizadas por distintos sectores además de los mineros, como obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas, con reclamos desde aumentos salariales hasta la no privatización de empresas públicas.

Ayer jueves, la Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, anunció también la radicalización de sus demandas. “Ya se ha dejado de lado el tema de pliegos, peticiones sectoriales. Acá hay un pedido único de parte del pueblo movilizado, que es el alejamiento y la renuncia del presidente”, dijo en conferencia de prensa Mario Argollo, máximo representante de la COB.

Casi todas las carreteras de acceso a la ciudad altiplánica han sido cortadas por manifestantes. La estatal Administradora Boliviana de Carreteras reporta al menos 24 puntos de bloqueo en autopistas del departamento de La Paz. Bolivia atraviesa una dura crisis económica, derivada de la escasez de dólares. La inflación interanual en abril fue de 14 %.

Fuente: AFP.

“Esta situación se debe llevar a una negociación política", dijo José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), sobre el debate en torno al reajuste del salario mínimo. Desde el sector requieren un incremento del 20 %, alegando una pérdida acumulada del poder adquisitivo desde el año 1989.

“Nosotros hemos pedido que esta mesa, aparte de tener a los representantes de la Conasam (Consejo Nacional de Salarios Mínimos), sea participativa con importantes representantes del sector económico. Nosotros creemos y queremos que el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera; el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, puedan asistir a las reuniones de forma conjunta para que el debate se de en un nivel mucho más elevado y no forzarle a la Conasam a una sanción administrativa”, sostuvo este miércoles en el programa “Así son las cosas del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Creemos que se podría conversar en el equipo económico con el presidente de la República, Santiago Peña, ya que es un tema muy sensible y puede afectar a los trabajadores y la población en general”, acotó Pineda. Entre junio de 1989 y abril de 2026, el salario mínimo fue reajustado en 33 ocasiones, pero siempre por debajo de la inflación acumulada registrada por el Banco Central del Paraguay (BCP), según un análisis.

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En el encuentro realizado el pasado viernes con las autoridades del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), las centrales obreras presentaron una nota en la que solicitan un reajuste no menor al 20 %, alegando una pérdida del poder adquisitivo acumulada desde el año 1989, con base en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay.

“Hemos llevado una propuesta por escrito, fundamentada técnica y económicamente en el sentido de pedir un reajuste del 20 % del salario mínimo. Durante la pandemia del covid-19, hubo un año en donde no se reajustó el salario mínimo, entonces existe un antecedente importante de que el Estado, los empresarios y todos hemos aceptado una condición extraordinaria en la economía para que no se ajuste el salario mínimo”, comentó Pineda.

“Si hoy se dan condiciones diferentes, yo creo que estamos totalmente habilitados de plantear mejoras. El sector empresarial tiene que sentarse a negociar con nosotros, no creo que se nieguen a un colmo de tozudez política porque están dadas las condiciones para una conversación y no llegar a una situación conflictiva”, refirió.

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La Asociación de Transportistas de Líneas Internas del Paraguay emitió un comunicado anunciando que ajustarán el precio del pasaje en todas sus empresas asociadas del departamento Central y del país ante la suba de precio del combustible.

La tarifa actual del pasaje es de G. 2.800 y el aumento será de G. 700, fijando el nuevo valor en G. 3.500. La medida responde a la suba del combustible y argumentan que trabajan a pérdida y que la situación se ha vuelto insostenible.

Los transportistas afirman que la suba del combustible hace imposible mantener el precio actual y amenazan que dejarán de operar si es que los respectivos municipios no aprueban el aumento solicitado.

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Señalan que recurrirían a un paro de actividades debido a que no reciben apoyo estatal y a la competencia supuestamente desleal atendiendo que ellos no reciben el subsidio como los demás sectores del transporte público.

“La suba repentina del precio del gasoil impacta en nuestra operativa, y el Gobierno tan siquiera nos ha concedido un precio diferenciado en el gasoil”, manifestó en conferencia de prensa el asesor jurídico de la nucleación, César Martínez Téllez.

Por lo tanto, se ven obligados a aplicar el reajuste, indicó. “No imponemos, pero nos vemos forzados a comunicar a la ciudadanía de este reajuste porque ha subido el costo del pasaje en Dinatran, los fletes han subido, incluso las plataformas de transporte han aumentado en más del 30 % su tarifa”, subrayó.

Por su parte, Pastor Cristaldo, representante de los choferes, mencionó que cuando recurren a las autoridades municipales, los concejales e intendentes están más preocupados por su campaña proselitista. Ante esta situación, piden el apoyo de los pasajeros.

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