La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.

Una operación conjunta entre efectivos policiales de distintas comisarías, con el acompañamiento de grupos tácticos, se realizó en la noche de ayer viernes y madrugada de este sábado. Se llevaron adelante diversas incursiones en la zona del Mercado 4 y los barrios aledaños con el objetivo de reforzar la seguridad.

Las calles del barrio Silvio Pettirossi, San Vicente, Añareta’i, la zona de la plaza de la Amistad y el Mercado 4 fueron los puntos focales de recorrido de las cuadrillas policiales, que trabajan en operativos de refuerzo para garantizar la seguridad de comerciantes, clientes y peatones en general, realizando guardias, relevamiento de datos y recorridos.

El subcomisario Lorenzo Vera manifestó que, si bien existe un trabajo constante en las áreas ya mencionadas, debido a la cantidad de reportes de inseguridad se ha establecido un método de trabajo para mantener la presencia policial activa en horarios críticos, previniendo así cualquier tipo de hechos delictivos.

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En conversación con los medios de prensa, el uniformado explicó que son zonas con mucha afluencia de peatones y que normalmente se da la detención de quienes estén en falta con la ley, al igual que la incautación de productos ilícitos y vehículos sin documentos, por lo que se puede considerar de exitoso este tipo de incursiones.

Hay que destacar que las fuerzas del orden cuentan con información de que estas zonas tienen varios pasillos y calles con salidas rápidas que, en la mayoría de las ocasiones, son utilizadas por los delincuentes para darse a la fuga u ocultarse cuando se ven perseguidos.

Desde la Dirección de Policía recordaron que este tipo de incursiones y operativos lo llevan adelante las 24 comisarías de Asunción con el fin de brindar seguridad a la ciudadanía de manera constante.

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Durante el fin de semana pasado se realizó el acto de graduación de la Universidad Central de Policía en Taiwán, del cual fueron egresados dos oficiales de Policía paraguayos, que fueron becados para estudiar una maestría. El presidente de Taiwán, William Ching-te, asistió al acto y les colocó personalmente las borlas a los compatriotas.

El acto de graduación se desarrolló el 6 de junio pasado en sede de la Universidad Central de Policía de Taiwán, hasta donde llegó el mandatario de dicho país. Entre los graduados se encontraban dos oficiales de la Policía Nacional de Paraguay, quienes se graduaron con honores.

Se trata de Ignacio Daniel Zarza Morínigo, quien culminó su maestría Ciencias Policiales con énfasis en Gestión Administrativa, y Emilio Ramón Velázquez Yahari, recibido de máster en Ciencias Policiales con énfasis en Seguridad Pública. El presidente William Ching-te asistió al acto, entregó los títulos y colocó las borlas a los paraguayos.

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“Entre los egresados se encuentran dos oficiales de la Policía Nacional del Paraguay. Este logro representa un valioso fortalecimiento de las capacidades profesionales dentro de la Policía Nacional del Paraguay, a través de la cooperación internacional”, expresaron desde la Policía Nacional.

Durante el acto, el mandatario resaltó el lema de la universidad, que incluye la honestidad como valor principal y pidió a los nuevos graduados a no encubrir delitos y a servir con dignidad a sus países. Así también, felicitó a los oficiales por completar sus estudios y los animó a no olvidar sus ideales.

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En sesión conjunta las comisiones asesoras de Asuntos Electorales, Legislación y Reestructuración y Modernización del Estado, recibió en audiencia a funcionarios de la Justicia Electoral con el fin de conocer aspectos de la convocatoria de la licitación adquisición de Máquinas de Votación Electrónica, sobre todo en lo que hace a la seguridad y el respeto fiel de la voluntad popular con relación al resultado electoral.

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, diputado Arnaldo Valdez, explicó que el abordaje principal de la reunión guarda relación a las consultas constantes que hace la sociedad civil, así como la clase política respecto a la seguridad que pueda brindar estas máquinas al momento en que el ciudadano vaya a emitir su voto.

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Destacó que existen posiciones claras de parte de la Justicia Electoral, así como se señalaron dudas de parte de la comunidad en general. El legislador expresó que considera fundamental seguir muy de cerca el proceso de esta licitación.

“Sabemos que una herramienta hecha por el hombre puede sufrir alteraciones, o modificaciones. Estamos hablando de un elemento muy sensible que es la ciberseguridad. Tenemos que ver todos los mecanismos de control y garantía para que estas máquinas reflejen realmente la voluntad de cada elector”, explicó.

Mencionó que están en ese proceso ya que existe ya una ley electoral vigente, que establece que las elecciones se tienen que llevar a cabo con urnas electrónicas; por eso es que tanto la ciudadanía en general como los partidos políticos deben acompañar este proceso muy de cerca.

Respecto a la medida cautelar que interpuso el Tribunal de Cuentas, y que nuevamente está trabando el avance de la licitación; el diputado Valdez señaló que ese es un punto que se deberá trasladar a la Justicia Electoral, para analizar cuáles son las alternativas que se tiene y cuáles son las medidas de urgencia.

No obstante, señaló que los funcionarios de la Justicia Electoral, informaron que están trabajando y que esperan que en una semana se esté destrabando este aspecto legal.

A su turno, Carlos María Ljubetich, director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), explicó que la medida cautelar fue interpuesta por una empresa que no participó del proceso licitatorio y que no demostró, e incluso no cuenta con las condiciones para participar de la convocatoria.

Indicó que han protestado por el plazo de experiencia que se está requiriendo dentro de las bases y condiciones que exige la Justicia Electoral que son de 10 años; mientras que la empresa pide que sea de 5 años.

“Pero no existe legitimación activa para esto. Mientras tanto se está paralización el proceso, y la resolución dependerá todo de la Justicia”, acotó.

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