Durante la sesión ordi­naria de la Cámara de Diputados, el legisla­dor Néstor Castellano expuso una serie de presuntas irre­gularidades detectadas en la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la administración del intendente Miguel Prieto, actualmente intervenida.

El diputado denunció que se montó un esquema para des­viar fondos públicos utilizando comisiones vecinales como fachada, empresas de maletín y pagos anticipados por obras no adjudicadas ni ejecutadas, lo cual ya fue advertido por la Contraloría y constatado por la intervención a cargo del econo­mista Ramón Ramírez.

“Lo que estamos viendo en el caso de Miguel Prieto no es solamente un episodio de corrupción, es el intento des­carado de intentar cubrir un robo a plena luz del día con el silencio cómplice de muchos actores políticos. Dios nos libre si este es el as bajo la manga de la oposición, es preocupante”, afirmó en el espacio de orado­res.

Castellano señaló que, según el informe del interventor, existieron múltiples casos en los que las empresas cobra­ron incluso antes de que los procesos licitatorios fueran culminados. “Una empresa llegó a cobrar un cheque dos días antes de que se firmara el dictamen. Esto demuestra que todo era un montaje”, sos­tuvo. También reveló que los proyectos de inversión eran elaborados dentro de la pro­pia municipalidad y presenta­dos como si fueran iniciativas ciudadanas.

El parlamentario hizo énfasis en que el Ministerio Público ya tiene en sus manos la causa de Prieto, además cuenta con elementos probatorios sobre los mismos. “Lo que ahora hace falta es aplicar un poco de celeridad, que se avance, que se investigue y que se juzgue si corresponde”, enfatizó.

De acuerdo a lo expuesto por el diputado, las comisiones vecinales eran utilizadas como intermediarias que en muchos casos ni siquiera administraban los fondos, sino que endosaban che­ques a terceros. Señaló que las adjudicaciones eran solo una formalidad, con oferen­tes que “acertaban los mon­tos exactos” e incluso pre­sentaban cifras idénticas a las previstas por la adminis­tración, lo que a su juicio evi­dencia una falta total de com­petencia real.

Uno de los casos emblemáti­cos citados fue el de Tajy Ser­vicios Generales, que recibió al menos seis transferencias por un total de G. 106 millones. La firma presentó ofertas con precios exactamente iguales a los establecidos por la munici­palidad, algo que, según Caste­llano, “refleja una adivinanza perfecta”, lo cual pone en duda la legalidad del proceso.

El legislador también hizo referencia al entorno cercano al intendente, afirmando que familiares y allegados fueron beneficiados con contratos y adjudicaciones. Mencionó a Robert Florentín, primo de Vanessa Florentín (expa­reja sentimental de Prieto), ambos vinculados al esquema de compras simuladas de ali­mentos durante la pandemia.

Robert habría sido el encar­gado de cobrar cheques y presentar proyectos, mien­tras que Vanessa figuraba como subproveedora sin contar con los productos que debía entregar a la afamada despensa “Tía Chela”.

“Lo que vimos debería escandalizarnos a todos, pero al parecer algunos actores políticos prefie­ren mirar hacia otro lado”, lamentó Castellano.

Previendo incrementar el potencial de la matriz energética que posee Paraguay, expertos y autoridades estudian y plantean diversas salidas, entre ellas el gasoducto de Vaca Muerta desde Argentina o recurriendo a las ventajas que reporta la energía fotovoltaica en el lago de Itaipú a través de paneles solares flotantes.

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En ese marco, con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el sistema eléctrico en el contexto de la transición energética, se realizó esta mañana en Asunción el Taller Nacional de la Iniciativa RELAC (Renovables en América Latina y el Caribe), informaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que, a través del Viceministerio de Minas y Energía, participó activamente del encuentro que reunió a expertos nacionales e internacionales.

La cartera de Oras que el taller, desarrollado en formato híbrido, estuvo dirigido a gerentes del sector eléctrico, planificadores, reguladores, hacedores de políticas públicas, académicos y representantes de organismos de cooperación.

“A través de exposiciones magistrales y paneles de discusión, se promovió un diálogo sobre cómo planificar y operar una infraestructura eléctrica confiable y resiliente, ante el crecimiento de las cargas electrointensivas y el avance de la digitalización”, indicaron.

Aclararon que si bien la región cuenta con abundantes recursos renovables y experiencia en integración eléctrica transfronteriza (como SIEPAC en Centroamérica), aún enfrenta desafíos en modernización regulatoria, digitalización de redes y adaptación institucional.

Durante la jornada, el viceministro Mauricio Bejarano hizo un llamado a la acción y a la integración energética regional. “Estamos en un momento de desafío enorme, un punto de inflexión gigante para la región. Mientras celebrábamos la Semana de la Energía el año pasado, seis países de América Latina sufrían apagones, lo que nos deja una clara señal de que debemos repensar nuestra planificación y avanzar hacia una integración energética real”, expresó.

A continuación resaltó la necesidad urgente de incorporar nuevas fuentes de generación en Paraguay. “Toda la vida hemos tenido un excedente de energía limpia y renovable, pero eso tiene un límite. Si queremos mantener nuestra ventaja competitiva, que hoy nos permite crecer por encima del promedio regional, debemos actuar ya. Nuestro país tiene el gran desafío de sostener ese factor diferencial en un mundo que exige cada vez más energía verde, como base del hidrógeno renovable y otros mercados emergentes”, reflexionó.

RELAC es una iniciativa regional que busca acelerar la descarbonización del sistema eléctrico de América Latina y el Caribe. Su meta es que, para 2030, al menos el 80 % de la matriz eléctrica regional provenga de fuentes renovables.

“Se trata de una plataforma de cooperación sin precedentes en la región, con 16 países miembros:

1. Barbados
2. Bolivia
3. Chile
4. Colombia
5. Costa Rica
6. Ecuador
7. El Salvador
8. Guatemala
9. Haití
10. Honduras
11. Nicaragua
12. Panamá
13. Paraguay
14. Perú
15. República Dominicana
16. Uruguay

Durante 2025, Paraguay comparte la presidencia pro témpore de RELAC con Bolivia, lo que refuerza su protagonismo en los debates regionales sobre sostenibilidad, resiliencia energética e integración eléctrica.

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• Ciudad del Este. Agencia regional

Agentes policiales de la Comisaría 24.ª, del barrio Puerta del Sol de Hernandarias, acudieron de urgencia a una vivienda desde donde una mujer realizó una terrible denuncia: amenazada con cuchillo por su concubino, se encerró en el baño con sus dos hijos menores, para pedir socorro al Sistema 911.

Pero, el hombre, de 27 años, tiró la puerta a golpes e intentó estrangularla frente a los niños. Según el informe policial el varón estaba ebrio al momento de ser detenido.

La víctima tiene 26 años y es madre de dos niños. La misma, luego de la intervención policial ratificó su denuncia.

Personal de la comisaría a cargo del subcomisario Édgar Valenzuela acudió a la casa, ante el pedido de la mujer y la misma relató lo sucedido. Dijo que, poco antes del hecho, se encontraban en la casa de sus suegros, ubicada en el mismo barrio, donde su concubino estaba ingiriendo bebidas alcohólicas con sus familiares.

Siguió contando que mantuvo una discusión con él y, por ese motivo, la mujer se retiró del lugar llevando con ella a sus dos hijos menores, con destino a su domicilio. Acto seguido, el hombre llegó a la casa y se dirigió a la cocina, donde tomó un cuchillo y empezó a proferir palabras irreproducibles contra su concubina, además de amenazarla de muerte.

La mujer, temerosa, se encerró con sus dos hijos en el baño para solicitar ayuda vía telefónica, al Sistema de Emergencia 911. La Policía ingresó a la vivienda en el momento en que el hombre estaba estrangulando a su pareja y lo detuvo.

El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, expuso en conferencia de prensa el hallazgo de graves irregula­ridades en la gestión del apar­tado intendente Miguel Prieto Vallejos que confirman pun­tos consignados en el informe de la Contraloría General de la República, según la expli­cación. Lo encontrado repre­senta el 30 % de las causales de intervención indicadas por la CGR, según lo informado esta mañana. Son 31 días de audi­toría.

“Las pruebas documentales a las que accedimos nos permi­ten constatar graves irregula­ridades en la administración de Miguel Prieto al frente de la Municipalidad. Hay un meca­nismo institucionalizado para violar la ley y para evitar con­troles de manera sistemática”, sostuvo el licenciado Ramírez.

Una de las conclusiones tiene que ver con la “transferencia de más de 3 mil millones de guaraníes (G. 3.042.645.716), que ya la propia Contraloría había señalado y esta inter­vención comprueba”.

Entre las principales causa­les identificadas por la CGR y corroboradas por el equipo interventor, según lo infor­mado hoy, están las “inconsis­tencias y falta de justificación en la asignación de transferen­cias y el incumplimiento de los procesos de contratación, en el uso de dichos fondos para eje­cutar obras”.

También “irregularidades en los procesos legales de asig­nación de fondos a oenegés y comisiones vecinales; y trans­ferencias sin el cumplimiento de los requisitos legales y docu­mentales exigidos”, explicó el interventor Ramírez.

“Las disposiciones exigen que, quienes reciben aportes deben tener cuentas bancarias, eso no fue observado en varios de los documentos a los que accedimos, hay regulaciones en materia de lavado de dinero, en materia de cumplimiento impositivo que no se cum­plieron”, agregó el interven­tor, como ejemplo de las irre­gularidades.

Otro punto expuesto es que las entidades beneficiarias de los aportes no administraban los fondos recibidos.

Según la exposición, la inter­vención detectó también pagos a proveedores realizados antes de las adjudicaciones, donde la empresa ganadora cobró cheques antes de conocerse la firma ganadora. En este punto mencionó un caso en que la adjudicación tiene fecha 31 de diciembre de 2020, pero el cobro ya fue efectuado el 29 de diciembre.

“Los supuestos procesos de selección estaban montados, se crearon empresas para cap­tar fondos, se hizo una ins­trumentación de comisiones vecinales que fueron simples intermediarios, simples endo­santes, fueron utilizados como pantalla para eludir la ley. Las causales de intervención están plenamente confirmadas”, resumió el interventor.

La intervención resaltó que estos hallazgos no configu­ran errores administrativos, sino un sistema cuidadosa­mente planificado para bur­lar las leyes, para desviar fon­dos públicos, según indicó.