Luego de que esta mañana el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, informara sobre la suspensión sin plazo fijo del estacionamiento tarifado, implementado a través del consorcio Parxin desde el pasado 2 de enero, la Junta Municipal se reunió con el representante de la empresa Pedro Britos y con algunos representantes de cuidacoches para aclarar algunos puntos sobre las condiciones del servicio.
“Ese problema de tránsito nosotros entendemos que la gente va a valorar y seguramente ustedes como órgano contralor también lo van a poder constatar una vez que vean el resultado del funcionamiento full del estacionamiento tarifado, por eso hago énfasis en ese proceso”, enfatizó Britos.
Añadió que “esto va a ser un proceso, somos conscientes y nosotros queremos trabajar para que esto sea beneficioso para la ciudad de Asunción que tiene ese problema y sobre todas las cosas que sea de beneficio para todos los conductores”.
Explicó que desde la empresa se encuentran trabajando en las modificaciones necesarias para que la aplicación del estacionamiento tarifado funcione de manera óptima, al tiempo de afirmar que muchas de las fallas recién se pudieron evidenciar al darse el uso masivo y el ingreso de manera constante de usuarios. Remarcó que se realizó la prueba de manera interna y abierta al público y no se vieron esos inconvenientes.
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“Hemos conversado con el municipio y hemos entendido de que esta postergación del estacionamiento tarifado es una decisión prudente, estamos abiertos a que pueda ser observada la aplicación; es más, se habló en redes sociales de que sea observada por expertos en ciberseguridad y no hay ningún problema, ya que contratamos prestadores de servicios consolidados en el mercado”, subrayó Britos.
Dijo que sobre el cobro del servicio tanto desde la aplicación como las demás alternativas, la compañía decidió utilizar justamente empresas ya con trayectoria en el ámbito y que cuentan con un procesamiento de datos seguro, gracias al cual Parxin queda exento de manejar datos sensibles en materia de transacciones, justamente para evitar que se dé cualquier tipo de vulnerabilidad y que la ciudadanía se encuentre segura.
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Allanan Junta Municipal de Ypané tras nuevo juramento anulado por el TSJE
Una comitiva fiscal-policial, encabezada por la agente fiscal Blanca Rosa Aquino, de la Unidad Penal N.º 3 de J. Augusto Saldívar, allanó este jueves la sede de la Junta Municipal de Ypané en el marco de la causa N.º 3855/2026, que investiga la presunta usurpación de funciones públicas por parte de la concejal liberal Mirta Elena Oviedo.
El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial y forma parte de las diligencias impulsadas por el Ministerio Público para recabar evidencias relacionadas con la investigación.
Los trabajos de la comitiva consistieron en recabar información, documentos y evidencias relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 27 de julio, cuando la concejal Oviedo volvió a asumir como intendenta durante una controvertida sesión desarrollada en la Junta Municipal.
Esto teniendo en cuenta, que la misma ya había sido designada anteriormente por los miembros de la bancada liberal oficialista, sin contar con el quórum requerido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral había resuelto una medida cautelar, dejar sin efecto dicha resolución por no cumplir con los requerimientos del estatuto municipal.
Ediles colorados coaccionados
Al respecto, el concejal colorado Rubén Cabral en comunicación con La Nación/Nación Media, recordó los antecedentes del caso, ya que durante aquella jornada del pasado 27 de julio, se registraron incidentes que habrían impedido la normal participación de algunos concejales. De acuerdo con las denuncias presentadas, un grupo de manifestantes bloqueó la salida de ediles colorados de la sala de sesiones, situación que habría permitido mantener el quórum necesario para llevar adelante el acto para que la concejal Oviedo preste nuevamente juramento como jefa comunal.
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Al respecto, señaló que la bancada colorada realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público, en defensa de la institucionalidad, en rechazo a que se le eligió a la citada concejal liberal sin contar con el quórum correspondiente; además que existía la medida cautelar del TSJE que anulaba todo ese procedimiento, y que la misma no fue respetada.
“Con base a estos hechos, denunciamos el desacato a la orden judicial y se formaron cuatro carpetas fiscales ante la misma fiscal Aquino, en fechas diferentes, prácticamente cada semana con diversas denuncias”, comentó.
Señaló que la fiscal Aquino fue recusada por el oficialismo municipal, en tanto que la agente fiscal en todo momento buscó la forma de conocer cómo fue designada la concejal Oviedo y bajo qué circunstancias. Indicó que en varias ocasiones llegó a través de la comisaría local varios oficios para que se remita a la Fiscalía los documentos, y las respuestas a las preguntas de la fiscal, pero ni la Junta Municipal ni la Intendencia respondieron a dichos oficios.
“La fiscal ya había solicitado en dos ocasiones anteriores órdenes de allanamiento, pero fue recusada en esas carpetas fiscales. Incluso este jueves, durante el procedimiento, el concejal Denis Chamorro le manifestó que se encontraba recusada. Ante ello, la agente fiscal Blanca Rosa Aquino aclaró que la recusación corresponde a otra causa y no al expediente en el que estaba interviniendo en esa oportunidad”, señaló.
De acuerdo a las declaraciones de la agente fiscal Aquino, brindó a medios locales, la investigación del Ministerio Público apunta a determinar si la exautoridad municipal ejerció funciones públicas sin contar con la competencia legal correspondiente, conducta que podría encuadrarse en el hecho punible de usurpación de funciones públicas, previsto en la legislación paraguaya con penas que pueden alcanzar hasta cinco años de privación de libertad.
Respecto a los documentos y evidencias incautados informó que serán analizados por el Ministerio Público como parte de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. El caso continúa en etapa investigativa y la Fiscalía no descarta nuevas actuaciones en el marco de la causa.
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DNIT suspende dos locales comerciales por no emitir facturas y anuncia más controles
Dos establecimientos de una ferretería en la ciudad de Horqueta, departamento de Concepción, fueron suspendidos temporalmente por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), luego de constatarse la falta de emisión de comprobantes de venta durante verificaciones realizadas por la institución.
La medida, ordenada por el juzgado competente, dispone el cierre de ambos locales por un período de tres días. Según la DNIT, la suspensión fue ejecutada por la Coordinación de Operaciones Especiales “Jeroviaha”, en el marco de los procedimientos de control tributario.
Detectaron incumplimientos reiterados
La institución informó que, además de ejecutar la orden judicial, notificó al contribuyente el inicio de una fiscalización puntual para determinar la existencia o no de una eventual defraudación fiscal.
Como parte del procedimiento, funcionarios de la DNIT realizaron inventarios e investigaciones internas que derivaron en verificaciones. Estas incluyeron compras simuladas, mediante las cuales se comprobó de forma reiterada el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la emisión y entrega de comprobantes de venta, así como de otras obligaciones formales.
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Controles continuarán en todo el país
La DNIT adelantó que las verificaciones seguirán desarrollándose en distintos puntos del territorio nacional con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias y combatir la evasión fiscal.
En ese contexto, la institución exhortó a la ciudadanía a denunciar los casos de falta de entrega de comprobantes de venta o cualquier otro incumplimiento de las normas tributarias a través de los canales habilitados en su página web y en sus cuentas oficiales.
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El TSJE deberá destrabar la crisis en Ypané tras la elección de dos intendentes paralelos
El conflicto en la Municipalidad de Ypané, lejos de encaminarse hacia una solución, se intensifica cada vez más. Desde este lunes, la comuna del departamento Central cuenta con dos intendentes que fueron proclamados por distintos sectores de la Junta Municipal: un concejal colorado y una concejal liberal, profundizando la disputa por el control de la administración comunal.
La controversia surge tras decisiones adoptadas en sesiones separadas y cuestionamientos sobre la legalidad de los procedimientos, lo que mantiene abierta la crisis institucional y anticipa que el caso deberá ser resuelto por las instancias competentes.
Es decir, ahora queda a cargo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) definir cuál de los dos jefes comunales sería el que corresponde culminar el mandato de este periodo.
Esta nueva coyuntura, se dio en medio de una fuerte trifulca donde una turba liderada por el exintendente liberal Horacio Ortiz, hermano del presidente de la Junta y candidato a intendente por el PLRA, Jacobo Ortiz, arengó para que ningún concejal colorado abandone la sala de sesiones, dejándolos encerrados, o como lo calificó el líder de la bancada colorada concejal Eduardo Domínguez, “secuestrados” dentro de la sala sesiones donde la bancada Liberal continuó con la sesión ordinaria aprobando todas las actas de las sesiones pasadas.
En conversación con La Nación/Nación Media, mencionó que la sesión ordinaria se lleva a cabo cada lunes a las 11:00, y si bien, señaló que inició con normalidad, aprobando la primera acta de la sesión pasada. al pasar a la segundo punto comenzaron las discusiones que rápidamente fueron subiendo de tono.
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Explicó que la bancada liberal quiso ratificar su designación de la concejal liberal Mirtha Oviedo, lo que rechazó la bancada colorada y resolvió retirarse de la sala de sesiones para dejar sin quórum la sesión.
“Estamos con dos intendentes, nosotros elegimos la semana pasada a nuestro colega Inocencio Amado Cáceres. Mientras que ellos volvieron a elegir hoy a una intendente a la concejal liberal Mirtha Oviedo, pese a la nulidad que dispuso el TSJE a la resolución del pasado 3 de julio. No sé cómo quedó la votación, nosotros no votamos, ellos estaban ahí entre seis, pero necesitaban de 7 votos, y no sé cómo hicieron, no entiendo. O sea, que nosotros estábamos dentro secuestrados pero ninguno de nosotros votó”, explicó.
Obligados a dar quórum
Domínguez indicó que no pudieron salir de la sala, porque la puerta de blindex fue bloqueada por una turba de adherentes al clan Ortiz. “Nosotros intentamos levantarnos y salir de la sala, pero nos atropella una turba totalmente descontrolada, como 200 personas, en la puerta de blindex, que no nos permiten salir. Fuimos coaccionados, secuestrados, a la fuerza nos mantuvieron dentro de la sala de sesiones; en nuestra casa, prácticamente fue un atropelló a domicilio”, denunció.
El edil colorado confirmó que ya están trabajando con sus asesores legales para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía, contra personas nominadas y bien identificadas por este atropello que sufrieron. Además, mencionó que en un momento incluso el atropello llegó a los golpes, donde dos concejales colorados Rubén Cabral y Alberto Alonso tuvieron que ser trasladados de urgencias debido a que sufrieron graves contusiones y traumatismo de cráneo.
Denunciarán al exintendente
El concejal Domínguez mencionó que la denuncia formal ante el Ministerio Público, se presentará de forma nominal ya que están bien identificados como agresores el exintendente y candidato a concejal Horacio Ortiez, algunos concejales y algunos funcionarios municipales que fueron partícipes de este atropello.
“Nuevamente será la Justicia Electoral que determinar cuál de las dos designaciones a intendente que culminará este mandato, es válida. A partir del 3 de julio pasado donde salió la resolución de la Justicia Electoral que no fue válida esa sesión, y todo lo que vienen haciendo hasta ahora. Para mí particularmente son inválidas todas las acciones que hicieron. Pero ahora tenemos que esperar la intervención nuevamente de la Justicia Electoral y vamos a recurrir nuevamente a esta instancia”, concluyó.
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Tres procesados en causa penal de Prieto admiten los hechos y se solicitó salida alternativa
El Ministerio Público solicitó la suspensión condicional del procedimiento para tres integrantes del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este, en el marco de la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial durante la administración del exintendente Miguel Prieto. Con estas salidas procesales se desmitifica la persecución judicial o política alegada por el exjefe comunal de CDE.
Los procesados reconocieron los hechos atribuidos y brindaron una colaboración efectiva con la investigación fiscal, circunstancia que fue valorada positivamente por la Fiscalía al requerir la aplicación de esta salida procesal alternativa. La solicitud se enmarca en la causa abierta por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este durante la gestión de Prieto.
Con este requerimiento, suman cuatro los integrantes del Consejo Local de Salud que accedieron o fueron propuestos para salidas alternativas al proceso tras colaborar con el Ministerio Público. Anteriormente, el extesorero del organismo, Salem Esgaib Zugaib, ya había sido beneficiado con una medida similar.
El pedido del Ministerio Público comprende a Hugo Benítez Vázquez, entonces vicepresidente de la comisión directiva del Consejo Local de Salud; Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, quien se desempeñaba como secretaria; y Karen Elizabeth González Vergara, miembro suplente de la comisión directiva del mismo organismo.
De acuerdo con la investigación fiscal, el perjuicio patrimonial asciende a G. 757.166.276, monto que corresponde a la diferencia entre los pagos efectuados por el Consejo Local de Salud y el valor de las obras efectivamente ejecutadas por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M. Los trabajos fueron realizados en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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