El presidente del Rotary Club Jackson Heigts de Nueva York, Juan Lukis, acompañado de otros rotarios de Paraguay entregaron este miércoles una importante donación de bastones, sillas de rueda, andadores, pañales, cubre camas, además de 100 mochilas cargadas de útiles escolares, que fueron traídos desde los Estados Unidos.
Los bastones blancos fueron entregados a un grupo de personas no videntes, integrado por José Feliciano Morales, Estela Lezcano, Pablo Berni, Patricia Fleitas, José Maldonado y Evelia Pavón, quienes concurrieron hasta el súper Gran Vía de Eusebio Ayala y Choferes del Chaco.
El titular del Rotary de Nueva York, Juan Lukis estuvo acompañado de Víctor Franco, María Lina Díaz de Cálcena del Rotary Club Palma y Carlos Marín, presidente del Rotary Fernando de la Mora, para entregar unos 16 bastones bastones que también serán distribuidos en el interior del país. También entregó 20 bastones para el club de mujeres motociclistas que organizan un Banco Ortopédico.
El representante del Rotary de Nueva York trajo además 17 sillas de ruedas, 22 andadores para personas de mayor edad o con discapacidad, pañales para adultos mayores, cubre camas para adultos mayores, ropas, zapatos y botitas para niños, unas 100 mochilas escolares con útiles escolares.
El representante de los No Videntes, y director del programa radial “Visión Aguda”, José Feliciano Morales acompañado de José Maldonado, entregó una nota dirigida al presidente y al Rotary Club de Nueva York, para informarles que ellos tienen un programa radial educativo y cultural los viernes de 9:00 a 10:00 en Radio Caritas, al igual que en Radio Pilar y en departamento Central.
Los no videntes piden el fin del maltrato en el transporte público porque muchas veces la gratuidad del pasaje no rige para el acompañante del no vidente, y hay maltratos hacia ellos. Asimismo solicitaron más empleos para este sector y que también haya concursos entre no videntes en distintas instituciones que suelen hacer los concursos.
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Núñez rechaza ocultamiento de datos sobre licitaciones con dinero de Taiwán
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso de las publicaciones periodísticas realizadas por el diario ABC Color, donde se alega que ocultó datos sobre cinco llamados a licitaciones por USD 3 millones, recursos provenientes de los USD 8 millones donados por la República de China (Taiwán) al Poder Legislativo.
“Ante publicaciones periodísticas que generan cuestionamientos sobre los procesos vinculados a la cooperación, el Congreso Nacional considera oportuno aclarar que los mismos se ajustan plenamente al marco jurídico vigente y a los mecanismos institucionales de control. Las afirmaciones relativas a supuesta opacidad, direccionamiento o irregularidades carecen de respaldo técnico y omiten considerar tanto el marco normativo aplicable como los mecanismos de control implementados“, afirma el comunicado emitido por Núñez.
Señala también que “El Congreso Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la plena colaboración con las instituciones de control, manteniendo a disposición toda la información necesaria para su verificación”.
La publicación de ABC color refiere que durante las convocatorias, los procesos se realizaron eludiendo la Ley de Contrataciones Públicas, ocultando los contratos y negando solicitudes de acceso a la información.
El medio de comunicación alega que los contratos, destinados a modernizar la infraestructuras del Congreso Nacional, salieron a luz recién en febrero y que fueron tramitados “con una reglamentación oculta hasta la fecha”. A la vez expresa que estuvo marcado por plazos cortos y la cancelación de los llamados originales por falta de oferentes.
Ante dichas acusaciones, Núñez argumentó que “la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha determinado de manera expresa que los procedimientos vinculados a este proyecto se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 7021/2022, conforme a lo dispuesto en su artículo 3°, inciso k), en razón de tratarse de una cooperación internacional en la cual no existe erogación de fondos públicos ni administración financiera por parte del Congreso“.
Agrega que “en ese sentido, no corresponde sostener que se ha eludido la ley, cuando es el propio órgano rector en materia de contrataciones públicas el que ha establecido su inaplicabilidad en este caso concreto. No obstante dicha exclusión, el Congreso Nacional ha adoptado estándares reforzados de transparencia en la ejecución del proyecto, orientado a la modernización y mejoramiento de la infraestructura del Poder Legislativo, mediante recursos de cooperación internacional".
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Pasos realizados para las licitaciones
La presidencia de Núñez detalla que, durante el proceso de licitación, se dictó un Reglamento Interno de Contrataciones que reproduce sustancialmente los principios, etapas y garantías procedimentales previstos en la Ley Nº 7021/2022, adecuándolos a la naturaleza del proyecto y su fuente de financiamiento.
Añade que los llamados fueron publicados en la plataforma de la DNCP, posibilitando la participación de oferentes, aun cuando no existía obligación legal de canalizarlos a través de dicho sistema.
Sostiene que se conformaron instancias técnicas especializadas, como la Unidad Ejecutora del Proyecto y el Comité de Evaluación, que garantizan la trazabilidad, el análisis técnico y el control en cada etapa del proceso.
Intervención de la Contraloría
“Cabe señalar, además que, en septiembre de 2025, la Presidencia del Congreso Nacional solicitó formalmente a la Contraloría General de la República la verificación de los procesos de contratación vinculados a este proyecto, en el marco de los principios de transparencia y probidad, poniendo a disposición toda la documentación correspondiente”, manifiesta la nota.
Menciona además que "este antecedente demuestra que no solo no existió ocultamiento alguno, sino que se promovió activamente el control institucional desde el inicio del proceso. Actualmente, los procesos se encuentran sometidos a la verificación del órgano constitucional competente, lo cual refuerza las garantías de control y fiscalización".
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Argentina evita pagar USD 16.100 millones tras victoria judicial en Nueva York
Una Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó este viernes la sentencia que condenaba a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares de indemnización por la estatización en 2012 de la petrolera YPF, según el fallo al que accedió la AFP.
El 8 de setiembre de 2023 Loretta Preska, jueza del Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, había condenado a Argentina a pagar indemnizaciones a empresas que, según la magistrada, se vieron perjudicadas por la nacionalización de YPF.
El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó el fallo favorable a Argentina de este viernes como algo “histórico e impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, en un discurso este viernes en Buenos Aires.
También criticó duramente al actual gobernador opositor de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los señalados como artífices de la estatización cuando era funcionario del gobierno nacional.
“Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria (expresidenta) Cristina Kirchner”, lanzó el mandatario.
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El monto, si se suman los intereses, hubiese aumentado a unos 18.000 millones de dólares, explicó en un comunicado el gobierno argentino.
Estatización
En 2012, Argentina expropió el 51 % de las acciones de YPF, parcialmente controlada por el gigante español Repsol.
Dos años más tarde, la petrolera española fue indemnizada con 5.000 millones de dólares para zanjar un litigio, pero no fue el caso de los accionistas minoritarios como Petersen Energía o Eton Park Capital, que en conjunto poseían el 25,4 % del capital de YPF.
En 2015 presentaron una demanda alegando que el país no había presentado una oferta pública de adquisición (OPA) como preveía la ley.
El bufete Burford Capital, especializado en la compra de litigios ajenos, pagó 16,6 millones de dólares para financiar las demandas judiciales y se hubiera beneficiario del 38 % del monto de la sentencia de Preska.
Argentina había presentado distintos recursos desde la sentencia en 2023 para intentar revertir el fallo. El pago hubiera provocado un duro impacto en las reservas del país sudamericano de unos 43.536 millones de dólares.
El panorama se volvió aún más sombrío cuando en junio de 2025 la jueza Preska ordenó a Argentina entregar el 51 % de las acciones de YPF para saldar parcialmente el pago indemnizatorio. La decisión fue apelada y en agosto un tribunal determinó que no debían entregarse las acciones.
YPF nació a principios del siglo XX como una empresa estatal pero se privatizó en 1993. En 2012 la expresidenta Kirchner decidió renacionalizarla porque no producía suficiente petróleo y gas natural para satisfacer la demanda local.
- Fuente: AFP
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Juez rechaza desestimar cargos contra Maduro en su segunda audiencia
El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro apareció sonriente el jueves ante un tribunal de Nueva York, donde no tomó la palabra, en su segunda comparecencia desde su captura por parte de Estados Unidos. En el transcurso de una audiencia que duró poco más de una hora, el juez a cargo del caso hizo saber que no tenía intención de acceder a una solicitud de sus abogados para desestimar los cargos por razones procesales.
Procesado por narcotráfico junto con su esposa Cilia Flores, de 69 años, el antiguo hombre fuerte de Venezuela, de 63 años, se mostró relajado, sonriente, con su uniforme gris de preso, tomando notas, conversando con sus abogados a través de un intérprete y lanzando miradas a los bancos de la prensa. Los dos están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses.
Sólo habían salido el 5 de enero, dos días después de su captura, para su primera audiencia, en la que Maduro se declaró “prisionero de guerra” y “no culpable” de las acusaciones en su contra. Son cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que Maduro enfrentará “otros cargos” judiciales más adelante. “Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben”, declaró a la prensa en la Casa Blanca. “Asumo que tendrá un juicio justo. Pero me imagino que enfrentará otros juicios”, sostuvo.
Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013. Tras su caída, asumió la presidencia interina Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta y ha dado un vuelco en la relación con Estados Unidos bajo presión de Trump. El gobierno de Venezuela intenta cubrir los gastos del juicio, pero debido a las sanciones estadounidenses, el abogado de Maduro, Barry Pollack, debe obtener antes una licencia de la administración que permita realizar la transacción.
Pollack argumenta que ese requisito viola el derecho constitucional de Maduro a tener la representación legal de su elección, y exigió que el caso fuera desestimado por razones procesales.
Al frente del tribunal está el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, reconocido por su larga trayectoria en el estrado.
“Desesperados” por justicia
Tanto seguidores como opositores de Maduro se concentraron desde temprano afuera de la sede judicial, donde la seguridad fue reforzada.
“Estamos desesperados por cualquier forma de justicia, por todo lo que hemos pasado”, dijo el educador venezolano Carlos Egana, de 30 años, sosteniendo un muñeco inflable del líder chavista con traje de presidiario y esposas.
Militantes de izquierda levantaban pancartas con mensajes como “Liberen a Maduro” y críticas a la política de Trump: “¡De Venezuela a Irán, basta de sanciones y bombas!”.
En determinado momento hubo un breve altercado entre manifestantes, la policía intervino y escoltó a un hombre fuera del lugar.
“Confiamos”
Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está presuntamente aislado en una celda sin internet ni periódicos.
Según una fuente cercana al gobierno venezolano, Maduro lee la biblia y algunos de sus compañeros en la prisión le llaman “presidente”.
Solo se le permite hablar por teléfono con su familia y con sus abogados por un máximo de 15 minutos, agregó la misma fuente.
El hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, insistió ayer jueves en Venezuela en los “vestigios de ilegitimidad” del proceso contra su padre, porque se originó con un “secuestro”.
No obstante, remarcó a la AFP: “Confiamos en el sistema legal de los Estados Unidos”.
“Nicolasito”, como se le conoce popularmente, acompañó a centenares de seguidores del presidente depuesto en la plaza Bolívar de Caracas, donde una pantalla gigante transmitía la cobertura del juicio. “¡Libertad, libertad para Cilia y Nicolás!”, coreaban los presentes.
Maduro y Flores fueron sacados a la fuerza por comandos estadounidenses en las primeras horas del 3 de enero, con apoyo de ataques aéreos contra la capital venezolana y un importante despliegue naval.
En el operativo murieron al menos 83 personas y más de 112 resultaron heridas, de acuerdo con funcionarios venezolanos. Ningún efectivo estadounidense murió.
Bajo presión estadounidense, Rodríguez dirige un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero con una economía en ruinas.
La mandataria interina impulsó una ley de amnistía para liberar a prisioneros políticos. También reformó la ley de hidrocarburos, todo en línea con las exigencias de Estados Unidos para acceder a la vasta riqueza de gas y petróleo venezolanos. Este mes, Washington restableció lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo luego de siete años de ruptura.
Fuente: AFP.
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Maduro comparece por segunda vez ante la justicia de Nueva York
El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparece este jueves ante un tribunal de Nueva York por segunda vez desde su espectacular captura el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas. Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde su hace casi tres meses.
Solamente salieron el 5 de enero, para su primera audiencia. En esa ocasión, Maduro se declaró “prisionero de guerra” y “no culpable” de los cargos de narcotráfico en su contra en Estados Unidos. Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013. A su caída asumió la presidencia interina Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta y ha dado un vuelco en la relación con Estados Unidos.
Contra Maduro pesan cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de dichas armas. En la audiencia del jueves, prevista a las 11:00 locales (15:00 GMT), Maduro posiblemente presione para que se desestime su caso, mientras los abogados se disputan sobre quién pagará sus honorarios.
El gobierno de Venezuela intenta cubrir los gastos, pero debido a las sanciones estadounidenses, el abogado de Maduro, Barry Pollack, debe obtener antes una licencia de la administración que permita realizar la transacción.
En una presentación ante el tribunal, Pollack argumentó que el requisito de esa autorización viola el derecho constitucional de Maduro a tener la representación legal de su escogencia, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.
Se espera un refuerzo de seguridad en los alrededores del tribunal.
“Están muy bien, muy fuertes”
Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está presuntamente aislado en una celda sin internet ni periódicos.
Según una fuente cercana al gobierno venezolano, Maduro lee la biblia y algunos de sus compañeros en la prisión le llaman “presidente”.
Solo se le permite hablar por teléfono con su familia y con sus abogados por un máximo de 15 minutos, agregó la misma fuente.
“Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza”, aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.
Maduro y Flores fueron sacados a la fuerza por comandos estadounidenses en las primeras horas del 3 de enero, con apoyo de ataques aéreos contra la capital venezolana y un importante despliegue naval.
En el operativo murieron al menos 83 personas y más de 112 resultaron heridas, de acuerdo con funcionarios venezolanos. Ningún efectivo estadounidense murió.
Presión de Estados Unidos
En su primera audiencia ante una corte, Maduro adoptó un tono desafiante y se identificó como presidente de Venezuela. Bajo presión estadounidense, Delcy Rodríguez lucha por dirigir un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero con una economía en ruinas.
La mandataria interina impulsó una ley de amnistía para liberar a prisioneros políticos. También reformó la ley de hidrocarburos, en línea con las exigencias de Estados Unidos para acceder a la vasta riqueza de gas y petróleo venezolanos. Este mes, Estados Unidos restableció lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo luego de siete años de ruptura. Al frente del caso está el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, reconocido por su larga trayectoria en el estrado.
Fuente: AFP.