La agente fiscal Claudia Torres se constituyó en el nuevo Barrio San Francisco, en el marco de una investigación sobre adquisición fraudulenta de subvenciones, es decir departamentos. La diligencia fue llevada adelante en coordinación con el asesor jurídico del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Carlos Villamayor.

En la presente investigación se presentaron una serie de recusaciones e impugnaciones que han dilatado la investigación, cuya denuncia fue presentada en el año 2021. Sin embargo, recientemente fue notificada a la unidad a su cargo, tras destrabarse los procesos dilatorios, en relación con la misma.

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En torno a la causa, la representante del Ministerio Público, Claudia Torres, indicó que “estuvimos abocados con el doctor Villamayor, asesor jurídico del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, a realizar trabajo de inteligencia con la policía jurisdiccional a los efectos de verificar una denuncia que fue ingresada el 3 de marzo del 2021.

Asimismo, indicó que “estamos trabajando de forma coordinada interinstitucional con el doctor Villamayor porque, aparentemente, se van a ampliar los hechos denunciados".

“Hoy constatamos, efectivamente, que el departamento “I1232”, del bloque 12, fue adjudicado por Resolución 1052, del 18 de junio del 2019 a la señora Myrian Beatriz Ayala. Esta señora tiene el paradero desconocido tanto para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, como para la Fiscalía; vamos a realizar a través del proceso penal el pedido de informes y posteriormente si corresponde pediremos la rebeldía”, explico la fiscala.

“Esta es la persona que fue adjudicada, aparentemente cedió sus derechos a Leonardo Ojeda, que no es beneficiario del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y que es la persona que tiene un local comercial; que él, sin permiso legal alguno, habilitó ese lugar utilizando parte de la vereda y haciendo cambios a la vivienda o al departamento que se entregó”, manifestó Torres.

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La jueza de Garantías Rosarito Montanía confirmó la constitu­ción de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Jus­ticia tras denuncia de Gia­nina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien supuestamente habría reci­bido maltrato en el penal de Viñas Cue.

La magistrada indicó que la mujer cuenta con un plantel de 8 abogados y estos van tur­nándose para imponer alguna acción. La jueza fue consul­tada sobre la situación que está pasando la detenida y señaló que todos los traba­jos que se han realizado res­pecto a la señora Gianina Gar­cía están dentro del sistema al cual acceden todos sus aboga­dos de defensa.

“Efectivamente se realizó la constitución de Derechos Humanos a petición de esta magistratura. Ella cuenta con un régimen diferen­ciado de prisión. Ella tiene como ocho abogados actual­mente y van turnándose, como una suerte de agotar las instancias”, refirió Rosa­rito Montanía en comuni­cación con radio 1080 AM.

Agregó que el pedido de constitución de DD. HH. no solo lo realizó en este caso de la esposa de Marset; sino también en el caso de Ins­frán y en su momento con el caso de la señora Laura Villalba.

“Esto a los efectos de cons­tatar su condición de habita­bilidad y de reclusión; ya que son civiles guardando reclu­sión en el penal de Viñas Cue, que en teoría debería estar personal militar pro­cesado. Pero ellos cuentan con un régimen diferen­ciado de prisión”, acotó.

El objetivo de esta consti­tución de DD. HH. fue a los efectos de constatar de que no se están vulnerando los derechos. Como magistrada encargada del proceso no está restringiendo sus derechos a la procesada, quien estuvo reclamando más tiempo con sus hijos, así como autorizar la visita de algunos parientes que estaban llegando del Uruguay.

La jueza Montanía explicó que el problema surgió con un impasse respecto a la resolución que esta­blecía de forma clara los días de visita, la modalidad, las personas que podían ingresar que son los familiares directos de ella. Esto implica que no podrán ingresar otras personas ajenas al parentesco.

“Surgió así algunos problemas con la defensa que comenzaron a atacar la decisión de esta magistra­tura. Ingresaron varios abogados, ella tiene 8 abogados actualmente, que van turnándose como una suerte de buscar agotar las instancias”, precisó.

De hecho, en la fecha surgió la información que la defensa de García Troche ha planteado la nuli­dad absoluta de actuaciones fiscales y judiciales. Además, se pidió la extinción de la acción penal alegando el fenecimiento del plazo de la etapa preparatoria. Así como solicitó se dicte su inmediata libertad y que se aparte del cargo la jueza Rosarito Montanía.

Resaltó que afortunadamente la propia directora de Derechos Humanos de la CSJ, la doctora Nury Montiel, se ha constituido en el penal para recabar todos los datos. Indicó que su misión fue además de entrevistar a la procesada, entrevistar también al director del penal de Viñas Cue; así como obser­var personalmente la forma que está viviendo dentro de la cárcel.

“Se hicieron las fotos, las entrevistas y efectivamente la señora García continuó reclamando mayor tiempo con sus hijos. Cuando hace más de 32 días se le amplió el tiempo con sus hijos, estableciendo los días sábados de 8 a 14 horas. Eso es muchísimo tiempo, aún así ella sigue reclamando”, explicó.

Indicó que independiente a esto, la defensa sigue presentando permiso de visitas familiares, las cua­les se realizan de forma individual, porque no son visitas colectivas. Explicó que si se presentan 5 personas, cada una de ellas ingresa de forma individual; y ellos deben manejar su tiempo; ya que el horario de visita establecido en general son de 9:30 a 11:30.

“Entonces, no estamos incumpliendo ni estamos violando sus derechos, procesales, ni constitucio­nales; y mucho menos se está violando sus derechos humanos”, acotó.

Remarcó que en todo el tiempo, desde su detención en el país, la señora García está contando con atención médica, psicológica y psiquiátrica, lo cual está todo respaldado con documentaciones.

La fiscala Mirtha Aréva­los se constituyó en el hospital San Jorge de Asunción ante presunto hurto de 18 tipos de medicamentos de uso controlado, denunciado por la jefa de la farmacia, Mir­tha Orrego. Los funcionarios de dicha dependencia fueron convocados por el Ministerio Público para brindar declara­ciones sobre lo ocurrido.

“Lo primero que hicimos es constituirnos, conversar con el director, el doctor César Delmás. Nos autorizó a ingre­sar acá en la parte de farma­cia, conversamos con la doc­tora Mirtha Orrego. Mayores datos aún no podemos dar”, dijo a Unicanal.

La agente del Ministerio Público explicó que mediante la constitución en el lugar se busca verificar los hechos denunciados. “El día de mañana estarían por la uni­dad fiscal la doctora Mirtha Orrego, la licenciada Jacque­line y otros funcionarios que estuvieron de guardia el día en que supuestamente ocu­rrió el hurto”, refirió.

En cuanto a la verificación de lo que es el sistema de segu­ridad de la institución mani­festó que no vio “ningún circuito cerrado”. “Le pre­guntamos también a la doc­tora Orrego si contaban con circuito cerrado en la zona anteriormente. Nos mani­festó que no, pero que sí tie­nen circuito cerrado en la parte de Tomografía”, detalló.

La abogada Arévalos ade­lantó que en prosecución de la investigación, el Ministe­rio Público estará solicitando “todas las copias del circuito cerrado” a fin de llegar a escla­recer el hecho de hurto.

“El fiscalizador nos mostró más o menos el tipo de caja, esto podría sacarse en un bolso, solamente en un auto. No se necesitaba ningún vehí­culo de gran porte para ser trasladados estos medica­mentos. Son pequeños medi­camentos, pero en cuanto al valor económico son bastante altos”, expresó.

El titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sani­taria (Dinavisa), Óscar Allende, habló del avance de las investigaciones en torno al robo de 18 tipos de medi­camentos de uso controlado en el hospital San Jorge de Asunción y dijo que se trata de aproximadamente 5.000 unidades que fueron sustraí­das de la farmacia del citado centro médico.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía argentina informaron que capturaron a un ciudadano paraguayo que tenía una alerta roja de Interpol debido a un caso de abuso de menores del que es sindicado en Paraguay.

La detención se produjo sobre la avenida Federico Lacroze en la ciudad de Buenos Aires. El hombre de 49 años quedó a disposición de la Policía del vecino país, la cual ya inició los trámites para la extradición al tiempo de cotejar sus antecedentes.

Según el informe policial, la causa contra el hombre data del 5 de enero del 2022, fecha en la cual el mismo habría ingresado en horas de la madrugada al domicilio de una compañera de trabajo, madre de dos menores de edad y, aprovechando que ella no se encontraba en el lugar, abusó sexualmente de ambos niños, uno de 10 y otro de 11.

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Tras el crimen, este sujeto habría huido de Paraguay y se estableció en el país vecino. Gracias a las indagaciones e investigaciones realizadas por las autoridades se determinó que utilizaba una identidad falsa y se dedicaba como peluquero en un local comercial en el barrio de Colegiales de la ciudad de Buenos Aires.

Este tipo de trabajos refuerza el lazo colaborativo que existe entre las autoridades tanto de Paraguay como de Argentina, generando a su vez una red de trabajo fluida que permite dar captura y cumplimiento a las órdenes emitidas, en este caso contra personas de alto interés. Con este paso, la justicia paraguaya se acerca aún más a cumplir con el proceso legal establecido.

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