Pedro Juan Caballero (Emerson Dutra, corresponsal)
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Decomisados (Senabico) arrendó grandes extensiones de tierras destinadas para la reforma agraria, según denunció Manuel Roa, de la comisión de productores “Nueva San Pedro”, del municipio de Bella Vista Norte, que se encuentra a unos 100 kilómetros de la capital departamental.
Los “sin tierras” acusan a esa dependencia de lucrar a costas del Estado paraguayo, en total contravención a lo que establece el estatuto agrario. Es con relación al inmueble individualizado como estancia Salmo 23, incautada en el marco del mega operativo “Pavo Real”. Se trata de un terreno de 1.214 hectáreas que, según la fiscalía, pertenecería al poderoso narcotraficante Jarvis Chimenes Pavao, actualmente preso en una celda de máxima seguridad del Brasil.
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“Esas tierras fueron destinadas a la reforma agraria. No puede ser que, en vez de entregar a los campesinos, tengan que arrendar para sacar provecho económico”, explicaron en coro los hombres del campo.
Amenaza
“Según informaciones que manejamos, son extranjeros”, dijeron al tiempo de sostener que, en más de una oportunidad, escucharon detonaciones de arma de fuego, en horas de la noche y desde el interior del citado terreno, con la finalidad de amedrentarlos.
El pasado 24 de octubre, la comisión de productores “Nueva San Pedro” solicitó a la Senabico informaciones sobre el referido terreno. “Pedimos información por nota, pero ellos nos informaron verbalmente que esas tierras fueron arrendadas”, manifestó Manuel Roa, miembro de la mencionada comisión.
De acuerdo a los datos, hace aproximadamente 4 meses que un grupo de aproximadamente 80 familias campesinas se encuentran apostadas frente al inmueble Salmo 23, en Bella Vista Norte. Piden al gobierno que esos inmuebles les sean entregados para que, de esta manera, los hombres del campo puedan tener acceso a esas tierras que, por ley, fueron expropiadas en el marco de la reforma agraria.
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Juzgado entregó a la Senabico vehículo decomisado del crimen organizado
El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado Nº 3, a cargo del magistrado Carlos Luis Mendoza Peña, oficializó la entrega de un vehículo comisado a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). El procedimiento se realizó a través de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El bien decomisado, que fue utilizado para la comisión de hechos ilícitos vinculados al crimen organizado, fue transferido bajo lo establecido en la Ley Nº 5.876/17. Al respecto, el juez Mendoza explicó que la entrega se basó en los procedimientos legales vigentes, reafirmando el compromiso con el combate al crimen organizado y la protección del Estado social de derecho.
La medida corresponde a la causa “Nélida Rodríguez Ramírez s/ transgresión de la Ley 1340/88”, artículos 26 y 27. Mediante el A.I. Nº 82, con fecha 13 de junio de 2025, el juzgado dispuso la ejecución de la S.D. Nº 233 del 16 de junio de 2023, dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado y Narcotráfico (integrado por los jueces Gloria Hermosa, Víctor Alfieri y Alba González). Dicha sentencia ordenó el comiso de un automóvil Chevrolet Onix, color gris, año 2014, con matrícula BTR 774.
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Participaron del acto de entrega el abogado Sergio Benítez, en representación de la Senabico; Melissa González, responsable de la Coordinación de Inscripción de Bienes de la CSJ; y el actuario judicial Cristian Marcelo Martin Ojeda.
Cabe recordar que la Senabico es el órgano técnico especializado encargado de la guarda, custodia, administración y destino de los bienes de interés económico incautados, comisados o abandonados en el marco de procesos penales.
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“Entregar un título de propiedad a un campesino es integrarlo al sistema formal”, dice titular del Indert
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruiz Díaz, habló sobre la importancia de la titulación de tierras en Paraguay.
“Entregar un título de propiedad a un campesino es integrarlo al sistema formal, económico, social y político”, señaló a la 1140AM.
Aseveró que la formalización de la tierra representa una herramienta clave para el acceso a derechos, financiamiento y desarrollo productivo en el sector rural.
“Junto con el presidente de la República pusimos en marcha un proyecto realmente transformador porque transforma vidas, comunidades, la sociedad y el país”, expresó.
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Afirmó que de esta manera el Gobierno cumple con lo estipulado en el Artículo 14 de la Constitución Nacional, que establece que el objetivo de la Reforma Agraria es la integración del campesinado al desarrollo económico y social de la Nación.
“Entonces, pusimos en marcha algo que le llamamos titulación masiva, aplicamos nuevos métodos, nuevas tecnologías. Y esencialmente estamos impulsando que todas esas propiedades que han sido adquiridas por el Estado -que tiene como propósito lograr que se desarrolle la agricultura familiar campesina, la economía rural- pasen a manos de sus verdaderos ocupantes”, puntualizó.
Dijo que sin el título de propiedad de nada sirve impulsar políticas públicas. “Porque el título de propiedad es un activo que le permite a él integrarse plenamente al sistema económico y formal”, enfatizó.
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Indert destaca mediación que destrabó conflicto por tierras en Caazapá
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, destacó que gracias a la oportuna intervención de un grupo mediador extra institucional, logró destrabar un conflicto por la tenencia de la tierra, que afectaba al asentamiento de unas 500 familias de la comunidad de Santa Teresa del Manduará. Esto está ubicado en el distrito de Abaí, departamento de Caazapá, cuyas tierras, que no están tituladas, habían sido redireccionadas en parte para un grupo de “sin tierras” agremiados en el Movimiento Campesino Paraguayo.
En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que se estableció un grupo mediador encabezado por el sacerdote de origen africano, el Pa’i Pascual Kinoti, que fue el líder espiritual del proceso de titulación de Marina Cué, y los dirigentes campesinos de Marina Cué, Darío Acosta, Martina Paredes y Rolando Antúnez.
Este grupo mediador se sentó a escuchar los reclamos que hacía el Movimiento Campesino Paraguayo, que llevaba meses montando una carpa de resistencia frente al Indert acá en Asunción, reclamando por estas tierras.
Igualmente, llegó hasta la comunidad en Aba’i, para escuchar al presidente de la comisión y conocer a los pobladores de asentamiento Santa Teresa del Manduará, indagar sobre los antecedentes de cómo se formó esta comunidad en los años 1970 y quiénes son los actuales ocupantes.
Igualmente, revisó los informes documentados que contaba el Indert y, conforme a esto, se elaboró un informe final, en el cual, en primer término, se constató que el asentamiento está ocupado por unas 500 familias, todos paraguayos nacidos en el país, descendientes de inmigrantes europeos y de América Latina, que llegaron al país en la década de 1970 y se dedicaron al obraje en aquel entonces.
Inicio del conflicto
Al respecto, Ruíz Díaz, precisó que esta comunidad “Santa Teresa del Manduará” está conformada por los descendientes de inmigrantes, pero todos ya paraguayos; están asentados en una propiedad de 2.000 hectáreas aproximadamente. Señaló que se constituye en la década de los 90.
Indicó que todo marchaba bien con esta población, hasta que se generó el conflicto en el año 2015, cuando el Indert estaba presidido por el entonces titular Justo Cárdenas.
“Lo que hizo fue introducir a unas 60 familias, que estaban ocupando otra propiedad privada en la zona cercana. Como solución, los introduce en esta comunidad, restando la cantidad de hectáreas a las familias que ya estaban asentadas en el lugar", comentó.
Explicó que esto generó un fuerte conflicto por la tenencia de la tierra, al punto que casi llega a un estallido social, como el caso de Marina Cue, que llevó a un enfrentamiento armado dejando incluso víctimas fatales.
Pero resaltó que, en este caso, gracias a la oportuna decisión de la actual administración del Indert, se evitó el enfrentamiento social; ya que se constató que, de las 500 familias que actualmente viven en el lugar, son paraguayos hijos y nietos de los pioneros extranjeros que llegaron en la década del 70.
Ruíz Díaz mencionó de ese grupo de 60 familias, que el extitular del Indert Justo Cárdenas introdujo a la comunidad; solamente ya quedan unas 10 familias en el lugar y que el resto se retiró o negoció el lote urbano y vivienda que había recibido, al no cumplirse el compromiso que había hecho en su momento Cárdenas.
“El informe del grupo de mediación no fue el informe institucional, no fue el informe de los campesinos, fue el informe de estas 4 personas de Marina Cue, liderado por el padre Kinoti; resalta que el 100% de la ocupación, era correcta. Son familias paraguayas, descendientes de los migrantes que vinieron en la década de los 70. Y estaban ocupando pacíficamente los lotes desde hacía décadas. Y lo que querían era la titulación de sus tierras", precisó Ruíz Díaz.
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Indert: resaltan impacto de la entrega de títulos de propiedad favorece a reducir la pobreza rural
Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, se refirió al tema de la reducción de pobreza, que fue anunciado este viernes por el Gobierno nacional, destacando que el principal motor para la reducción de la pobreza en el ámbito rural ha sido, sin dudas, la entrega de títulos de propiedad a los campesinos.
En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que desde el momento en que un campesino recibe su título de propiedad, se vuelve millonario, al contar con sus tierras propias, y a partir de ahí, el campesino ha podido generar sus propios ingresos, así como acceder a créditos financieros para el desarrollo rural de sus tierras.
“Le estamos sacando de la pobreza a un campesino, cuando le estamos entregando el título de propiedad de sus tierras; nosotros le convertimos en millonario a los campesinos", remarcó Ruíz Díaz.
Pero para comprender el contexto, puso como ejemplo el caso del dirigente campesino Justino Vera, quien pagó cerca de 5 millones de guaraníes por su tierra que tenía más de 30 años de ocupación.
“Se había comprado hace 30 años a unos precios irrisorios y por Reforma Agraria se mantienen los precios por 11 hectáreas de tierra. Él pagó 5 millones, pero nosotros le hicimos una tasación de su inmueble y en realidad él estaba llevando 1.600 millones de guaraníes, hoy al precio de mercado”, explicó.
Al respecto, resaltó que, al contar con título de propiedad, esa tierra vale, y dejó de empobrecer a una familia. Al mismo tiempo, señaló que las familias tienen acceso al crédito, pueden realizar inversiones productivas, pueden mejorar su rendimiento. Pero también el Gobierno les garantiza la compra de su producción agrícola a través de la Ley Hambre Cero.
Recordó, además, que los estudios internacionales dicen que cuando se titula una tierra de manera automática, el campesino puede acceder al crédito, tiene 40 % más de productividad y sus ingresos mejoran en un 30 %. Resaltó que todo esto ha tenido un impacto en miles de familias campesinas en el país.
Proyecto de Ley para eliminar barreras
El titular del Indert destacó que, por este motivo, el presidente de la República, Santiago Peña, se comprometió a profundizar en este trabajo sobre la titulación masiva de tierras rurales y señaló que en poco tiempo más el Poder Ejecutivo estará remitiendo al Congreso, un proyecto de ley que permitirá eliminar una traba importante que tenía el campesino.
“La ley vigente actualmente exige el pago de la primera cuota de su tierra, antes de acceder a su título. Pero la propuesta normativa que se busca modificar plantea que esa primera cuota, que equivale más o menos entre 7 y 8 millones de guaraníes, la realice recién a los 12 meses de haber recibido el título”, precisó.
Destacó que ya durante este gobierno se bajó la tasa de interés al 0 % para las mujeres, por lo cual redujo en un 50 % el valor de las tierras en beneficio de las mujeres jefas de hogar, para cumplir con el mandato constitucional y del Estatuto Agrario que habla de priorizar a la mujer en el campo.
“El presidente de la República pidió ampliar los plazos; en ese proyecto de ley que se va a remitir en breve al Congreso, va a ampliar el plazo para que las mujeres, en lugar de tener que pagar por su lote 15 años de plazo, lo paguen en 30 años de plazo. Ese proyecto de ley ya tiene la última revisión y se está definiendo el momento más oportuno para su presentación”, comentó.
Por lo expuesto, el presidente Ruíz Díaz resaltó que no existe mejor política para sacar al campesino de la pobreza que otorgarle su título de propiedad y que el título tienda también a favorecer a las mujeres.
“Esto es muy importante, porque nosotros estamos pasando del 30 % de los títulos que se entregaban para las mujeres, como se hacía antes de que asumiera el gobierno del presidente Peña el 15 de agosto del 2023. En la actualidad, gracias a esa política de incentivos de favorecer la titulación en nombre de la mujer, se está llegando a un 60 %. Es decir, que 6 de cada 10 títulos que se entregan en esta administración son para mujeres; y las mujeres son el mejor, el mejor vehículo para atacar la pobreza en los hogares rurales”, concluyó.