El intendente saliente de Encarnación, Luis Yd, no sería juzgado en el caso del derrumbe fatal del edificio en construcción ocurrido el 2 de abril del 2025, ubicado en el barrio San Roque de esta ciudad. Yd fue uno de los grandes responsables, como cabeza del municipio, y sin embargo no será incluido en el proceso judicial.

En el marco de la investigación fiscal se había formulado la impu­tación de los dueños de la propiedad, del intendente Luis Yd, su director de obras René Miglio y otros subor­dinados implicados en la desidia administrativa, de fiscalización y la autoriza­ción de la construcción de más pisos en una estruc­tura que no cumplía con requisitos fundamentales ni la firma de un profesional que avalase el proyecto.

Este sábado se llevó adelante una audiencia preliminar para elevación de un juicio oral, para determinar los responsables y la responsabilidad del derrumbe del edificio que dejó a dos personas fallecidas: Montserrat Brítez, de 15 años, y Hermelinda Báez, nieta y abuela.

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El abogado Rolando Aquino, representante de la madre de la víctima de la menor, indicó que solo se estaría determinando la elevación a juicio y de acuerdo a su percepción, no sería incluido el intendente.

“Las expectativas son la apertura o la remisión de la causa a juicio oral y público, nada más, no hay otra expectativa más que eso, que es la máxima en este tipo de etapa procesal que es la audiencia preliminar. Tendría que comparecer el intendente, Miglio y las tres personas más, pero técnicamente y según mi parecer como abogado, como técnico, considero que no se va realizar la de Miglio y la del intendente”, cuestionó el profesional en un medio local.

El abogado señaló además que probablemente el intendente Yd planteará nuevas chicanas para evitar ser juzgado por este caso. “Considero como profesional y como parte del proceso que de parte de los tres procesados sería así, no así lastimosamente, del hasta el 3 (de noviembre) representante de la sociedad encarnacena, quien sí planteó recursos”, señaló.

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Rocío Gómez, Corresponsal en Itapúa.

Fuerte réplica del sector hotelero itapuense a las declaraciones del CEO del Mundial de Rally, quien había insinuado que los precios de los hoteles en Encarnación serían uno de los motivos para llevar el evento a otro punto del país. Andy Sbardella, presidente de la Asociación de Hoteleros de Itapúa, salió al cruce y desmintió categóricamente esos argumentos.

“Realmente no lo tomamos muy bien porque creo que se está mintiendo definitivamente. Cuando terminó el rally de este año hemos tenido la mejor experiencia con nuestros huéspedes, salieron muy conformes”, sostuvo y explicó que este año las negociaciones fueron en forma directa, sin intermediarios, por lo que los precios fueron mucho más reducidos que el primer año. Además, recordó que Encarnación fue elegido como el mejor rally del mundo y que en redes sobran los buenos comentarios sobre calidad y servicio.

“Desmiento categóricamente que el problema sea por una cuestión de precios de hotel. Muy por el contrario, nos hemos sentado desde un principio a dialogar con ellos, con las autoridades, con Senatur, hemos acompañado todas las mesas de trabajo y siempre hemos mantenido una cordura razonable en precios”, afirmó.

Sbardella remarcó que hoy el destino tiene más de 7.000 camas, con muchísima más oferta que demanda, lo que incluso empuja los precios hacia abajo. “Hay lugares que todavía quedaban libres a pesar de la cantidad de gente. Gracias a las grandes inversiones que se han hecho, gente que se ha endeudado justamente para poder cubrir esto y dar el mejor servicio. Por algo salimos el mejor rally del mundo. Me extraña que se tengan que decir argumentos baratos para decir que Encarnación es un destino caro”, disparó.

Para el hotelero, detrás hay otros intereses. “Se ha invertido también en conectividad, más de 15 millones de dólares se ha traído para la aviación y ahora decir que no hay conectividad... Acá hay otros intereses seguramente políticos, gente que quiere llevar el evento a la capital, especialmente a Cordillera, sponsors que están más cerca para su logística. Nosotros como ciudad, como destino, somos muy atractivos. Nuestra tierra colorada es única”, dijo.

Sobre precios concretos, detalló que el promedio en hoteles grandes en temporada alta de rally es de 100 dólares, que son unos 500 a 600 mil guaraníes por la mejor habitación, mientras que en temporada baja están entre 50 y 60 dólares. “Pero hay muchísimas ofertas, gente que alquila en 200 mil, 150 mil guaraníes. Darle más bajo es mejor que se quede a dormir en su casa o en un camping. Si vas a decir otra vez que esos precios son altos, mejor quedate en tu casa”, sentenció.

En cuanto a ocupación, señaló que durante el último rally Encarnación tuvo 100% de ocupación hotelera y el departamento entre 70 y 80%, a pesar del aumento de camas. Consultado sobre el sector gastronómico, del que también forma parte como tesorero de la Asociación de Gastronómicos de Itapúa, indicó que creció cerca de un 20% en los últimos dos años, con apertura de locales brasileños, orientales, peruanos y venezolanos.

Defendió los precios: “No ha crecido realmente en costos como quisiéramos. Hoy el kilo de lomito está 150 mil guaraníes. No podemos mantener un plato que antes cobrábamos 50 mil. Nuestros platos más caros hoy están entre 80, 90, 100 mil guaraníes bien montados, donde en Asunción hablamos de 180 mil. Estamos todavía un 50% más bajo. Vamos a sentarnos a hacer una comparativa y no solamente a salir a decir que acá es caro”. Finalmente, aseguró que el sector seguirá luchando desde lo privado y lo político para que el Mundial de Rally se mantenga en Itapúa y que ya hay prereservas para la temporada alta de verano, aunque con indecisión por el clima.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS) puso en marcha el operativo nacional de prevención del dengue y otras arbovirosis de cara a los días de Todos los Santos y Fieles Difuntos, con la eliminación de criaderos, control químico y educación sanitaria en cementerios y otros espacios de concurrencia masiva.

Las acciones son encaradas a través del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti en camposantos, iglesias y espacios públicos. Las intervenciones se iniciaron el pasado 20 de octubre y se desarrollan en todo el territorio nacional, priorizando zonas donde se detectaron mayores casos de arbovirosis (enfermedades transmitidas por vectores).

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Los trabajos incluyen rastrillajes, eliminación de criaderos, tratamientos químicos focales y espaciales, además de actividades de concienciación y educación sanitaria. En coordinación con los municipios y otros sectores, los equipos del Senepa refuerzan las acciones preventivas para reducir los posibles criaderos de mosquitos y promover prácticas que contribuyan a proteger la salud de la población.

Las autoridades sanitarias recomiendan a la ciudadanía utilizar arena húmeda en vez de agua en los floreros; asimismo, limpiar periódicamente los recipientes y sus alrededores para evitar la acumulación de agua que favorezca la reproducción del mosquito. Por otro lado, para reducir el riesgo de picaduras, recomiendan utilizar repelentes y prendas de vestir de colores claros.

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Los integrantes de la Asociación de Rematadores del Paraguay se manifestaron frente a la sede del Palacio de Justicia de Asunción para solicitar el rechazo de la decisión de la máxima instancia judicial, la cual pretende liberar las matrículas y ampliar la cantidad de rematadores en la capital y otras circunscripciones judiciales del país.

El titular del gremio, Atilio Estigarribia, señaló que buscan dignificar la profesión y aclaró que no se oponen a los concursos, siempre y cuando se utilicen las matrículas vacantes por fallecimiento o renuncia, sin habilitar nuevos cupos. El representante sostuvo que existe un bajo porcentaje de remates judiciales y que la mayoría de los procedimientos se suspende, lo que afecta directamente los ingresos de los profesionales.

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“No estamos ajenos a que se haga un examen, pero que sea como el de los escribanos: con cupos limitados, basados en los fallecidos y en los que renunciaron”, manifestó Estigarribia.

Además, agregó que, de los 120 rematadores matriculados, entre el 50 % y el 60 % no tiene trabajo, una situación que, según advirtió, podría agravarse con la nueva acordada de la Corte Suprema de Justicia. En una nota presentada recientemente, la asociación solicitó revisar la normativa que regula el acceso a la matrícula de rematador público. El gremio cuestiona que se pretenda ampliar la cantidad de profesionales sin un análisis técnico previo sobre el volumen de remates judiciales realizados de manera mensual, trimestral, semestral o anual.

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