Dos personas fueron detenidas con 49 billetes falsos de 100 dólares en su poder en San Pedro. Ambas se movilizaban con destino a la ciudad de Curuguaty para realizar transacciones financieras. Los investigadores alertan que podría haber toda una red de delincuentes que se estaría dedicando a este ilícito.
Durante el procedimiento fiscal-policial se apresó a Marcelino Navarro Estigarribia, de 27 años y Pedro Pablo Ferreira Martínez de 23 años. Ambos fueron remitidos a la ciudad de Curuguaty a disposición del Ministerio Público.
La Policía Nacional investiga el origen del dinero, puesto que los aprehendidos hasta el momento no aportaron datos de la vía en que accedieron a esos billetes falsificados. Los supuestos falsificadores fueron interceptados durante un control de rutina en Yasy Cañy, Canindeyú, y la Policía alerta sobre una banda dedicada a la falsificación de billetes.
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En el caso intervino el fiscal Christian Roig, a quien se le entregó el producto de la incautación y además se le puso a disposición a ambos sujetos. Desde la Policía Nacional se emitió una advertencia de que presumiblemente existen bandas que se están dedicando a la fabricación de billetes falsificados en esta región del país, informó Telefuturo.
Por otro lado, agentes antinarcóticos incautaron 1.500 kilos de marihuana prensada y rodados en un procedimiento en Capitán Bado. Hay tres hombres detenidos. El procedimiento se realizó en un camino vecinal de Capitán Bado, departamento de Amambay, donde se procedió a la incautación de 1.500 kilos de marihuana prensada y tres vehículos.
Quedaron detenidos Ronald Antonio Lezcano Lezcano (25), Derlis Gavilán Villagra (28) y Luis Alberto Gavilán (33). Todos están a disposición del Ministerio Público.
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Violento intento de asalto a un camión transportador de caudales en la Ruta PY08
Varios delincuentes perpetraron un fallido asalto contra un camión transportador de caudales sobre la Ruta PY08, en el departamento de San Pedro. Los autores del hecho se dieron a la fuga sin poder llevarse dinero.
El caso se registró en horas de la mañana de este miércoles contra un camión blindado perteneciente a la empresa Yrendague, a la altura del kilómetro 310 de la Ruta PY08, en la compañía María Auxiliadora de Yataity del Norte. El grupo comando estuvo integrado por aproximadamente 10 a 15 personas fuertemente armadas que se desplazaban en seis rodados. Los criminales interceptaron al transportador de caudales e intentaron obligar a sus ocupantes a detenerse en el camino.
Tras percatarse de lo que estaba sucediendo, el conductor decidió acelerar la marcha y emprender una rauda huida, dirigiéndose hasta la sede de la Comisaría 15ª de Yataity del Norte para buscar refugio. Al no poder lograr su cometido, los delincuentes se dieron a la fuga a bordo de dos camionetas: una Toyota Fortuner y una Nissan Terrano.
Luego, los criminales incineraron un automóvil Toyota Allion en inmediaciones del peaje de Tacurú y abandonaron un furgón Toyota Noah, ambos utilizados en este frustrado golpe. En su huida, también arrojaron clavos “miguelito” sobre la ruta con el propósito de evitar ser perseguidos por las patrulleras de la Policía Nacional. Los dos funcionarios de la empresa de seguridad, identificados como César González y Alfonso Flores Quiñonez, resultaron ilesos, ya que las balas disparadas por los asaltantes no lograron traspasar el blindaje del vehículo.
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Dos años preso por presunta confusión: esposa de pastor denuncia error judicial y reclama su libertad
Lo que comenzó como un viaje familiar de fin de año terminó convirtiéndose, según denuncia su esposa, en una pesadilla judicial que mantiene desde hace más de dos años privado de libertad a un pastor evangélico, recluido en la Penitenciaría de Emboscada tras haber sido vinculado a un crimen ocurrido a cientos de kilómetros del lugar donde, asegura su familia, se encontraba al momento de los hechos.
La historia de Dionisio Vera Rojas volvió a cobrar notoriedad luego de que su esposa Priscila de Vera brindara una extensa entrevista televisiva a C9N en la que sostuvo que el religioso fue detenido y procesado a partir de una presunta confusión de identidad y de un señalamiento que, según afirmó, nunca fue corroborado con otras evidencias.
“El 28 de diciembre de 2023 viajamos con toda la familia a Santa Rosa del Aguaray, donde viven mis padres”, relató la mujer. Según su versión, el 30 de diciembre, fecha en que ocurrió el crimen por el cual posteriormente fue imputado su esposo, la familia pasó toda la jornada en el departamento de San Pedro, a unos 300 o 400 kilómetros de San Lorenzo, escenario del homicidio investigado.
La esposa del pastor aseguró que existen fotografías y videos que ubican a Dionisio Vera en Santa Rosa del Aguaray durante todo ese día. Explicó que, en horas de la mañana, el hombre participó en compras familiares y posteriormente colaboró con trabajos de albañilería en la vivienda de un cuñado.
“Tenemos fotos de él revocando la casa de mi hermano. Más tarde volvió, se bañó y después fuimos juntos a la iglesia”, sostuvo.
De acuerdo con su relato, la familia asistió a un culto religioso que se desarrolló entre las 19:00 y las 21:00, actividad de la que también existen registros audiovisuales. “Hay fotos y videos donde aparecemos cantando juntos. Incluso yo le invité a pasar al frente y cantamos una alabanza. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que a esa misma hora él estaba en San Lorenzo”, expresó.
La mujer calificó esa hipótesis como “imposible”, argumentando la distancia geográfica y el intenso movimiento vehicular característico de las fechas de fin de año.
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Detención desencadenó “calvario”
Según relató, la situación dio un giro dramático seis meses después, cuando el pastor fue detenido durante un control policial rutinario en la zona de Encarnación, mientras regresaban del hospital junto a uno de sus hijos, quien había permanecido internado por neumonía.
“Nos detuvieron en un control. Primero le dijeron que tenía un problema relacionado con prestación alimentaria. Yo les dije que eso era imposible. Después manifestaron que debía acompañarlos por otro caso y ahí comenzó nuestro calvario”, recordó.
La mujer aseguró que recién posteriormente tomaron conocimiento de que el pastor era buscado por un homicidio ocurrido en San Lorenzo.
Identificación basada en un nombre
Según la denuncia formulada por la familia, la imputación se habría sustentado principalmente en la declaración de otro procesado, identificado como Sergio Antonio Campo Vega, quien habría mencionado a un supuesto “Dionisio Vera” como autor del crimen.
“Mi esposo se llama Dionisio Vera Rojas. Ellos hablan de un tal Dionisio Vera. Se basaron en lo que dijo una persona detenida y en la identificación que, supuestamente, realizó a partir de una fotografía”, afirmó.
La esposa del pastor cuestionó además la existencia de imágenes de circuito cerrado correspondientes al crimen investigado, señalando que, a su criterio, la persona captada no guarda semejanza física con su marido.
“El hombre que aparece en las imágenes es alto y delgado. Mi esposo es de contextura diferente. Incluso la vestimenta no coincide. Él jamás usa ese tipo de pantalones”, sostuvo.
Dos años de prisión
La mujer describió los últimos dos años como un período marcado por el sufrimiento y la incertidumbre para toda la familia.
Durante ese tiempo, aseguró, el padre del pastor falleció tras sufrir un profundo deterioro emocional provocado por el encarcelamiento de su hijo.
“Mi suegro luchó mucho para demostrar la inocencia de su hijo. Trabajaba en el campo, era una persona sana, sin enfermedades. Esta situación le afectó profundamente. Lloraba mucho y, después de cinco meses de tanta preocupación, sufrió un infarto y falleció”, relató entre lágrimas.
Actualmente, la familia aguarda una audiencia que considera decisiva para presentar las evidencias que, según sostiene, demostrarían que Dionisio Vera Rojas se encontraba a cientos de kilómetros del lugar del crimen cuando ocurrió el hecho que hoy lo mantiene privado de libertad.
Mientras tanto, la esposa del pastor insiste en una sola petición: que la Justicia revise el caso.
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Rolón destaca voluntad de regularizar deuda con IPS y aguarda informes sobre títulos falsos
El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, se refirió a las gestiones impulsadas para regularizar la situación contractual y financiera con el Instituto de Previsión Social (IPS). A la vez hizo mención a los avances en investigaciones de relevancia, específicamente sobre el anuncio realizado por el Ejecutivo sobre la detección de aproximadamente 550 títulos universitarios y certificados de docentes presuntamente falsos o clonados.
Con relación a la deuda, Rolón comentó que la Fiscalía avanzó en las gestiones para regularizar la situación contractual y financiera con la previsional, respecto al inmueble donde funcionan importantes dependencias fiscales en Asunción.
Detalló que la deuda existente se originó a raíz de diferencias contractuales mantenidas con administraciones anteriores del IPS, relacionadas con obligaciones adicionales que, según argumentó, no corresponderían al arrendatario.
No obstante, el titular del órgano extrapoder destacó la voluntad institucional de cumplir con los compromisos pendientes y valoró la predisposición de las actuales autoridades previsionales para alcanzar un acuerdo que permita destrabar el proceso de pago y formalizar un nuevo contrato, de acuerdo a las informaciones proveídas desde el Ministerio Público.
A la vez, abogó sobre la necesidad de fortalecer el presupuesto institucional para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, considerando que aproximadamente el 90 % de las sedes fiscales operan en inmuebles arrendados, muchos de los cuales no reúnen las condiciones requeridas para responder a las exigencias de la investigación penal moderna.
Rolón también destacó los avances de las obras del futuro edificio del Ministerio Público en Encarnación, infraestructura que permitirá centralizar servicios especializados y fortalecer la capacidad operativa de la institución en gran parte de la región sur y este del país.
Títulos falsos
Respecto al anuncio realizado desde el Poder Ejecutivo sobre la detección de más de 500 títulos de presunta dudosa procedencia, de los cuales más de la mitad corresponden a la carrera de Ciencias de la Educación, Rolón mencionó que hasta el momento la Fiscalía no recibió oficialmente los antecedentes correspondientes.
Sin embargo, el fiscal general del Estado garantizó que, una vez remitida la documentación pertinente, se analizará la conformación de equipos fiscales especializados para el análisis e investigación del caso, siguiendo modelos de trabajo aplicados en otras causas de alta complejidad.
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Caen 11 toneladas de marihuana en San Pedro
La droga está valuada en USD 1,6 millones en el mercado, según la Senad.
Un allanamiento realizado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en un inmueble situado en Isla Sola, distrito de Nueva Germania, departamento de San Pedro, permitió localizar y destruir cultivos de marihuana y 2.000 kilogramos de la droga en ramas, informó este miércoles la institución.
El perjuicio económico para la organización criminal es de USD 1,6 millones. Durante el procedimiento los intervinientes procedieron a cortar e incinerar 3 hectáreas de cultivos de la droga, que ya estaba en plena cosecha. En tanto que, la marihuana en ramas se encontraba en proceso de secado para su acondicionamiento.
La intervención permitió sacar de circulación 11 toneladas de la droga, que tenía como destino el mercado de Brasil, de acuerdo con los datos dados a conocer por la institución. El importante golpe impacta no solo en lo económico, sino también en la logística de la red criminal, además de la pérdida de la inversión.
El procedimiento fue realizado por agentes especiales de la regional n.° 7 de la Secretaría Nacional Antidrogas y acompañado por el fiscal Jorge Encina, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico.
Estas acciones se dan en el marco de la lucha contra el narcotráfico que lleva adelante el Gobierno a través de la Senad mediante operativos en diversos puntos del país que tienen como objetivo desbaratar estructuras dedicadas a la producción y comercialización de drogas en el territorio nacional.