Cuestionan falta de actuación de la Policía ante invasores en la exazucarera de Guarambaré
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Dos inmuebles que pertenecen a los dueños de la exazucarera de Guarambaré se encuentran invadidas. Una de ellas, de 150 hectáreas se encuentra con ocupantes desde hace dos años y el otro terreno, colindante a este mismo inmueble, cuenta con nuevos invasores. Los propietarios lamentan la falta de actuación de la Policía Nacional, pese a las reiteradas órdenes de desalojo emitidas por la Fiscalía.
En contacto con La Nación/Nación Media, la agente del Ministerio Público, Daisy Sánchez manifestó que en total se emitieron seis órdenes de desalojo para la propiedad de 150 hectáreas, hasta la fecha, la Policía no dio cumplimiento al requerimiento fiscal y alegaron no contar con el personal suficiente.
“Ellos dijeron que se encontraban abocados en otras tareas y por varios motivos no se pudo realizar el desalojo hasta hoy día y ya hay casas de materiales”, explicó la fiscal e indicó que existe por el número de ocupantes en la propiedad, se necesita del actuar de otras instituciones garantes de derechos humanos, niñez en otros.
Los propietarios alegaron que los invasores no son oriundos de Guarambaré y que incluso varios de ellos se dedican a actividades delictivas, lo que causa preocupación para quienes residen en los alrededores. La fiscal incluso manifestó que están armados.
Invasores se negaron a identificarse ante la Policía Nacional. Foto: Gentileza
Nueva invasión
A este hecho, se suma una nueva invasión a una propiedad colindante de cinco hectáreas, donde hasta el pasado sábado 30 de septiembre, había solo dos casas precarias. Ya se emitieron tres órdenes de oficio para intervenir en el lugar, pero la Policía sigue sin acatar la orden del Ministerio Público, tampoco aprehendió a los ocupantes, pese a que estos se negaron a identificarse.
“Ayer volví a emitir oficio, se constituyó el director de departamento Central, el comisario Barrios para ver el lugar y el dijo que ya había 48 casas, cada vez están avanzando más. Al encontrarse a estas personas en propiedad privada, tratando de adueñarse, siempre se habla de flagrancia, pero la Policía dice que no es”, explicó la fiscal.
Este miércoles 4 de octubre, el Ministerio Público dio mesa de entrada a un pedido a la Comandancia de la Policía Nacional, en la cual solicitan personal suficiente para el acompañamiento y para el cese del hecho punible, la invasión en este caso. “Lastimosamente dependemos de la Policía Nacional para esto”, refirió.
Por su parte, el comisario Gustavo Barrios, indicó que la institución se encuentra articulando esfuerzos para ejecutar el desalojo. “Vamos a solicitar servicios de inteligencia para dar cumplimiento al oficio, no decimos que no se va a cumplir, solo que no podemos meternos porque al lado está la propiedad invadida con más de 200 personas, son esas mismas personas que se están extendiendo. No puedo decir en tal fecha, vamos a entrar”, dijo a La Nación/Nación Media.
Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
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La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
Presunto esquema criminal encabezado por el expresidente Santiago Peña. Foto: Gentileza
Con la participación de más de 150 personas, en su mayoría jóvenes, se llevó a cabo en la ciudad de Guarambaré la feria de empleo organizada por la Asociación Nacional Republicana (ANR). Foto: Gentileza
Con la participación de más de 150 personas, en su mayoría jóvenes, se llevó a cabo en la ciudad de Guarambaré la feria de empleo organizada por la Asociación Nacional Republicana (ANR).
En la jornada participaron 5 empresas privadas que ofrecieron un total de 50 vacancias laborales en diferentes rubros, brindando a los asistentes la posibilidad de postularse de manera directa, dejar sus currículums y realizar entrevistas en el lugar.
Las ferias de empleo son impulsadas por el presidente de la ANR, Horacio Cartes, como parte de una política de acercar oportunidades laborales a la gente, especialmente a los jóvenes.
El director de Empleo de la ANR, Enrique López, valoró la gran convocatoria y aseguró que este tipo de iniciativas seguirán replicándose. “Nuestro compromiso, por indicación del presidente Horacio Cartes, es seguir impulsando ferias de empleo con el sector privado”, aseguró López.
Agregó que “hay jóvenes que quieren trabajar y hay empresas que necesitan mano de obra, nosotros solo tenemos que ser el puente. Vamos a seguir recorriendo el país con estas ferias”.
En la jornada participaron 5 empresas privadas que ofrecieron un total de 50 vacancias laborales en diferentes rubros. Foto: Gentileza
Superintendente de Bancos del BCP fue detenido ayer
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Agentes del Ministerio Público levantaron varios elementos para la investigación de la causa penal contra funcionarios y exfuncionarios de la banca matriz que habrían autorizado las operaciones irregulares de Ueno Bank.
La Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron en las primeras horas de ayer a Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP).
El procedimiento se realizó durante un allanamiento de su vivienda, ubicada en el barrio Santa Librada (límite entre Asunción y Lambaré) en el marco de la investigación del colapso de Ueno Bank.
El operativo estuvo a cargo del comisario principal José Delgado, del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional de la Dirección General de Investigación Criminal. La acción se desarrolló bajo la dirección de los agentes fiscales Christian Benítez y Elena Fiore, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Durante la intervención, los agentes levantaron elementos para la investigación. Además hallaron maletas nuevas dentro de un vehículo.
La investigación tiene dos causas principales, una contra Miguel Vázquez y los demás directivos de Ueno Bank, y la otra contra el expresidente Santiago Peña y Carlos Carvallo, extitular del BCP.
En este último caso también se aguarda la orden de detención del exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos.
ALLANAN ESTANCIAS
Una comitiva fiscal intervino ayer dos estancias ligadas al Grupo Vázquez en Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro. Durante el procedimiento los agentes requisaron computadoras, discos y documentos que serán peritados en el marco de la investigación.
Estos bienes pasarán a dominio de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), que se encargará de administrar los inmuebles.
Durante el procedimiento los intervinientes constataron diferencias importantes entre ambos inmuebles. La estancia de menor superficie estaba vacía y sin animales, y había sido alquilada hasta hace pocos días.
Mientras que la propiedad más extensa estaba operando con normalidad.
En el lugar fueron hallados un tractor, unos 40 animales vacunos y cinco empleados.
Uno de los encargados de la diligencia, el fiscal Juan José Godoy, señaló que la comitiva fue recibida sin resistencia por el personal que se encontraba realizando sus labores en los establecimientos, facilitando el acceso y colaborando con la entrega de datos e informes solicitados por los intervinientes.
Alliana dispone que la Comandancia de la Policía vuelva a su histórica sede
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El presidente de la República, Pedro Alliana, respondióa un reclamo de los policías y dispuso que la Comandancia vuelva a su antigua sede, ubicada sobre la calle El Paraguayo Independiente,entre Nuestra Señora de la Asunción y Chile, en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana.
En julio de 2026, bajo la administración anterior, la Comandancia y el Ministerio del Interior se habían mudado temporalmente a la Torre 5 del complejo de las Oficinas de Gobierno en la zona del Puerto de Asunción.
La disposición revierte el traslado realizado durante el mandato de Santiago Peña y recupera para la institución un espacio ligado a su historia.
“Ordené que la Comandancia de la Policía Nacional regrese a su edificio histórico, ubicado frente a la Plaza de Armas, en el corazón de Asunción”, comunicó Alliana a través de “X”.
El gobernante destacó que este lugar es parte de nuestra historia y de la identidad de la Policía Nacional. “Allí ocurrieron hechos que marcaron al Paraguay y queremos preservar ese patrimonio para las futuras generaciones. La Comandancia vuelve al lugar que le pertenece”, significó.
Los policías retirados insistentemente reclamaron conservar la Comandancia en su sede tradicional y con este anuncio hecho por el propio presidente, encuentran ahora una respuesta a su petitorio.